Las autoridades de la Ciudad de México lograron la captura de cuatro personas vinculadas al Cártel de Sinaloa en las alcaldías de Xochimilco e Iztacalco.

Durante los cateos, se desmantelaron varias bodegas de drogas y se incautaron diversas cantidades de estupefacientes y armamento.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la CdMx, Pablo Vázquez Camacho, informó que la acción fue resultado de investigaciones detalladas que permitieron identificar a una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de drogas en las zonas mencionadas.

Los detenidos fueron identificados como José Luis "N", Karla "N", Samuel "N" y Valeria "N".

Resultado de la coordinación con @FiscaliaCDMX, @SEDENAmx y @GN_MEXICO_, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en las alcaldías @IztacalcoAl y @XochimilcoAl; fueron detenidos dos hombres y dos mujeres y se aseguraron más de 600 dosis de posible marihuana y… pic.twitter.com/UYdnenudT9

— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 23, 2025

La semana pasada el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que "se han debilitado a las células delictivas que más violencia generan" en Culiacán. Al ser consultado sobre los enfrentamientos entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, ratificó su desgaste y añadió que "la cantidad de homicidios que había al inicio no es la misma de ahora", puesto que se ha logrado evitar, con presencia de funcionarios, que los enfrentamientos ocurran en la ciudad.

Tan solo en lo que va de enero, el gabinete de seguridad ha reportado en Sinaloa el aseguramiento de 178 armas largas, 33 armas cortas, 13 ametralladoras, cuatro lanzagranadas, dos aditamentos, 11 granadas, cuatro fusiles Barret, 40.902 cartuchos, 896 cargadores y 384 explosivos improvisados.

Sumado a esto, Harfuch anunció la captura de casi 50 "objetivos prioritarios", es decir figuras centrales de los bandos del Cártel de Sinaloa que están enfrentados: 'Los Mayitos', que responden a Ismael 'El Mayo' Zambada; y 'Los Chapitos'.

Tras el ataque, la víctima perdió la vida y en el lugar se presentaron detectives de la Policía de Investigación (PDI) para ubicar cámaras de videovigilancia y posibles testigos que aporten información para esclarecer los hechos.  

Al confirmarse el deceso, las autoridades notificaron al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, para el inicio de la carpeta correspondiente por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego. 

También se presentó personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, experto en criminalística y fotografía, para recabar indicios y trasladar el cuerpo a un anfiteatro ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.  

De acuerdo con reportes periodísticos, el fallecido viajaba en una camioneta blanca con placas de Tamaulipas y al momento del ataque recibió cuatro balazos, uno de ellos en la cabeza.  

Se trata del segundo homicidio por disparo de arma de fuego que ocurre en la Ciudad de México en menos de 24 horas, pues el 21 de enero dos sujetos en una motocicleta asesinaron a un hombre y lesionaron a otro, durante un ataque directo en la avenida Del Trabajo y la calle Peñón, ubicadas en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.  

La directora de la WOLA para México, Stephanie Brewer, dice a Proceso que el análisis parte del hecho de que si México tuviera una respuesta más eficaz frente a la impunidad y la corrupción, podría mostrar resultados más positivos en la lucha contra el crimen y, en esa medida, podría “defenderse mejor” de las políticas y amenazas de Trump.

El lunes último, en su primer día como presidente de Estados Unidos, Trump firmó una orden ejecutiva que cataloga como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga y grupos criminales de la región considerados una “amenaza para la seguridad del pueblo estadunidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.

Varias instituciones, agencias y funcionarios de la administración Trump disponen de 14 días, a partir de la firma del decreto, para determinar qué organizaciones criminales serán consideradas terroristas y, por tanto, podrán ser atacadas de manera unilateral por Estados Unidos en cualquier país.

Brewer explica que este tipo de amenazas y acciones de Trump constituyen, además, mensajes muy poderosos para sus bases ultraconservadoras porque muestran al magnate republicano como un hombre duro frente al crimen, que está dispuesto a solucionar por la fuerza los mensajes de seguridad.

“Estas políticas no parten de la evidencia, sino de una lógica populista porque las medidas de fuerza tienen años en marcha y no han solucionado el problema ni lo van a solucionar”, asegura la directora de WOLA para México.

La activista de derechos humanos y experta en la relación México-Estados Unidos sostiene que incluso si México no tuviera los niveles de violencia extrema que presentan varias regiones del país, los más probables es que Trump de igual manera recurriría a las amenazas y al discurso de mano dura pues esa es la retórica que le trae dividendos políticos en un país donde decenas de miles de personas mueren cada años por sobredosis de fentanilo, una sustancia ilícita que producen y trafican los cárteles mexicanos, pero que también se distribuye de manera masiva en las grandes ciudades estadunidenses ante la ineficacia de las policías y agencias como la DEA.

