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Estigmatización contra Carlos González se produce en un contexto de creciente criminalización de defensores indígenas: FLD

Las declaraciones de la diputada Judith Vanegas contra el abogado del Congreso Nacional Indígena (CNI) Carlos González García se producen «en un contexto de creciente estigmatización y criminalización de los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas que trabajan para proteger a sus comunidades y salvaguardar sus derechos ancestrales sobre la tierra en México», denunció la organización Front Line Defenders.

En un comunicado, la organización manifestó su preocupación ante los comentarios que Vanegas, diputada de Morena por Tláhuac y Milpa Alta, realizó el pasado 30 de octubre en la transmisión de una reunión de trabajo entre el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Estudios Prospectivos de la Ciudad de México y otras autoridades.

Durante su intervención, Vanegas «aprovechó la oportunidad para hacer comentarios estigmatizantes contra el defensor de derechos humanos, Carlos González García», entre ellas la acusación de que es un «“enemigo histórico de todo lo que se intenta hacer” (por parte del gobierno), alegando que incita a los pueblos y comunidades indígenas», resumió FLD.

La diputada también se refirió al trabajo de González en contra de los proyectos de la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México y afirmó que «sí, tenemos que ver esto», en referencia al defensor. «Además, declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum “sabe quién es él, sabe que se va a levantar”, dando a entender que lo considera un obstáculo para los proyectos del gobierno», declaraciones que, aseguró la organización, «se hicieron claramente en el contexto del trabajo de Carlos González García como defensor de los derechos humanos».

FLD aseguró que los comentarios de Vanegas contribuyen a crear «un ambiente de estigmatización» contra Carlos González García, lo que constituye una amenaza para su trabajo como defensor y aumenta el riesgo «para su vida, integridad y seguridad, especialmente tomando en cuenta el contexto de alto riesgo en el que sigue trabajando, en particular en Milpa Alta, donde las comunidades a las que Carlos García acompaña como abogado se enfrentan a riesgos debido a disputas territoriales y las crecientes presiones urbanísticas e inmobiliarias que amenazan las tierras comunales indígenas».

La organización urgió a las autoridades cesar toda estigmatización en contra González García y que se reconozca públicamente su labor de defensa de derechos humanos, así como que se adopten las medidas «necesarias y urgentes» para garantizar que los funcionarios del gobierno «se abstengan de emitir declaraciones públicas que estigmaticen la labor de defensa de derechos humanos», especialmente de los defensores de la tierra, territorio y de pueblos indígenas.

Finalmente, FLD llamó a que se garantice en todas las circunstancias que las personas defensoras de derechos humanos en México lleven a cabo su labor «de manera legítima, sin temor a represalias y sin restricciones».

COMUNICADO:

El 30 de octubre de 2025 la diputada de Morena por Tláhuac y Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia realizó declaraciones estigmatizantes en contra del defensor de derechos humanos y abogado de luchas indígenas, Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Carlos Gonzalez García es un defensor de derechos humanos de México, abogado de comunidades indígenas, fundador e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI). Es uno de los abogados más reconocidos en el sector agrario y ha apoyado a las comunidades en diversos procesos de resistencia indígena contra el despojo, los megaproyectos y la violencia estructural. Ha sido el abogado durante muchos años de las comunidades de Milpa Alta, en la Ciudad de México.

El 30 de octubre de 2025, se transmitió en la página oficial de Facebook del Congreso de la Ciudad de México una reunión de trabajo entre el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Estudios Prospectivos de la Ciudad de México y otras autoridades, en donde se abordó la planeación territorial de la ciudad. Sin embargo, durante esa reunión, la diputada de Morena Judith Vanega Tapia aprovechó la oportunidad para hacer comentarios estigmatizantes contra el defensor de derechos humanos, Carlos González García. Se refirió al defensor de derechos humanos como “enemigo histórico de todo lo que se intenta hacer” (por parte del gobierno), alegando que incita a los pueblos y comunidades indígenas. Judith Vanega también se refirió a su trabajo en contra de los proyectos de la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, afirmó que “sí, tenemos que ver esto”, refiriéndose al defensor. Además, declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum “sabe quién es él, sabe que se va a levantar”, dando a entender que lo considera un obstáculo para los proyectos del gobierno (estas declaraciones se hicieron claramente en el contexto del trabajo de Carlos González García como defensor de los derechos humanos).

Estos comentarios contribuyen a crear un ambiente de estigmatización contra Carlos González García, lo que constituye una amenaza para su trabajo como defensor de los derechos humanos. También aumentan el riesgo para su vida, integridad y seguridad, especialmente tomando en cuenta el contexto de alto riesgo en el que sigue trabajando, en particular en Milpa Alta, donde las comunidades a las que Carlos García acompaña como abogado se enfrentan a riesgos debido a disputas territoriales y las crecientes presiones urbanísticas e inmobiliarias que amenazan las tierras comunales indígenas. Los comentarios se producen también en un contexto de creciente estigmatización y criminalización de los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas que trabajan para proteger a sus comunidades y salvaguardar sus derechos ancestrales sobre la tierra en México, una tendencia que ha sido ampliamente documentada por Front Line Defenders.

