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Fiscalía de Campeche pide al medio Telemar información sobre periodistas que escribieron sobre gobernadora

El oficio por el cual la Fiscalía de Campeche pide información al medio Producciones Telemar sobre sus periodistas, es un "intento de control y censura", denunció el propio medio de comunicación.

La empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V., difundió un oficio de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) en el cual le solicita los nombres de sus trabajadores encargados de redactar diversas notas periodísticas, de quienes autorizaron su publicación así como del director o encargado de la compañía, para integrar la información a una carpeta de investigación por el delito de calumnia y lo que resulte.

De acuerdo con el oficio, recibido este 15 de octubre, si no se entrega la información en un plazo de cinco días hábiles podría haber sanciones económicas y proceso legales, lo cual según la empresa, ha sido “interpretado por analistas y periodistas como un intento de control y censura sobre el medio local”.

Cabe destacar que las notas periodísticas de las cuales pide información la Fiscalía de Campeche y que busca integrar a una indagatoria por presunta calumnia, son sobre la gobernadora, la morenista Layda Sansores, y su administración, incluidas algunas sobre los actos de censura en contra del diario Tribuna y el periodista Jorge González.

Al respecto, Producciones Telemar señala que el oficio girado en su contra se da precisamente “tras la censura previa al medio de comunicación Tribuna de Campeche, que enfrenta presiones legales y advertencias por publicaciones críticas al gobierno estatal”.


Esta acción, prosigue el comunicado, “refuerza” la percepción de que las instituciones del gobierno buscan “limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística” que cuestiona el actuar de los servidores públicos, lo cual genera “un ambiente de autocensura entre los medios locales”.

Si bien el documento hace referencia a artículos de la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a personas y empresas a dar información al ministerio público en caso de investigaciones, el uso de estas normas “donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad”, señala el medio. 

“La comunidad periodística hace un llamado a garantizar que la labor informativa pueda desarrollarse sin presiones ni censura, en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución que protege la libertad de expresión en México”, concluye el comunicado.


Otros actos de censura en Campeche

Desde el pasado 15 de julio, un censor revisa las publicaciones del medio Tribuna de Campeche y una persona acompaña al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas, como parte de las medidas cautelares ante el presunto delito de incitación al odio contra la gobernadora Sansores.

Tras la determinación de la jueza, el medio Tribuna anunció que dejaría de publicar contenido mientras estas medidas sigan vigentes. “Lo más aberrante es que la jueza afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores”, mencionó.

A mediados de septiembre, un juzgado de Campeche ordenó mantener por tres meses más las medidas cautelares impuestas contra el periódico Tribuna y contra el periodista Jorge González Valdéz para no hablar sobre la mandataria.

Otro caso es el de Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, periodistas del medio La Barra Noticias, quienes ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora por emitir expresiones que constituyeron “violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Campeche recupera 3 predios ligados a "Alito" Moreno; son 70 mil metros cuadrados

El decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, tiene sustento en el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre, donde se argumenta que la medida responde a una “causa de utilidad pública”.

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció este martes que expropió tres predios de personas ligadas al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, que servirán para construir una Universidad del Bienestar.

De acuerdo la declaratoria de expropiación, uno de los terrenos pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del también Senador Moreno Cárdenas. Los predios cubren una extensión de 70 mil metros cuadrados.
"El día de hoy se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria de utilidad pública con base en la reciente reforma a la Ley de Expropiación, con el propósito de construir e implementar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, orientada a ciencias de la salud, proyecto de gran relevancia impulsado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum", indicó.
El decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, tiene sustento en el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre, donde se argumenta que la medida responde a una “causa de utilidad pública”.

Otros dos predios son propiedad del empresario Juan José Salazar Ferrer, a quien Sansores ha señalado como un supuesto prestanombres de Moreno Cárdenas. Un cuarto predio pertenece a Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, este último es el actual titular de la Oficina de la Gobernadora.