Tiempo de turbulencias

Para WOLA, el regreso de Trump a la presidencia Estados Unidos pone a América Latina ante un periodo “transformador y turbulento en sus relaciones con su vecino del norte”.

El primer mandato de Trump (2017-2021) “se definió por negociaciones transaccionales, tácticas de presión económica y la marginación de temas relativos a los derechos humanos en favor de ganancias políticas a corto plazo, un patrón que podría intensificarse en su segundo mandato”, señaló la ONG con base en Washington.

En su análisis, el organismo indica que las nominaciones de Trump, incluyendo a Marco Rubio como secretario de Estado, Christopher Landau como subsecretario de Estado y las rápidas nominaciones de embajadores en varios países de América Latina, como México, indican que la región “será una mayor prioridad en la política exterior de Estados Unidos, especialmente en relación con la migración y las drogas de uso ilícito”.

Además advierte que el creciente alineamiento de Trump con líderes populistas de la región, a menudo autoritarios, como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y la familia Bolsonaro en Brasil, “podría fortalecer a actores antidemocráticos y amenazar las instituciones democráticas de la región, las libertades civiles, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos”.

En esta segunda administración del millonario republicano, WOLA anticipa “retrocesos significativos a nivel de normas democráticas, espacio cívico, protección de los derechos humanos, independencia judicial, iniciativas de inclusión y diversidad, y la respuesta a la crisis climática”.

También se van a priorizar estrategias de control militarizado de drogas y políticas migratorias restrictivas, aunado a una preferencia por la diplomacia transaccional, lo que implica el riesgo de “consolidar aún más el autoritarismo, poniendo bajo mayor amenaza a actores de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos y personal gubernamental reformista”, agrega el documento.

De acuerdo con el organismo, a medida de que las normas e instituciones democráticas sean objeto de un ataque creciente y los compromisos con la diversidad y la inclusión se debiliten, será cada vez más importante fomentar la solidaridad y la coordinación entre los actores de la sociedad civil en la región y el mundo.

“Esto será esencial para contrarrestar la erosión de las libertades democráticas, proteger los derechos humanos y el estado de derecho”, añade.

Agenda de riesgos

Entre las áreas clave a observar y posibles medidas de respuesta para abordar estos riesgos, WOLA identifica como asuntos críticos la migración y la lucha contra el crimen.

Señala que un renovado programa “Quédate en México” podría enviar a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar su trámite en territorio nacional, “si el gobierno mexicano se ve obligado a aceptarlo”, y esto llevará a que las organizaciones que defienden a las personas migrantes enfrenten “ataques legales coordinados”.

Respecto de Venezuela, indica que Trump ya se refirió al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de ese país y destacó el apoyo que recibió de la comunidad venezolana en Estados Unidos.

 Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó durante su audiencia de confirmación en el Congreso que el país está controlado por una organización criminal y narcotraficante; criticó a la administración de Joe Biden por haber sido “manipulada para disminuir las sanciones y proporcionar millones de dólares a Nicolás Maduro” vía licencias petroleras, y destacó los importantes riesgos geopolíticos involucrados en los tratos de Venezuela con países como Rusia e Irán.  

De acuerdo con la WOLA, aunque parece poco probable que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, Trump enfrenta dilemas complejos que podrían abrir la puerta a un enfoque transaccional entre ambos gobiernos con miras, por ejemplo, a que Maduro reciba a miles de venezolanos que la nueva administración proyecta deportar.

“Estos intereses superpuestos, pese a las diferencias ideológicas y narrativas incendiarias, podrían señalar un cambio respecto de las tácticas de máxima presión de su primer mandato, con el pragmatismo económico ocupando un papel central”, asegura el análisis.

Y agrega que comentarios recientes del asesor principal de Trump, Tom Homan, indican que se espera que Trump “trabaje con Venezuela” para recibir estos vuelos de deportaciones. Aunque esta visión choca con la del secretario de Estado, Marco Rubio, quien es proclive a endurecer la posición de Washington frente al régimen de Maduro.

WOLA señala que Trump contará, al menos los próximos dos años, con un Congreso controlado por el Partido Republicano y esto le permitirá impulsar varias de sus prioridades, en particular su restrictiva agenda de migración, “y realineará, si no reducirá, las áreas de asistencia estadunidense, centrándose en la ayuda a temas de seguridad”.

América Latina “se enfrenta a la perspectiva de un autoritarismo más profundo, crecientes desafíos en materia de derechos humanos y una mayor erosión de los principios democráticos, con muchos líderes que probablemente encuentren en la nueva administración estadunidense un aliado para sus agendas conservadoras”.

