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Gobierno de Jalisco reconoce por primera vez su “responsabilidad institucional” en desapariciones

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación de la CNDH, que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.

El gobierno del estado de Jalisco reconoció por primera ocasión su “responsabilidad institucional en la violación de los derechos humanos de víctimas directas e indirectas de las desapariciones”, en específico por un caso de desaparición en el que hay 4 víctimas involucradas ocurrido hace 15 años, el 30 de septiembre de 2010. 

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad, y a la integridad personal, atribuibles a servidores públicos de los estados de Jalisco y Zacatecas, ya que las víctimas desaparecieron en las fronteras estatales de estos estados.

María Natividad Guerrero Serrano madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero manifestó insatisfacción por la forma en la que se efectuó el acto, ya que inicialmente se pusieron muchas restricciones, la negativa inicial para que estuviera presente el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, y porque el acto se canceló en tres ocasiones previas por la falta de difusión pública del evento, y la imposibilidad de dar la palabra a algunos invitados, y representantes de la ONU-DH y del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD).  

Además de que se quisiera impedir inicialmente que su nieto, Diego Aristóteles Enciso Cruz, leyera una carta en la que habló del impacto personal por la desaparición de sus padres: Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez y de dos amigos de sus progenitores, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz. 

“Hoy 14 de agosto del año 2025, estoy frente a ustedes haciendo una exigencia por verdad, justicia y dignidad. Hoy debería ser un día en el que demos un paso hacia la justicia por el caso de la desaparición de mi hija Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, y mi yerno Luis Ramón Enciso Ramírez y otras dos personas desaparecidas.

“El 30 de septiembre del 2010 en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Hoy se deberían reconocer por parte de la Fiscalía por primera vez en Jalisco las graves omisiones en la búsqueda e investigación que debieron de ser inmediatas y exhaustivas para localizar con vida a Dalia y Luis y las otras dos personas. Así como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra contra. Iba a ser un evento digno que venimos construyendo con promesas.

“Sin embargo, me llena de profunda tristeza la forma en la que ha sucedido este proceso que ha implicado la realización este evento para nosotras, las familias, que, en lugar de ser escuchadas, hemos sido ignoradas, y muy desgastadas sin respetar los acuerdos que generamos por la Fiscalía y particularmente por Vicefiscalía de Derechos Humanos, quien desde el inicio del proceso hasta hoy dejó de lado necesidades de las víctimas de las víctimas”, reclamó la señora Natividad”. 

El evento, realizado este el 14 de agosto de 2025 en el patio de Los Naranjos del Palacio de Gobierno. Inicialmente se había negado el acceso a la prensa, pero tras la presión de los familiares, sobre todo de la señora Natividad. se permitió el ingreso al salón a los periodistas. Sin embargo, los diputados: Tonantzin Cárdenas Méndez de Futuro y el diputado del PT, Leonardo Almaguer no pudieron ingresar y se quedaron inconformes en la puerta. 

Los familiares y víctimas indirectas que estuvieron presentes son: María Natividad Guerrero Sedano, Ernesto Cruz Moreno, Diego Aristóteles Enciso Cruz, Ramón Enciso García, Jesús Naranjo Cervantes, Miriam Janeth Naranjo García, Fidel Sedano Sandoval, María Teresita de Jesús Vilchiz Verduzco, Rosalina Michel Sedano Chávez y Azucena Guadalupe Sedano Chávez. 

Durante el acto las autoridades no mencionaron la palabra “disculpa”.  

“El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por violar los derechos de acceso a la justicia a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”, señaló el secretario general, Salvador Zamora Zamora. 

Durante entrevista posterior, Salvador Zamora señaló que no había necesidad de mencionar la palabra "disculpa" como tal, ya que consideró que el acto fue un reconocimiento institucional a las omisiones cometidas en 2010, respondiendo estrictamente a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, el secretario argumentó que para él si fue un acto de disculpas. 

El secretario Zamora aceptó adeudos pendientes con los hijos de las víctimas Dalia y Luis, relacionados con becas educativas y declaró que habló con la abuela al respecto y prometió que le dará seguimiento al pendiente. 

En el acto también estuvo presente Jesús Eduardo Villar Román, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH y el titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien dijo que hay un compromiso para fortalecer las acciones de investigación, prevención y coordinación con otras autoridades para evitar que hechos similares se repitan. 

Al final de cuentas la administración pública reconoció omisiones atribuibles a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y vulneraciones a los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.  

Los familiares de las víctimas expresaron su sentimiento de que el evento fue un “mero trámite y no un genuino esfuerzo de reparación del daño”. Rosalinda Michel Serrano, familiar de las víctimas, describió el proceso como “revictimizante”.  

Durante el evento familiares de personas desaparecidas efectuaron muestras de inconformidad con la actuación de las autoridades y expresaron las frases de exigencia que suelen efectuar en las marchas “vivos de los llevaron, vivos los queremos”. “¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hermanos, ¿dónde están?”. “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Hasta encontrarlos”. 

Por su parte, el representante Alan García Campos, de la oficina en México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista al finalizar el acto, resaltó que las disculpas públicas, son indispensables especialmente en casos de violaciones de derechos humanos, enfatizó la necesidad de la participación de las víctimas y de tomar medidas más allá de los gestos simbólicos.  

Subrayó que las acciones necesarias más allá de una disculpa pública incluyen: fortalecer las estrategias de búsqueda y localización; identificación certera; restitución digna (si las víctimas están fallecidas); garantías de no repetición; responsabilizar a todos los involucrados, no sólo a los ya sentenciados; e implementar marcos jurídicos efectivos. 

Alan García concluyó que se pueden aprender lecciones de esta y otras disculpas para mejorar el efecto simbólico de acciones similares futuras y su contribución a la curación de las víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Fallece mujer hondureña en penal de San Cristóbal de las Casas por presunta negligencia médica

La mujer que cumplía 40 años por el delito de homicidio, falleció, presuntamente, por falta de atención médica tras sufrir un ataque de asma.

Una mujer originaria de Honduras, que cumplía una condena de 40 años por el delito de homicidio, falleció el domingo en el penal de San Cristóbal de las Casas, presuntamente por falta de atención médica tras sufrir un ataque de asma.

La organización feminista Colectiva Cereza denunció que la mujer no recibió la atención médica oportuna por parte de las autoridades penitenciarias, lo que habría derivado en su muerte. A través de un comunicado, la agrupación señaló que este caso refleja las condiciones precarias de salud y la negligencia institucional dentro del sistema carcelario.

“La criminalización, la discriminación por origen nacional y la falta de acceso a servicios básicos como la salud, son parte de las múltiples violencias que viven las mujeres privadas de libertad”, manifestó la Colectiva.

Explicó que el domingo por la mañana, “Génesis se sintió mal y fue a la enfermería, pero no le dieron la atención adecuada, ya que no había medicamentos y sólo estaba una enfermera que no pudo valorar la urgencia y el alto riesgo de un ataque del asma crónico que padecía”.

La organización feminista, dedicada a acompañar legal y emocionalmente a mujeres en prisión, señaló que Génesis dejó de existir durante la tarde “por un paro cardio respiratorio; las custodias que tardaron en llegar, no hicieron varios avisos, pero no se mandan solas, hay alcaide y director responsables de la atención directa y del resguardo a las personas que se hayan bajo su custodia”.

Hace un año y medio, refirió la colectiva. la hondureña fue trasladada “ilegalmente” del penal de El Amate, en el municipio de Cintalapa, al de San Cristóbal de las Casas y el frío de la zona en la que está la cárcel -a más de 2 mil metros de altura- le afectó mucho, pero “si la hubieran atendido a tiempo no habría muerto”.

