Al respecto, Gertz Manero indicó que los detalles de cualquier proceso penal eran reservados y no se podían publicar, pero aprovechó para reiterar que el tema no lo habían soltado y continuaban trabajando en ello.

“Las acciones penales son personales. Cuando la Fiscalía del Estado presentó una serie de pruebas sobre un supuesto ataque al señor Cuén, establecimos con toda precisión cada una de las responsabilidades de los que actuaron directamente en este caso, agentes de la policía, peritos, ministerios públicos, presentamos ante un juez federal en Sinaloa, toda la documentación y no la quiso aceptar”, indicó el titular de la FGR.

“Nosotros hemos seguido trabajando sobre eso y vamos a continuar y vamos a volver a consignar y vamos a volver a judicializar cuantas veces sea necesario, no vamos a aceptar que estas cosas que nos ocurren en ciertos estados con ciertos jueces se repitan, y lo vamos a mantener así hasta que logremos judicializarlos todos”, enfatizó Gertz Manero.

La FGR confirmó, el 20 de octubre de 2024, que Cuén Ojeda fue asesinado, el mísmo día -el 25 de julio del mismo año- y en el mismo lugar -una finca ubicada en Culiacán de Rosales-, en el que fue privado de la libertad el capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, de 76 años de edad, por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad-, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

“En una acción conjunta de la Fiscalía General de la República, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [SSPC] federal, con el apoyo de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Armada de México, se logró un avance sustancial en la investigación del secuestro de Ismael ‘Z’; del homicidio del doctor Héctor ‘N’; así como de la desaparición forzada de varias personas más; en lo cual se encuentra vinculado directamente Joaquín ‘G’”, informó la FGR, en un comunicado.

“En finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que han sido determinados con toda precisión, por las unidades periciales federales, que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa; lo cual ratifica la información previamente obtenida, de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia FGR”, detalló la Fiscalía.

“Asimismo, en la batea del vehículo que se utilizó en el montaje de la gasolinera, se encontró sangre humana que corresponde a Rodolfo ‘C’, actualmente desaparecido y que fue referido como integrante del equipo de seguridad de Ismael ‘Z’. También, se obtuvo un video claro y preciso de lo confesado por el chofer del doctor Héctor ‘N’, quien niega lo que él mismo había declarado previamente ante autoridades locales, respecto a diversos momentos de la desaparición y muerte del doctor mencionado”, agregó la FGR.

“Todo lo anterior ratifica las investigaciones ministeriales y policiacas que determinaron las presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes ya han sido investigados exhaustivamente respecto a su participación en el caso de la muerte de Héctor ‘N’’, enfatizó la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

“Dado que existe una situación de rechazo por parte de un Juez Federal de Culiacán, para conocer y determinar la aprehensión de los responsables, el Ministerio Público de la Federación presentará en los próximos días, ante un Juez alternativo, todas las pruebas y diligencias que son procedentes”, finalizó la FGR.

La Fiscalía General de la República anunció, el 21 de agosto de 2024, que logró establecer “con toda precisión, la pista de dónde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de “El Mayo”, presuntamente privado de su libertad por Joaquín Guzmán López.

“En la investigación del caso ‘Ismael “N’-Joaquín ‘N’ la Fiscalía General de la República (FGR), ha logrado establecer, con toda precisión, la pista de donde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de Ismael ‘N’”, indicó la institución de procuración de justicia, en un comunicado.

Sara Bruna Quiñonez Estrada, renunció, el 16 de agosto de 2024, como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, ante las inconsistencias que, un día antes, la FGR señaló respecto que la institución de procuración de justicia estatal no procesó de forma correta la presunta escena del asesinato de Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio del mismo año, en el municipio de Culiacán de Rosales.

“Asimismo, la propia Fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor ‘N’”, agregó la FGR.

“La parte exterior de dicho inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, mientras se van realizando las diligencias respectivas. También, se identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión del posible secuestro”, dijo la Fiscalía General de la República.

“Los datos pertinentes serán sometidos mediante debido proceso, a las autoridades judiciales federales, cuando éstas reanuden sus labores. Independientemente de ello, las investigaciones ministeriales y policiales de carácter federal, seguirán adelante hasta integrar debidamente los expedientes correspondientes”, enfatizó la FGR.

“Sobre este mismo caso, la institución federal ha logrado establecer, con precisión, que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada”, explicó la Fiscalía General de la República.

“Por lo que hace a Joaquín ‘N”’ ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México con tal propósito (artículo 123 del Código Penal Federal). La Fiscalía General de la República continuará informando de sus avances que sean legalmente revelables”, finalizó la FGR.

Zambada García confirmó, el 10 de agosto de 2024, a versión difundida, un día antes, por Keneth Lee Salazar -titular de la Embajada de México en Estados Unidos, desde el 2 de septiembre de 2021-, de que fue emboscado en Culiacán de Rosales, por “El Güero Moreno”, cuando esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa -desde el 1 de noviembre de 2021- y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, político asesinado el día de las detenciones de ambos capos sinaloenses, el jueves 25 de julio del mismo año.

A través de una carta difundida por su abogado defensor, Frank Pérez, el cofundador del Cártel de Sinaloa enfatizó que no se entregó voluntariamente al Gobierno de EE. UU., con el cual, según dijo, no tuvo ningún acuerdo.

El capo sinaloense narró en su misiva que el hijo de su compadre le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, entre Rocha Moya y Cuén Ojeda, misma en la que también asistiría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.

Sin embargo, al llegar al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde supuestamente se llevaría a cabo la reunión, ya lo esperaban “una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos.”

“Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos permanecían fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, detalló “El Mayo”.