La comunidad internacional, junto con la sociedad civil de América Latina, plantea WOLA, deben prepararse para estos desafíos y trabajar conjuntamente.

El acto se realizó hoy en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, con unos 600 participantes.

La narrativa de la organización que presentó su solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) apela a revertir “el autoritarismo”; erradicar la violencia y hacer justicia a las víctimas; renovar generacionalmente a la clase política para que sean jóvenes quienes sean postulados a las diferentes candidaturas.

En el evento fundacional, por ejemplo, estuvieron presentes la expriísta Rosario Guerra; el expanista Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, quien no militó en el PAN pero fue candidato y legislador por ese partido; los experredistas Fernando Belauzarán, Amado Avendaño, Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto.

Entre los discursos inaugurales destacó el de María José Gómez Mont quien expresó:

“Hoy no sólo celebramos el inicio de un camino, sino también el compromiso de recorrerlo juntos. Porque el verdadero cambio nace de la participación, de la suma de nuestras voces y de la certeza de que un mejor país es posible si trabajamos en el con pasión, determinación y convicción”.

A su vez, la joven Jessica Castillo, expuso que Somos México no es de derecha ni de izquierda, sino de derechos.

“Nos arrebataron de las manos lo que nos tomó años construir. Durante décadas dimos por hecho que la democracia era un proyecto terminado, pero en los últimos años el autoritarismo nos arrebató esos sueños”.

La idea plasmada en sus documentos básicos consiste en que Somos México se basa en la participación ciudadana, con un modelo en el que los dirigentes no podrán postularse a ningún cargo de elección popular mientras lo sean, como tampoco podrán imponer postulaciones que, por lo demás, deberán corresponder en un 35% a jóvenes.

A lo largo de las intervenciones de las dos oradores y un tercero de nombre Antonio Cárdenas, hubo críticas a las políticas públicas del actual gobierno en materia de seguridad, salud y educación; además, se cuestionó la vigencia del sistema de partidos, ejemplificando con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Ya basta. Estamos convencidos de que México merece mucho más y de que se necesita una opción que tenga la mirada hacia delante, una opción que no sea nostálgica del pasado ni conformista con el presente”.

En el pasado, las experiencias de participación de los grupos convocantes ha tenido un derrotero desafortunado, como en los preparativos para la elección de 2024, cuando las organizaciones de la Marea Rosa intentaron incidir en los procesos internos de la alianza PRI-PAN-PRD pero fueron superadas y excluidas por las burocracias de partido.

Sin embargo, ahora, en la parte izquierda del candidato se colocó, en colores, la especialidad: penal, administrativa y civil. También se detalló cuántos cargos se elegirían en ese distrito, y cuántos por materia se deberían seleccionar.

No obstante, se mantuvieran las iniciales del poder que propone a los candidatos (el Ejecutivo, Legislativo o Judicial-, así como los recuadros para que el ciudadano coloque en la parte de arriba el número. Las boletas para los jueces serán amarillas y para los magistrados color caoba.

El 31 de diciembre de 2024, el INE informó que para las boletas se usarán dos tamaños: carta y media carta. El primer tamaño se utilizará para las elecciones de personas Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el segundo para las elecciones magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Las boletas se imprimirán en papel seguridad como en los procesos electorales federales anteriores, siendo su salvaguarda y cuidado un asunto de seguridad nacional. Esta medida garantiza la emisión del voto de la ciudadanía, con el objetivo de dar certeza de la legalidad de las elecciones”, indicó el INE, en ese entonces, en un comunicado.

“En Talleres Gráficos de México se realizará la impresión de las boletas, estarán adheridas a un talón foliado con un número progresivo del cual serán desprendibles; dicho talón contendrá los datos siguientes: nombre del proceso electoral y de la elección; entidad federativa; distrito electoral y, en su caso, circunscripción plurinominal, circuito judicial y distrito judicial, según corresponda”, agregó el órgano constitucional autónomo.

Ante líderes empresariales y políticos mundiales, el magnate neoyorquino reiteró que ahora EE. UU. sería más fuerte, más rico y más unido que nunca. “Esta ha sido una semana verdaderamente histórica en Estados Unidos, hace tres días asumí el cargo y ya dimos comienzo a la edad de oro de la Unión Americana”, expuso.

“Lo que el mundo ha presenciado en las últimas 72 horas es, verdaderamente, toda una revolución del sentido común. Nuestro país pronto será más fuerte, más rico y más unido que nunca. Y todo el planeta será más pacífico y próspero como resultado de este increíble impulso y de lo que vamos a hacer”, dijo Trump.

El presidente estadounidense también habló de la situación en la frontera de Estados Unidos con México y dio a conocer que se habían desplegado tropas de las Fuerzas Armadas de EE. UU., para ayudar a “repeler la invasión”.