La noticia se da a conocer luego de que apenas el pasado 3 de septiembre fuera reformada la Ley de Expropiación del estado de Campeche, con lo que la ciudadanía sólo cuenta con cinco días para presentar sus alegatos, prolongar por 10 años el plazo para la indemnización que corresponda, y dejar en manos del Gobierno la valuación del predio.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodista y medio deberán enviar sus notas a Sansores antes de publicarlas

Cada nota debe enviarse a revisión con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones.

Una jueza de control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Campeche ordenó que las publicaciones del periódico Tribuna y del periodista Jorge González Valdez, relacionadas con la gobernadora Layda Sansores sean revisadas antes de difundirse.

La medida, dictada por la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, establece que cada nota debe enviarse a revisión con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones o incluso la prohibición de su publicación.

En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá tanto en el representante legal de la editorial como en el periodista, informó el medio de comunicación a través de una publicación en su sitio web.

El objetivo, según el acuerdo judicial, es evitar la difusión de contenidos que puedan considerarse ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora.

La Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., editora de Tribuna señaló que la resolución amplía el esquema de censura previa, sometiendo bajo supervisión directa tanto al medio como al periodista durante un periodo adicional de tres meses.

La audiencia en la que se tomó esta decisión se celebró el lunes 15 de septiembre y se prolongó por cuatro horas.

El juzgado ordenó que todas las notas relacionadas con Layda Sansores sean revisadas por un censor designado por el Poder Judicial y la obligación se impuso también directamente al periodista Jorge González Valdez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodistas ofrecen disculpas públicas a gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política de género

El Tribunal Electoral de Campeche ordenó a tres periodistas disculparse con la gobernadora Layda Sansores por sus expresiones emitidas.

Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, periodistas del medio La Barra Noticias, ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por emitir expresiones que constituyeron “violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

Las disculpas se emitieron en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), la cual fue apelada por los periodistas, sin embargo, fue ratificada por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este sábado 9 de agosto, en la página de Facebook y de Youtube de La Barra Noticias, se publicó un video en el que los periodistas, cada uno por su cuenta, leen el texto para cumplir con el fallo de la autoridad electoral.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitida en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.


Cabe destacar que el periodista Abraham Martínez Caamal, quien administra el portal digital El Reportero del Crimen, cuenta con otras cinco denuncias de autoridades estatales que lo acusan de presunto daño moral, violencia política de género y difamación.

Lo anterior ocurre mientras la gobernadora Layda Sansores se encuentra de vacaciones en los Países Bajos, lo cual desató críticas al igual que otros lujosos viajes de diversos morenistas y que su equipo argumentó como un “derecho básico”.

Esta no es la primera vez que la mandataria denuncia a comunicadores por su labor. Un juez ordenó que un censor judicial revise las publicaciones del periódico Tribuna mientras que una persona acompañe al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades para supervisar si se refiere a la gobernadora.

Dicha resolución fue criticada por organizaciones como Artículo 19 y defensores de derechos humanos, quienes la consideraron como excesiva y en contra de la libertad de expresión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se recrudece narcomenudeo con Layda Sansores mientras cárteles avanzan en Campeche

El narcomenudeo ha crecido 141% entre 2021 y 2024, durante la gestión de Layda Sansores en Campeche. Los homicidios dolosos aumentaron 11%y la extorsión tuvo un alza de 70% en esos tres años.

De 2021, cuando Layda Sansores asumió el cargo como gobernadora, a 2024, el narcomenudeo en Campeche creció 141%. El periodo coincide con la expansión territorial de los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la península de Yucatán.

En tres años, los homicidios dolosos también aumentaron 11%y la extorsión tuvo un alza de 70%, de acuerdo con los registros sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), Campeche es parte del asentamiento de las organizaciones criminales más poderosas en México –lo mide por la capacidad de fuego y su extensión territorial–, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ambos con “presencia significativa” en esta entidad del suroeste mexicano, con base en la Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas (NDTA) 2025.

