En el segundo día de audiencias públicas convocadas por las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, especialistas, académicos y abogados presentaron propuestas en torno al concepto de “interés legítimo” dentro del juicio de amparo, en el contexto de la reforma a la Ley de Amparo promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada con cambios en el Senado.

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno Rivera, recordó que el artículo 107 constitucional reconoce el interés legítimo, tanto individual como colectivo, como fundamento para iniciar un juicio de amparo ante la posible violación de derechos constitucionales. En ese sentido, explicó que la iniciativa presidencial plantea modificar el artículo 5º fracción I de la Ley de Amparo para posibilitar la aplicación jurídica del interés legítimo en lesiones jurídicas reales y no en casos con beneficios hipotéticos.

Precisó que, derivado de las audiencias públicas previas en el Senado, la minuta modificó la redacción de dicho artículo al añadir calificativos como “individual” y “colectivo”, y eliminar otros como “actual” y “directo”, con el fin de permitir el uso del amparo en casos de amenazas inminentes y fortalecer la protección de derechos colectivos. Afirmó que las audiencias “confirman que la Cámara de Diputados es un parlamento moderno, transparente y, sobre todo, democrático”.

Por su parte, el diputado de Morena, Carlos Ventura Palacios, advirtió sobre el riesgo de excluir a sectores como periodistas o madres buscadoras si no se define adecuadamente lo colectivo,  ya que el término “colectivos” si incluiría a estos grupos.

Mientras que la diputada panista Margarita Zavala señaló que hubiera sido mejor realizar las audiencias públicas antes de la presentación de la iniciativa y se hiciera un parlamento abierto mayor.

Desde una perspectiva fiscal, Arturo Pueblita Fernández, expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, criticó que las reformas busquen restringir el acceso al juicio de amparo para evitar que se frene la acción de los órganos del Estado. “La solución no está en limitar el acceso al juicio de amparo sino en evitar actos que violenten los derechos”, aseveró.

Juan Carlos Ávila López, experto en garantías constitucionales, llamó a no limitar la defensa de los derechos colectivos exclusivamente al juicio de amparo, sino a fortalecer también las acciones colectivas en las legislaciones federal y estatal.

En su intervención, Andrés Norberto García Repper Favila, candidato a magistrado de disciplina judicial en Tamaulipas, señaló que la reforma no elimina el acceso colectivo al juicio de amparo, sino que encamina una definición de interés jurídico para tener más claridad.

La maestra Verónica Lorena Osornio Plata destacó que algunas asociaciones civiles se crean poco antes de promover amparos, lo que puede prestarse al abuso del mecanismo legal. Propuso establecer límites claros sobre la participación de estas organizaciones.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio del cantante y modelo argentino Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, quien fue asesinado a balazos la noche del pasado jueves 9 de octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“De acuerdo con las indagatorias, el actor y cantante de nacionalidad argentina fue agredido con disparos de arma de fuego mientras viajaba a bordo de su vehículo sobre Anillo Periférico”, detalló la Fiscalía en un comunicado difundido el sábado.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, una zona al poniente de la capital.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales ya trabajan en las diligencias correspondientes. La Fiscalía subrayó que su compromiso es investigar “con rigor y objetividad a fin de garantizar justicia para la víctima y su familia”.

Hasta el momento, no se ha informado de detenidos, y las autoridades continúan con la revisión de material videográfico, entrevistas y peritajes para esclarecer el caso.

A finales de septiembre, los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, alias B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, fueron hallados sin vida en el Estado de México, luego de haber sido reportados como desaparecidos.

Mientras la investigación continúa, amigos, familiares y seguidores de Fede Dorcaz han inundado las redes sociales con mensajes de despedida y exigencias de justicia, recordando al artista por su carrera musical, actoral y en el modelaje.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se encuentra en curso una investigación por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio del joven Carlos Emilio, originario de Durango pero desaparecido en Mazatlán en un bar propiedad del secretario de Economía, Ricardo Velarde. 