Front Line Defenders expresa su preocupación por los comentarios que estigmatizan al defensor de derechos humanos Carlos González García. Front Line Defenders expresa su preocupación que estas declaraciones puedan deslegitimar su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Front Line Defenders recuerda la obligación de las autoridades mexicanas de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y generar un ambiente libre de agresiones para el ejercicio pleno de su labor.

Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades mexicanas a:

1. Cesar toda estigmatización en contra del defensor de derechos humanos, Carlos González García y que se reconozca públicamente su labor de defensa de derechos humanos.

2. Que se adopten las medidas necesarias y urgentes para garantizar que las y los funcionarios del gobierno se abstengan de emitir declaraciones públicas que estigmaticen la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de las personas defensoras de la tierra, territorio y de pueblos indígenas.

3. Que se garantice en todas las circunstancias que las personas defensoras de derechos humanos en México , especialmente de quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas, tierra y territorio puedan llevar a cabo su labor de manera legítima, sin temor a represalias y sin restricciones.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputada señala y criminaliza a Carlos González, abogado y defensor del CNI

Comuneros y comuneras de San Pedro Atocpan y el Nodo de Derechos Humanos (Nodho) denunciaron la criminalización y amenazas por parte de Judith Vanegas Tapia, diputada de Morena por Tláhuac y Milpa Alta, contra el abogado y defensor del Congreso Nacional Indígena (CNI) Carlos González, a quien llamó «enemigo histórico» y acusó de estar «atrás del movimiento en contra de la Doctora Claudia».

Tras la presentación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva sobre su plan para diseñar el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), señalados como instrumentos de despojo por los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, Vanegas Tapia dijo que «atrás de todo esto va a salir el nombre de Carlos González García […], enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer […]. Fue a levantar pueblos y barrios […], él estuvo atrás del movimiento en contra de la Doctora Claudia [Sheinbaum], que en ese momento era nuestra jefa de gobierno».

En un comunicado, los comuneros de Atocpan se dirigieron a la diputada para esclarecer que González ha estado en el movimiento contra el PGOT y el PGD «porque hasta la fecha es el asesor jurídico de San Pedro Atocpan» y que «en ningún momento» fue «‘a levantar a los pueblos y barrios originarios’ y mucho menos ‘estaba atrás del movimiento en contra de la Doctora Claudia'».

«Diputada Judith Venegas, los comuneros y comuneras de Atocpan queremos aclarar lo siguiente: Cuando usted fue alcaldesa de Milpa Alta por parte de Morena nunca tuvo la capacidad y disposición de entablar diálogo con los comuneros respecto al PGOT y PGD. Por su negatividad y por cerrarnos las puertas de la alcaldía, se tomó la decisión de bloquear la carretera Federal Xochimilco-Oaxtepec en diciembre del 2022. Expresamos que fue un movimiento emanado totalmente de la Asamblea Comunal, donde participaron los comuneros y comuneras de los nueve pueblos de la Comunidad Agraria de Milpa Alta», explicaron los comuneros, que responsabilizaron a Vanegas «de lo que le pueda pasar» a González.

Por su parte, el Nodo de Derechos Humanos denunció que Vanegas presentó la lucha en defensa del territorio de Milpa Alta «como si fueran actos delincuenciales» y «trató de torcer la historia de Carlos González», quien entre sus labores como defensor y abogado ha apoyado a los pueblos contra los planes gubernamentales de reordenamiento territorial.

Con su declaración Vanegas, agregó el Nodho , expuso la integridad de González «y abriendo la puerta a que sea criminalizado, agredido y tratado como delincuente cuando su trayectoria ha sido justamente la de caminar a lado de los pueblos y en contra de intereses mezquinos, extractivistas y racistas».

«En un contexto como el que vivimos en México las campañas de estigmatización y criminalización abren paso a la ejecución de graves crímenes, por lo que es necesario estar alertas y dejarle muy claro al poder que si desde su perspectiva los pueblos que defienden el territorio, los derechos humanos y colectivos, y el común son enemigos, entonces somos muchos y muchas los enemigos del despojo, el saqueo, la simulación y la política dearrollista-racista a la que le ha dado continuidad la autodenominanda 4T», finalizó el Nodho.

Comunicado del Nodho:




Los proyectos de Plan General de Desarrollo (PGD) y Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) del Congreso han sido denunciados por los pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México por contribuir al despojo territorial y afectar la viabilidad ambiental, así como los bosques y el agua de la capital.

COMUNICADO DE ACTOPAN:

COMUNICADO DE COMUNEROS Y COMUNERAS DE SAN PEDRO ACTOPAN RESPECTO A LAS DECLARACIONES DE LA DIPUTADA LOCAL JUDITH VANEGAS

A LA OPINIÓN PÚBLICA.

A LOS NUEVE PUEBLOS COMUNEROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA Y AGRARIA DE MILPA ALTA

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y DEL PAIS.