Layda Sansores tomó posesión como gobernadora el 16 de septiembre de 2021. Los primeros nueve meses fueron parte del gobierno sustituto de Carlos Miguel Aysa González (2019-2021), quien llegó al cargo tras la solicitud de licencia definitiva de Alejandro Moreno Cárdenas para participar como candidato a la presidencia nacional de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), cargo que ostenta hasta la actualidad. 

En 2021, año del último cambio de gobierno, Campeche cerró con 145 denuncias por narcomenudeo (107 hasta septiembre), 33 por extorsión (10 hasta septiembre y el resto en los primeros meses de gestión de Layda) y 85 homicidios dolosos (73 con Aysa González).

Para 2024, las denuncias por narcomenudeo alcanzaron las 350, el número más alto en la historia reciente, en tanto que las carpetas de investigación por homicidios dolosos llegaron a 95 –cada una puede incluir más de una víctima– y las de extorsión a 55.

Hasta junio de 2025, los casos por narcomenudeo ya superaron los del mismo periodo del año anterior, con 178, versus los 157 que llevaban hasta ese mes en 2024; lo mismo sucede con los homicidios dolosos, que sumaron 55 en los primeros seis meses de 2025, en tanto que en el mismo lapso de 2024 alcanzaban los 45. La extorsión es el único de estos tres delitos que, en comparación con el primer semestre del año pasado, no aumentó, con 37 en 2024, versus los 15 contabilizados este 2025. 

El incremento del narcomenudeo ha sido paulatino en los últimos años, al pasar de los 145 casos denunciados en 2021, a los 224 en 2022, el primer año completo de gestión de la morenista Layda Sansores, lo que representó un crecimiento de 54% en 12 meses. 

Para 2023, la cifra llegó a las 272 denuncias por narcomenudeo, lo que significó otro aumento de 21% en este delito respecto a 2022, pero si se compara con el año de gobierno compartido entre Aysa González y Sansores, el aumento ya era del 88%.

En 2024 los casos por narcomenudeo llegaron a su máximo histórico reciente, con 350. Esto se traduce a un aumento de 28% entre 2023 y 2024, pero de 141% si se toma como punto de partida el año en el que inició su gestión Layda Sansores. 

El homicidio doloso ha tenido un comportamiento al alza, al pasar de 85 denuncias en 2021 a 87 en 2022, 94 en 2023 y 95 en 2024. 

En tanto, la extorsión ha tenido un comportamiento ambivalente, al llegar a su máximo histórico en 2023, pero lograr una reducción para el año siguiente. Sin embargo, si se considera el año de inicio de gobierno de Sansores y las carpetas con las que concluyó 2024, el delito ha tenido un crecimiento.

En 2021, la Fiscalía estatal reportó 33 denuncias por extorsión, que subieron a 90 en 2022 y a 96 en 2023; para 2024, las carpetas iniciadas bajaron a 55, y hasta junio de este año suman 15 más.

LOS OTROS GRUPOS

Además de las organizaciones criminales que sitúa la DEA, en Campeche operan grupos de la delincuencia organizada que disputan el narcomenudeo, la extorsión y otros giros como el sicariato, entre ellos Cártel Pura Gente Nueva y el Cártel de los Valencia Salgado. 

Con base en informes de inteligencia militar filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks, el Cártel Pura Gente Nueva opera, principalmente, en Ciudad del Carmen, en tanto que La Familia Valencia Salgado se encuentra en Campeche, Escárcega y Candelaria. Otro grupo, identificado como Los Independientes, se sitúa también en Ciudad del Carmen, Escárcega y Candelaria.

Tan sólo el 29 de julio la Fiscalía de Campeche dio a conocer cuatro detenciones por narcomenudeo en distintos días y lugares: 

El lunes 21 de julio de 2025, elementos de la Policía Estatal aseguraron a Francisco “N” y Karla “N” en la vía pública de la colonia La Peña, quienes se encontraban en posesión de sustancia ilícita.