Los hechos, según la Fiscalía, ocurren el sábado 4 de octubre y aunque no explican en el comunicado el lugar de la desaparición, colectivos y familiares del joven desaparecido advierten que esto sucedió en el baño del bar la Terraza Valentino’s, propiedad del secretario de Economía de Sinaloa.

Edgar Molina, reconocido diseñador de modas originario de este municipio al sur del estado, fue asesinado la noche del sábado en un ataque armado. Verónica, quien lo acompañaba al momento del ataque resultó lesionada y se encuentra hospitalizada.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche en la calle Tlaxcala, esquina con Veracruz, de Moroleón, municipio dedicado a la industria textil.

En este 2025 regresó a México Manuel Fernández Valencia, identificado oficialmente como uno de los operadores de mayor jerarquía en el Cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas, tras haber cumplido poco menos de la mitad de su condena de 27 años de prisión en Estados Unidos. Este capo ha retomado sin problema alguno las riendas de sus dos empresas en Michoacán dedicadas a la exportación de frutas y aguacates, las cuales estuvieron abiertas durante los 14 años que él estuvo ausente.

Manuel Fernández, conocido en el mundo del narcotráfico como la Puerca o el Animal quien, a diferencia otros, no ha estado permanentemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y bajo los reflectores de la opinión pública, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en noviembre de 2010. No existe información pública certera sobre cuándo fue extraditado. Sin embargo, seis años después, el 1 de diciembre de 2016, la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, lo sentenció a 27 años de cárcel.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este sábado que policías de la institución detuvieron a cuatro sujetos y aseguraron más de 600 dosis de diversas drogas tras cateos realizados en presuntos puntos de venta ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

En un comunicado, la dependencia detalló que el arresto de los presuntos delincuentes se dio como resultado de investigaciones realizadas por autoridades capitalinas iniciadas a raíz de denuncias ciudadanas acerca de inmuebles que supuestamente eran usados para la venta de narcóticos.

Los operativos que llevaron al arresto de los señalados fueron ejecutados por policías capitalinos y elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJ-CdMx), en colaboración con agentes de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

Resultado de trabajos de investigación para el combate a los delitos de alto impacto en seguimiento a denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo de agentes de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron dos órdenes de cateo en @TuAlcaldiaGAM y @AzcapotzalcoMx.

Fueron detenidos… pic.twitter.com/ZO7W27MyXE

— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 11, 2025

A 14 meses de que Minerva Pérez Castro, presidenta de Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) fuera privada de la vida violentamente en Ensenada, después de denunciar que toda la cadena productiva de la industria de alimentos del mar estaba siendo víctima de extorsión desde el año 2018, finalmente uno de los autores materiales del homicidio fue detenido. A pesar de la importancia de la captura, se ignora por qué la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha conformado ni informado de la aprehensión.

Tal vez porque ese éxito contrasta con la decisión de un juez de regresar a los dueños para su reapertura, las instalaciones donde se encuentra Mares del Pacífico -antes Casita del Camarón- empresa ubicada en el fraccionamiento Acapulco en Ensenada, que ha sido investigada los últimos años por ser el punto desde donde se han coordinado las extorsiones a restauranteros, con la compra obligada de mariscos y pescados.

El hecho es que, tras años de negarse a realizar investigaciones o labores de inteligencia contra los grupos de extorsionadores y “cobra pisos”, argumentando la ausencia de denuncias, la FGE fue obligada, primero por las presiones tras el homicidio de Minerva en julio del 2024, y después como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presionados por el Gobierno Federal, a generar mínimos resultados.

En su comparecencia ante el Congreso en agosto, la fiscal María Elena Andrade informó que se habían iniciado por lo menos siete carpetas. La primera semana de septiembre, el secretario de Seguridad Estatal, general Laureano Carrillo, sin datos específicos habló ante la prensa de cifras todavía más alegres: la detención de 37 personas de 11 células por parte de la Fuerza Estatal. Pero detener a los mensajeros o cobradores sólo sirve para sus estadísticas.