Durante una Mesa de Trabajo del dia 30 de octubre del 2025, que fue transmitida por medio de la página de Youtube del Congreso de la Ciudad de México. A partir del minuto 44, la Diputada de Morena, JUDITH VANEGAS TAPIA, CRIMINALIZÓ Y AMENAZÓ AL LICENCIADO CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA, asesor juridico del pueblo de San Pedro Atocpan.

Diputada Judith Venegas, los comuneros y comuneras de Atocpan, queremos aclarar lo siguiente: Cuando usted fue alcaldesa de Milpa Alta por parte de Morena, nunca tuvo la capacidad y disposición de entablar diálogo con los comuneros, respecto al PGOT y PGD. Por su negatividad y por cerrarnos las puertas de la alcaldía, se tomó la decisión de bloquear la carretera Federal Xochimilco-Oaxtepec en diciembre del 2022. Expresamos que fue un movimiento emanado totalmente de la Asamblea Comunal, donde participaron los comuneros y comuneras de los nueve pueblos de la Comunidad Agraria de Milpa Alta.

Dicho lo anterior, queremos esclarecer que el licenciado Carlos González Garcia, en ningún momento nos vino a «LEVANTAR A LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS» y mucho menos, «ESTABA ATRÁS DEL MOVIMIENTO EN CONTRA DE LA DOCTORA CLAUDIA, QUE EN ESE MOMENTO ERA NUESTRA JEFA DE GOBIERNO», como usted lo ha expresado. EI licenciado Carlos estuvo presente porque hasta la fecha, es el asesor juridico de San Pedro Atocpan.

Diputada Judith Venegas Tapia, los comuneros y comuneras de San Pedro Atocpan en defensa del Deportivo Comunal Potzuntla (El Polvorin), denunciamos y la responsabilizamos de lo que le pueda pasar a nuestro asesor juridico, licenciada Carlos González García. Por decir: «Que atrás de todo esto, no sé si viva, no sé sino viva, pero va a salir y ustedes lo verán el nombre, y anotenlo de una vez. Si enserio, se llama el licenciado Carlos González Garcia que ha sido enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer».

San Pedro Atocpan, Milpa Alta, CDMX, a 31 de octubre del 2025

Atentamente Comuneros y Comuneras de San Pedro Atocpan

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: 

Acusan a David Monreal, gobernador de Zacatecas de reprimir a defensoras

El pasado 8 de septiembre, durante la presentación del informe de gobierno de David Monreal Ávila, la colectiva de madres buscadoras «Sangre de mi sangre» denunciaron haber sufrido represión por parte de integrantes de la policía de tránsito, estatal y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ) de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, mientras se manifestaban de forma pacífica en un puente peatonal para visibilizar la crisis de desapariciones en la entidad.

Actualmente, el estado de Zacatecas está gobernado por David Monreal Ávila, quien pertenece al partido político de Morena y es hermano del exgobernador Ricardo Monreal Ávila, actual diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Es una de las entidades donde las personas se perciben inseguras, sobre todo en Fresnillo y Zacatecas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de julio de 2025.

Hay que recordar que Zacatecas se está caracterizando como una entidad que reprime a mujeres y defensoras durante sus protestas. Fue el 8 de marzo del 2024, durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, cuando se suscitó represión por parte de las fuerzas policiales quienes atentaron contra las manifestantes quienes acusaron brutalidad policial, que resultó en actos de tortura, detención ilegal, privación de la libertad y lesiones, integrantes de colectivas feministas señalaron que a pesar de la evidencia pública de estos actos represivos, siguen sin ver justicia, pues ninguna autoridad ha sido sancionada hasta el momento.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al corte del 9 de septiembre de 2025, la entidad ya sumaba 7 mil 984 desapariciones de personas (localizadas y no localizadas) de las cuales 2 mil 214 fueron mujeres y 5 mil 770 hombres. En adherencia, Red Lupa determinó que son los municipios de Río Grande, Fresnillo, Jerez, Guadalupe y Zacatecas, los lugares de mayor incidencia en el estado.

Ante este panorama y debido al Cuarto Informe de Gobierno del gobernador David Monreal Ávila, la colectiva «Sangre de mi sangre» decidió realizar una manifestación pacífica en el puente peatonal ubicado en el bulevar Héroes de Chapultepec, en Ciudad Administrativa. Ahí colocaron un tejido color rojo, la cual se trata de un símbolo hecho a través de la técnica ancestral del bordado.

Sin embargo, en un video publicado por Cristela Trejo Ortiz en Facebook se pudo observar cuando los elementos de seguridad llegaron a la estructura para quitar la protesta de las integrantes del colectivo. El argumento principal fue que podrían ocasionar un accidente a los automóviles que pasaban por la vía; sin embargo, en ningún momento se obstruyeron las señalizaciones viales.

