La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cerrará el año “sin avances considerables”, pues las búsquedas de campo no arrojaron resultados, la Fiscalía General de la República (FGR) perdió testigos claves y no se concluyó la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes.

A 87 meses de la Noche de Iguala, los padres y madres de los normalistas marcharon de la glorieta del Peralvillo a la Basílica de Guadalupe para exigir verdad y justicia en el Caso Ayotzinapa. En el recinto, se realizó una misa en honor a los 43 en la que el obispo Raúl Vera López responsabilizó a los tres niveles de gobierno por los hechos y aseguró que el ejército mexicano “estuvo en medio”.

La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) exigió a las autoridades que respeten la suspensión de plano otorgada a la comunidad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, contra el proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group (EDF-Energía de Francia).

Los pueblos de la Asamblea recordaron que con la suspensión de plano, otorgada por unanimidad el pasado 6 de septiembre, se ordena a las autoridades responsables de otorgar permisos que se abstengan de ejecutar actos sobre las tierras de uso común, con motivo de los trabajos relativos a la construcción del parque Gunaa Sicarú en Juchitán y sus anexos (Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa).

En los últimos dos días, en la Ciudad de México hubo “cerca de cinco homicidios diarios, que es mucho más elevado de lo que normalmente hay en la ciudad”, reconoció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque destacó que en la mayoría de los casos “hubo detenciones”.

Y, como parte del combate a la delincuencia, anunció que, para finales de 2022, la capital tendrá un total de 80 mil videocámaras de vigilancia que operarán en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Dos hombres y una mujer fueron encontrados asesinados esta tarde en un terreno baldío, en el municipio conurbado de Escobedo, informó una fuente de la Fiscalía General del Estado.

Las víctimas, que no han sido identificadas, estaban semidesnudas y en estado de putrefacción, una cerca de la otra, en el monte ubicado en una brecha del ejido San Miguel de los Garza, sin que se sepa hasta ahora la forma en que fueron privadas de la vida.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que modificar el pacto fiscal requiere de una reforma constitucional, el gobernador Enrique Alfaro aseveró que solo se necesita una local, y adelantó que el 2022, es el último año que estará vigente el convenio de coordinación fiscal entre Jalisco y la federación.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no se tiene contemplado un cierre de actividades económica, a pesar del aumento de casos de COVID.

En conferencia de prensa, dijo que se han incrementado un poco los casos de coronavirus en la ciudad, pero no el número de hospitalizaciones.

Señaló que el día de hoy se hará una revisión, con la Secretaría de Salud, para evaluar el tema de la variante ómicron en la ciudad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de revocación de mandato.

El asunto fue admitido por la comisión de Receso de la Suprema Corte, integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, según la lista de notificaciones.

La Senadora de la República, Susana Harp Iturribarría, confirmó que acudirá al Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la decisión de la dirigencia de Morena sobre la candidatura al gobierno de Oaxaca, por violar los principios de paridad.

De igual forma, desmintió que vaya a abandonar las filas de Morena para ser candidata por otro partido como se ha difundido en redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “hubo protestas soterradas” para que el gobierno de Estados Unidos no otorgara el permiso de la compra de la refinería Deer Park a la empresa Shell.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que presentó una denuncia por daño moral y que solicitó medidas cautelares tras la publicación de dos columnas en las que se afirma que el mandatario protege a un hombre acusado de lavar dinero del narcotráfico.

“No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios”, mencionó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se debe de penalizar la decisión de los consejeros del INE que votaron por suspender la revocación del mandato; señaló que debe ser el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) y el Poder Judicial quienes resuelvan.

Aseguró que los consejeros electorales cometieron un error y lo tendrán que reconocer y rectificar porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática.

La consulta popular que se realizó este año para preguntar si se debían indagar delitos del pasado (y que fui promovida por el gobierno como un juicio a los expresidentes) no ha arrojado, hasta ahora, algún resultado. El 2021 cierra sin denuncias presentadas o investigaciones en curso a partir de dicho ejercicio cuyo costo superó los 500 millones de pesos.