En otro tema tocado en su discurso, el magnate neoyorquino instó a las empresas transnacionales a “fabricar en Estados Unidos” o “simplemente pagar aranceles”.

“Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables”, dijo Trump. En este tema, indicó que con México “estamos llevando muy bien”, mientras que con Canadá “es difícil”.

El 22 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos desplegó mil 500 elementos militares en la frontera con México, que se sumaron a los 2 mil 200 elementos de las Fuerzas Armadas de EE. UU., que ayudaban a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en labores logísticas y burocráticas.

“El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para enviar mil 500 tropas adicionales a la frontera sur de EU. Esto se deriva de sus acciones [ejecutivas] del primer día que ordena al Departamento de Defensa, que haga de la seguridad nacional una misión central”, informó Karoline Leavitt, la vocera presidencial.

“Esto es algo que el presidente Trump defendió en campaña: el pueblo de Estados Unidos ha estado esperando un momento así, para que nuestro Departamento de Defensa realmente tome en serio la seguridad nacional. Esta es una prioridad número uno del pueblo de Estados Unidos y el presidente ya está cumpliendo”, dijo Leavitt.

Horas antes, la cadena estadounidense CNN señaló que no estaba claro qué unidades específicas recibirían órdenes de trasladarse a la frontera con México. Fuentes dijeron también a la agencia británica Reuters, que el Ejército de Estados Unidos se estaba preparando para enviar alrededor de mil soldados adicionales en servicio activo a dicha zona.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato con Reuters, no detalló cuándo se desplegarían las tropas, pero se unirían a miles de integrantes activos de la Guardia Nacional, que ya estaban en la franja limítrofe con México.

En tanto, que la agencia estadounidense The Associated Press (AP) comentó que hasta mil 500 soldados en servicio activo serían enviados a la frontera sur en los próximos días, poniendo en marcha planes detallados en las órdenes ejecutivas que firmó Trump, poco después de asumir el cargo de presidente, para intensificar el control de la inmigración.

Según AP, se esperaba que el titular de la Secretaría de Defensa de EE. UU. en funciones, Robert Salesses, firmara las órdenes de despliegue el miércoles 23 de enero de 2025, pero no quedaba claro qué efectivos o unidades irían, además de que la cifra podría fluctuar.

La cadena estadounidense CNN detalló que había aproximadamente 2 mil 200 efectivos de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en servicio activo, así como unos 4 mil 500 miembros de la Guardia Nacional, que se encontraban de reservistas, en la frontera con México.

Las fuentes indicaron a AP que las tropas adicionales se enviarían a la frontera en el misma semana, con el fin de ayudar a mantener la “preparación operativa de la Patrulla Fronteriza, asistirán en los centros de comando y control y proporcionarán más especialistas en inteligencia para evaluar las amenazas y los flujos migratorios”.

Según CNN, también podrían aumentar los activos aéreos y las operaciones aéreas. Además, indicó que se esperaba que se desplegaran aún más tropas en servicio activo en la frontera con México, durante las próximas semanas y meses.

Durante su primer mandato -del 20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021-, Trump ordenó el envío de 5 mil 200 efectivos a la frontera con México. El lunes 20 de enero de 2025, horas después de asumir nuevamente la Presidencia de EE. UU., firmó una orden ejecutiva que instruía al Pentágono a movilizar las tropas necesarias, para lograr un “control operativo completo de la frontera sur de Estados Unidos”.

La orden también estableció que Trump evaluaría en los próximos 90 días la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, lo que permitiría que los militares asumieran funciones de aplicación de la ley dentro del país.

En la actualidad, los efectivos de las Fuerzas Armadas de EE. UU. desplegados en la frontera no tienen autorización para realizar tareas policiales, como arrestar migrantes o incautar drogas. En Estados Unidos, leyes como la Posse Comitatus, de 1878, prohíben a las Fuerzas Armadas actuar como policía en territorio nacional.

Dichas cifras representaron un repunte, luego que en la encuesta anterior, dada a conocer por el órgano constitucional autónomo, en septiembre de 2024, se reportó que el 58.6 por ciento de la población consideró inseguro vivir en su municipio

También significaron un aumento respecto a la encuesta publicada en diciembre de 2023, la cual reportó que el 59.1 por ciento de la población adulta se sentía insegura en su ciudad.

En cuanto a la ENSU del último trimestre de 2024, la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, el 68.9 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 63 en el transporte público; 55 en la carretera, el 53.6 por ciento en el banco; y, el 53.2% en las calles que habitualmente usa.