Mientras que las mujeres intentaron hablar con un oficial de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ) de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, comenzaron a retirar el material colocado como fichas de búsqueda y a empujar a las manifestantes. De acuerdo con la colectiva, pese a las suplicas de las mujeres por el derecho a la libre manifestación y el derecho a la protesta, los elementos las encapsularon, insultaron y amenazaron.

Además, se documentó que se llevaron más de 50 metros cuadrados de tejido rojo en la camioneta 4248 de la policía de vialidad del estado generando un impacto emocional, ya que se trata del trabajo de más de tres años en el que colaboraron familias de personas desaparecidas de Zacatecas como parte de la creación de una herramienta de memoria, cambio y concientización.

Las madres buscadoras son una de las figuras más incomodas para el Estado mexicano, ya que confrontan a las autoridades en cuanto a la crisis de desapariciones forzadas. Las agresiones en su contra se relacionan con su labor de acompañamiento a otras víctimas, así como con las denuncias de corrupción e impunidad, lo que las convierte en blanco de múltiples riesgos.

Zacatecas y David Monreal

Siguiendo el Cuarto Informe de Gobierno, en el Año del Bienestar en Zacatecas, el cual abarca el 2025, se informó que la entidad destinó $32 millones 412 mil 325 pesos en materia de búsqueda de personas para la búsqueda forense con identificación humana e infraestructura para fortalecer la Comisión Local de Búsqueda a través de la adquisición de vestimenta táctica, vehículos, equipo tecnológico, insumos para identicación humana, adecuaciones y puesta en marcha del Centro de Resguardo Temporal de Cadáveres del Estado.

También se informó de la Primera Jornada de entrevistas ante mortem y post mortem, donde se tomaron muestras para la obtención de perfiles genéticos en los municipios de Río Grande, Fresnillo y Zacatecas para ser llevadas al Centro Nacional de Identificación Humana.

En adherencia, se realizó la construcción del Centro de Resguardo Temporal de Cadáveres del Estado de Zacatecas, una obra que busca garantizar condiciones dignas en el manejo de los cuerpos y mejorar los servicios de salud pública y seguridad en la región.

Sin embargo, uno de los temas pendientes en Zacatecas es la violencia generada por el crimen organizado, el cual está estrechamente vinculado con las desapariciones forzadas y violencia feminicida.

En tan solo seis meses, el estado de Zacatecas ha acumulado dos asesinatos de madres buscadoras, el más reciente ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando fue reportado el feminicidio de Aida Karina Juárez Jacobo. El gobernador zacatecano David Monreal Ávila, presumía en sus redes sociales: «Desde el municipio de Nochistlán hicimos entrega de equipamiento y patrullas para las policías municipales de la región sur. Fortalecer las corporaciones es fundamental para consolidar la pacificación; seguiremos trabajando de manera coordinada con este objetivo de paz». No hubo ningún pronunciamiento gubernamental por el caso.

Pese a este escenario, Zacatecas celebró, tras el informe de Claudia Sheinbaum, los avances en materia de seguridad que, según las autoridades, ha “logrado” el estado gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía. Desde mayo, incluso, han reiterado un supuesto cambio positivo en el Índice de Paz Positiva, que evalúa factores estructurales como el acceso a la justicia, el buen gobierno y los bajos niveles de corrupción.
“Zacatecas representa ahora un caso emblemático en la mejora de las condiciones de paz en México. Según el Instituto para la Economía y la Paz, su trayectoria puede servir como modelo para otras entidades, especialmente en el manejo del conflicto criminal en contextos de alto riesgo”. se lee en comunicado del gobierno de Zacatecas.
Estas afirmaciones se desmantelan con los hechos que enfrentan las madres buscadoras. En el caso de Karina Juárez, fue reportada como desaparecida el 26 de agosto pasado, pero dos días después fue hallada sin vida en San Luis Potosí, estado colindante con Zacatecas. Ella había comenzado la búsqueda de su hija de 26 años, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, el 28 de junio de 2025. Inmediatamente se unió al colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, pero hasta el momento no se tiene rastro alguno de su hija.

Tras hallar el cuerpo de Karina Juárez, Rodríguez Reyes Muguerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, anunció que el probable responsable de este hecho ya había sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Además, se informó que sería la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz la encargada de ofrecer mayores detalles, incluyendo las líneas de investigación de la Fiscalía. No obstante, hasta ahora dicha instancia no ha emitido información alguna.

Las contradicciones aumentaron cuando las autoridades zacatecanas reiteraron su colaboración con el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, la fiscal potosina, García Cázares, aseguró tras estas declaraciones que aún no existía un diálogo conjunto, lo que puso bajo la mira la falta de coordinación real entre ambos estados.

Ante ello, La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pronunció su consternación sobre los hechos, además exhortaron a las autoridades a seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

Este caso de feminicidio tiene otro precedido de forma reciente. Seis meses antes del asesinato de Aida, en febrero de 2025, fue asesinada otra madre buscadora: Sofía Raygoza Ceballos, encontrada sin vida dentro de un automóvil en la comunidad de Felipe Ángeles, municipio de Villanueva, a 100 kilómetros al suroeste de la capital zacatecana, de acuerdo con datos registrados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

En 2023, Sofía había reportado la desaparición de su hija, Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida meses después tras haber permanecido secuestrada. Aunque la fiscalía aseguró que el asesinato de Sofía no estuvo relacionado con su labor, el Centro ProDH sostiene que durante ese tiempo se convirtió en una voz incómoda para las autoridades al cuestionar públicamente los protocolos y métodos de la fiscalía.