Posteriormente, el martes 22 de julio, Laura “N” fue detenida en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la colonia Esperanza, también en posesión de droga.

Finalmente, el jueves 24 de julio, en inmediaciones del distribuidor vial de la colonia La Paz, fue asegurado Gerardo “N” por agentes estatales, al encontrarle sustancia prohibida entre sus pertenencias.

Y MIENTRAS, LA CENSURA

Mientras estos delitos han crecido y los grupos criminales han incrementado su presencia en esta entidad de la península, el gobierno de Layda Sansores ha enfrentado críticas por censura, así como violaciones a la libertad de prensa y de expresión, debido al caso del diario Tribuna, con 50 años de labor informativa, el cual enfrentó un resolutivo a favor de la mandataria que limita sus publicaciones.

El asunto es parte de un juicio que se prolongó por dos años y siete meses, en que Sansores denunció a Organización Editorial del Sureste –editora de Tribuna–; a su ex director, Jorge Luis González Valdez, y al administrador, Isidro Yerbes, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, además de difamación y calumnias.

En su defensa, la morenista dijo que Tribuna instrumentó un ataque sistemático de ofensas personales, supuestamente por su condición de mujer; por lo que, a decir de Layda, incurrió en “libertad de agresión”, en lugar de libertad de expresión. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos y, específicamente, de la libertad de prensa y expresión, han condenado el actuar de la gobernadora, al considerarlo un exceso de facultades, intolerancia a la crítica y una forma de represión.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Fallece mujer de 86 años en Campeche, tras complicaciones por gusano barrenador

La Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno Federal reportó, el 29 de julio de 2025, el fallecimiento de María Pérez López, una mujer de 86 años de edad, ocurrido el día 21 del mismo mes y año, debido a complicaciones derivadas de un carcinoma epidermoide y una infección por Cochilomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador. El deceso tuvo lugar en el poblado de Candelaria, Campeche.

La institución -cuyo titular es David Kershenobich Stalnikowitz- explicó que Pérez López padecía el carcinoma desde hace 10 años y presentaba hipertensión arterial sistémica. Según el comunicado, la paciente falleció por complicaciones oncológicas tras contraer la miasis, en mayo de 2025.

La mujer recibió tratamiento y fue referida para valoración oncológica, aunque no se especificaron detalles adicionales. Pérez López presentó úlceras en la piel y trastornos de la conciencia y sensibilidad, según el último reporte epidemiológico. La SSa Federal no proporcionó más datos respecto a las causas específicas del fallecimiento, ni sobre medidas adicionales implementadas.

El 17 de abril de 2025 se registró el primer caso de miasis por gusano barrenador en México, afectando a Juana Gómez Hernández, de 77 años de edad, residente del municipio de Acacoyagua, Chiapas. Hasta el día 30 de julio del mismo año, las autoridades federales reportaron 35 casos en total, con 31 en Chiapas y dos en Campeche. La Ssa detalló que tres personas permanecían hospitalizadas y cinco recibían atención ambulatoria.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Susan Saravia, víctima de violación grupal en Campeche, hace público su caso y exige justicia

Los acusados, Yeshua, Jorge, y Ángel, son cercanos a la gobernadora Layda Sansores, lo que ha empantanado el caso, denunció la madre de la víctima.

Susan Saravia, a quien Proceso nombró Cielo para proteger su identidad, decidió pedir justicia y salir a la luz pública; a casi cinco meses de ser víctima de una violación tumultuaria en Campeche y de que solo uno de sus tres agresores fuera arrestado.

En un video de redes sociales la joven de 22 años advirtió que sus presuntos agresores Yeshua “N”, Jorge “N” y Ángel N” tienen contactos en la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y están relacionados con la gobernadora, Layda Sansores, ya que sus familias trabajan en la administración estatal.