Por esas mismas fechas, en conferencia de prensa, los representantes de las diversas cámaras empresariales informaron que alrededor de 300 comerciantes habían sido víctimas de extorsión en Baja California durante el 2024 y solicitaron al Congreso local presentar una reforma para que el delito se persiga de oficio.

Mientras, las denuncias por “cobro de piso” continuaron. El 17 y 19 de septiembre los vendedores ambulantes de los mercados sobre ruedas en el fraccionamiento Soler y la colonia Alemán, en Tijuana, recibieron volantes de parte del Cártel Jalisco advirtiendo que deberían pagar “1000 pesos por puesto; también se les da a conocer que pondremos a nuestros trabajadores a vender droga en varios puntos del mercado”, y les avisaron que sería lo mismo cuando se instalaran en las colonias “Herrera, Los Altos, La Villa, Mirador y Obrera”. En ambos casos, el policía municipal detuvo a los mensajeros, pero el jefe sigue libre.

Las autoridades identificaron a un presunto autor intelectual, pero aún no reúnen los elementos jurídicos para vincularlo; se trata de Carlos Albert N., quien, evidentemente, no se siente ni perseguido ni intimidado, porque como administrador de una funeraria, está realizando trámites para que la FGE le adjudique o concesione el servicio de levantamiento de cadáveres para la fiscalía.

El 18 de septiembre, Lersa Mercadillo Gómez, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Tijuana, le declaró a la reportera Dayebi Pazos que el cobro de piso de los cárteles estaba afectado al mercado inmobiliario.

Las víctimas siguen siendo variadas. Casas de cambio, restaurantes, pequeños abarrotes y placitas en colonias, vendedores que comercian a través de redes sociales, y los cobros de piso a yonkeros continúan a pesar de las detenciones en julio pasado; sólo de ellos, los criminales obtienen alrededor de 97 mil dólares por mes.

Tres semanas atrás, el diputado Jorge Ramos informó que existen dos propuestas de reforma presentada ante el Congreso local, para que la denuncia formal y presencial de la víctima no sea necesaria en materia de extorsión o cobro de piso, y que la FGE sea obligada a iniciar carpetas de investigación cuando tenga conocimiento de los mencionados delitos a través de reportes anónimos, redes sociales, trabajos periodísticos u otros medios similares. Pero éste es un camino al que le falta recorrido.

Al final, las evidencias y las nuevas víctimas muestran que la FGE y a la SSCBC continúan en deuda con la ciudadanía; no hay trabajo de inteligencia, no son proactivos, no van por los jefes, los administrativos, se conforman con los delincuentes menores, se limitan a la atención de casos aislados, sin realizar una investigación a fondo y sin involucrar a la Fiscalía General de la República, a pesar de que existe evidencia de crimen organizado.

En esas condiciones, si no hay cambio de estrategia, los bajacalifornianos continuarán siendo víctimas del terror generado por los cárteles y por delincuentes menores que aprovechan la impunidad, para “obtener un beneficio económico dañando el patrimonio, la integridad física o libertad”, de los ciudadanos honestos.

Mikael “N”, presunto líder de un grupo criminal y generador de violencia en Suecia, fue detenido en Cancún, Quintana Roo.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad indicó que se realizó la búsqueda y se implementaron vigilancias fijas y móviles en diferentes puntos de los estados de Yucatán y Quintana Roo.

“En seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia, se realizó la búsqueda de Mikael ‘N’, quien es requerido por Europol y cuenta con una orden de arresto y ficha roja emitida por Interpol, por su relación en delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Con esta información, se estableció comunicación con agencias internacionales de seguridad para el intercambio de datos y la identificación de sus posibles zonas de movilidad”, informó.

“Traidores. Dicen que traicioné a mi tribu, pero mi tribu no es un grupo de psicópatas sionistas de ultraderecha, islamófobos y militaristas que viven haciendo la guerra constante a sus vecinos“.

La voz es de Amanda Schmelz, una actriz mexicana de 55 años que, junto con otras personas judías antisionistas, ha encontrado en el arte un medio de denuncia contra el genocidio palestino cometido por Israel.