En un acto público, Sofía encaró al entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar, y le exigió que ordenara la búsqueda de su hija:

“Mi hija está desaparecida, no nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan. Tiene una bebé de seis meses que la está esperando. Estoy destrozada porque esa niña no hace nada malo. Lo único que pido es justicia y que hagan algo por todos los desaparecidos”.

Más hechos violentos

De acuerdo con el informe «Violencia criminal en México en la postpandemia», el estado ha registrado varios episodios que constituyen en escenas públicas de terror.

Por ejemplo, en junio de 2020 se reportó una masacre cuando se localizaron 15 cuerpos en la carretera federal de Fresnillo hacia Durango, el cual fue adjudicado a un cartel En consecuencia, el entonces gobernador del PRI, Alejandro Tello (2016-2021) solicitó al gobierno federal ayuda para enfrentar la situación y se enviaron a 4 mil 778 integrantes de la Guardia Nacional a militarizar el territorio.

De acuerdo con el texto, bajo el gobierno de David Monreal (2021-2026) la guerra y deshumanización de cuerpos se ha intensificado. El 18 de noviembre de 2021 se encontraron 9 cuerpos en una carretera federal del municipio de Cuauhtémoc en la frontera con Aguascalientes. Otro hecho similar ocurrió frente a Palacio de Gobierno el 7 de enero de 2022.

Más tarde, en noviembre de 2022, cuando el gobierno estatal anunciaba el primer año del Plan Zacatecas II con el que la Mesa de Seguridad y Paz aseguró la disminución de los asesinatos en la entidad, ocurrió el asesinado del primer General de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa durante un operativo en los Pino, Zacatecas, en la frontera sur con San Luis Potosí.
«Todas estas escenas han ido acrecentando un escenario de guerra en el estado, volviéndose comunes los videos en redes sociales de grupos armados patrullando las carreteras y municipios, realizando ejecuciones, amedrentando a la población y reafirmando su capacidad bélica. Al mismo tiempo, paradójicamente, el estado ha sido sitiado por militares, las ciudades y las zonas rurales presencian la escenificación de la guerra con cuerpos militares altamente armados.» -Informe «Violencia criminal en México en la postpandemia»
FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Frayba denuncia más de 51 incidentes de acoso e intimidación en contra de sus integrantes

El colectivo de Derechos Humanos denuncia que las autoridades mexicanas no han proporcionado medidas de protección efectivas ni han investigado los ataques.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) emitió una denuncia urgente, señalando que ha documentado más de 51 incidentes de acoso, intimidación y vigilancia en los últimos 11 meses contra sus integrantes, incluyendo a su directora, Dora Lilia Roblero García. 

A pesar de la gravedad de la situación, el colectivo de Derechos Humanos denuncia que las autoridades mexicanas no han proporcionado medidas de protección efectivas ni han investigado los ataques.

La organización ha denunciado que la casa de la directora fue allanada en la noche del martes 22 de julio de 2025. 

En un pronunciamiento, refiere que desde 2010, el personal del Frayba cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigen al Estado mexicano tomar acciones para garantizar su seguridad.  

No obstante, el centro afirma que estas medidas no han sido suficientes para salvaguardar su integridad. 

Por lo que el organismo solicita a las distintas organizaciones de la sociedad civil y colectivos del mundo que incorporen a su agenda de trabajo el seguimiento de las omisiones del Estado Mexicano.  

Exhorta a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida e integridad de la defensora de derechos humanos y de todo el personal del Frayba.  

Asimismo, insta a que se investiguen de manera exhaustiva y transparente todos los incidentes denunciados, garantizando que los responsables sean llevados ante la justicia. 
“La protección de los defensores de derechos humanos es una obligación del Estado mexicano. Confío en que se tomarán las acciones necesarias para asegurar un entorno seguro para su invaluable labor”, apuntó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Detención de García Villagrán es para deslegitimar a quienes defienden DDHH de migrantes: ONG

La aprehensión de García Villagrán se inscribe en un “patrón de criminalización y hostigamiento” contra quienes defienden y acompañan a personas migrantes y refugiadas, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como el que se vive en la frontera sur, denunció el colectivo.

El Colectivo Monitoreo-Frontera Sur, conformado por diversas organizaciones civiles, manifestó su preocupación por la reciente detención del defensor de derechos humanos Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., conocido por su labor en defensa de personas migrantes en el sur de México. 