En El Amate “no había tenido este problema de salud tan grave” que estaba padeciendo, por lo que había insistido a las autoridades penitenciarias que la regresaran a la prisión anterior.

De acuerdo a la Colectiva, “la trasladaron de El Amate a San Cristóbal porque según la autoridad, lo autorizó un juez de control cuando ya tenía sentencia condenatoria y era el juez de ejecución el que debía autorizarlo”.

Afirmó que “ya estaba su causa junto a la de otra compañera en el juzgado de ejecución de San Cristóbal, pero el clima de los Altos de Chiapas, por el frío y la lluvia, le perjudicó mucho a Génesis empeorando su asma crónica; necesitaba un nebulizador que no se le proporcionó en el reclusorio como era su obligación, sino que ella con su trabajo adentro haciendo monederos y bolsas se lo compraba”.

La aseguró que Génesis, de aproximadamente 40 años, era una mujer amable y solidaria con sus compañeras y “si hubiera tenido otras condiciones en su vida no hubiera llegado a prisión”.

Informó que el cuerpo de la hondureña quedó a disposición de la Fiscalía Zona Altos para que se realicen la necropsia y otros peritajes, al tiempo que se abrió una carpeta de investigación; también quedó la camioneta del penal en la que llevaron a Génesis al hospital ya demasiado tarde.

La agrupación feminista, dijo que la necropsia confirmará la causa de su muerte, “pero es lógico que sea por la crisis de asma. Las compañeras dicen que estaba morada. Una crisis asmática es muy grave y requiere la aplicación inmediata de varios medicamentos por nebulizador”.

Cereza finalmente comentó que está intentando localizar a su familia en Honduras porque no sabe qué se hará con el cadáver, “pero el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la inhumación o repatriación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO

Caso Cassez-Vallarta visibiliza prisión preventiva: hay 39 mil 600 mujeres privadas de la libertad sin sentencia

La reciente liberación de Israel Vallarta Cisneros, luego de pasar los últimos 20 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, tras ser acusado de liderar una banda de secuestradores ha ocupado los titulares de la prensa nacional, no obstante, es necesario visibilizar que en el país hay 39 mil 608 mujeres quienes no tienen una sentencia y se encuentran privadas de su libertad.

Este dato es revelador y amerita una lectura de género porque son precisamente las mujeres quienes son más castigadas con la prisión preventiva oficiosa, esto de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEE) julio 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Una cifra que supera lo documentado en el 2022, donde se tenía especificado que había 6 mil 564 mujeres sin tener una sentencia o una revisión de sus casos, es decir, subieron exponencialmente.

Además, de acuerdo con una investigación de la organización Equis Justicia titulada Vidas en custodia: El castigo carcelario y su extensión a la familia, algunas de las mujeres privadas de su libertad como medida cautelar pueden esperar hasta 15 años para recibir una sentencia en nuestro país. 

En ese lapso de tiempo, las condiciones de reclusión someten a las mujeres presas al abandono de sus familias, la estigmatización, el hacinamiento y la falta de atención médica (entre muchas otras deficiencias del sistema penitenciario mexicano). De igual forma, pierden la posibilidad de ejercer derechos, como el derecho al voto, aún cuando no se ha comprobado su participación en actividades delictivas.

Este mismo censo arroja que existen 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad sin una sentencia en el país, de los cuales 39 mil 608 son mujeres y 30 mil 541 sn hombres. Asimismo, el desglose por el tipo de prisión preventiva indica que el 38% estaba en prisión preventiva justificada (31.2% de mujeres y 38.5% de hombres) y el 47% en prisión preventiva oficiosa (56.4% de mujeres y 46.2% de hombres).

Cuando se trata de mujeres, los delitos más comunes por los que otorgan dan prisión preventiva son secuestro (52.4%); delitos de delincuencia organizada (20.4%); homicidio (6.3%); delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (4.5%); delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos (4.3%); desapariciones forzadas de personas (2%); privación de la libertad (1.8%); extorsión (1.3%), y trata de personas (1.3%).

Es necesario revisar que en México existen dos tipos de prisión preventiva. La primera es justificada, la cual debe ser solicitada por el Ministerio Público y aprobada por un juez siempre que existan pruebas que la persona imputada representa un riesgo (para el proceso penal y personas involucradas). Mientras que la segunda es obligatoria y es automática cuando existen indicios de su participación en el delito.


De acuerdo con el informe sombra «Intersectando la discriminación contra las mujeres en México en distintos ámbitos. Informe sombra para el Comité CEDAW», entre 2019 y 2024 el número de hombres en prisión preventiva aumentó 13.1% y el de mujeres alcanzó un crecimiento de 33.1%. Asimismo, en 2024, el 48% de las mujeres en prisión se encontraban en prisión preventiva, en comparación con el 37% de los hombres.

Existe una mayor proporción de mujeres se encuentran en prisión preventiva obligatoria en comparación con los hombres, por ejemplo, en 2023, el 16 % de los hombres y el 23% de las mujeres privadas de la libertad se encontraban en prisión preventiva obligatoria.

La Constitución mexicana establece que las personas no pueden ser mantenidas en prisión preventiva por más de dos años, pero datos del El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que, en 2023, el 22,2 % de las mujeres y el 20,1 % de los hombres en prisión preventiva llevaban más de dos años esperando una sentencia condenatoria.

Las fallas de la prisión preventiva

La prisión preventiva esta descrita en el artículo 19 de la Constitución mexicana en donde se incluye una lista de delitos que requieren de esta medida. En 2008 se aprobó una reforma que estableció 12 alternativas a la prisión preventiva y entró en vigor en 2016 logrando que el número de mujeres, que se encontraban en prisión por esta causa, disminuyera drásticamente.

Sin embargo, la lista de delitos que ameritan esta alternativa fue extendida entre 2019 y 2024 pese a las advertencias de instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comité contra la Tortura, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según determina el articulo 19° de la Constitución mexicana, actualmente los delitos por los que se ordena prisión preventiva oficiosa son:
«abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley»
Anteriormente, el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por las mujeres en prisión preventiva como el Séptimo Informe Periódico de Argentina donde se recomendó adoptar medidas para limitar el uso de este recurso, sin embargo, Intersecta denunció que el Estado mexicano presentara una ampliación del catálogo de delitos como un avance, cuando existen cifras que contradicen este panorama.

Anteriormente, Cimacnoticias documentó que la prisión preventiva no sirve para disminuir la incidencia delictiva como se esperaría. Durante la discusión en el Congreso Federal que tuvo lugar en 2024 cuando se aprobó la reforma para ampliar el catálogo de delitos que requieren de esta medida, diversas diputadas y diputados apuntaron que sus principales fallas giran en función de dos aspectos: se violenta el principio de presunción de inocencia y el sobrecargo del sistema penitenciario.

La presunción de inocencia establece que toda persona acusada de un delito es considerada inocente hasta que se demuestre legal y concluyentemente su culpabilidad. En la discusión, diputadas y diputados concluyeron que con la prisión preventiva no disminuye la criminalidad y afecta los derechos humanos; no se profesionaliza al Ministerio Público, motiva la lentitud de los procesos y promueve el hacinamiento en los centros penitenciarios.

Por otro lado, actualmente existe un sobrecupo de espacios en los centros penitenciarios, gracias a que miles de personas están privadas de la libertad no porque se encuentren culpables legalmente, sino porque no pueden enfrentar el proceso en libertad gracias a la prisión preventiva.

Caso Cassez-Vallarta, un caso de cientos

El 9 de diciembre de 2005, la ciudadana francesa Florance Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros, fueron arrestados por un equipo de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el rancho Las Chinitas, sobre la carretera México-Cuernavaca, bajo el argumento de que pertenecían a la banda de secuestradores «Los Zodiacos».