De la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, el 59.3 por ciento se relacionó con el consumo de alcohol en las calles; 49.8, con robos o asaltos; 41.1 con vandalismo en viviendas o negocios; 41.1 con venta o consumo de drogas; 38.4 con disparos frecuentes con armas; 25.9 con bandas violentas o pandillerismo; 14.8 con tomas irregulares de luz y 3.2 por ciento con robo o venta ilegal de combustible.

Durante el segundo semestre de 2024, se estimó que 25.4 por ciento de los hogares tuvo, como mínimo, una o un integrante víctima de al menos un delito de robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público o robo en forma distinta a las anteriores o extorsión.

La encuesta también reveló que en diciembre de 2024, 67.8% de las mujeres y 54.4% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro. El 30.9 por ciento de los encuestados consideró que en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que, 21.6 por ciento de la población refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses.

En contraste, el 16.5 por ciento, de los ciudadanos dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 29.8 por ciento manifestó que mejorará. Asimismo, la ENSU de la última edición reflejó aumentos de percepción de inseguridad en 18 estados de la República y reducción en cuatro más, respecto a la encuesta del INEGI, dada a conocer en diciembre de 2023.

La percepción de inseguridad aumentó en Mexicali, Baja California; Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas; en tres alcaldías de la Ciudad de México (Tlalpan, Xochimilco y Cuajimalpa); Durango; Chilpancingo, Guerrero; Pachuca, Hidalgo; Guadalajara, Jalisco; Toluca de Lerdo y Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Oaxaca; Querétaro; Culiacán de Rosales y Mazatlán, Sinaloa; Villahermosa, Tabasco; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tlaxcala; Xalapa, Veracruz; y, Mérida, Yucatán.

En esta edición de la ENSU se agregó por primera ocasión el delito de fraude, incluido el bancario y al consumidor, y se registró que durante el segundo semestre de 2024, el 29.8 por ciento de los hogares en áreas urbanas de interés fue víctima de algún tipo de dicho ilícito.

En contraste, hubo seis zonas urbanas que tuvieron una percepción sobre inseguridad más favorable, ya que no rebasaron el 26 por ciento de su población que dijo percibir habitar en una ciudad peligrosa. Entre ellas: San Pedro Garza García, Nuevo León, con 14.0; Piedras Negras, Coahuila, con 18.7; alcaldía Benito Juárez, CDMX, con 20.7; Saltillo, Coahuila, con 23.0; Los Mochis, Sinaloa, con 24.6; y, Los Cabos, Baja California Sur, con 25.1, por ciento.

Los sospechosos eran miembros de pandillas que tomaban órdenes de cárteles que operaban en prisiones estatales y cobraban derecho de piso a comerciantes locales. La fiscal de distrito Summer Stephan dijo que los sospechosos vendían drogas -incluido fentanilo-, cometían violencia generalizaba y traficaban armas.

Las autoridades locales explicaron que las órdenes para la extorsión y tráfico fueron dadas por Ronaldo Ayala, líder de la “Mafia Mexicana”, de National City, acusado de extorsión y que también enfrenta acusaciones de proteger a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Según lo detallaron durante una conferencia de prensa, el operativo surgió tras una investigación de un año realizada por la Policía de San Diego -con la colaboración entre diversas agencias, incluidas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA), ambas por sus siglas en inglés-, sobre una ley de extorsión, que resultó en el arresto de seis personas durante 2024.

Fundada en la prisión de Folsom, la organización, también conocida como “La eMe”, extiende su influencia en todo el sistema penitenciario de California y más allá, organizando pandillas callejeras y exigiendo “impuestos” de aquellos que generan ingresos ilícitos en su territorio.

Sobre este primer acercamiento, sucedido a un día de la investidura de Trump, Sheinbaum afirmó que se trató de una “muy buena conversación, muy cordial” entre ambos funcionarios; de la misma forma, informó que se trató de la primera llamada oficial de Rubio en su nuevo cargo.

Por otro lado, y ante el inicio de las redadas de deportación en puntos estratégicos de EU, la mandataria afirmó que ya se inició con la instalación de centros de apoyo en la frontera norte de México.

En adición, y para reforzar su petición de calma, informó que “el día de ayer no hubo, incluso hubo menos recibimiento de mexicanos (desde Estados Unidos) que en días anteriores”.

“Es importante siempre tener la cabeza fría, y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso, o sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, son los decretos que firma el presidente Trump”, dijo ayer

En Estados Unidos existe una ley conocida como Posse Comitatus Act, la cual establece que los militares no pueden participar en arrestos, a menos de que lo autorice expresamente la Ley o la Constitución.

Sin embargo, Trump ha dicho sobre la legalidad de usar el Ejército para las labores de migración que “la ley no detendrá a los militares si se trata de una invasión de nuestro país”.