En abril próximo se cumplirán 10 años del inicio de las obras para ampliar la Línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio —4.6 kilómetros— y todavía no hay fecha para poder concluirlas.

De acuerdo con Jesús Esteva, secretario de Infraestructura del Gobierno de México, el retraso no se debe a falta de recursos, sino a la complicación que ha resultado concluir el túnel por la presencia de acumulaciones artificiales de materiales como suelo, roca, escombros o desechos conocidos como “rellenos antrópicos”.

Se trata de un túnel de 4.6 kilómetros,a 30 metros de profundidad, que permitiría la habilitación de dos estaciones adicionales: Álvaro Obregón y Valentín Campa. La tercera estación sería la terminal Observatorio y ahí se acondicionaría un depósito para trenes.

El plan también incluye la compra de 12 nuevos convoyes para con ello tener una flotilla de 42 trenes férreos que permitieran dar el servicio en beneficio de más de 500 mil usuarios.

Además de la Línea 1 que siempre ha tenido como terminal Observatorio y cuya renovación se entregará en noviembre próximo —con casi dos años y medio de retraso de la fecha prometida—, a este Centro de Transferencia Modal (Cetram) llegará la ampliación de la Línea 12, así como el Tren Insurgente, una obra que también ya suma 11 años de ejecución y que se proyecta sea concluida a finales de este año o a inicios de 2026, de acuerdo con el secretario de Infraestructura.

Actualmente “El Insurgente”, como fue nombrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ofrece servicio de Toluca a Santa Fe.

Colectivos y organizaciones ambientalistas realizaron una marcha en la capital del país para exigir un alto al ecocidio, a los megaproyectos y a la criminalización de personas defensoras del territorio. La movilización partió de la Estela de Luz rumbo al Monumento a la Revolución, como parte de la Primera Marcha por el clima, la vida y el futuro.

Con pancartas y consignas como “el agua es vida, la vida se defiende” y “no es sequía, es saqueo”, los participantes señalaron que la actual crisis climática está vinculada con un modelo extractivo que prioriza el lucro sobre la vida. Desde organizaciones como Greenpeace México, Asamblea Ecologista Popular y Conexiones Climáticas, también se sumaron voces contra el genocidio en Gaza.

Anjani Punjabi González, integrante de Tierra Nuestra, afirmó que la marcha busca interpelar al gobierno mexicano ante su papel en la continuidad de proyectos que dañan ecosistemas. “El mensaje principal es que no hay justicia climática sin justicia social y por la defensa de los pueblos”, declaró.

Entre las demandas se incluyó la cancelación del proyecto Saguaro de Gas Natural Licuado, impulsado por la empresa estadounidense Mexico Pacific. Al paso de la marcha por Paseo de la Reforma, el contingente coreó consignas como “Ballenas sí, gaseras no” y “fuera Saguaro”, mientras avanzaba acompañado por batucadas y mantas en defensa de la biodiversidad.

Pobladores de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, exigieron la libertad absoluta del defensor comunitario Miguel Ángel Peralta Betanzos, al considerar que su caso forma parte de una persecución política y jurídica impulsada desde el poder local. Frente al tribunal federal en San Bartolo Coyotepec, denunciaron que el proceso ha estado lleno de irregularidades y exigieron a los magistrados resolver con justicia.

Peralta, indígena mazateco y antropólogo, fue acusado sin pruebas de homicidio y tentativa de homicidio tras un conflicto político en su comunidad. Aunque en 2019 obtuvo una sentencia absolutoria, en 2022 fue condenado a 50 años de prisión. La defensa promovió un amparo directo, último recurso legal disponible, que ahora deberá resolverse con base en nuevos peritajes antropológicos y en el reconocimiento de sus derechos como parte de un pueblo indígena.

Las acusaciones surgieron a partir de la denuncia de Elisa Zepeda Lagunas, actual diputada local de Morena, quien señaló a 34 personas de la comunidad por la muerte de su hermano y un policía. Desde entonces, la comunidad ha vivido un “asedio jurídico” que ha generado más de 200 órdenes de aprehensión y ha desplazado a decenas de familias. “No hemos estado del lado del poder, pero nos asiste la razón”, declaró Peralta desde prisión.