“Mis agresores son tres y estas tres personas tienen muchos contactos en la fiscalía, cuentan con personas que los encubren. Nuestra única forma de poder alzar la voz fue por medio de redes sociales, por eso es que se dice el público. Obviamente yo no quería, no por nada malo, simplemente por pena, por miedo”, expresó. 

La agresión sexual contra Susan ocurrió el 30 de marzo de 2025. Salió de fiesta con sus amistades en San Francisco, Campeche. En un primer momento fueron a un antro y posteriormente, se acordó que irían a su departamento para continuar divirtiéndose. En el lugar los tres jóvenes aprovecharon para violarla. 

La joven denunció y se inició la carpeta de investigación CI-2-2025-448. Se tipificó el delito de violación equiparada tumultuaria y el 15 de abril se giraron las órdenes de aprehensión. Ángel fue arrestado el 10 de julio.
@susansaravia_ 💜 #justicia ♬ Last Hope (Over Slowed + Reverb) - Steve Ralph
Los primeros meses por temor a represalias y vergüenza, tal como ella misma señaló, su madre Luisa Elizabeth Rodríguez Berzunza fue quien hizo públicos los hechos. Ambas decidieron que difundirlo les daría un poco más de oportunidad de acercarse a la justicia.

Aun así, familiares y amistades de sus agresores que sabían del caso, orquestaron una campaña de desprestigio y odio en su contra. Le crearon una página de Facebook para exhibir su rostro y responsabilizarla de la violación. Con frecuencia recibe mensajes de odio y amenazas. 
“Yo no quería que me vieran como una víctima, pero es lo que soy. Y eso es algo que me toca afrontar y el día de hoy estoy aquí por eso. La lástima a mí no me va a llegar a sanar y simplemente quiero justicia y quiero que esto acabe”, expuso. 
Susan detalló que se encuentra en un proceso de recuperación, que acude a terapia psicológica y continúa saliendo con sus amigas. Razón por la que ha recibido también críticas y mensajes de odio.
“Me juzgan por seguir con mi vida, por seguir viviendo. Me juzgan como si el hecho de no estar destruida públicamente invalidara lo que viví. Tenemos malamente normalizado que una víctima es representación de tristeza cuando no es así. Realmente una víctima no siempre va a estar triste. La víctima puede representar fuerza, claro. Es totalmente válido lo que siento una víctima”, acotó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Sin orden de cateo, policía de Campeche allana domicilio, golpea y arresta a familia

Una mujer policía acusó a los hermanos de agredirla, tras lo cual, sus colegas ingresaron a la casa de la madre de Ángel, Alan, Eduardo, Jorge, donde fueron golpeados y arrestados, junto con su tío Miguel. Los cuatro actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos.

Policías estatales allanaron la casa de los hermanos Bastarrachea Puga en la colonia Lázaro Cárdenas, el 17 de junio; sin presentar una orden de cateo entraron al predio tras derribar el portón. Lanzaron gas lacrimógeno, dispararon al aire e hirieron a uno de ellos.

Pese a los elementos de prueba que la familia presentó sobre lo ocurrido, la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez determinó la legal detención.

Todas las agresiones de los policías quedaron grabadas en videos. Se observa a los policías estatales amenazarlos con las pistolas y macanas. Se escuchan los insultos, detonaciones de armas y los golpes al portón para entrar a la casa.  

“Me asusté muchísimo y me metí al cuarto pegadito a la sala y de ahí empecé a grabar cómo estaban alzando el portón. Estaban entrando todos los policías, eran muchos, no sé cuántos, pero sí eran bastantes policías”, declaró a Proceso la mamá de los hermanos Bastarrachea Puga y dueña de la casa, Leticia Puga. 

Los hermanos Ángel, Alan, Eduardo, Jorge y su tío Miguel actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos, se les dictó prisión preventiva como medida cautelar. La próxima audiencia en la que se determinará su situación judicial será el martes 24 de junio.  