El caso Cassez-Vallarta atrajo la atención mediática ya que la detención se realizó aparentemente en vivo. Al día siguiente, el entonces director de la AFI, Genaro García Luna declara ante el programa «Punto de Partida» que el material transmitido en televisión nacional fue una recreación, ya que la detención se realizó un día previo.

Para abril de 2006, Florance Cassez es sentenciada a 96 años de prisión por el secuestro de cuatro personas y tras una apelación, su pena bajó a 60 años en marzo de 2009. La narrativa pública del caso recrimina fuertemente a la ciudadana francesa e incluso el entonces presidente Felipe Calderón anuncia que la mujer no podrá ser extraditada, por lo que tendría que cumplir su sentencia en México.

En 2012 y luego de presentar un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) que fue rechazado, el entonces ministro Arturo Saldívar presenta un proyecto de amparo para liberar a Florance Cassez. Por otro lado, Israel Vallarta Cisneros permaneció privado de la libertad en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, sin una sentencia hasta el pasado 1 de agosto de 2025.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Dulce pide justicia; fue torturada y sentenciada a 70 años de prisión por delito que no cometió

Dulce está privada de la libertad en Santa Martha Acatitla acusada por un delito cometido en la Ciudad de México mientras ella estaba en Guadalajara. Torturada y encarcelada con pruebas ilícitas, la Suprema Corte ordenó que su condena sea revisada.

Dulce Belén Sánchez Castañeda fue detenida el 30 de enero de 2012. A raíz de la tortura que vivió, perdió un embarazo gemelar de cuatro meses y fue sentenciada, con pruebas ilícitas, por un secuestro exprés en el que asegura nunca participó. Los 70 años que le ordenaron cumplir en prisión siguen firmes, pero desde el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla pide que la justicia revise de fondo su caso.

De hecho, en los días de comisión del delito, Dulce estaba asignada a la seguridad de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, mientras que uno de los actos que se le imputan ocurrieron en la Ciudad de México. Los cargos en su contra son dos secuestros exprés, uno ocurrido el 24 de octubre de 2011 y el otro el mismo día que la detuvieron, en la Gustavo A. Madero. En el segundo hecho estaba de guardia en su base policial.

El caso de Dulce llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México analizarlo de fondo excluyendo las pruebas ilícitas que se generaron durante un arraigo ilegal y emitir una nueva resolución.

Las únicas pruebas en su contra fueron obtenidas bajo tortura, mediante reconocimientos ilegales y declaraciones contradictorias de las supuestas víctimas. Nunca conoció a sus acusadores, los careos se realizaron por videoconferencia sin que ella pudiera verlos, y sus descripciones cambiaban de manera frecuente. Sin embargo, la jueza la sentenció a 70 años de prisión, sin considerar la tortura que vivió ni la pérdida de su embarazo.

Hoy lleva 13 años privada de su libertad en Santa Martha Acatitla, y desde la prisión pide que las autoridades volteen a ver todas las arbitrariedades de su caso y le permitan criar a un hijo de seis años que solo vivió tres con ella, y ahora está a cargo de su esposo y su abuela materna. A él también le ha cambiado la vida tras el encarcelamiento injusto de Dulce.

La detención y tortura de Dulce que la llevó a prisión

Cuando la detuvieron, recuerda Dulce, los agentes le pusieron una bolsa en la cabeza de inmediato, y la movieron a varias delegaciones hasta que perdió la noción del tiempo. Recibió una golpiza brutal y formas de tortura extrema como asfixia con bolsa, meterle la cabeza en el escusado, golpearla, cortarla, tocamientos y abuso sexual. Una patada fuerte en el vientre fue lo que provocó la pérdida de sus bebés.

“En ese trayecto de camino a varias delegaciones, pues a mí me lastimaban, a mí me pegaban, me daban codazos, rodillazos, yo venía embarazada, no les importaba, me lastimaban. Llegué a la séptima delegación, que es la GAM 5, donde a mí me lastimaron, donde empezó mi tortura, donde empezó todo el daño que a mí me hicieron”, relata en entrevista desde Santa Martha Acatitla.

Ella recuerda muy bien que cuando la bajaron de la unidad a la delegación, estaba un agente con el distintivo “Plata”; “nunca lo voy a olvidar, tenía un diente de oro”, dice. La tiró al piso, le dio patadas y la empezó a golpear. “Me acuerdo mucho que dijeron que me encerraran… Me separaron y a mí me meten a las galeras, a mí me empiezan a pegar. No tenía abogado, no me dejaron hacer ninguna llamada”, acusa Dulce.

Ella tenía mucho miedo, más conforme crecían las agresiones físicas. Se defendió ante su instinto de madre, pero la tortura solo arreció. Luego de golpearla y arrastrarla, la sentaron en una silla, le amarraron los pies y las manos, y le hicieron tocamientos, además de cortarle el cuerpo y el cabello. “Tengo cicatrices de todo ello y pues tengo también secuelas de tortura hasta el día de hoy”, remarca.

Despertó días después en una galera, con suero, ya sin sus gemelas. “Plata” le dijo que no merecía ser madre. En ningún hospital cercano hay registro de cuál fue su destino. “Hasta el momento no sé dónde están, dónde quedaron, desconozco”, lamenta.

Pese a que en un principio una jueza la absolvió en un juzgado del Reclusorio Norte, al salir el mismo oficial “Plata” volvió a detenerla por robo agravado. La jueza ordenó un arraigo inconstitucional de un mes, donde aparecieron pruebas “clave” en su contra, que fueron obtenidas de forma ilegal.

“Yo no cometí los delitos, tengo cómo comprobarlo, estaba el día 24 en los Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, cubriendo el evento de la sub-17, la FIFA, estaba ahí, la Policía Federal entrega las bitácoras, la sábana, entrega parte informativo donde yo estaba comisionada y no podía estar en dos lugares a la vez”, narra.

Para los hechos del 30 de enero también se entregó un parte informativo que consignaba que ella estaba en la base. Sin importar todo eso, la jueza la sentenció a 70 años de prisión. Dulce remarca que, además, existían certificados de su embarazo y de las heridas que había sufrido durante la tortura.

Todo ello ocurrió después de que Dulce dedicara años de su vida al servicio de la policía federal, donde se enlistó a los 18 años porque su papá había sido policía militar. En ese tránsito, pasó todo tipo de pruebas físicas, criminológicas, psicológicas y psicométricas, y se graduó de la academia internacional de San Luis Potosí.

“Sigo aquí peleando mi libertad”: la batalla legal de Dulce para revertir su condena

Aunque durante varios años Dulce permaneció presa en Santa Martha Acatitla sin poder hacer nada respecto a la injusticia de la que había sido víctima, luego de conocer a una abogada de la organización Reinserta comenzó una batalla legal en torno a su proceso, mediante un amparo directo en contra de la sentencia que confirma su condena.

Este se radicó, en un primer momento, en el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito con el expediente 78/2022. Tiempo después, el entonces ministro Arturo Zaldívar solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrajera por estar entre los que crean un criterio de trascendencia o derivan de una interpretación directa de la Constitución.

Una vez atraído con el expediente 22/2023, en un principio la Corte solo buscó la investigación de la tortura –por la que existe una queja abierta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, pero después resolvió que el arraigo de Dulce fue ilegal por derivar de la petición de un juez local, y que todas las pruebas que se recabaron ahí son ilícitas y violatorias a derechos humanos, por lo que no deben tomarse en cuenta.

“Entre ellas, una declaración de las supuestas víctimas, donde señalan a Dulce como autora o copartícipe del supuesto secuestro exprés; número dos, unos reconocimientos por fotografía, y número tres, unos reconocimientos en la cámara de Gesell. Estas pruebas, sobre todo las dos últimas, son ilícitas”, explica su abogada Jessica.