La abogada Araceli Olivos advirtió que el fallo del tribunal será definitivo y que podría marcar un precedente para las demás personas criminalizadas en Eloxochitlán. Además de los peritajes, el caso cuenta con amicus curiae de organismos internacionales que han señalado el uso faccioso del sistema penal. “Una cosa es poner a representantes indígenas en el Poder Judicial, y otra es que resuelvan a favor de los pueblos”, concluyó Miguel Ángel.

José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como “don Nico”, el hombre que grabó con su teléfono celular el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon mientras realizaba una transmisión en vivo en Salvatierra, no logró sobrevivir al ataque y murió luego de tres días de permanecer hospitalizado. 

El gobierno municipal confirmó el fallecimiento y también dio a conocer que la víctima y su familia habían recibido llamadas de extorsión y amenazas antes y después del ataque, por lo que los familiares pidieron protección.

De cara al primer informe de Gobierno de la morenista Clara Brugada, el tema de la seguridad vuelve al centro del debate público. La mandataria capitalina ha prometido continuar y “profundizar” la estrategia que, asegura, permitió a la Ciudad de México mantener una tendencia a la baja en delitos de alto impacto. Sin embargo, detrás de las cifras oficiales persisten tensiones estructurales que comprometen la efectividad del modelo, advierte Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa.

En sus discursos públicos Brugada ha insistido en que la capital vive “los niveles más bajos de criminalidad en años recientes”, una afirmación que si bien se sustenta en tendencias estadísticas presentadas por su propia administración, no refleja por completo la complejidad del panorama, según comparte el especialista en seguridad.

Con énfasis señala que durante los primeros 12 meses del gobierno de Brugada, en términos cuantitativos se puede observar una reducción importante de la mayoría de los delitos de alto impacto que son registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacando una reducción del homicidio doloso.

La propia jefa de Gobierno presumió en su “Informe de Seguridad Ciudadana del Mes de Agosto” una reducción de 12% en los delitos de alto impacto en el periodo de enero a finales de agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, Vargas advierte que los números oficiales pueden no reflejar completamente la realidad: “Esos datos, sabemos, tienen sus falencias, sobre todo en un contexto de debilidad institucional y también en un contexto, digamos, de diversificación y sofisticación de los mecanismos de exterminio del crimen organizado”.

Al mismo tiempo subraya que algunos delitos muestran una tendencia contraria, como la extorsión, que ha registrado un aumento en este primer año de gobierno. “De hecho, al término de la administración de la exjefa de gobierno y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se vio una reducción de este delito y en tan sólo un año esa tendencia se ha revertido”, explica.

De acuerdo con datos del SESNSP, el registro de delito de extorsión en la Ciudad de México ha aumentado en 280%, entre enero y julio de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Dicho incremento evidencia, según el especialista, un problema más profundo: la expansión territorial del crimen organizado y la concentración de poder de grupos como la Unión Tepito, la Antiunión Tepito y el Tren de Aragua, especialmente en el centro de la capital.

El análisis de Vargas también pone en cuestión la interpretación de los datos sobre homicidios. Ante lo que pudiera presentarse como una reducción efectiva, el especialista advierte posibles inconsistencias: “No es posible afirmar con plena contundencia que la reducción del homicidio doloso responde a la política del Gobierno Federal o de la ciudad, lo que tendrían que hacer los gobiernos es salir a mostrarnos la evidencia de que esa reducción responde a la política pública y no a todas las demás hipótesis”.

Entre las hipótesis a las que se refiere, menciona la implementación de políticas basadas en inteligencia bajo un liderazgo civil, pero también podrían reflejar inconsistencias o manipulaciones en el manejo de datos, o incluso una dinámica del crimen organizado que incrementa las desapariciones mientras los homicidios disminuyen en los registros oficiales.