La detención de García Villagrán se inscribe en un “patrón de criminalización y hostigamiento” contra quienes defienden y acompañan a personas migrantes y refugiadas, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como el que se vive en la frontera sur, denunció el colectivo en un comunicado.
“La detención de Luis no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática que busca deslegitimar la labor de quienes exigen respeto a los derechos humanos en el contexto migratorio”, señalaron. 
El Colectivo, integrado por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Servicio Jesuita a Migrantes, Red Jesuita con Migrantes - México, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – Francia (MdM), entre otras, exigen la liberación inmediata de García Villagrán y que se garantice su integridad física y legal. 
“Nos preocupan, además, las declaraciones realizadas en la conferencia presidencial de hoy miércoles, que atentan contra el principio de la presunción de inocencia, por lo que exigimos que se garantice el debido proceso y la integridad de Luis García Villagrán, quien es beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2019 por los riesgos y ataques a su labor”. 
Afirman que el Estado mexicano ha adoptado una política de militarización y contención migratoria, subordinada a los intereses de Estados Unidos, que criminaliza la movilidad humana y a quienes la defienden.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Defensora de derechos humanos sufre 7 ataques en 2025. Aguascalientes falla en protegerla

Desde hace un año, la defensora Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, ha experimentado alrededor de siete ataques directos en su contra por el ejercicio de su labor como defensora de derechos humanos, el ultimo ocurrió el pasado 21 de julio en su domicilio y hasta el momento, las autoridades del estado no han podido asegurar su seguridad.

En entrevista para Cimacnoticias, la defensora expresó su preocupación ante la posibilidad que el último acto de intimidación en su contra se esté haciendo pasar como una actividad por parte de grupos de delincuencia organizada, por la forma en que se llevó a cabo y posteriormente las integrantes de la organización sean vinculadas de forma errónea con estos grupos.
«Sabemos que la delincuencia organizada en nuestro estado hace mucho que dejó de ser una organización que manda advertencias de este tipo. Las advertencias que vivimos en el occidente del país son ataques muy violentos y de forma directa. Entonces, nos preocuparía que alguien este tratando de intimidarnos desde la narrativa de que pudiera ser delincuencia organizada para generar este pánico en nosotras como defensores de derechos humanos» -Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.
Las mujeres defensoras están en constante peligro debido al ejercicio de su labor ya que tienen que ir o viven en lugares con altos índices de violencia; abordan temas de impunidad, injusticia y lucha social; acompañan a las familias o victimas generando un contacto de género; y a esto se suma el componente de género donde sufren violencia o tortura sexual y feminicidios.

Para dimensionar la situación, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció en su reciente reporte las siguientes agresiones en Mesoamérica de 2012 a 2024, las cuales se desglosan de la siguiente manera:
Defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente con 22.4%, defensoras a la verdad, justicia y reparación con 18.9%, defensoras a la información y libertad de expresión con 13.7%, defensoras a la participación política 10.4%, defensoras de las mujeres a una vida libre de violencia con 9.5%, defensora de derechos humanos con 6.5%, defensoras de las mujeres con 5.3%, defensoras de la educación con 3%, defensoras de las personas privadas de la libertad con 2.3%, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos con 1.8%, defensoras de la población LGBTQI+ con 1.7% y defensoras de los pueblos indígenas con 1.6%.
Desde hace 18 años, Mariana acompaña procesos de desapariciones, los cuales debido al contexto del estado están relacionados con el reclutamiento forzado o la delincuencia organizada. Aunque también atienden casos de violencias contra mujeres privadas de su libertad, tortura sexual, feminicidios derivados de violencia familiar que involucra a funcionarios públicos como agresores de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos. Por ello, ante el aumento en cantidad e intensidad de las agresiones, el Observatorio tuvo que activar los protocolos para reforzar la seguridad de las mujeres que acompañan.
«No nos vamos a silenciar, no tenemos miedo, nosotras miramos de frente. Estamos completamente seguras de que no estamos involucradas en algo que pudiera poner en riesgo ni a nosotras ni a nuestras compañeras ni a las a las familias ya sea de manera irregular o ilegal. Lo comentamos porque sabemos que en muchas ocasiones los agresores que están dentro de instituciones han buscado para criminalizar y deslegitimar a las defensoras en Aguascalientes.» -Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.
El castigo por defender los derechos humanos

La madrugada del lunes 21 de julio alrededor de la 1:30 de la mañana, la casa de Mariana fue allanada. Por medio de las cámaras de seguridad se pudo visualizar a cuatro personas encapuchadas quienes se detuvieron en su domicilio para aventar un objeto desconocido al interior.

A penas una semana atrás, Mariana acababa de regresar a su casa, después de tener que desplazarse por motivos de seguridad. Esa noche en particular, no se encontraba en lugar, ya que tuvo que salir.

Hasta el momento, la defensora no ha visitado el inmueble por lo que desconoce si el objeto que aventaron se trata de un mensaje para ella.

Una vez que se cometió la agresión, la defensora mandó el video a Seguridad Pública quien lleva el registro de las siete agresiones contra ella reportados ante el Mecanismo de Protección en el último año, además, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes activó los protocolos de seguridad por parte de la organización en defensa de mujeres privadas de su libertad para la que trabaja y de la cual es fundadora.