Confirmó que en la supuesta reunión estuvo presente Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien murió tras ser atacado a balazos, alrededor de las 22:00 horas, del 25 de julio de 2024, mientras circulaba en su vehículo particular, por la carretera Internacional México 15, a la altura de La Presita, comunidad ubicada al norte de Culiacán. Tras el atentado, fue trasladado a una clínica privada, donde falleció, media hora después, a los 68 años de edad.

“Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuen era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos desde entonces”, explicó el capo sinaloense.

“También hago un llamado al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden”, finalizó su carta “El Mayo”.

Un día antes, el embajador Salazar reveló, durante una conferencia de prensa, que Guzmán López se entregó de manera voluntaria y que “la evidencia al momento de llegar indica que ‘El Mayo’ fue llevado contra su voluntad”.

“No se utilizarán recursos estadounidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses. Estamos en el entendido que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. El piloto no era un empleado ni fue contratado por el Gobierno de los Estados Unidos, ni algún ciudadano estadounidense”, enlistó el diplomático estadounidense, en un comunicado, emitido por la Embajada de EE. UU. en territorio mexicano.

Por esta razón, dijo el fiscal, “lo que significa los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada. Nacen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos y de ahí es de donde devienen esas situaciones tan críticas como las que ahora estamos comentando”.

La investigación se hará sobre la historia de este caso donde aparecieron cientos de zapatos, ropa y otras pertenencias.

Sobre si hay datos de que funcionarios estarían involucrados, el fiscal indicó que “en esas circunstancias esa información es fundamental porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito”.

Lo que la FGR hará es “establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí, porque como bien sabe este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano, entonces había habido ya una serie de operaciones en los alrededores, era un tema que era francamente conocido, entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes”.

Parte de este antecedente es para determinar quiénes protegían esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles, “inclusive hay un caso de una carta de un joven que hace inferencia no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara”.

Este caso es una oportunidad para establecer “la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar los delitos del fuero común. Yo creo que en un plazo muy razonable vamos a tener ya una información general y antes de hacer cualquier atracción lo vamos a dar a conocer”.

Al fiscal general de la República se le preguntó si se llamaría a cuentas a la autoridad local: “Tenemos que llegar al fondo de ese asunto” y refirió que, por ejemplo, el caso de San Fernando fue de una “brutalidad histórica”.

Por esta razón “nosotros no podemos permitir que una situación de esa naturaleza quede en algún tipo de confusión, por supuesto que tenemos que llegar al fondo y ver por qué estaban todas esas prendas, ver si realmente eso funcionaba como un crematorio y si tiene la característica porque usted sabe que para un crematorio se necesitan unos niveles muy altos que si no se logran no funciona”.

El encargado de autorizar estos gastos fue el diputado oficialista Armando Contreras Castillo, quien entonces encabezaba el Comité de Administración, integrado por siete legisladores.

Proceso realizó este recuento tomando sólo en cuenta los desembolsos en actividades y artículos que no están relacionados directamente con el trabajo legislativo de los diputados.

El puente de San Lázaro

Entre esos gastos se encuentra la construcción de un puente exclusivamente para que los Diputados federales se trasladen a pie a la ex Garita de San Lázaro, que actualmente es utilizada como resguardo de archivos históricos y no se encuentra abierta al público.

El puente, que une al Palacio de San Lázaro con la exgarita y que cruza por la avenida de Congreso de la Unión, parece un cruce peatonal común y corriente, pero se trata de una construcción de lujo, ya que es de cristal templado, tiene dos elevadores y fue construido por Corporación Integral Bedrok, SA de CV, por un costo de 26 millones 676 mil 900 pesos, según se especifica en el contrato DGAJ-OP-013/2022, del cual Proceso tiene copia.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), la empresa es originaria de Puebla y se registró en 2016; cuenta con sólo dos accionistas, Jorge González Juárez y María Izamar Torres Hernández, quien firmó el contrato con la Cámara de Diputados.

Aunque fue hecho para que los legisladores, empleados y visitantes lo utilizaran, lo paradójico es que casi no se usa.

La construcción fue nombrada “Puente Bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824” y fue inaugurado el 29 de abril de 2024 por la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, la priista Marcela Guerra Castillo, y los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), entonces presidida por el morenista Ignacio Mier.

Pese a que el contrato del puente es público y establece que Corporación Integral Bedrok ejecutaría la obra, se solicitó vía transparencia la verificación del mismo, sin embargo, la Cámara de Diputados negó que esa empresa realizó la obra, sin dar más detalles de quién la construyó y su costo final.

“Dichos trabajos no fueron resultado del procedimiento de licitación pública HCD/LXV/LPN/OP/09/2022 plurianual, ni ejecutados por la empresa Corporación Integral Bedrok, tal como lo refiere el peticionario, en virtud de que el instrumento contractual celebrado con la citada empresa se dio por terminado anticipadamente”, detalla la respuesta.

Al realizar otra búsqueda en sus archivos, Proceso encontró como empresa adjudicada a SAIDPRO, SA de CV, sin embargo, no existe documento de adjudicación ni contrato, sino una nota informativa firmada por Martín Tadeo Huerta Hernández, director de Servicios Generales de la Cámara de Diputados relacionada con el acta de entrega y recepción física de la obra.

“Es de manifestar que, en cuanto a dicha acta, concerniente a la entrega y recepción Física de los trabajos del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios DGAJ-OP-013/2023 relativo a los trabajos de "Construcción del Puente del Palacio Legislativo a la Antigua Ex Garita de San Lázaro"; a la fecha los trabajos se encuentran en proceso de verificación de la conclusión de los trabajos, por lo que urna vez que se concluya y en caso procedente se suscriba el citado documento, se realizarán las acciones conducentes para su respectiva publicación”, detalla el documento.

Vestuario y uniformes

La Cámara de Diputados también gastó más de 19 millones de pesos para adquirir prendas de seguridad, protección personal, vestuario y uniformes.

