El expresidente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera, consideró que el organismo activó el procedimiento contenido en el artículo 34 por primera vez en su historia como último recurso frente al Estado mexicano.
Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM (CCU), hablaron en Aristegui en Vivo de la activación de este mecanismo, del que coincidieron que se ha dado en un contexto de negación por parte del gobierno mexicano y de creciente preocupación internacional.
Corcuera explicó que la decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se produjo después de una serie de alertas y recomendaciones emitidas por el Comité desde 2015, cuando por primera vez se señaló un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en México. “El Comité ya había señalado, en informes previos, que México vivía un contexto de desapariciones generalizadas, una conclusión que reiteró en 2018 y luego en 2021 y 2022″, señaló.
“Lo último que le quedaba al Comité es activar el procedimiento del artículo 34. Ya se había agotado el uso de otros mecanismos, y ahora es necesario llevar el caso a la Asamblea General de la ONU”, explicó.
El académico apuntó que se trata de un procedimiento se activa cuando el Comité recibe información que considera bien fundamentada sobre desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, por lo que el CED solicitó al Estado mexicano que entregue información al respecto en las próximas semanas.
Destacó que el procedimiento del artículo 34 no había sido utilizado hasta ahora y que aunque no implica sanciones, busca que la Asamblea General considere las medidas adecuadas para abordar la situación, las cuales podrían incluir mecanismos de vigilancia, supervisión y apoyo en la búsqueda de justicia, aunque no se sabe con certeza qué decisiones tomará la Asamblea de la ONU, dado que es la primera vez que lo activa.
“Aquí quiero decir algo importante. Por primera vez, el Comité usó la palabra ‘sistemáticas’. No lo había dicho antes, solo había dicho ‘generalizadas’ en 2015, en 2018, en 2022, generalizadas. Pero ahora dijo que son ‘sistemáticas’. Entonces, hablar de ‘sistemático’ ya implica que haya un plan del gobierno o de las organizaciones no estatales, como el crimen organizado, que pueden estar cometiendo estos crímenes con base en un plan, es decir, como una política. Esta política puede ser política de Estado o puede ser política de organización, porque tanto las organizaciones criminales como los gobiernos o los Estados pueden cometer crímenes de lesa humanidad”, dijo, al tiempo que señaló que el presidente del Comité nunca usó el término “política de Estado”.
“El Comité no ha afirmado que se trate de una política de Estado. Ese es un error que ha cometido el gobierno mexicano al intentar desvincularse de cualquier responsabilidad, aunque las desapariciones puedan ocurrir bajo la aquiescencia del Estado”, añadió.
Resalta que la negación de cualquier vínculo con las desapariciones forzadas es una postura errónea, porque el Derecho Internacional establece que un acto ilícito cometido por funcionarios públicos, aunque no sea ordenado de manera directa, puede constituir una responsabilidad del Estado. “Cuando un agente del Estado no hace lo que debe hacer para evitar o sancionar estos crímenes, se considera aquiescencia. Y eso puede implicar que las desapariciones no son solo de actores no estatales, sino que pueden ser consideradas forzadas”, explicó.
En este sentido, el expresidente del CED destacó la idea de que la responsabilidad no solo recae en los perpetradores directos, sino en el Estado por su omisión o negligencia.
Recordó que el pasado jueves, el CED emitió medidas cautelares urgentes sobre los hallazgos del rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, a solicitud de un colectivo y una organización de la sociedad civil, si bien consideró que este hecho no tuvo un “impacto definitorio” para la decisión adoptada el viernes por el organismo.
De acuerdo con Corcuera, tras recibir la información solicitada al gobierno mexicano, el Comité deberá analizarla antes de decidir si llevará el caso ante el Secretario General de la ONU para que lo presente a la Asamblea General.
“Es un momento histórico, pero también incierto. No sabemos qué medidas adoptará la Asamblea General. Es la primera vez que se llega a este punto, y las decisiones que se tomen dependerán de los elementos de juicio que se presenten”, concluyó Corcuera.
“México necesita ayuda externa”: Jacobo Dayán
Por su parte Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, aseguró que “el Estado mexicano no está reaccionando de manera efectiva ante el problema”.
“Esto ha sido evidente incluso desde la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2017, que no ha dado los resultados esperados. Los registros están desactualizados y fragmentados”, agregó.
El académico también señaló que el gobierno mexicano ha minimizado la gravedad del problema, descalificando las recomendaciones internacionales. “El Gobierno federal ha hecho declaraciones en las que niega que exista una política de Estado para las desapariciones, lo cual no es correcto. La desaparición forzada no solo involucra a actores estatales directos como policías y militares, sino que también incluye casos donde el crimen organizado actúa en complicidad o con la omisión del Estado. Esto constituye una desaparición forzada bajo la definición de la Convención de la ONU”, precisó.
Ademas, señaló que es relevante que el CED utilice los términos “sistemáticas o “generalizadas” al referirse a las desapariciones en el país: “Cuando se habla de un crimen como la desaparición forzada, que está ocurriendo de manera generalizada o sistemática, los términos preocupan a los gobiernos, porque estamos ya bajo el supuesto de crímenes de lesa humanidad. Y es por ello que es competencia de la Asamblea General o de la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional no interviene, no sugiere qué hacer, no presiona a un país por un asesinato o una desaparición o cinco casos de tortura, pero cuando esto ocurre bajo parámetros generalizados o sistemáticos, entramos en los supuestos de los crímenes internacionales o crímenes atroces, en este caso el crimen de lesa humanidad, que por definición es competencia y preocupación de la comunidad internacional”, apuntó.
Sobre el comunicado emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que negó la existencia de un fenómeno generalizado de desapariciones forzadas en México, aseguró que rechazar el diagnóstico del Comité de Desapariciones Forzadas, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra “se aleja completamente de la realidad”. “Si no se reconoce el problema, no podemos avanzar en su solución”, señaló Dayán, al tiempo que subrayó la importancia de la cooperación internacional para abordar esta crisis.
Consideró que la activación del artículo 34 implicará una mayor presión internacional sobre México. “La preocupación de la comunidad internacional no es solo por un caso aislado de desaparición, sino por un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”, explicó. “Es por ello que la Asamblea General de la ONU y otras instancias internacionales tienen la competencia para intervenir y buscar soluciones a este grave problema”, enfatizó.
Para Dayán, el Estado mexicano debe reconocer “la necesidad de colaborar con los colectivos de víctimas y con expertos internacionales para encontrar soluciones a este problema. México necesita ayuda externa para superar el caos en los registros, mejorar los procesos de identificación y, sobre todo, garantizar que las víctimas obtengan justicia”.
MESA DE ANÁLISIS:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