Para considerarse válidas, una persona abogada defensora de Dulce debía haber estado presente, lo que no ocurrió. Mientras que en el caso de las fotografías es indispensable mostrar a varias personas, además de la imputada, con características similares, para que la identificación no se considere inducida. En su caso, solo fue mostrada la de ella y la de los presuntos copartícipes.

La Corte entonces ordenó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ahora tiene en sus manos la apelación, excluir todas las pruebas ilícitas y pronunciarse sobre la responsabilidad penal de Dulce solo con las pruebas legales. Así, ahora está en manos de las magistradas Martha Patricia Tarinda Azuara e Inés Gabriela Medel Díaz, y al magistrado Ramón Enrique Sentíes Carriles resolver el asunto bajo el expediente 148/2014.

Después de algunos días que han pasado por el periodo vacacional y una prórroga que se solicitó ante este, es necesario que la defensa de Dulce acuda nuevamente a la Sala a explicar que las pruebas que perduraron no son suficientes para sustentar una condena. “Ahí buscamos que se logre la absolución de Dulce”, señala la abogada.

Todavía privada de la libertad en Santa Martha Acatitla, ella hace un llamado a todas las autoridades para que volteen a verla y reconozcan todas las injusticias que se han cometido durante 13 años y 8 meses que lleva recluida por un delito que no cometió, y en el que, además, existen pruebas de que no se encontraba en el lugar de los hechos.

“Me privaron de mi libertad, mataron a mis bebés, abusaron de mí y sigo aquí. Tengo un hijo de seis años que me necesita, que no lo he visto crecer, incluso ha tomado terapia por el desapego, porque no me ve, él me pregunta hasta cuándo, ‘no me quieres, tú solo me prometes’, pero no está en mis manos; está en las manos de las autoridades que volteen a ver mi caso”, pide.

El impacto para la familia de Dulce tras un encarcelamiento injusto

Lo primero que menciona Daniel, el esposo de Dulce, en entrevista es que está casado con una mujer inocente que a pesar de sus pruebas, lleva recluida 13 años 8 meses. Con ella tiene un hijo de 6 años que la necesita todos los días.

“Le hago un llamado humildemente a los magistrados que llevan su caso para que hagan justicia y tomen en cuenta todas las pruebas que avalan su inocencia. Su salud está muy deteriorada, tiene un coágulo en la cabeza por los golpes que recibió, presenta sangrados constantes de la nariz, constantemente se le va la visión de un ojo; como dicen los estudios del protocolo de Estambul, tiene secuelas de tortura”, señala.

Para su familia, relata, la privación de la libertad de Dulce ha sido muy difícil porque durante los años que han pasado, sus papás fallecieron, y han sido sus pérdidas más dolorosas estando en prisión. Su hijo y él, además, han tenido que recibir terapia psicológica para trabajar el desapego, y que el niño pueda estar bien pese a haberse separado de su mamá-

“Ha sido muy difícil para nosotros esta situación, más sabiendo que es inocente y que tenemos las pruebas, o sea, no lo decimos nosotros de palabra, sino que cada cosa que se dice hay un documento oficial que la respalda… Esperemos que esto ya termine, ha sido muy pesado, como no se imagina”, reclama.

Por ejemplo, cuando el hijo de Dulce se enferma, siempre pregunta por su mamá, y aunque está él, no es lo mismo, reconoce Daniel. Siempre extraña a su mamá. Cada vez que se puede, la visitan, pero dependen también de la economía y de la escuela, pues, además, ya va a entrar a la primaria.

“Cuando la ve, no la suelta, él quiere quedarse; ‘mamá, me quiero quedar contigo’, ‘mami, por favor, vámonos’, o sea, cada vez se hace más pesado. Se la manejamos como que ella está trabajando, y como estuvo ahí con ella hasta los 3 años, se daba cuenta que trabajaba en recaudería, en tiendas, hacia servicios limpiando oficinas, le ayuda a la iglesia, entonces él dice que son sus trabajos”, cuenta el esposo de Dulce.

Él todavía no entiende por qué no está con su mamá, pero ya está creciendo. Daniel y su hijo tienen el apoyo de la abuela paterna del niño, que lo ayuda a cuidarlo, a lo que se dedica de tiempo completo. Ya en la primaria, espera poder tener más horas al día para buscar otro ingreso.

“Yo sí hago un humilde llamado, siempre respetuoso, a los magistrados, yo lo que pido es que lean bien, que tomen en cuenta las pruebas; no son cualquier prueba, son sus pruebas que avalan que ella no estaba en el lugar, hay pruebas por peritos especializados en la materia”, apunta Daniel.

La abogada hace el mismo llamado a los magistrados de la Sexta Sala Penal para que analicen el asunto de fondo: “Es muy fácil condenar, muy fácil volver a transcribir la sentencia que ya tenía Dulce, modificarle las palabras y que vuelvan a condenar. Eso no es justicia… 13 años se escucha poco, pero adentro es muchísimo”, advierte.

“Como dice la licenciada, no es fácil 13 años”, continúa Dulce. “Aquí perdí a mi a mis papás. Perdí primero a mi papá. Luego perdí a mi mamá. Es frustrante, doloroso y tener que bloquear… no les puedes llorar como tal, porque te derrumbas. He perdido a mi familia en este lugar. He perdido a lo que más he amado también, que son mis papás.

“Si no fuera también por la reinserción que aquí nos dan, los cursos, las oportunidades, en este caso que soy estafeta del área de gobierno de dirección, me han dado la atención, han confiado en mí. La directora no me toma como una interna, ella me lo ha dicho, ‘yo te veo como una compañera, tienes que salir de este lugar, tienes que echarle ganas por tu hijo’. Me dio la confianza de ser estafeta. Yo siempre he dicho ‘gracias, Dios, por un día más de vida, y gracias por un día menos de sentencia”, dice Dulce.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

El adolescente Alexander salió por refrescos y la policía de Acatlán lo mató; 5 años después, su familia sigue exigiendo justicia

A 5 años del asesinato de Alexander, joven de 16 años, su mamá exige que las autoridades cumplan con la reparación del daño, como una disculpa pública y una investigación seria sobre el actuar de la policía de Acatlán, Oaxaca.

“¿Ya viste al asesino que mató a tu hijo?”. Virginia Gómez, de 46 años, recuerda con los ojos muy abiertos la escena en la que se encontró de frente con uno de los cinco implicados en el homicidio de su hijo Alexander Martínez Gómez; un joven de apenas 16 años que jugaba en la Tercera División del futbol mexicano, y que tenía serias posibilidades de debutar como profesional. 

Han pasado cinco años de la muerte de su hijo y de que un video suyo se hizo viral en grupos de whatsapp y redes sociales, y su caso escaló a nivel nacional. En ese video, tomado la noche del 9 de junio de 2020, se observa a la mujer en la puerta de un hospital en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, gritando desgarrada por el dolor. Minutos antes, a eso de las 22:30 de esa noche, su hijo adolescente había muerto de un balazo en la cabeza a manos de la policía municipal.

“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos. ¡Y miren lo que le hicieron! ¡Me lo mataron esos malditos!”, gritaba Virginia fuera de sí aquella noche ante la pérdida de ‘Chander’, como lo conocen en la comunidad.

La mujer habla ahora mucho más serena sentada en una silla de plástico en su casa, en un poco habitual día gris y lluvioso en la muy calurosa Acatlán, un municipio de unos 45 mil habitantes que está separado de Tezonapa, Veracruz, por una calle. 

Uno de los implicados en la muerte de Chander está preso y condenado a 35 años de cárcel, en buena medida, y así lo reconoció en una recomendación la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, por la investigación que ella misma emprendió contra la policía de su localidad. Una investigación, no obstante, y una búsqueda tenaz de la verdad que la ha llevado, además de soportar el tremendo peso de la muerte de su hijo, a vivir con escoltas por las amenazas.