Eran alrededor de las 12:00 del día cuando Leticia y sus hijos escucharon los golpes contra el portón. La mujer, con mucho miedo, tomó su celular y grabó el momento en que derribaron la puerta de metal y se metieron a la casa.  

Una mujer policía se dirigió a los hermanos con insultos y los acusó de agredirlos en la calle.  

“¡Oye tiraron mi moto! ¡Hey! ¿qué hacen? ¡Están dentro de la casa!”, se escuchó decir a uno de los hermanos. 

“¡Están en el patio!”, gritó otro mientras grababa.  

La mujer policía señaló a uno de ellos. “¡Es ese pendejo! ¡Tú fuiste parte de eso!”, le reclamó.  

En otro de los videos la misma mujer policía insistió en las acusaciones. “¿Qué hiciste puta madre? ¡La cámara te grabó!”, se escuchó. 

Uno de los jóvenes alcanzó a cerrar la puerta de la casa, pero no fue suficiente para impedir a los policías ingresaran, los golpearan y arrestaran. Incluso, tuvieron que ser ingresados al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” para ser atendidos por las lesiones que les causaron. 

La familia escuchó varias detonaciones en el patio y grabó el momento en que también entraron policías por la parte trasera de la casa. Desde ahí les lanzaron gas lacrimógeno y en la confusión no alcanzaron a distinguir qué oficial disparó contra uno de ellos. 

Alan, uno de los hermanos Bastarrachea, tiene fracturado el pie y se encontraba en la casa por incapacidad laboral. Le dispararon en la espalda y aunque la herida no fue de gravedad, sí resultó con una lesión por las esquirlas.   

Mientras que a Jorge lo golpearon al punto que puede perder la vista y necesita una cirugía.

De la denuncia de los policías estatales, que presuntamente fueron agredidos por los hermanos Bastarrachea Puga, se inició la carpeta de investigación CI- 2- 2025- 914 por los delitos de ultrajes a la autoridad y lesiones calificadas.   

Los agentes denunciados son: que Carlos José Panti Chi, Miguel Dzul Chi, José Alberto López Rodríguez, Celina Anahí Pérez Santos, José Miguel Casanova Maldonado, Ramón Isidro Hu Panti y David Alejandro Uc. 

La audiencia de control para determinar sí fue legal o no la detención se realizó el viernes a las 9:30 de la mañana y terminó a las 23:00 horas. Durante 13 horas y media la defensa de los hermanos Bastarrachea Puga y la fiscalía debatieron sí era legal o no la detención. 

La carpeta judicial CJ-703/24-2025/JC quedó asignada a la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, quien, además, cambió de última hora el formato de presencial a virtual, para negar el acceso de medios de comunicación, a pesar de que se trataba de una audiencia pública.  

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) llevó la defensa de los policías y alegó que existieron dos momentos en que se cometieron delitos, lo que motivó que se allane la casa sin una orden de cateo y de aprehensión. 

En un primer momento se expuso ante la jueza que tres hombres, cuyas características eran parecidas a tres de los cuatro hermanos, apedrearon una unidad policial en la que iba la policía Giselle; huyeron y entraron a la casa con portón gris.  

Expusieron que minutos después, la policía Giselle vio a tres hombres distintos a los referidos afuera de ese predio, preguntó por ellos y le respondieron con insultos, además que a su compañero le rompieron una botella en la cabeza.  

La agente pidió refuerzos y acudió otra unidad en la que iba a bordo la policía Celina, a quien supuestamente Eduardo y Alan, en presencia de los demás oficiales, metieron a la casa y amagaron con un cuchillo. Según la defensa, esos hechos obligaron a los policías a entrar sin orden de cateo y arresto.  

El abogado Edwin Trejo representa a los hermanos Bastarrachea Puga; para él no fue sorpresa que la jueza determinó la legal detención. Expresó que después del motín de Koben, que tuvo como resultado que la gobernadora Layda Sansores desarticulara a la corporación, de ningún modo pueden reconocer que los policías actuales se equivocaron. 