308 detenidos en un día

Ayer, apenas un día después de que Trump tomara posesión como presidente iniciaron las redadas y deportaciones de migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional abrió la puerta para que se puedan realizar arrestos en iglesias y escuelas, espacios que durante la administración de Biden eran considerados “sensibles”.

En entrevista con la cadena Fox News, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, dio a conocer que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) arrestaron ayer a “308 personas irregulares”.

“Sólo ayer, en las últimas 24 horas, han sido arrestados 308 criminales serios. El ICE está haciendo su trabajo”, declaró.

Las acciones de Trump contra migrantes

Desde sus primeras horas como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas, declarar el “estado de emergencia” en la frontera sur con México, otra para declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y una más para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños y niñas cuyos padres carecen de estatus migratorio legal.

Además, restableció el programa “Quédate en México”, con el cual las personas migrantes deben permanecer en territorio mexicano mientras se resuelve su solicitud de asilo y canceló ese mismo día la aplicación CBP One que permitía agendar una cita para solicitar la entrada provisional a Estados Unidos antes de llegar a un cruce terrestre, dejando a miles de personas migrantes varadas en la frontera.

La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer iniciaron formalmente las conversaciones entre México y EU para atender temas de seguridad y migración ante los retos que plantean las órdenes ejecutivas en la materia firmadas por  Donald Trump tras su investidura.

Las organizaciones y activistas alertaron que, por tercera ocasión, Garduño Yáñez solicitó “un recurso de suspensión condicional del proceso con el fin de eludir su responsabilidad penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”.  

Agregaron que, de manera inusual, Yáñez fue beneficiado con el adelanto de una audiencia, inicialmente programada para el 25 de marzo, pero que se llevará a cabo el 24 de enero, y en la que se decidirá si se acepta su propuesta de “pagar la diferencia del valor de los daños materiales al inmueble siniestrado, sin considerar la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas fallecidas ni a los sobrevivientes para a absolverse del delito”. 

Para las organizaciones y activistas, la decisión del Juzgado de la causa “nos genera preocupación, ya que podría interpretarse como un intento de acelerar el proceso en beneficio de los intereses del imputado, lo que, además, genera incertidumbre jurídica en el desarrollo del caso”.  

Al recordar que Garduño Yáñez “ha utilizado recursos públicos para cumplir con requisitos judiciales”, como acudir cada 15 días a firmar a un juzgado de Ciudad Juárez, los firmantes relataron que a ello se suman otras irregularidades como “la resolución apresurada de algunas causas penales, la clasificación, poco razonable del delito imputado y la restricción, en determinadas etapas judiciales, de la participación de la sociedad civil en la representación de las víctimas”.  

Los firmantes urgieron a Sheinbaum Pardo a "retirar del cargo de forma inmediata” a Garduño Yáñez como comisionado del INM con el fin de “garantizar una investigación imparcial y efectiva sobre los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023, así como asegurar que las 82 familias víctimas de incendio obtengan verdad y justicia".  

Aun cuando a principios de su gobierno Sheinbaum anunció que el nuevo titular del INM sería el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hasta ahora no se ha concretado el relevo, por lo que los activistas exigieron a la presidenta que Garduño “no sea ratificado”, pues de lo contrario “enviaría un mensaje de impunidad a la comunidad internacional, ante las violencias contra las personas migrantes”. 

En la carta, también dirigida a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, los firmantes hicieron un recuento de agravios contra personas migrantes ocurridos durante la gestión de Garduño, nombrado en junio de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al frente del INM en sustitución del académico Tonatiuh Guillén, quien pretendía impulsar una política migratoria con respeto a derechos humanos.  

Las organizaciones recordaron que durante la gestión de Garduño “se ha impulsado una política de contención y militarización, lo que ha contribuido al incremento de violencia y delitos cometidos contra las personas migrantes y sujetas de protección internacional”. 

Resaltaron que la Secretaría de Gobernación documentó en 2020 que “177 personas privadas de libertad en estaciones migratorias denunciaron haber sido víctimas de delitos en México, mientras que en 2022 esa cifra aumentó a mil 136, de los cuales 406 fueron mujeres y 145 menores de edad. 

A esas cifras oficiales se añaden las de la investigación realizada por Human Rights First, que documentó “mil 544 casos públicos de personas migrantes víctimas de secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y otros ataques violentos en México, perpetrados por agentes migratorios, policías de diversos niveles y crimen organizado”.  

Ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, las organizaciones y activistas consideraron que la persona que encabece el INM debe contar “con trayectoria destacada en la protección de los derechos humanos, libre de conflictos de interés, tanto pasados como presentes, y con la capacidad de entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil”.  