–He sido amedrentada, amenazada e intimidada. Me llegan muchos mensajes por medio de Messenger de Facebook diciéndome ‘ya cállate’, ‘ya lo que pasó, ya se olvidó, no le muevas más’, ‘te estás metiendo con el patrón, ya párale’. Pero nunca me callé. He ido a la Fiscalía una y otra y vez, y todas las veces que han sido necesarias, a denunciar.

Virginia, a quien conocen en Acatlán  más por el nombre de ‘Vicky’, dice a continuación que, a pesar de la detención y sentencia de uno de los policías implicados –supuestamente, el que realizó el disparo fatal–, el caso de Chander continúa sin lograr la “justicia plena”, además de que no se han cumplido las medidas de reparación del daño que en 2021 determinó tras una investigación la Defensoría de Derechos Humanos oaxaqueña, la cual consideró el caso de Chander como “una ejecución arbitraria” de la policía local de Acatlán. De ahí que los otros cuatro elementos implicados en el caso sigan en libertad y trabajando vestidos de uniforme, placa y pistola por las calles de la localidad, donde se encontró de frente con uno de ellos.


–Fui a la graduación de una sobrinita que va al kínder. Nunca pensé que el hijo del policía que asesinó a Chander iba a estar también ahí. 

El hijo del policía condenado es Sergio R. R., también agente de policía municipal de Acatlán, y uno de los cinco implicados en la muerte del adolescente. 

‘Vicky’ asegura que él fue el policía que trató de ‘plantar’ una pistola al cadáver de su hijo, para luego pregonar la versión de que el joven futbolista era un peligroso criminal que se había negado a detenerse en un retén policiaco. De hecho, esa fue la versión oficial: en un escrito enviado por el alcalde de aquel entonces del municipio oaxaqueño, Adán Maciel, a la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, el edil, que es el jefe de la policía, aseguró que de acuerdo con sus elementos el joven iba armado y se negó a parar en un retén. Además, aseguran que a un policía se le cayó el arma al suelo y por accidente se disparó matando en el acto al adolescente.

Por fortuna, o más bien por “una señora con las faldas bien puestas”, como apunta ‘Vicky’, que testificó que ella vio cómo el policía trató de plantar el arma al joven, la versión oficial quedó desacreditada.

–No tengo estómago para ver a la cara a los policías de Acatlán –murmura ‘Vicky’–. Para mí, siempre serán los desgraciados que le quitaron la vida a Chander.

Por eso dice que el día que se encontró a uno de los implicados de frente en la graduación de su sobrina, donde muchos otros niños y niñas se graduaban para salir del kínder, se tuvo que sentar para procesar sus emociones. 

–Al principio no lo reconocí, porque ahora está más robusto. Él venía de recoger a uno de los niños, y cuando se topó frente a mí se puso rojo como un tomate. Yo todavía en mi mente pensé: ‘pobre muchacho, se ve que no ha caminado mucho entre tantas personas y se ha puesto rojísimo por la pena’. 

Fue entonces, dice la mujer, cuando alguien se le acercó por la espalda y le susurró al oído: 

“¿Has visto al asesino de tu hijo?”. 

Asesinato de Alexander: la versión de la policía de Acatlán y la de la familia

La noche del 9 de junio de 2020, la patrulla de policía municipal con número 023 se encontraba en un ‘filtro de seguridad’ sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez de Figueroa, a la altura del taller de ‘Los Hinestrozas’. El ‘filtro’, o el retén, se instaló debido a la presencia de grupos delictivos en la región –dos años antes, en abril de 2018, sujetos armados bajo aparentemente la siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron en un video al alcalde– y por “las constantes amenazas” a la corporación policiaca, justificó el edil de Acatlán, Adán Maciel, en el escrito que envió a la Defensoría de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la versión policiaca, a eso de las 22:30, la patrulla se percató de unas luces que, al parecer, eran de motocicletas que venían a exceso de velocidad en su dirección. 

“Al notar que se trataba de nueve motocicletas, el mando Sergio R. R., indicó al conductor de la unidad, Higino C. M. que encendiera los códigos parlantes de la patrulla, y a los elementos Isaac R. G., Sergio R. R. (padre del mando) y Adolfo D. G., que con sus lámparas de mano les hicieran señas para que bajaran la velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones. Al no detenerse y pasar por donde se encontraba parado el elemento Sergio R. R. (padre del mando) lo tiran, y al caer su escopeta se acciona al impacto con el suelo”, asegura la versión oficial, que señala que de inmediato los policías trataron de brindar los primeros auxilios al joven Alexander, aunque subrayó que el adolescente iba armado.

“El mando corre a brindarle los primeros auxilios y observa que aproximadamente (sic) se encontraba un arma de fuego tipo pistola en el suelo”, continúa el escrito de la versión oficial, que más adelante asegura que, debido a la beligerancia de los vecinos y de la madre que llegó al lugar, los agentes pidieron apoyo a la comandancia y uno de ellos, Sergio R. R., “priorizó tomar el indicio que se encontraba cerca del lesionado –pistola color negra–” para resguardarlo como evidencia en el caso.

Posteriormente, a las 00:05 horas, un policía había sido detenido para esclarecer los hechos ante la fiscalía oaxaqueña, y a las 00:30 horas se presentaron agentes ministeriales en el lugar para iniciar la investigación. 

Sin embargo, esta versión oficial fue desmentida por la investigación de la Defensoría de Derechos Humanos, y también ante la justicia, que condenó a Sergio R. R. a 35 años de prisión, aunque se quedaron fuera de la imputación el resto de elementos que intervinieron. 

A continuación, ‘Vicky’ cuenta una versión muy distinta de los hechos. 

–Ese 9 de junio, mi hijo y unos amigos celebraban el cumpleaños de otro amiguito, y salieron a comprar unos refrescos y unas pizzas para pasar un rato en mi casa. Salieron con sus motos a comprar a una tiendita a menos de un kilómetro de mi casa y, de los nueve, ya solo regresó el hijo de una maestra y otro muchacho que iba con una amiga. 

–Ellos fueron los que me dijeron que los policías municipales les habían cerrado el paso cuando mi hijo y los amigos venían ya de regreso. Me dijeron que la policía no les hizo ningún alto, que nada más les cerraron el paso, que varios policías se bajaron de la batea de la camioneta y que comenzaron a tirarles, y que vieron cómo Chander se había caído de la moto.

Otro adolescente resultó herido al caer también de su moto tratando de huir de los disparos. 

De inmediato, ‘Vicky’ se trasladó al lugar de los hechos, un camino de terracería donde, asegura, nadie podría transitar a gran velocidad por lo irregular del camino. 

–Vi a mi hijo tirado en el suelo junto a su moto, que aún tenía las luces encendidas, pero nunca pensé que estuviera muerto. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza por la caída y que estaba inconsciente. 

La mujer recogió a su hijo entre sus brazos. Cuenta que los cinco policías la observaban en silencio. 

–Les gritaba qué le habían hecho a Chander, pero ninguno contestaba. Solo se miraban unos a otros. 

Ante el bullicio, vecinos del lugar se acercaron. Los ánimos comenzaron a caldearse, al tiempo que los policías trataban de sacarlos del lugar. 

Hasta ese momento, ‘Vicky’ asegura que, pese a lo que señaló el informe policial, los agentes no habían pedido una ambulancia, ni le dieron primeros auxilios. Fue una persona de la multitud que conocía a ‘Vicky’ quien llamó a la ambulancia, que llegó 15 o 20 minutos después. 