El recinto de San Lázaro dio el contrato a la empresa de reciente creación Grupo Taurus, SA de CV, por un monto total de 19 millones 80 mil pesos con IVA incluido, el 11 de junio de 2024.

Entre las prendas solicitadas por los diputados se encuentran: mil 173 trajes para caballero, 221 trajes sastre pantalón para dama, 726 camisas, 290 blusas, 542 corbatas, 537 chamarras tácticas cazadoras, entre otros cientos de indumentarias.

Empleados consentidos

Pese a las afirmaciones de los legisladores morenistas, mayoría en la Cámara Baja, de que no habría lujos, en 2024 los diputados consintieron a sus empleados con regalos y paseos en días festivos que costaron al erario 3 millones 13 mil 919 pesos.

Para ello, la Cámara de Diputados celebró dos contratos para que sus empleados pudieran acudir a parques de diversiones con alimento incluido para el Día de Reyes y Día del Niño, ambos por un total de 1 millón 323 mil 149 pesos.

El paquete de Día de Reyes incluía el ingreso de 472 adultos y 584 niños al Acuario Michin Ciudad de México, con 585 boletos de alimento para niños, lo que costó 472 mil 247 pesos.

Para el Día del Niño los diputados llevaron a sus empleados a Six Flags, parque al que otorgó un contrato para el ingreso de mil 80 trabajadores de base, sindicalizados y operativos de confianza por 700 mil 902 pesos.

El año pasado los diputados también pagaron más de 36 cursos y talleres que costaron 11 millones 328 mil 752 pesos, pese a que no todos tienen relación con el quehacer legislativo.

Entre ellos se encuentran los talleres impartidos por Unvie Consultores sobre “Prevención del suicidio, manejo de la ansiedad y estrés en el trabajo y de acuerdos en la relación de pareja”, que costaron 137 mil 808 pesos.

La empresa Espacio Convergente, S de RL de CV, fue contratada para impartir los cursos de capacitación: "Desarrollo de habilidades laborales", "Estrés, conflicto y negociación en el trabajo", que costaron 167 mil 40 pesos, y el taller “Sororidad: fortaleciendo la unión entre mujeres”, por un monto de 111 mil 360 pesos. También pagó 80 mil 968 pesos a la empresa Conecta C+E Desarrollo y Capacitación para el curso “El estilo y la imagen que proyectas en tu entorno laboral”.

Entre los cursos más caros que pagó se encuentran los de "Análisis de negocio ágil", "Reparación de laptops avanzado a nivel componente", "Hacking ético", "Jenkins", "Kanban", "Redes de telefonía de nueva generación", "Soporte técnico en Mac avanzado", que fueron impartidos por la empresa Operadora Integradora Luzay, SC, que cobró un millón 573 mil 333 pesos.

También a la empresa Desarrollo en Servicios Organizacionales, SC, le pagaron 920 mil pesos por los cursos de "Cableado estructurado UTP y FO avanzado", "Sistema de gestión ambiental", "Norma ISO 19011:2018", "Norma ISO 14001:2015".

En tanto, tal como lo reportó Figueroa Franco, en el mismo periodo, en Baja California, los homicidios bajaron 23.4 por ciento. En septiembre de 2024 había un promedio de 7.13 homicidios y en febrero de 2025 fue de 5.46.

Asimismo, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal reportó un aumento de 33.3 por ciento en homicidios en Guanajuato entre septiembre del año pasado y febrero de 2025.

La titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que en los cinco estados con más homicidios se vieron “reducciones significativas”, excepto en Guanajuato, donde había subido dicho delito.

“En los 5 estados en donde se concentra el mayor número de homicidios en todo el país, como veremos, existen reducciones significativas en el periodo analizado, que es la actual administración, con énfasis en la actual administración, para el delito de homicidio en todas estas entidades con excepción de Guanajuato”, enfatizó Figueroa Franco.

“Particularmente de septiembre de 2024 a febrero de de 2005 se tuvo un incremento de 33.3 por ciento y en febrero de 2025 se llegó a un promedio diario de 12.5 homicidios dolosos al día”, agregó la titular del SESNSP.

En tanto que, según Figueroa Franco, en el Estado de México la reducción fue de 23.5 por ciento. En septiembre de 2024 se reportó un promedio de 6.63 homicidios, mientras que en febrero de 2025 fue de 5.07.

Por último, en Chihuahua la caída en los homicidios fue de 26.6 por ciento. En septiembre de 2024 el promedio fue de 6.03 homicidios diarios y en febrero de 2025 fue de 4.43, indicó la titular del SESNSP.

Tras 40 años de ansias por tenerlo en su manos, la DEA está en desacuerdo con el Departamento de Justicia de Trump porque pretende enjuiciar al narcotraficante en la Corte Federal del Distrito Este en Nueva York.

“El encausamiento judicial más sólido contra Caro Quintero, y con el que de ser declarado culpable sería sentenciado a la pena de muerte por el asesinato del agente federal Enrique Kiki Camarena (en 1985), es el de California”, explica a Proceso un fiscal involucrado en el caso.

“Definitivamente el más débil de los expedientes contra Caro Quintero, por conspiración para exportar drogas es el de Nueva York. El Departamento de Justicia tendría que extraditarlo a California”, acota el fiscal, que por tratarse de un proceso abierto que aún no inicia habló con este reportero bajo la condición del anonimato.

La expulsión de Caro Quintero a Estados Unidos tomó por sorpresa a la misma DEA; los agentes encargados de los procesos judiciales contra el narcotraficante en California, Arizona, Texas y Nueva York se enteraron de su llegada el mismo jueves 27 de febrero último por la mañana.

“El gobierno de México lo mandó a Nueva York porque sabía que, si lo enviaba a California, Arizona o Texas, lo entregaba a las autoridades para ser procesado judicialmente y, en absoluto, de ser declarado culpable sería condenado a la pena de muerte.