Para el investigador, el descenso en los homicidios dolosos en la Ciudad de México —una de las principales banderas de la administración— debe analizarse con cautela, pues la carencia de evidencia es uno de los pendientes que tienen todos los gobiernos en México, particularmente el de la Ciudad de México.

Deuda con los desaparecidos

El análisis evidencia que la Ciudad de México enfrenta pendientes críticos en materia de seguridad, donde los enterramientos clandestinos en domicilios permanecen fuera de la narrativa, invisibilizados, sin un plan de intervención ni datos que permitan dimensionar su alcance. El primer informe de Brugada, por tanto, llega en un contexto en el que la narrativa oficial y la realidad cotidiana muestran tensiones que el Gobierno aún no ha logrado resolver.

Otro foco crítico identificado por el especialista es la incapacidad de la Ciudad de México para gestionar adecuadamente los conflictos durante las protestas, un tema central dada la frecuencia de manifestaciones en la capital y los hechos registrados durante la pasada marcha del 2 de octubre, en conmemoración de los 57 años de la matanza de Tlatelolco, donde 94 policías resultaron heridos.

“Eso revela claramente un deterioro en las capacidades para lidiar con los movimientos sociales y con menor capacidad, por supuesto, de abordar el conflicto con una perspectiva de derechos humanos”, señaló Vargas, destacando que la capital tiene la responsabilidad de establecer protocolos efectivos de seguridad y justicia que respeten los derechos de los manifestantes y de la población no participante, sobre todo porque la capital marca un ejemplo de acción para el resto de los estados.

Este balance apunta a un primer año de gobierno con avances medibles en ciertos delitos de alto impacto y en la articulación de esfuerzos institucionales, pero con retos pendientes que incluyen el control de la extorsión, la violencia política, la gestión de protestas y, de manera crítica, la atención a desapariciones y fosas clandestinas. El informe de Vargas permite visibilizar que detrás de los números oficiales existen múltiples capas de complejidad que la administración de Clara Brugada deberá enfrentar para consolidar un sistema de seguridad efectivo y con resultados sostenibles en la capital del país.

Este viernes 10 de octubre, las oficinas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se quedaron sin telefonía fija y sin internet debido a un adeudo en el pago por la prestación de estos servicios a la empresa Administraciones Kasai, SA de CV. 

Pese a que ambos servicios fueron reestablecidos parcialmente alrededor de las 3 de la tarde, la empresa retiró parte de los equipos que tiene instalados en las diferentes áreas de la dependencia del deporte, según dijo a Proceso un grupo de empleados que informaron sobre la situación y se quejaron del mal desempeño del director de Planeación y Tecnologías de Información, Carlos Alberto García López, un licenciado en Administración que llegó a la Conade para realizar su servicio social y después fue contratado.

Nuevamente se desató la polémica en la familia de la 4T. Esta vez fue la revelación de 13 ranchos en poder de José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente, que constan en su declaración patrimonial.

De acuerdo con el periodista Audelino Macario, ocho de esas propiedades fueron adquiridas mientras AMLO predicaba contra la corrupción y el apego al dinero durante el sexenio anterior, por las que el ahora secretario de Gobierno de Tabasco habría pagado, de contado y en efectivo, un total de 6.9 millones de pesos.

La información fue recopilada por Audelino Macario de la declaración patrimonial del hermano de AMLO presentada el 9 de mayo de 2025 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco. 

Según ese documento oficial, López Obrador posee 13 inmuebles rústicos (ranchos) con una extensión aproximada de 600 hectáreas, adquiridos entre 1992 y 2023.

No todos los nuevos ricos de la #4T viajan a Tokio ni compran relojes caros u obras de arte. Hay quienes quieren pasar desapercibidos, y coleccionan ranchos.
El secretario de Gobierno de #Tabasco, José Ramiro López Obrador, por ejemplo, declara en Transparencia ser propietario de… pic.twitter.com/t6LDLULSxQ

— Audelino Macario (@audelinomacario) October 10, 2025

Ocho de ellos se compraron durante el sexenio de su hermano (2018-2024), incluyendo seis entre diciembre de 2019 y marzo de 2023. Durante ese período, el también conocido como “Pepín” sólo tuvo un empleo formal: subsecretario de Gobierno con Adán Augusto López, puesto en el que duró 22 meses.