–Pero uno de los policías se acercó al chofer de la ambulancia y le dijo algo en corto, y éste hizo el amago como para retirarse del lugar. Entonces, mi otro hijo, Alexis, se puso delante de la ambulancia y comenzó a golpear el cofre, y mucha gente se tiró encima de la ambulancia y le obstruyó el paso. Al de la ambulancia ya no le quedó más remedio que sacar una camilla, subir a Alexander, y llevarlo al hospital de la comunidad.

Pero ya era demasiado tarde. 

Chander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, estaba muerto.

Violaciones a los derechos de las víctimas en el caso del homicidio de Alexander en Oaxaca

La Defensoría de Derechos Humanos, en su investigación previo a la emisión de la recomendación 1/2021, la cual elaboró a partir de dictámenes oficiales que fueron materia en el juicio del caso, señaló numerosas irregularidades en el actuar de la policía y en su posterior informe de los hechos.

Por ejemplo, la Defensoría establece que “no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”, por lo que concluyó que “la muerte arbitraria de un menor de edad fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la Policía municipal de Acatlán de Pérez de Figueroa”. 

El informe de la Defensoría también contradice la versión de la policía de que el arma de uno de los agentes se habría detonado por accidente al caer al suelo, producto de la supuesta embestida de uno de los jóvenes que iban en moto. 

“Según un informe pericial, es poco probable que el tipo de arma del policía Sergio R. R. se accionara en la forma en la cual dicen los policías que se disparó”, señala la Defensoría, que agrega al respecto: “Existe, además, un dictamen de criminalística en el que se documentó la existencia de otros disparos en la escena del crimen”. 

“La actuación omisa y negligente de los primeros intervinientes fue evidenciada por los familiares del adolescente que perdió la vida, su madre, padre y hermano, quienes se dieron a la tarea de investigar”, continúa señalando la Defensoría. 

“Fueron ellos quienes, al acudir a la escena del crimen, se percataron y se fijaron en –fotografía y video– de varios daños en árboles y un vehículo estacionado que en dictámenes posteriores la Fiscalía General corroboró que algunos fueron producidos por disparo de arma de fuego. Incluso, ubicaron y lograron que un perito en criminalística de campo extrajera de un árbol un elemento balístico esférico”.

El informe de Derechos Humanos concluye que los agentes locales, así como el agente de investigación estatal Gerardo P. C., cometieron “violaciones graves” en la preservación de la escena del crimen, y apunta también a la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que tampoco investigó las demás armas de fuego de los policías para determinar si habían sido accionadas o no.

En definitiva, remata la Defensoría, los elementos policiacos violaron el derecho de las víctimas a una “investigación seria, imparcial y efectiva” para esclarecer los hechos, a partir de los cuales un joven de 16 años fue muerto de un disparo en la cabeza, al que, además, intentaron criminalizar al ‘plantarle’ una pistola junto a su cuerpo, tratando de crear una narrativa de que se trataba de delincuentes que quisieron evadir un supuesto retén de la autoridad. 

Por todo ello, la Defensoría, desde marzo de 2021, determinó en su informe una serie de medidas de reparación del daño dirigidas tanto al presidente municipal de Acatlán, como a la Fiscalía estatal oaxaqueña. 

Entre esas medidas están, por ejemplo, que se realice por parte de ambas autoridades un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones graves cometidas contra Chander y su familia, y que se haga una investigación “seria, imparcial, y efectiva” sobre la actuación policiaca, y sobre “la manipulación y alteración en la preservación y procesamiento de indicios y evidencias (…), incluyendo a la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, independientemente de la persona que ya se encuentra sujeta a proceso penal por estos hechos”. 

Sin embargo, a cinco años del caso, y a cuatro de la recomendación que ‘Vicky’ lleva siempre consigo cuando va a pedir a pedir ayuda al consulado estadounidense –su hijo tenía la doble nacionalidad– o cuando acude a la fiscalía estatal, o a tocar la puerta de las autoridades del Gobierno Federal, la mujer denuncia que esas medidas de reparación del daño no se han cumplido, y que los otros cuatro elementos involucrados no han sido investigados y continúan en activo.

Además, tampoco le han querido pagar el dinero que, por ley, corresponde a las víctimas cuando hay un caso de homicidio. 

–Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo. Jamás –subraya tajante ‘Vicky’–. Ningún dinero me va a regresar su vida, porque mi hijo no tiene precio. Pero, como me dicen los abogados, es un derecho que tenemos, y aunque no quisiéramos ese dinero, es algo que están obligados a pagar, a cumplir, y tampoco lo han hecho. Se han hecho de la vista gorda. 

Mamá de Alexander dejó su trabajo de secretaria para buscar justicia para su hijo

Como muchas otras víctimas en México que ante la falta de resultados de las autoridades asumen el peso de las investigaciones en sus casos, o las búsquedas de sus seres queridos, ‘Vicky’ tuvo que dejar su trabajo como secretaria en una empresa y se ha convertido en una activista y en una voz autorizada y respetada en Acatlán, donde otras víctimas acuden a ella –mandadas a veces incluso por gente que trabaja en el Ayuntamiento– pidiéndole ayuda, a pesar de que les deja muy en claro que ella solo es una madre en busca de justicia para su hijo. 

–Les dicen: ‘miren, acá no podemos hacer nada, pero vayan con ‘Vicky’. Y pues no sé –se encoge de hombros–, creo que la gente me ve como una especie de ‘heroína’ porque fui una mamá que sí levantó la voz ante la injusticia de la muerte de un niño. Yo levanté la voz en un lugar donde la gente, por miedo, no lo hacía; preferían irse del municipio para que no les hicieran daño, porque inmediatamente empezaban las amenazas diciéndoles ‘si no te callas, te vamos a matar’. 

Su lucha, incluso, no pasó desapercibida para los partidos políticos, pues asegura que llegaron a tocar su puerta para que se presentara como candidata a la alcaldía, propuesta que rechazó. 

–Se los he dicho cuando han venido a buscarme para la ‘poliquería’: ustedes no piensan en mí, no piensan en lo que siento al ver a esos policías. ¿Ustedes creen que me voy a sentar en una silla en la Alcaldía y voy a ver a esos policías que mataron a mi hijo? No, sólo de pensarlo se me revuelven las tripas. 

Cuestionada si, por el desgaste que implica la búsqueda de justicia en México, un país con niveles de impunidad por arriba del 90 %, y por el hecho de que su vida cambió para siempre con cuatro escoltas cuidando cada uno de sus pasos, no ha pensado en irse de Acatlán para empezar de cero en otro lugar, la mujer de inmediato niega con la cabeza. 

–Hay gente que después de lo de Chander se me acerca y me dice: ‘ay, cómo estás, pensamos que ya no vivías aquí’. Y siempre les contesto lo mismo: ‘no, nunca me he ido de aquí, ¿por qué debería irme yo? Ellos, los policías, son quienes mataron a mi hijo. Yo no he hecho nada malo. 

Además, Vicky asegura a colación que está convencida que lo que está haciendo, la búsqueda de esa “justicia plena”, es la mejor forma de honrar la memoria de Chander. 

–Ha quedado claro que fue un crimen de Estado, pues agentes del Estado asesinaron a mi hijo. Por eso fui a la Fiscalía Anticorrupción y puse otra denuncia en contra de los otros cuatro policías y los funcionarios que los protegieron y respaldaron en sus mentiras. 

A continuación, la mujer hace una pausa y reflexiona en silencio. 

–Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida, y que nunca estuvo sometida en un rincón llorando –recalca aseverando con la cabeza–. Por eso, yo voy a seguir luchando hasta que haya justicia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Estado mexicano miente a CEDAW. Mujeres son encarceladas por abortar en 2025

«En México no hay ni una sola mujer detenida por haber practicado un aborto» declaró Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, durante el 91° periodo de sesiones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), pero su declaración contradice información documentada por diversas organizaciones civiles quienes han denunciado casos de criminalización y encarcelamiento de mujeres por abortar en distintas entidades del país.

