De 2021, cuando Layda Sansores asumió el cargo como gobernadora, a 2024, el narcomenudeo en Campeche creció 141%. El periodo coincide con la expansión territorial de los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la península de Yucatán.
En tres años, los homicidios dolosos también aumentaron 11%y la extorsión tuvo un alza de 70%, de acuerdo con los registros sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Para la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), Campeche es parte del asentamiento de las organizaciones criminales más poderosas en México –lo mide por la capacidad de fuego y su extensión territorial–, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ambos con “presencia significativa” en esta entidad del suroeste mexicano, con base en la Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas (NDTA) 2025.
Layda Sansores tomó posesión como gobernadora el 16 de septiembre de 2021. Los primeros nueve meses fueron parte del gobierno sustituto de Carlos Miguel Aysa González (2019-2021), quien llegó al cargo tras la solicitud de licencia definitiva de Alejandro Moreno Cárdenas para participar como candidato a la presidencia nacional de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), cargo que ostenta hasta la actualidad.
En 2021, año del último cambio de gobierno, Campeche cerró con 145 denuncias por narcomenudeo (107 hasta septiembre), 33 por extorsión (10 hasta septiembre y el resto en los primeros meses de gestión de Layda) y 85 homicidios dolosos (73 con Aysa González).
Para 2024, las denuncias por narcomenudeo alcanzaron las 350, el número más alto en la historia reciente, en tanto que las carpetas de investigación por homicidios dolosos llegaron a 95 –cada una puede incluir más de una víctima– y las de extorsión a 55.
Hasta junio de 2025, los casos por narcomenudeo ya superaron los del mismo periodo del año anterior, con 178, versus los 157 que llevaban hasta ese mes en 2024; lo mismo sucede con los homicidios dolosos, que sumaron 55 en los primeros seis meses de 2025, en tanto que en el mismo lapso de 2024 alcanzaban los 45. La extorsión es el único de estos tres delitos que, en comparación con el primer semestre del año pasado, no aumentó, con 37 en 2024, versus los 15 contabilizados este 2025.
El incremento del narcomenudeo ha sido paulatino en los últimos años, al pasar de los 145 casos denunciados en 2021, a los 224 en 2022, el primer año completo de gestión de la morenista Layda Sansores, lo que representó un crecimiento de 54% en 12 meses.
Para 2023, la cifra llegó a las 272 denuncias por narcomenudeo, lo que significó otro aumento de 21% en este delito respecto a 2022, pero si se compara con el año de gobierno compartido entre Aysa González y Sansores, el aumento ya era del 88%.
En 2024 los casos por narcomenudeo llegaron a su máximo histórico reciente, con 350. Esto se traduce a un aumento de 28% entre 2023 y 2024, pero de 141% si se toma como punto de partida el año en el que inició su gestión Layda Sansores.
El homicidio doloso ha tenido un comportamiento al alza, al pasar de 85 denuncias en 2021 a 87 en 2022, 94 en 2023 y 95 en 2024.
En tanto, la extorsión ha tenido un comportamiento ambivalente, al llegar a su máximo histórico en 2023, pero lograr una reducción para el año siguiente. Sin embargo, si se considera el año de inicio de gobierno de Sansores y las carpetas con las que concluyó 2024, el delito ha tenido un crecimiento.
En 2021, la Fiscalía estatal reportó 33 denuncias por extorsión, que subieron a 90 en 2022 y a 96 en 2023; para 2024, las carpetas iniciadas bajaron a 55, y hasta junio de este año suman 15 más.
LOS OTROS GRUPOS
Además de las organizaciones criminales que sitúa la DEA, en Campeche operan grupos de la delincuencia organizada que disputan el narcomenudeo, la extorsión y otros giros como el sicariato, entre ellos Cártel Pura Gente Nueva y el Cártel de los Valencia Salgado.
Con base en informes de inteligencia militar filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks, el Cártel Pura Gente Nueva opera, principalmente, en Ciudad del Carmen, en tanto que La Familia Valencia Salgado se encuentra en Campeche, Escárcega y Candelaria. Otro grupo, identificado como Los Independientes, se sitúa también en Ciudad del Carmen, Escárcega y Candelaria.
Tan sólo el 29 de julio la Fiscalía de Campeche dio a conocer cuatro detenciones por narcomenudeo en distintos días y lugares:
El lunes 21 de julio de 2025, elementos de la Policía Estatal aseguraron a Francisco “N” y Karla “N” en la vía pública de la colonia La Peña, quienes se encontraban en posesión de sustancia ilícita.
Posteriormente, el martes 22 de julio, Laura “N” fue detenida en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la colonia Esperanza, también en posesión de droga.
Finalmente, el jueves 24 de julio, en inmediaciones del distribuidor vial de la colonia La Paz, fue asegurado Gerardo “N” por agentes estatales, al encontrarle sustancia prohibida entre sus pertenencias.
Y MIENTRAS, LA CENSURA
Mientras estos delitos han crecido y los grupos criminales han incrementado su presencia en esta entidad de la península, el gobierno de Layda Sansores ha enfrentado críticas por censura, así como violaciones a la libertad de prensa y de expresión, debido al caso del diario Tribuna, con 50 años de labor informativa, el cual enfrentó un resolutivo a favor de la mandataria que limita sus publicaciones.
El asunto es parte de un juicio que se prolongó por dos años y siete meses, en que Sansores denunció a Organización Editorial del Sureste –editora de Tribuna–; a su ex director, Jorge Luis González Valdez, y al administrador, Isidro Yerbes, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, además de difamación y calumnias.
En su defensa, la morenista dijo que Tribuna instrumentó un ataque sistemático de ofensas personales, supuestamente por su condición de mujer; por lo que, a decir de Layda, incurrió en “libertad de agresión”, en lugar de libertad de expresión. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos y, específicamente, de la libertad de prensa y expresión, han condenado el actuar de la gobernadora, al considerarlo un exceso de facultades, intolerancia a la crítica y una forma de represión.