La única nueva acción que se ha anunciado es la creación de una comisión de la verdad para indagar las violaciones a derechos humanos durante el periodo de la llamada “guerra sucia entre 1965 y 1990”. Sin embargo, dicho organismo aun no ha comenzado a operar y de acuerdo con Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, se trata de una “gran simulación”.

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, instruyó al organismo abrir una investigación con respecto a la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, debido a acusaciones de “anomalías” en su arresto.

“En días pasados, esta CNDH recibió una solicitud de intervención emitida por familiares del señor Del Río Virgen, quienes señalaron que existieron anomalías en su detención que deben ser investigadas con total imparcialidad, por lo que, en virtud de que los hechos citados inciden en la opinión pública nacional, esta Comisión Nacional abrió un expediente de investigación”, informó por medio de un comunicado.

El 22 de diciembre, agentes de la Fiscalía General de Puebla detuvieron a Rocío Pastrana González, integrante del campamento Resistencia y Lucha en Defensa de la Tierra y Agua de Malacatepec, que se opone a la expansión inmobiliaria de Grupo Proyecta, desarrollador del clúster de fraccionamientos Lomas de Angelópolis.

Pastrana González es acusada de extorsión junto con otros 18 pobladores de esa localidad que se han opuesto a que se vendan tierras comunales de Malacatepec al grupo inmobiliario de los Posada Cueto, donde Pedro Aspe Bernal, hijo del exSecretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, es Gerente de Ventas.

Hasta el 25 de diciembre, el último día posible para entregar firmas para una consulta de revocación de mandato, el INE ha contabilizado 1.3 millones en la APP –aunque 293 mil presentan inconsistencias-, pero aún le falta abrir alrededor de 2 mil cajas con apoyos en formato físico, de acuerdo con un informe preliminar al que Aristegui Noticias tuvo acceso.

Para que se pueda realizar el ejercicio, se necesitan reunir 2 millones 758 mil 227 firmas, distribuidas en, al menos, 17 entidades federativas.

Las investigaciones penales abiertas tanto en Estados Unidos como en México en contra de Genaro García Luna, Iván Reyes Arzate, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, todos ellos emblemas de la Policía Federal, han incrementado los cuestionamientos sobre la eficacia de la Guerra contra el narcotráfico emprendida hace 15 años.

Estos elementos —algunos de ellos considerados como modelos a seguir por Calderón— implementaron la estrategia de seguridad en el Gobierno panista de Calderón Hinojosa (2006-2012) y ahora enfrentan acusaciones por supuestamente facilitar y proteger operaciones de tráfico de drogas de México a Estados Unidos, que habrían estado relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

La crisis de derechos humanos en la que México se encuentra inmerso desde hace más de una década no se ha podido revertir en 2021, al igual que en los últimos años, debido a la persistente impunidad y violencia, señalaron organizaciones civiles a Efe.

La corrupción al interior de las cárceles de México creció, pero es poco denunciada debido a la normalización, al temor a represalias y a la desconfianza que existe hacia las autoridades, refiere la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (Enpol) del Inegi, estudio que también revela que más de una tercera parte de las personas privadas de su libertad han sido víctimas de algún delito como extorsión, hostigamiento sexual, robo, entre otros.

Para el doctor Víctor Hernández, coordinador del diplomado de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana de Puebla, la encuesta demuestra que en México el sistema penal es garantista sólo en el papel, ya que, en la ley establece que las personas detenidas tienen derechos, sin embargo, en la practica de la política criminal las personas, sin importar si son culpables o no son torturadas.

Se cumplen 28 años del alzamiento zapatista, ese grito salido de las entrañas de la selva, las cañadas y los bosques de Chiapas que sorprendió y trajo esperanza al mundo. Surgió cuando la Guerra Fría había concluido, con la victoria del imperialismo estadunidense, el colapso soviético y el triunfo ideológico de un discurso que dictaba sólo un camino: el del capitalismo descarnado, neoliberal, rapaz, impune.