“La extradición lo protegía contra una condena de pena de muerte, México lo expulsó a Nueva York porque ahí sus acusaciones no implican la pena de muerte, con esto el gobierno mexicano evitó que lo señalarán como irresponsable al poner en la antesala de la ejecución a uno de sus ciudadanos”, explica a Proceso uno de los agentes de la DEA a cargo del caso del asesinato de Camarena.

Contra Caro Quintero no habrá contemplaciones, la DEA usará toda su influencia para que se le enjuicie rápido y se le castigue con la condena máxima: la pena capital.

Además de la sed de venganza de la DEA por el secuestro, tortura y asesinato de uno de los suyos, Caro Quintero podría convertirse en el primer narcotraficante mexicano en ser condenado a la pena muerte, e incluso también el primero en recibir ese castigo bajo la designación de terrorista por el decreto instrumentado recientemente por Trump.

Advierte el fiscal:

El encausamiento judicial en California tiene el potencial para ser un escándalo en Estados Unidos y en México, involucra a políticos y militares, muchos de los cuales ya no viven, y también se señala a la CIA en el asunto del secuestro, tortura y asesinato de Camarena.

Desde que ocurrió el homicidio de Camarena, Proceso ha dado cuenta y sustentado con documentos clasificados como top secret, con entrevistas de agentes y exagentes de la DEA, la presunta participación de la CIA, así como de políticos, policías y militares mexicanos.

Uno de los políticos mexicanos mencionados en el caso Camarena-Caro Quintero es Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en la presidencia de Miguel de la Madrid, y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El caso contra Caro Quintero en California y en poder de la Corte Federal del Distrito Central del estado acusa al capo sinaloense de conspiración para secuestrar, torturar y asesinar a Camarena.

El encausamiento incluye delitos de conspiración para traficar mariguana, cocaína, heroína, lavado de dinero procedente de la venta de los enervantes, portación de armas y municiones ilícitas, cargos por los que además sería sentenciado a cadena perpetua.

La condena de pena de muerte a Caro Quintero sería por el asesinato.

El encausamiento en Nueva York, por conspiración para exportar de México sustancias ilícitas y por lavado de dinero en esa entidad federativa, implicaría una condena de cadena perpetua como pena máxima, o de entre 15 y 20 años de cárcel como mínimo.

La incansable lucha de cuatro décadas que llevó a cabo la DEA para vengar a Camarena quedaría diluida por una decisión política y no judicial, si el Departamento de Justicia estadunidense declina la solicitud de extradición.

La venganza del capo

En Arizona y en Texas los expedientes criminales contra Caro Quintero y que son por asesinato tienen que ver con lo ocurrido entre 1983 y 1984 en una población perteneciente al Condado de Hidalgo, Texas, referente a un pleito por una mujer en el que un ciudadano mexicano mató a Emilio Caro Payán, papá de Rafael Caro Quintero.

Esta versión se conoció en la DEA y en otras agencias federales como el FBI, a raíz del asesinato de Kiki Camarena, pero nunca se le dio mucha credibilidad ni seguimiento.

Lo ocurrido en el Condado de Hidalgo provocó la furia de Caro Quintero, y bajo sus órdenes varios de sus pistoleros buscaron minuciosamente al mexicano que mató a su padre.

Eventualmente la gente de Caro Quintero encontró al presunto asesino de su papá y en los encausamientos se señala que al mexicano lo acribillaron con 70 balas de Uzi en el pecho y que además el capo mexicano lo remató con un tiro en la cabeza.

Hace unos cuatro años el caso dio un giro espectacular porque una persona no identificada y registrada en el encausamiento criminal emitido contra Caro Quintero en Arizona se presentó ante una oficina de la DEA o del FBI a hacer una denuncia.

Dicha persona ante los agentes federales recreó el incidente sobre cómo Caro Quintero se vengó de la muerte de su padre y además dijo que él sabía dónde habían enterrado al mexicano ultimado con la Uzi.

La versión de la persona no identificada establece que el presunto asesino del padre de Caro Quintero se enteró de que lo andaban buscando en México por lo que huyó del país e ingresó como indocumentado a El Paso, Texas.

“¿POR QUÉ? Esto no puede continuar. Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro querido quincuagésimo primer estado. Esto haría que todos los aranceles y todo lo demás desaparecieran por completo. Los impuestos de los canadienses se reducirían sustancialmente, estarían más seguros, militarmente y en otros aspectos, que nunca antes, ya no habría un problema en la frontera norte y la nación más grande y poderosa del mundo sería más grande, mejor y más fuerte que nunca, y Canadá sería una gran parte de eso. La línea artificial de separación trazada hace muchos años finalmente desaparecerá, y tendremos la nación más segura y hermosa del mundo. ¡Y su brillante himno, ‘O Canadá’, seguirá sonando, pero ahora representando a un GRAN y PODEROSO ESTADO dentro de la nación más grande que el mundo haya visto jamás!”, finalzó Trump.

Ontario suministra electricidad a Minnesota, Nueva York y Michigan. “Los aranceles del Presidente Trump son un desastre para la economía estadounidense. Están haciendo que la vida sea más cara para las familias y las empresas estadounidenses”, señaló el primer ministro de Ontario, en un comunicado.

“Hasta que la amenaza de los aranceles desaparezca para siempre, Ontario no se echará atrás. Nos mantendremos firmes, utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance y haremos lo que sea necesario para proteger a Ontario”, agregó Ford.

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE) llegó, el 10 de marzo de 2025, a Washington D.C., para abogar en contra de la decisión del presidente Trump de imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio desde México.

Programados para entrar en vigor el miércoles 12 de marzo de 2025, según una orden ejecutiva de Trump de febrero del mismo año, los aranceles afectarían a todos los países del mundo.