Además, declara 694 cabezas de ganado valoradas en 10.4 millones de pesos (adquiridas en marzo de 2024) y bienes como tractores y una camioneta, todo financiado aparentemente con su salario como subsecretario y secretario de Gobierno de Tabasco (alrededor de 89 mil pesos mensuales netos en 2024-2025), sin otros ingresos reportados.

José Ramiro López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador salió dueño de 13 ranchos en Tabasco, la mayoría adquiridos durante la presidencia de su hermano. ESTO ES UN ESCÁNDALO. Aquí va el hilo con CADA 1 de los predios. pic.twitter.com/CRAqVyvMFg

— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) October 11, 2025

Audelino Macario considera como “extraño” que José Ramiro haya adquirido un tractor de 1.2  millones de pesos  mientras coordinaba la campaña a la gubernatura de Javier May, cuado acudió a la agencia Massey Fergurson ubicada frente a la Plaza Altabrisa en Villahermosa para comprar el tractor del año, cuando declara tener ningún otro ingreso, ni empresa, más que su cargo actual.

Posteriormente, el periodista Jorge García Orozco, colaborador de este medio, publicó un hilo de X con el desglose de la propiedades, entre las que destacan un “predio rústico” de 150 mil metros por el que supuestamente pagó 1 millón 200 mil pesos en 2020, en el sexenio de AMLO. 

Así como otro rancho de 390 mil metros cuadrados adquirido en 2023, por 3 millones de pesos, también durante el sexenio de su hermano. 

Hasta el sábado por la mañana no existe registro de que José Ramiro haya respondido a las críticas por el origen de estos fondos o la incongruencia con el discurso de austeridad de Morena.

📍#Tabasco | "El dinero y la preñes no se pueden ocultar", refirió Luis Felipe Graham en torno a que el secretario de gobierno José Ramiro López Obrador presuntamente habría adquirido ranchos durante el mandato presidencial de su hermano Andrés Manuel López Obrador. pic.twitter.com/FSer8fiaxW

— XEVA TABASCO (@XEVATabasco) October 11, 2025

Quien sí opinó al respecto fue el exsecretario de Salud, Luis Felipe Graham, quien acaba de pasarse del PVEM a MC: “Lo único que puedo decir es que el dinero y la preñez no se pueden ocultar. Él tendrá que demostrar cómo adquirió esos ranchos, en caso de que sea cierto”, dijo a la estación de radio XEVA.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, evadió responder la pregunta expresa de EMEEQUIS sobre si hubo un estudio del historial de accidentes en el Distribuidor Vial de La Concordia, previo al accidente de la pipa que le costó la vida a 31 personas.

ACCIONES PREVENTIVAS, NO HISTORIA DE ACCIDENTES

Durante la conferencia de prensa realizada el 10 de octubre, la fiscal dijo que, más allá del historial de accidentes y de las condiciones de la vialidad, lo importante son las normas que se busca implementar para prevenir nuevos accidentes.

“Se hacía mención de si se hicieron investigación de sucesos anteriores, y de aquí menciono el tema de la importancia de las acciones que se van a realizar, dependientes del proceso penal, las acciones de no repetición, por eso creemos que es tan importante tener claridad, no sólo de las causas, inmediatas, sino mediatas y creo que es muy importante, ahora se están haciendo reformas en relación a la regulación, se podrían hacer preguntas de deben los vehículos circular a tal velocidad, deben de circular en este tipo de vías, preguntas que se deben hacer en otro hábito”, expresó.

En un nuevo giro, la fiscal señaló que el conductor no cumplió con los exámenes de seguridad, como el examen de confianza de la Secretaría de Comunicación y Transporte, así como distintos puntos de la reglamentación para vehículos pesados, incluyendo los descansos requeridos de 30 minutos entre viajes. Por ello, se fincó responsabilidades a la empresa Silza, que, según Alcalde, podrá controvertir los resultados de la investigación.