“Si la jueza decretara ilegal la detención estaría avalando que la policía está actuando mal, que la Secretaría de Seguridad Pública está permitiendo que esta policía actúe mal y para la visión que tiene el gobierno del Estado, para su narrativa, esto ya no es permisible. Por eso la premura y la urgencia de que diga un juez que fue legal la detención. Para que salga el próximo martes, la secretaria de justicia, Marcela Muñoz salga a decir ´ya lo vieron, yo estoy deteniendo a delincuentes, todo estuvo apegado a derecho, un juez ya lo dijo”, manifestó. 

Para el abogado de los hermanos Bastarrachea Puga la versión de la FGECAM no tiene coherencia y mucho menos existe evidencia de sus dichos. “En serio quieren que creamos que tres personas salieron rodeadas de policías y metieron una policía dentro de la casa”, acotó. 

Denuncian robo de teléfono

Gloria es la hermana de Ángel, Alan, Eduardo y Jorge y sobrina de Miguel; durante el ataque de los policías a su casa, Alan alcanzó a llamarle y avisarle de los hechos. Sus compañeros de trabajo alcanzaron a escuchar los gritos del joven.  

Al cortar la llamada, sus compañeros ofrecieron acompañarla a la casa para ver qué ocurría. En el trayecto recibió una llamada de Leticia, quien le informó que los habían arrestado y que ya se dirigían a la FGECAM. 

Gloria llegó justo en el momento que subían a la patrulla a su tío Miguel. Se acercó a los policías, entre gritos preguntó por qué se los llevaban. A la joven la detuvieron tres hombres policías y, luego de someterla, una mujer policía intentó quitarle el celular que llevaba consigo, pero no lo consiguió. 

“Me detuvieron por agresión, hay un video en vivo donde se ve que no los agredí, sí me alteré, pero cualquiera en mi situación. Fui detenida por tres policías hombres y después por dos mujeres que llegaron, uno de los agentes usó mucha fuerza. Tenía mi celular en la mano, y lo metí a la bolsa del pantalón, creo que fue un error y me lo debí quedar en la mano, en el video se ve claramente que lo agarran”, declaró Gloria en entrevista para Proceso. 

En un segundo momento se acercó a la escena una segunda oficial, que coincidentemente era Celina Anahí Pérez Santos, la misma que presuntamente fue privada de su libertad en la casa, ésta le sustrajo el celular. 

A Gloria la llevaron directo al juzgado cívico; la policía la intentó acusar de desorden público, pero no había ningún delito que perseguir y la dejaron en libertad. 

Al salir intentó recuperar su celular y acudió a la Secretaría de Seguridad Pública, manifestó los hechos en Asuntos Internos y le dijeron que sería atendida por el jefe César Alegría. Sin embargo, nunca la recibió. 

Luego de tres horas se dirigió a la FGECAM, en donde interpuso la denuncia por robo. Gracias a una aplicación logró rastrear su celular y lo ubicó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. 

De la mujer policía, la FGECAM se negó a dar información, fueron ciudadanos quienes lograron ubicarla y revelar su nombre.  

En la transmisión de “Martes del Jaguar” del 17 de junio, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcela Muñoz y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores simplemente aseguraron que el robo del teléfono no ocurrió.  

La casa de Leticia Puga no fue asegurada, ni resguardada. Ella reitera que sus hijos no cometieron ningún delito. Después de ser atacados por los policías estatales, a la casa llegaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR). Uno se le acercó y le aconsejó que denunciara las agresiones que habían vivido. 

“Uno me dijo ‘No se preocupe, ya sabemos cómo se portan la policía. A nosotros no nos caen bien, los polis son muy prepotentes”, contó. 

Leticia recordó que ese día estaba feliz porque todos sus hijos estaban en casa y cocinaría para ellos. Hoy debe dormir en una casa destrozada, en la que no puede acomodar ni mover nada porque son evidencias de la investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.