“El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, viajan hoy a Washington D. C. para hablar sobre el comercio de acero y aluminio con funcionarios estadounidenses”, dijo la Secretaría de Economía, en una publicación en su cuenta de la red social X, al tiempo que el titular de la SE publicó una fotografía de su llegada a la capital de EE. UU.

Howard Lutnick, titular del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés), aseguró el domingo 9 de marzo de 2025, a la cadena NBC, que los aranceles al acero y aluminio estaban programados para entrar en vigor el día miércoles 12 del mismo mes y año.

Asimismo, ya Sheinbaum, descartó que se tratara de una cuestión de “género”, como interpretó la presidenta en los cuestionamientos de la periodista.

El pasado 27 de febrero el gobierno mexicano envió a Estados Unidos a 29 personas privadas de su libertad en México, entre las cuales se incluía a Rafael Caro Quintero, condenado por asesinar a un agente antinarcóticos estadounidense en 1985, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, y a Óscar Omar Treviño Morales, conocido como Z-42, dos supuestos exlíderes del violento cártel de drogas Los Zetas.

Dicha acción se enmarcó dentro de las labores de “coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral”, siempre “en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, y en la víspera de la aplicación de aranceles del 25% a México tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

En respuesta, Sheinbaum aseguró que “la verdad no tendría por qué en un evento de naciones unidas estar opinando sobre un evento de México, eso es lo primero”.

Continuó recordando que desde la llegada del presidente Donald Trump, su gobierno ha encabezado los esfuerzos de colaboración que han llevado a los resultados positivos en materia de seguridad, trasiego de drogas y migración ilegal.

Entre los artículos localizados se encontraron una hebilla de cinturón con la figura de dos pistolas, un rosario, chalecos antibalas, equipo táctico y casquillos percutidos de armas de alto calibre, lo que sugiere un escenario de violencia extrema. 

A pesar de la magnitud del hallazgo, González denunció la tardanza de las autoridades para intervenir en el sitio. "El problema es que seguimos encontrando cuerpos, pero la fiscalía no los levanta. Eso retrasa la identificación de las víctimas y aumenta el sufrimiento de las familias", expresó. 

Hasta las 19:00 horas del lunes, las buscadoras continuaban en el lugar esperando la llegada de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para el levantamiento de los restos. En la zona también estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes brindaron resguardo durante las labores. 

Este nuevo hallazgo se suma a los 19 puntos de exterminio localizados por el colectivo en lo que va del año, reforzando la crisis de desapariciones forzadas en la región y la falta de acciones inmediatas por parte de las autoridades para garantizar justicia y respuestas a las familias.

Este domingo decenas de mujeres periodistas marcharon en la capital del estado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Es el quinto año consecutivo que salen a las calles para denunciar además las violencias estructurales y el machismo que afectan su trabajo y hasta ponen en riesgo su vida.

El recorrido de este domingo por la mañana inició en la plaza Unidos por Guerrero y concluyó en la plaza Primer Congreso de Anáhuac.

Las manifestantes portaron pancartas con mensajes como “Somos la voz de las sin voz”, “Ni víctimas ni pasivas, periodistas combativas” y “Vivas, libres y sin miedo”.

En un mitin las reporteras denunciaron agresiones e intimidaciones por parte de funcionarios para tratar de impedir su labor de informar.

Detallaron agresiones durante la marcha por la paz por el asesinato del alcalde de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán y después al tratar de entrevistar al alcalde sustituto Gustavo Alarcón Herrera.

Además de amenazas de supuesto personal y seguidores de la diputada local de Morena, Citlalli Yaret Téllez, luego de que el portal En Primer Plano publicó una nota de un paseo que la legisladora presumió en su cuenta de Facebook a bordo de una camioneta Telsa Cybertruck.

En su posicionamiento señalaron que tras el homicidio de Arcos Catalán, el 6 de octubre de 2024, y otros crímenes de alto impacto en Chilpancingo se volvió más ríspida la relación del gobierno estatal y municipal con la prensa para el acceso a la información.

“Las autoridades incrementaron su rigurosa seguridad. Las escoltas, sean de seguridad pública o privada, impiden o inhiben entrevistas y si las hay son cortas y apresuradas.

“En el caso del gobierno estatal, es prácticamente imposible acceder a información a pesar de que debe ser  pública. El acceso a la información que debe ser cotidiano, es extraordinario”, expresaron.

Advirtieron que los ayuntamientos están replicando la política de silencio del gobierno del estado.

Por eso demandaron a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán, una postura clara y firme sobre los obstáculos a la libertad de expresión como la línea del gobierno del estado hacía los ayuntamientos para impedir que se cuestione a las autoridades. 

“No vamos a dejar de ejercer nuestra labor, no tendrán la comodidad de nuestro silencio. No nos vamos a quedar calladas ante las agresiones”, adelantaron.

El estado de Guerrero es gobernado por Evelyn Salgado Pineda, postulada por Morena.

De 2019 a 2022, la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró 73 agresiones contra mujeres en esta entidad.

El 21 de enero también fue detenido David "N", exintegrante de Protección Civil de Iguala, en la alcaldía Xochimilco. Las autoridades informaron que llevaba metanfetamina y marihuana al momento de su captura.

Según la "Narrativa de los Hechos" presentada en septiembre de 2023, policías municipales de Huitzuco trasladaron a un grupo de normalistas con la orden de esperar instrucciones de "El Patrón". Entre los agentes involucrados estaban Celedonio y Ariel Núñez.

A casi 11 años de la desaparición de los 43 normalistas, el gobierno mexicano continúa con la investigación y las detenciones de presuntos responsables.

Además, presidentes municipales, diputados y la estructura de Morena movilizaron a personas de sus localidades, lo mismo que miembros de organizaciones tan institucionales como el histórico Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por el diputado morenista Pedro Haces. 