Esta no es la primera vez que alguien la ataca o intenta meterse a su domicilio. Mariana Ávila expresó que ella ha recibido diversas intimidaciones en su propio domicilio, desde amenaza de muerte, le han cortado el internet y los cables de luz, se han llevado las cámaras de seguridad y en junio del 2023, intentaron ingresar a su casa mientras ella estaba ausente, aunque no sufrió un robo sí registraron el lugar.

Asimismo, integrantes de la organización también han sufrido ataques de manera directa, en el último año y medio, uno de los abogados vivió una agresión en un semáforo después de presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Aguascalientes y unos minutos después fue interceptado por un grupo de personas que lo golpearon antes de que llegara a su domicilio.

El incendio en las oficinas del Observatorio, otro episodio de violencia

El pasado 20 de julio de 2025 se cumplió un año del incendio de una de sus oficinas del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, hechos que coincidieron con la denuncia que la defensora junto con su equipo realizaban por el caso Samantha Jennifer, quien continúa recluida en el Centro de Readaptación Femenil de Aguascalientes por un delito que no cometió, como documentó Cimacnoticias anteriormente.

El incidente ocurrió durante una rueda de prensa que se llevó a cabo a las 10 de la mañana. Ahí expusieron el caso de tortura sexual, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada por parte de agentes del estado hacia Samantha. En el foro señalaron a funcionarios presuntamente implicados, quienes siguen en activo y algunos otros que no están, pero estuvieron involucrados en el caso.

Alrededor de las 11:15 de la mañana, recibieron una llamada que alertaba sobre el incendio en una de sus tres oficinas, en la cual se dedicaban a comercializar productos de compañeras artesanas aprovechando que era un espacio compartido con un Foro Cultura que ofrece funciones por las noches de miércoles a domingo y cuenta con permisos de cafetería que el equipo del Observatorio aprovechaba para emprender con venta de comida.

Al revisar las cámaras de seguridad, se dieron cuenta que alrededor de las 11 de la mañana el equipo dejó de funcionar sin poder capturar lo que había pasado. El incendio en el inmueble provocó la pérdida total en la parte de abajo, aunque el fuego alcanzó el departamento de arriba y la estructura del inmueble quedó afectada.

Asimismo, Protección Civil y el cuerpo de bomberos no realizaron ningún dictamen del siniestro para que se pudiera iniciar una carpeta de investigación ante las autoridades. En cambio, fueron las mismas integrantes del Observatorio quienes tomaron fotografías de lo que pudieron para documentar el incendio en el inmueble.

Mariana compartió que a un año del incendio las autoridades no apoyaron en el levantamiento del dictamen para conocer cómo se consumió el negocio. Sin embargo, fue un mensaje claro de silencio para el Observatorio, ya que en los casos que acompañan están involucrados funcionarias y funcionarios que participaron en la elaboración y construcción de delitos contra personas inocentes como en el caso de Samantha Jennifer Fierro Delgado.

Las secuelas de la violencia

Para Mariana, el tener que mudarse tantas veces por las agresiones en su contra implica un desgaste emocional y físico, puesto que cada vez debe dejar su vida atrás y aumentar las medidas de seguridad para cuidarse todo el tiempo. Esta situación la lleva en varias ocasiones a no dormir ante la incertidumbre.

Sin embargo, ha encontrado una red de acompañamiento desde las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional y local, quienes la acompañan en el proceso de cuidado colectivo, sanación e incluso en la elaboración de protocolos de seguridad que incluyan la salud mental.
«Sabemos que la mayoría de las personas defensoras del país no cuenta con toda la red de protección y que debería de ser algo que se garantice para todas y cada una de nosotras, (…) eso es a lo que nos enfrentamos y es muy grave porque en realidad lo que estamos haciendo es posicionar la urgente necesidad de tener una vida digna y de tener acceso a todos los derechos para nosotras y para todas las demás» -Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.
Aunque actualmente Mariana cuanta con las medidas de seguridad proporcionadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como rondines por parte de la policía rosa estatal, botones de pánico, monitoreo, e infraestructura de seguridad; integrantes del Observatorio están intentando ingresar al mismo, ya que de las 16 integrantes de la organización solo 3 están dentro.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Asesinan al defensor ayuujk Arnoldo Nicolás Romero en Oaxaca

El defensor ayuujk Arnoldo Nicolás Romero fue hallado sin vida y con heridas de bala luego de cuatro días de haber sido desaparecido en Oaxaca, confirmaron organizaciones indígenas y de derechos humanos. Nicolás Romero era el comisariado ejidal de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de San Juan Guichicovi, donde se oponía a la imposición del Corredor Transístmico.

«Este asesinato no se da de manera aislada, sino en un complejo contexto de la región», señalaron las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de IPRI (Indigenous Peoples Rights International) en México, que enmarcaron la desaparición y homicidio de Nicolás Romero en las agresiones, desalojos y criminalización que se intensificaron en el municipio tras el desalojo del campamento «Tierra y Libertad», instalado en 2023 contra el megaproyecto del tren interoceánico, en Mogoñé Viejo.