Al exigir la creación de una comisión especial de investigación sobre el caso para garantizar la imparcialidad de los resultados, los activistas pidieron al gobierno de la República, “abstenerse de respaldar cualquier acción que busque exonerar al comisionado de sus responsabilidades en el incendio de Ciudad Juárez”.  

Los activistas pidieron a Sheinbaum Pardo garantizar la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas, incluir a familiares de 18 sobrevivientes y a 15 mujeres sobrevivientes en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) e implementar medidas de satisfacción y no repetición. 

A unos meses de iniciado su gobierno, las organizaciones sociales y defensores pidieron a Sheinbaum tomar medidas para “eliminar la extorsión, la corrupción y abusos a los derechos humanos” cometidos por personal del INM, y tomar el caso del incendio en Ciudad Juárez como un parteaguas para reformar al Instituto, tomando en cuenta que durante la gestión de Garduño “se registraron 14 incendios en instalaciones del INM”. 

Consideraron que “es urgente realizar una reforma profunda a esta institución, con el objetivo de que sus funciones se centren únicamente en la gestión eficiente de la entrada y salida de personas al país y en procedimientos e regularización migratoria que sean equitativos y efectivos”, dejando de ser “una entidad militarizada y de seguridad nacional y se transforme en una instancia civil, con mecanismos más eficaces para identificar población en contextos de vulnerabilidad, proteger y garantizar  los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.  

Tras lamentar que en momentos en que se cancelaron la citas para solicitar asilo en Estados Unidos “la respuesta del INM haya sido deficiente, al no proporcionar información clara y oportuna a la población, lo que ha generado incertidumbre”, los firmantes se pusieron a disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para colaborar en corregir la política migratoria. 

Hicieron votos para que. en el caso del incendio en Ciudad Juárez, el gobierno de Sheinbaum “actúe con urgencia y compromiso, garantizando justicia, verdad y reparación integral para las víctimas, y tomando las medidas necesarias para prevenir futuras violaciones contra las personas migrantes en México”.  

Firmaron la carta organizaciones que representan a las víctimas del incendio, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el Instituto de la Mujeres en Migración (IMUMI) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), así como albergues, organizaciones defensoras de migrantes y activistas de estados fronterizos y de tránsito hacia el norte en  México y Estados Unidos; de defensa de personas migrantes de Venezuela, y colectivos de familiares de personas centroamericanas desaparecidas en México. 

Así mismo se sumaron decenas de organizaciones que forman el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras Migrantes (REDODEM), de la Red Franciscana para Migrantes, de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes y de la Red Solidaria de DH., entre otros activistas y académicos.

A la opinión pública solidaria.

A los medios de comunicación.

A las instancias internacionales de Derechos Humanos.

A los Pueblos Indígenas de Oaxaca, de México y del Mundo.

Hermanas y hermanos.

El 21 de enero de 2025 fue encontrado sin vida y con heridas de bala el cuerpo de nuestro compañero indígena ayuuk Arnoldo Nicolás Romero, comisariado ejidal de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca,  quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero. Desde las organizaciones que integramos el Grupo Núcleo de IPRI en México expresamos nuestra profunda indignación por este asesinato junto con toda nuestra solidaridad para su familia y comunidad. Este asesinato no se da de manera aislada, sino en un complejo contexto de la región, ante ello queremos señalar un conglomerado de hechos que nos preocupan:

· En el municipio de San Juan Guichicovi se encuentra la agencia de Mogoñe Viejo, donde se instaló el campamento “Tierra y Libertad” como protesta por las violaciones de derechos humanos del Tren Interoceánico, este plantón fue desalojado el 28 de abril de 2023 por elementos de la Guardia Nacional, de la policía estatal y de la Secretaría de Marina.

· Como consecuencia de dicho desalojo fueron detenidas de manera arbitraria por 48 horas 6 personas que fueron puestas en libertad después de sendas protestas a nivel local, nacional e internacional.

· Además, existen denuncias penales contra 16 personas que participaron en ese plantón, sumadas a 17 personas criminalizadas de la comunidad de Puente Madera. Dentro de estas denuncias hemos conocido que incluso se interpuso una sentencia de 46 años contra un representante indígena, que aunque fue revocada por las instancias pertinentes, representa un fuerte mensaje intimidatorio contra las personas indígenas que se han opuesto al megaproyecto o que hay presentado denuncias de fuertes repercusiones sobre la implementación.

Desde los ocho estados donde nos encontramos las organizaciones firmantes manifestamos nuestra exigencia por justicia para el homicidio de Arnoldo. En otros comunicados hemos insistido en reconocer que las consecuencias de estos homicidios tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, también en las comunidades en su conjunto. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. El asesinato de Arnoldo como parte de la estructura indígena agraria del pueblo ayuuk de Buenavista lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello.