Sin embargo, también hubo quienes aseguraron asistir con plena convicción para apoyar a la presidenta, tal como lo hicieron en mítines y asambleas de Andrés Manuel López Obrador. En algunos casos, lo hicieron en agradecimiento por “voltearlos a ver” y por recibir programas sociales como la pensión de Adultos Mayores, la principal estrategia de transferencia de recursos del gobierno morenista. 

Todo esto se desprende de 16 testimonios recopilados por Animal Político de entre diferentes grupos que asistieron este domingo a la asamblea de la presidenta y que a continuación mostramos. 

Bienestar pagó 900 pesos por asistir 

María Valerio, de 62 años, es de Ciudad Juárez. Ella, junto con más vecinos que llenaron siete autobuses llegaron a la Ciudad de México después de 30 horas de viaje. Por eso es que a las 11 de la mañana, poco antes de que la presidenta Sheinbaum comenzara su discurso, ella y su familia se desviaron por la calle de Bolívar para descansar. 

Cuando se le pregunta con qué grupo viene, Rosa responde que los trajo “Jeny de Bienestar”. La conoce porque su esposo es beneficiario de la pensión de Adultos Mayores y por eso tiene sus datos. “Nos hizo la invitación para venir a apoyar a Claudia, el miércoles me hablaron y les dije que sí”. 

– ¿Y a ustedes qué les dan por venir? -se le pregunta

-Nos dieron 900 pesos, pero de ahí tenemos que comer. 

-¿900 pesos es algo significativo para usted?

-Sí, porque soy ama de casa. Aunque es lo que nos vamos a gastar aquí. 

-¿Aún así le conviene venir? 

-Sí estoy bien cansada y traigo los pies bien hinchados de estar sentada, pero está bien porque vinimos a conocer, por eso nos animamos a venir. 

-¿Cuántos vienen en su autobús?

-Como 40, pero son varios camiones, nosotros somos el siete. 

-¿Y quién les paga?

-La de Bienestar. Ella nos transfiere. Yo creo que a ella le dan el dinero y ella nos lo da. 

-¿Y cuándo les van a transferir? 

-Ya, ya nos transfirieron, en la mañana.

Según el testimonio de María, son siete camiones con al menos 40 personas, eso serían 280 personas. Si cada una recibió 900 pesos, solo por este grupo que convocó “Jeny”, sumarían 250 mil pesos. 

Feliciana Ortega es del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Salió a las 3 de la tarde del sábado para estar por la mañana en el Zócalo. Lleva una gorra guinda con blanco, con la insignia de Morena, el partido al que apoya porque es “hueso colorado”, dice. Por eso, cuenta mientras camina sobre avenida Juárez, que está aquí para “luchar y para estar con ella (con la presidenta Sheinbaum) sobre todo por lo que está pasando del otro lado. Estamos inconformes”, sostiene. 

Ella fue convocada por Morena del municipio de Santo Domingo Tehuantepec. El autobús, dice, corre por cuenta del partido, lo mismo que el “apoyo” de 600 pesos que le dieron a cada uno de los asistentes, que según calcula, suman 200 personas. Por el grupo de Feliciana, el gasto sumaría 120 mil pesos. 

Rosa Pacheco, de 37 años, es trabajadora del hogar. Todavía no da el mediodía y ya va en sentido contrario a la masa que busca llegar al Zócalo por la calle Francisco I. Madero. No escuchará el discurso de la presidenta. 

En su rostro se ve el fastidio del viaje que emprendió desde el municipio de Santa Rosa, Oaxaca, el sábado a las 7 de la noche. Llegó a las 3 de la mañana a la Ciudad de México y se quedó ahí por otras horas con sus dos hijas adolescentes y su hijo que no rebasa los cinco años, esperando que amaneciera.

Al preguntarle sobre el apoyo que le darían, responde que no le han dicho cuánto dinero le van a dar por su asistencia. “Sí nos dijeron que nos van a dar algo, pero no sé qué”. Su vecina, dice, le avisa cuando hay “alguna salida”, como cuando acudió al mitin de Sheinbaum en su recorrido por Oaxaca, esta es la primera vez que acude a la Ciudad de México.

Asisten funcionarios por temor a perder su empleo

Desde las siete de la mañana, Mauricio, a quien se cambió el nombre por temor a represalias, llegó a la plancha del Zócalo para encontrarse con el resto de sus compañeros del gobierno capitalino. Él, como el resto, pertenece a un tipo de contratación llamado “nómina 8”, en el que deben firmar contrato cada año, lo que les genera incertidumbre laboral. 

Por eso, cuando sus jefes le piden “apoyar” en actos como este, cree que no se puede negar, aún cuando signifique renunciar a sus descansos de fines de semana y a que cada vez ha sido más frecuente, porque desde la campaña de Sheinbaum y hasta este domingo, les han pedido asistir a todos y cada uno de los eventos de la mandataria. 

“Desde las siete que llegamos no nos podemos mover de ahí. Ni comer porque si te anda del baño a dónde vas. Y ahí nos tuvieron cinco horas esperando bajo el sol”, se queja Mauricio. 

Su caso no fue el único. Los mandos de distintas secretarías recibieron un croquis en el que se indicaba el lugar que los funcionarios de cada dependencia debían ocupar al llegar al Zócalo. En el dibujo, frente al templete se colocó el personal de Capital Humano, el área de la Secretaría de Finanzas encargada de los recursos humanos de todo el gobierno de la Ciudad. 

A lado, ubicaron a todo el personal de los Pilares, una de las principales estrategias de política social de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. También la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Medio Ambiente. 

En el siguiente cuadrante estuvieron los funcionarios de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, junto con otras cuatro instituciones. Atrás de ellos ubicaron a la Secretaría de Salud y Cultura, Vivienda y Movilidad. 