El día de ayer concluyó la comparecencia que sostuvo el Estado mexicano ante CEDAW, en la cual, una delegación de funcionarias acudieron a Ginebra en Suiza para rendir cuentas sobre el avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad de género y de nueva cuenta, además de evadir los cuestionamientos, negaron problemáticas que violentan a las mujeres, niñas y adolescentes en el país, como el encarcelamiento de mujeres por aborto, una realidad ampliamente expuesta por defensoras con cifras y casos específicos.

Durante la segunda audiencia de comparecencia del Estado mexicano ante la CEDAW, la relatora española Ana Peláez Narváez cuestionó la detención de mujeres por abortar con sentencias bajo figuras como homicidio o infanticidio y preguntó a la delegación mexicana cómo piensan abordar estos retos para armonizar su legislación con los estándares internacionales.

En respuesta, la titular de la Semujeres evadió la respuesta hasta que la relatora Patsilí Toledo Vázquez hizo hincapié en una pregunta complementaria para que el Estado mexicano respondiera. Fue entonces que Citlalli Hernández atajó la inexistencia de mujeres detenidas por practicarse un aborto.

Actualmente, en México ya son 23 entidades federativas en las que está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación y a pesar del avance de las mujeres, persiste el número de muertes maternas relacionadas con abortos inseguros, el cual ya alcanzó el 11.3%, según el informe semanal de la Secretaría de Salud y además persiste la criminalización contra mujeres.

No perdamos de foco que en el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, dictaminó la inconstitucionalidad de criminalizarlo a nivel federal.

Datos de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» muestran que de enero de 2012 a diciembre de 2022 hubo 2 mil 169 denuncias por el delito de aborto (680 mujeres), así como 2 mil 456 averiguaciones previas y carpetas de investigación (258 mujeres) reportadas por procuradurías o fiscalías.

En el mismo periodo se encontraron 14 mujeres en prisión preventiva por el delito de aborto. Asimismo, en 412 ocasiones se ejerció la acción penal por abortar (145 de las veces fueron mujeres) y se emitieron 142 sentencias (32 dirigidas a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información a las 32 entidades de la república mexicana.

La titular de la Semujeres también trajo a colación la existencia de la Ley de Amnistía para liberar a las mujeres en prisión acusadas por abortar. No obstante, el informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano» del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) y de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RED TDT) denunció que esta ley no ha sido eficaz, pues solo una solicitud ha sido procedente desde su implementación y 9 han sido rechazadas.

Pese a que la delegación celebró ante la CEDAW la despenalización del aborto en 23 entidades del país, la realidad es que persisten diversos problemas para llevarla a cabo. En primera instancia, el delito de aborto continúa estando tipificado a nivel federal ya que no se han eliminado los artículos 329° al 334° que establecen la ilegalidad de «la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar», entren otras disposiciones.

Esto ha provocado no solo que en 8 entidades el aborto siga siendo un delito, sino la existencia de 218 carpetas de investigación por aborto, incluidas entidades donde el procedimiento ya fue despenalizado. Además, persiste la práctica de denuncias por parte de personal de salud, lo que refuerza la criminalización de quienes deciden abortar.

La criminalización del aborto por el personal de salud

Garantizar el acceso seguro al aborto es una medida de salud pública fundamental para las mujeres, ya que permite su autonomía y dignidad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos reportan que persisten barreras para acceder a este servicio incluso en entidades donde ya está despenalizado.

De acuerdo con la organización GIRE, entre 2012 y 2023 atendieron 46 casos de criminalización de mujeres y acompañaron 27 de ellos. El rango de edad de las mujeres estuvo entre los 15 y los 42 años y los casos ocurrieron en once entidades (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán).

De los 27 casos acompañados, en ninguno se criminalizó al personal de salud y, en varios de ellos, fue ese personal adscrito a los hospitales el que denunció o dio aviso al personal de seguridad pública o a las fiscalías o procuradurías locales. La mayoría de estos casos concluyeron porque se solicitó el cierre por falta de actividad procesal por parte de las fiscalías o por no acreditarse los elementos del delito.
«El fenómeno de la criminalización por parte del personal de salud tiene consecuencias graves. La percepción de que las personas que decidieron abortar han cometido un delito solo las somete a escrutinio y las coloca bajo sospecha, sino que pone en riesgo la calidad de la atención médica que reciben. Al privilegiar los temas legales, la participación y las actividades del personal ministerial antes, durante y después de la atención médica, se puede afectar la recuperación de las personas investigadas» -Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México»
No obstante, las barreras para acceder al aborto por parte de las instituciones de salud, así como su criminalización por el personal terminan por vulnerar los derechos humanos de las mujeres, representando uno de los mayores obstáculos para que el aborto sea aceptado socialmente como un servicio de salud.

Los obstáculos

Según señala GIRE, esta criminalización contra mujeres, además de representar una violación a los derechos humanos también ha generado incremento en las carpetas de investigación por el delito de aborto en casos como cuando una mujer aborta fuera del límite de las 12 semanas de gestación incluso cuando es involuntario.

Otra barrera para las mujeres persiste en varias entidades del país donde aún no se ha despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021. Actualmente, los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.

Por otro lado, 8 entidades mantienen vigente la penalización de la Interrupción del Embarazo (ILE): Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, y se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación. Esta disparidad territorial refleja un acceso desigual al derecho, y aunque la legalidad no reduce la práctica del aborto, su criminalización obliga a muchas mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones clandestinas, vulnerando sus derechos humanos e incluso su vida.

A eso se añade la objeción de conciencia, ya que permite que personal médico se niegue a practicar abortos por motivos religiosos o morales. Aunque las leyes mexicanas establecen que los servicios de salud deben garantizar personal disponible que no objete, en la práctica esto no siempre se cumple. También hay una grave falta de capacitación técnica y ética en el personal médico, lo cual es fundamental para ofrecer una atención segura, profesional y basada en derechos humanos. Esta carencia limita la calidad del servicio y dificulta el acceso oportuno al procedimiento.

La falta de infraestructura adecuada es otra barrera importante, especialmente en hospitales públicos ubicados en zonas rurales o marginadas, donde no existen los insumos básicos, medicamentos o espacios físicos apropiados para realizar abortos. La centralización de clínicas especializadas en capitales estatales deja en desventaja a las mujeres que viven en comunidades alejadas o indígenas, pues implica un esfuerzo económico, logístico y emocional adicional. A esto se suman los trámites burocráticos arbitrarios e ilegales que muchos centros de salud exigen, como permisos notariales, autorizaciones familiares, valoraciones médicas o psicológicas innecesarias, e incluso periodos obligatorios de “reflexión”, todos los cuales constituyen formas de violencia institucional.

Por otro lado, las barreras socioculturales también juegan un papel fundamental. El estigma social alrededor del aborto genera culpa, vergüenza y discriminación hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. La desinformación sobre salud sexual y reproductiva, y en particular sobre la seguridad del aborto, contribuye a que muchas mujeres no conozcan sus derechos ni las opciones médicas seguras disponibles. Finalmente, los factores económicos limitan el acceso a anticonceptivos, medicamentos como el misoprostol o la mifepristona, o servicios clínicos adecuados, dejando fuera a las mujeres con menos recursos.

A esto se añade los impedimentos de instituciones para abortar en casos de violencia sexual, desobedeciendo la NOM-46. Esta institución ha establecido una norma interna que impone requisitos adicionales —como ultrasonidos, opiniones jurídicas o testigos— que obstaculizan el acceso al procedimiento. Este conflicto refleja una serie de barreras institucionales que persisten incluso en estados donde el aborto ya fue despenalizado.