El asesinato de Nicolás Romero se suma a la serie de agresiones a las que los pobladores del Istmo de Tehuantepec se enfrentan por defender su territorio, entre ellas la criminalización de 24 defensores que participaron en el plantón y de 17 personas de la comunidad binnizá de Puente Madera, que también se lucha contra la imposición de los parques industriales del Corredor Transístmico.

«Incluso se interpuso una sentencia de 46 años contra un representante indígena, que aunque fue revocada por las instancias pertinentes, representa un fuerte mensaje intimidatorio contra las personas indígenas que se han opuesto al megaproyecto o que hay presentado denuncias de fuertes repercusiones sobre la implementación», señalaron las organizaciones del IPRI en referencia al caso de David Hernández Salazar, defensor binnizá de Puente Madere criminalizado por su oposición al megaproyecto.

El IPRI señaló que el asesinato de Arnoldo «lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello», y urgió al Estado mexicano investigar el crimen y garantizar justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición hacia los familiares y la comunidad.

Finalmente, llamó a que las autoridades desarrollen un plan con las medidas de seguridad «necesarias y culturalmente adecuadas» para proteger la vida e integridad de la comunidad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra.

COMUNICADO:

A la opinión pública solidaria.

A los medios de comunicación.

A las instancias internacionales de Derechos Humanos.

A los Pueblos Indígenas de Oaxaca, de México y del Mundo.

Hermanas y hermanos.

El 21 de enero de 2025 fue encontrado sin vida y con heridas de bala el cuerpo de nuestro compañero indígena ayuuk Arnoldo Nicolás Romero, comisariado ejidal de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca,  quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero. Desde las organizaciones que integramos el Grupo Núcleo de IPRI en México expresamos nuestra profunda indignación por este asesinato junto con toda nuestra solidaridad para su familia y comunidad. Este asesinato no se da de manera aislada, sino en un complejo contexto de la región, ante ello queremos señalar un conglomerado de hechos que nos preocupan:

· En el municipio de San Juan Guichicovi se encuentra la agencia de Mogoñe Viejo, donde se instaló el campamento “Tierra y Libertad” como protesta por las violaciones de derechos humanos del Tren Interoceánico, este plantón fue desalojado el 28 de abril de 2023 por elementos de la Guardia Nacional, de la policía estatal y de la Secretaría de Marina.

· Como consecuencia de dicho desalojo fueron detenidas de manera arbitraria por 48 horas 6 personas que fueron puestas en libertad después de sendas protestas a nivel local, nacional e internacional.

· Además, existen denuncias penales contra 16 personas que participaron en ese plantón, sumadas a 17 personas criminalizadas de la comunidad de Puente Madera. Dentro de estas denuncias hemos conocido que incluso se interpuso una sentencia de 46 años contra un representante indígena, que aunque fue revocada por las instancias pertinentes, representa un fuerte mensaje intimidatorio contra las personas indígenas que se han opuesto al megaproyecto o que hay presentado denuncias de fuertes repercusiones sobre la implementación.

Desde los ocho estados donde nos encontramos las organizaciones firmantes manifestamos nuestra exigencia por justicia para el homicidio de Arnoldo. En otros comunicados hemos insistido en reconocer que las consecuencias de estos homicidios tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, también en las comunidades en su conjunto. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. El asesinato de Arnoldo como parte de la estructura indígena agraria del pueblo ayuuk de Buenavista lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello.

Exhortamos a la sociedad civil en su conjunto a estar atentas sobre la situación en el Istmo de Tehuantepec y, sumar esfuerzos para evitar la impunidad o el silencio que oculta la grave situación.

Finalmente, las organizaciones que integramos el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México recordamos al Estado mexicano su obligación de investigar este asesinato, otorgar justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición hacia los familiares y la comunidad. Exhortamos para que se desarrolle un plan con las medidas de seguridad necesarias y culturalmente adecuadas para proteger la vida e integridad de la comunidad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra.

Atentamente.

Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas);

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero);

Colectivo Emancipaciones (Michoacán);

Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla);

Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua);

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Yucatán); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco);

Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA (Oaxaca).

Voces del Territorio A.C.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desaparece abogada y defensora mixe que denunció a funcionarios en chat Sierra XXX

La abogada y defensora de derechos humanos mixe Sandra Estéfana Domínguez Martínez fue reportada como desaparecida, luego de cuatro días de que se le vio por última vez en San Juan Cotzocón, Oaxaca, entidad en la que denunció ciberacoso, violencia de género y la participación de funcionarios en el grupo de WhatsApp “Sierra XXX”, donde se compartían fotografías íntimas de mujeres indígenas.

De acuerdo con la ficha de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la abogada mixe de 38 años fue vista por última vez el pasado 4 de octubre junto con su esposo, quien también se encuentra desaparecido. Su camioneta fue hallada a orillas de la carretera en los límites de Oaxaca y Veracruz.