Animal Político comprobó la asistencia de estos funcionarios ubicándolos según el croquis. Norma Vázquez, de la Consejería Jurídica, explica que los asistentes de esta institución suman 500 personas. Lo lograron gracias a la “organización interna. Les pedimos apoyo a los compañeros y todos vinieron con mucho gusto. Siempre que nos convocan para la presidenta estamos aquí apoyando”, dice Norma, mientras reparte un lunch que incluye una torta, una manzana, una fritura y jugo.

En tanto, las funcionarias de la Secretaría de Cultura que trabajan en las bibliotecas de la Ciudad de México se uniformaron con playeras verdes. Apenas habían pasado 20 minutos del discurso de Sheinbaum cuando algunas decidieron irse, dado que ya habían pasado lista. Una de sus compañeras llevaba el control de su asistencia en hojas blancas, donde cada una debía anotar su nombre. 

Virginia Martínez, la funcionaria que se encargó de convocar a sus compañeras, explica que si alguien no va “no pasa nada. Aquí todas vienen por su voluntad”. La lista, dice, sólo la ocupan para “ver quién vino, pero no tiene mayor importancia la lista”. 

Otros más, desde sus cargos públicos convocaron a esta asamblea, como la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores. Explica que logró la asistencia de 7 mil personas trasladadas en 110 autobuses desde su municipio. 

Con cierto dejo de orgullo afirma que la gente de Chimalhuacán “siempre está lista para apoyar a la presidenta y siempre hemos tenido convocatoria. La convocatoria se hace abierta a los vecinos y a los liderazgos de las 180 comunidades”. 

“Ya tenemos una manera de organizarnos y siempre, para tanto los trabajos de gobierno como de partido, los compañeros están listos para seguir apoyando”, presume. Lo demostraron, ya que en esta ocasión solo tuvieron cuatro días para organizarse, pues la presidenta convocó a la asamblea el 4 de marzo.

En esta asamblea también estuvieron presentes funcionarios federales del ISSSTE, del IMSS y hasta de una institución de especialidad como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quienes acudieron a un acto como este por primera vez. “Nos comentaron de Secretaría de Salud que quien quisiera apoyar, podíamos asistir”, afirmó Sandra Zamora, directora de administración. 

Sindicatos institucionales presentes

También estuvieron miles de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una de las organizaciones gremiales más antiguas, con liderazgos que ocupan la secretaría general por décadas, como ocurrió con los priistas Carlos Jonguitud, y luego con Elba Esther Gordillo, quien pisó la cárcel acusada de lavado de dinero. 

Actualmente es dirigido por Alfonso Cepeda, quien mostró apoyo al primer gobierno de izquierda con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con Claudia Sheinbaum. 

Según Daniel Espinoza, de la sección 10 del SNTE, sumaron 40 mil asistentes. 

-¿Cómo es que ahora el SNTE apoya a Sheinbaum? -se le pregunta. 

-Porque nosotros hemos recibido mucho apoyo desde el anterior gobierno de López Obrador, desde la pandemia, los aumentos por encima de la inflación, y ahora con esta nueva administración lo mismo. 

-¿Más apoyo que con los priistas?

-No bueno, los priistas hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros somos un sindicato institucional y este nuevo gobierno es la institución y nosotros también estamos apoyándolos. 

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México es una organización liderada por el diputado morenista Pedro Haces, quien hace tres meses fue captado usando un helicóptero junto con el líder de la bancada, Ricardo Monreal. 

Sus agremiados de Puebla, comerciantes, transportistas, taxistas, obreros, mototaxis, acudieron “por su voluntad”, insiste Elpidio Díaz, secretario general de Puebla y diputado local. Cada liderazgo de los municipios, dice, aporta los recursos para los lunch y las unidades para el traslado. 

También estuvieron otros 500 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, según David García, secretario de actas de la sección 12. Ocuparon varias filas de sillas en la plancha del Zócalo. En la semana, dijo, tuvieron una asamblea donde hicieron la invitación para asistir, además de los grupos de WhatsApp para asegurarse que todos los agremiados estuvieran enterados.

Al finalizar el evento, poco después de la 1 de la tarde, miles de personas caminaron hacia Reforma y las calles aledañas para encontrar sus respectivos autobuses y regresar a sus comunidades.

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, era el más relevante. Como vocero de la iniciativa privada, Cervantes informó que se distribuyeron 500 invitaciones entre empresarios de todo el país, para acudir a lo que él mismo calificó como “un evento de unidad nacional”.

Evento que, en realidad, ya había perdido el propósito inicial, que era el de responder a Trump movilizando y mostrando el músculo de Morena y sus partidos, organizaciones y sindicatos aliados.

“Como bien saben, esta asamblea fue convocada por si no llegábamos a algún acuerdo, con el objetivo de anunciar una estrategia y acciones que habíamos preparado con meses de anticipación”, explicó la propia presidenta en su discurso, “afortunadamente, ha prevalecido el diálogo y, sobre todo, el respeto entre nuestras naciones”.

Así, la presidenta Sheinbaum volvió a guardarse las medidas que iba a anunciar; el famoso plan b, c y d que, según ha dicho en las conferencias mañaneras, tiene listo para activar en caso de que se haga realidad la amenaza de aplicar 25 por ciento de aranceles a los productos que México exporta a Estados Unidos.

Sheinbaum siguió sin anunciar dichas medidas y su informe fue, en realidad, un recuento de la crisis arancelaria, en el que volvió a explicar el contenido de sus dos llamadas con el presidente Trump: la del lunes 3 de febrero, y la del pasado 6 de marzo, en la que acordaron que sería hasta el 2 de abril cuando se apliquen los aranceles a los productos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

“Ahora, quiero expresarles que somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo”, agregó Sheinbaum ante un Zócalo en el que, según el gobierno de la Ciudad de México, había más de 350 mil personas congregadas.