Exhortamos a la sociedad civil en su conjunto a estar atentas sobre la situación en el Istmo de Tehuantepec y, sumar esfuerzos para evitar la impunidad o el silencio que oculta la grave situación.

Finalmente, las organizaciones que integramos el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México recordamos al Estado mexicano su obligación de investigar este asesinato, otorgar justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición hacia los familiares y la comunidad. Exhortamos para que se desarrolle un plan con las medidas de seguridad necesarias y culturalmente adecuadas para proteger la vida e integridad de la comunidad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra.

Atentamente.

Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas);

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero);

Colectivo Emancipaciones (Michoacán);

Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla);

Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua);

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Yucatán); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco);

Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA (Oaxaca).

Voces del Territorio A.C.

El pueblo Mixe (AYUUJK) de Mogoñe Viejo del municipio de Guichicovi en Oaxaca inició la lucha por la defensa de su territorio desde el año 2019 cuando se anunció el Megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En Febrero de 2023 decidieron ante las afectaciones el establecer un plantón permanente en sus tierras, así como fue que nació el Campamento «Tierra y Libertad». El movimiento tuvo la finalidad de proteger sus hogares y solares que estaban siendo afectados por las obras del Tren Interoceánico.

Dicha manifestación pacífica duró 62 días sufriendo constante hostigamiento y siendo atacada en dos ocasiones por elementos de la Secretaria de la Marina (SEMAR), policia estatal y civiles encapuchados. El 28 de abril de 2023 sufrieron una nueva agresión cuando fueron desalojados violentamente, resultando detenidas 4 mujeres y 2 hombres, dicha detención estuvo a cargo de la Policía Estatal del Gobierno de Oaxaca. Los compañeros y compañeras fueron trasladados de manera violenta y bajo amenazas ante la fiscalía de Oaxaca, siendo importante señalar que una de las mujeres fue vejada por el oficial de la Marina a cargo.

A dos años de este hecho represivo, el pueblo de Mogoñe Viejo ha acordado manifestarse en los próximos días y decidido que no permitirán que el Tren Interoceánico siga pasando por sus tierras. Ello provocado por la cerrazón del gobierno ya que el Titular del CllT se ha negado a dialogar hasta el día de hoy. Se nos ha negado ese derecho y siguen avanzando los procesos penales en contra de 16 defensores y defensoras indígenas integrantes de UCIZONI. Existen en su contra dos carpetas de investigación por el delito de «ataques a las vías de comunicación».

Ante esta situación demandamos a la presidenta de la República a la Dra. Claudia Sheimbaum que intervenga para que no se sigan violentando los derechos de las mujeres y hombres mixes, presidenta ya estamos cansados de amenazas y del despojo que vivimos por la ejecución de las obras del Corredor Interoceánico.

Señora presidenta por este medio le decimos que no vamos a permitir que nos amenacen en nuestras propias tierras.

En Oaxaca no se puede hablar de Gobernabilidad democrática cuando se están violando los derechos de mujeres y hombres indígenas y no existe diálogo para resolver los problemas que existen. Por ello le solicitamos que instruya al Gobernador de Oaxaca el Ing. Salomón Jara Cruz Oaxaca para que abra espacios de diálogo serio y respetuoso, diálogo que tanto presume y que en realidad no existe.

A esta lucha se han sumado 8 vecinos y vecinas de Rincón Viejo, del municipio de Santa María Petapa quienes han sido denunciados penalmente por el delito de invasión de derecho de Vía, dichas familias están siendo amenazadas por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Corredor Interoceánico para que desalojen sus viviendas a cambio de un pago único por 36 mil pesos, sin importar el valor de su patrimonio, los vecinos y vecinas de Rincon Viejo tienen más de 30 años habitando sus tierras herencia de sus abuelos y abuelas zapotecas.

DENUNCIAMOS la actuación omisa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH. ante las graves violaciones que vivimos hombres y mujeres indígenas del Istmo de Tehuantepec, ya que han sido presentadas 4 quejas, tres de ellas en Abril de 2024 y ante las cuales el personal de la cuarta Visitaduría mostró una actitud déspota ya que cuando se les solicitó información, respondieron que no los molestáramos, dichas quejas cuentan con números de folios 41500/2024, 41496/2024 y 41504/2024. Y se encuentran archivadas.

No se puede hablar de desarrollo en el Istmo, cuando existe una abierta violacion a los derechos humanos de la población indígena y cuando persisten muchas carencias en materia de salud, educación e e infraestructura.

¡No más amenazas y no más Despojos!

Basta de criminalización y amenazas hacia defensores de Mogoñe Viejo, Rincon Viejo integrantes de UCIZONI.

Atentamente

PCI-UCIZONI