“No somos extremistas, pero hay principios”

La presidenta emocionó a la plaza con frases atribuidas a héroes nacionales, como “la patria es primero” de Vicente Guerrero, o “el respeto al derecho ajeno es la paz” de Benito Juárez.

Y también echó mano de los dichos de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para animar una plaza que se derretía bajo el sol ardiente del mediodía: “hay un pueblo entero que nos respalda”, “no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, “por el bien de todos, primero los pobres”.

De hecho, el momento más emotivo del mitin fue cuando Sheinbaum estaba haciendo un recuento de la relación México-Estados Unidos y mencionó al expresidente y sus diálogos con la primera administración Trump, entre 2018 y 2020.

Convertido en su némesis perfecta, Trump le dio pretexto para presumir sus logros en 150 días de gobierno.

“Andy” y la foto de espaldas a Sheinbaum

Congregados todos los líderes de la llamada “cuarta transformación”, el Zócalo de la unidad frente a Trump también sirvió para que los dirigentes mostraran su propia fuerza.

Exaspirantes a la Presidencia, precandidatos a gubernaturas, líderes locales y las candidatas a la Suprema Corte de Justicia, como la ministra Lenis Batres, aprovecharon el momento para placearse entre las huestes del partido-movimiento.

Entre los más buscados para los retratos estaba el hijo de López Obrador, quien ocupaba un lugar en la zona de invitados especiales junto a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Andrés López Beltrán, “Andy” como lo llaman los morenistas, fue abordado por simpatizantes, legisladores y por los coordinadores parlamentarios.

Incluso, antes de que empezara el mitin, su presencia causó un momento incómodo para la presidenta Sheinbaum, quien salió de Palacio Nacional y caminaba rumbo al templete justo cuando los coordinadores de Morena y el Partido Verde se retrataban junto a “Andy”, quien actualmente es secretario de Organización de Morena.

Cuando los asistentes buscaban los camiones y microbuses que los regresarían a sus colonias, municipios y estados de origen, comenzó el auténtico festival, con la Maldita Vecindad y la Sonora Santanera, que tocaron una hora, mientras la plaza quedaba vacía.

“Se está haciendo la investigación de este tema, porque igual hay un desvío de recursos públicos: fueron compradas para cierto fin y están usándose para otra cosa; estamos rastreando todo el asunto, se está investigando por parte de la contraloría”, dijo el mandatario este lunes al responder una pregunta en su rueda de prensa semanal. 

Ramírez Bedolla aclaró que no es una persecución contra la iglesia católica e hizo un llamado a que si algún sacerdote u otra persona trae una de esas camionetas “pues que la devuelva, es lo mejor, que la entregue personalmente, porque seguramente las recibieron de buena fe: si el señor arzobispo te da la las llaves de una camioneta, no creo que andes preguntando, tú de buena fe agradeces y la usas; ellos no están enterados del acuerdo o de la negociación que hizo el arzobispo con el gobernador, para nada”. 

Refirió que en los casos en que se haya actuado de buena fe, habrá una consideración en el sentido de que hay inocencia porque no se sabía de dónde venía, no habrá represalias, al contrario si se aclara esa situación en el caso de camioneta por camioneta vamos cerrando la carpeta”. 

Sin embargo, en presunta alusión al arzobispo, el gobernador señaló: “Quien fue responsable tiene que responder en el más alto nivel de esta situación”. 

Por su parte, el arzobispo Carlos Garfias advirtió que las acusaciones relacionadas con las camionetas no tienen sustento. 

“Si a mí me quieren involucrar en algo, que me lo demuestren y que no sea algo mentiroso, que no sea invención; no tengo nada que ocultar, las acusaciones que hacen que las demuestren y en lo que tenga que ser recriminado que me lo recriminen, pero con objetividad, no de manera mentirosa y engañosa”. 

Cuestionado al respecto en una rueda de prensa ofrecida el domingo 9 en Morelia, después de que el tema fue ventilado por un columnista de un diario de la Ciudad de México, el jerarca religioso rechazó los señalamientos, pues “si alguien hubiera tenido una evidencia de acusación no me la estarían haciendo ahora, lo hubieran dicho en el momento que sucedió el caso”, argumentó. 

Sin dar mayores detalles, Garfias Merlos dijo que “si los benefactores (presuntamente se refiere a los donantes de las camionetas) están relacionados en algún momento dado con alguna persona del gobierno, no quiere decir que haya sido el gobierno quien lo pagó, ¿verdad? Son temas que, insisto, son inventados y mentirosos”. 

No obstante, reconoció su amistad con el exgobernador: “Somos amigos con Silvano (Aureoles), no tengo por qué negarlo, hemos sido muy cercanos desde antes de que él fuera gobernador, desde antes de que yo llegara a Morelia como arzobispo, no es de ahora que tengamos la relación”. 

Añadió: “Todo lo que se pueda decir de una persona, de Silvano, de mí o de quien sea, hay que demostrarlo y hay que distinguir lo que es mentira, lo que es fantasía, lo que es conclusión de alguien, quien haya sido, hay que demostrarlo”.  

El arzobispo dijo que si el gobernador Ramírez Bedolla “tiene algo que decir, que me lo diga a mí; las personas que están involucradas en estas acusaciones que me lo digan a mí y vamos aclarando las cosas, no hacer algo mediático que desacredita y crea desconfianza e incertidumbre en la sociedad”. 

—¿Hay buena relación con el gobierno actual? —preguntó un reportero al jerarca católico. 

—Yo estoy en diálogo con algunos funcionarios del gobierno actual. Directamente con el gobernador no hemos tenido un encuentro personalizado, pero espero que pronto lo tengamos.