Debido a estos factores que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por la marea verde, no se puede invisibilizar la criminalización de las mujeres que abortan, siendo este uno de sus derechos sexuales y reproductivos. Por ello, el Estado mexicano no puede negar que aún existan mujeres encarceladas o procesadas penalmente por interrumpir su embarazo.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Sheinbaum pide a EU informar sobre muerte de mexicano bajo custodia del ICE en Georgia

Según un comunicado de la Secretaría de relaciones Exteriores, el pasado 7 de junio, un ciudadano mexicano falleció en un centro de detención del ICE en Stewart, Georgia.

La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que el mexicano que murió mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Estados Unidos, se registró con distinto nombre y nacionalidad, en el contexto de las redadas ordenadas por el mandatario Donald Trump.  

“Es una persona que se registró con un nombre distinto y no registró su nacionalidad hasta toda la investigación que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo esta mañana.

La mandataria mexicana expuso que también se solicitó más información para saber cuáles fueron las condiciones del fallecimiento de esta persona.  

 “Tiene que hacerse toda la investigación y nosotros siempre vamos a buscar el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior”, agregó. 

Según un comunicado de la Secretaría de relaciones Exteriores, el pasado 7 de junio, un ciudadano mexicano falleció en un centro de detención del ICE en Stewart, Georgia, al que la agencia estadunidense ya no deja ingresar al personal del Consulado de México en Atlanta para entrevistarse con los connacionales.  

La Cancillería mexicana informó que el hombre murió después de ser trasladado de la prisión de Jacksonville al centro del ICE, e indicó que se puso en contacto con sus familiares y las autoridades para "esclarecer los hechos, confirmar la causa oficial del deceso y brindar asesoraría jurídica y acompañamiento a los familiares".  

El caso sucede en medio del recrudecimiento de los operativos antimigrantes llevados a cabo por el ICE bajo las instrucciones del gobierno de Donald Trump, en los que los agentes de esa agencia han sido acusados de cometer abusos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Diego fue torturado para incriminar a una persona por homicidio; Fiscalía de Veracruz cerró su caso sin investigación

Pese a que fue torturado por policías ministeriales para que firmara una declaración en español que no hizo ni entendió, la Fiscalía de Veracruz cerró el caso de Diego, indígena ñuhú, sin realizar una investigación.

Hace dos años la vida de Diego cambió cuando fue torturado por tres policías ministeriales en Veracruz, el estado con más víctimas por tortura del país. Desde entonces, Diego no ha dejado de luchar por justicia.

Diego Fernando Bonilla es una persona indígena ñuhú de 45 años, originario de la comunidad El Pericón, municipio de Texcatepec, en la sierra norte de Veracruz. El 29 de mayo de 2023, visitó a su amigo Adán Reyes y mientras ambos platicaban y bebían cerveza, le dispararon a su amigo.

Eran casi las 9 de la noche. En los alrededores de la vivienda donde ocurrió el crimen, en los límites de la comunidad, no hay alumbrado público y con apenas una tenue luz de un foco en la terraza, Diego no pudo ver al agresor.

“Yo estaba con mi amigo, los dos en el celular, tomando una caguama, cuando de repente se escuchó el disparo”, relató Diego como parte de su declaración. Al escuchar la detonación, Diego se tiró al suelo por miedo.


Pese a que no vio al atacante, en la declaración que presentaron los ministeriales, adscritos a la Fiscalía en Huayacocotla, Veracruz, quedó asentada una descripción detallada del presunto agresor: cómo iba vestido, el color de su ropa y sus zapatos. Esa versión fue utilizada por la Fiscalía para incriminar a un policía llamado Silverio Reyes, hermano de Adán. Por esas fechas iban a darle a Silverio su nombramiento como segundo comandante de Texcatepec.

Cuando los elementos de la Policía Ministerial llevaron a Diego a la Fiscalía en Huayacocotla para que declarara no tuvo traducción, a pesar de que su idioma materno es el ñuhú y de español habla casi nada.

Antes de declarar, Diego fue torturado por los agentes, quienes lo obligaron a firmar una hoja en blanco. 

Después, en presencia de un intérprete oficial, Diego relató lo ocurrido, pero tanto el fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio y redactaron una versión en español que él no comprendió.

“Esa es la única prueba que tiene la fiscalía para mantener a Silverio detenido, y fue obtenida bajo tortura”, afirma el abogado Isaac Romero, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz.

Diego insiste en que nunca vio al agresor: “Ellos me querían obligar. Yo les dije: ¿Cómo voy a decir si no sé?”.


Diego exige justicia. No solo porque policías ministeriales lo torturaron sino también porque fabricaron su declaración para que incriminara a un hombre por el homicidio de su amigo. El caso de Diego ejemplifica lo que las cifras confirman: en Veracruz la tortura es utilizada como un método de investigación criminal. 

El 30 de junio de 2023, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego presentó una denuncia por tortura. Pero el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura les notificó su decisión de no ejercer acción penal y turnó el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. A finales de mayo de este año, el caso de tortura fue cerrado sin ninguna investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Pero todavía quedan recursos por agotar, este 12 de junio un juzgado en Xalapa resolverá la impugnación que presentó la defensa de Diego contra el cierre de la investigación.

“No hay un argumento como tal. Dijeron ‘no hay delito’, pero sin investigar”, dice el abogado Romero. La defensa de Diego denuncia que nunca se le entrevistó por la tortura ni a la esposa de la víctima de homicidio, quién escuchó los gritos de Diego cuando era interrogado.

“Lo que vemos es que están encubriendo a los policías ministeriales”, señala Romero.

El caso de Diego no es aislado, Veracruz es el segundo estado del país con más carpetas de investigación abiertas por tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, solo por debajo de la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), publicadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Solo entre 2019 y 2024, en Veracruz se iniciaron 2 mil 441 carpetas de investigación relacionadas con el delito de tortura y tratos crueles e inhumanos. Pero no solo eso, Veracruz es la entidad con más víctimas registradas a nivel nacional por tortura, con 4 mil 061 personas afectadas.

Además, los grupos más vulnerables, de acuerdo con las cifras, son personas con discapacidad, con 993 casos, y personas indígenas, con 667 casos. Mientras que las instituciones más señaladas son las que deberían proteger a la población, no torturarla, como la Policía Ministerial, con mil 352 casos, y luego las Secretarías de Seguridad Pública estatales.

Neftaly Pérez Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que Veracruz es el estado con más víctimas del delito de tortura y el segundo con más carpeta de investigación porque en una carpeta de investigación puede haber varias personas víctimas, “no significa que porque haya una carpeta abierta solo sea una víctima, entonces a pesar de que Veracruz tiene un poco menos de carpetas que la Ciudad de México en estos cinco años tienen más víctimas que la Ciudad de México”. 

“Y eso nos habla de que la tortura en el Estado de Veracruz es una práctica sistemática y generalizada. Otro dato importante es que la autoridad más señalada en el caso de Veracruz es la policía ministerial, lo que concuerda con el caso de Diego, donde están señalados policías ministeriales de cometer estos actos”, dice en entrevista. 

Por su parte, José de Jesús Segovia Villeda, también abogado del Centro Prodh, comenta que el caso de Diego también es muestra de las barreras que tienen las personas pertenecientes a comunidades indígenas para acceder a la justicia. 

De hecho, el caso de Diego está siendo documentado en un informe de El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET) sobre estas barreras, la más común es que no cuenten con una traducción a la hora de hacer su declaración. 

“Este sistema hace que las personas indígenas todavía estén en mayor vulnerabilidad”, comenta Jesús Segovia.

Mientras tanto, la vida de Diego y de su comunidad se vieron totalmente impactadas. Diego sufrió una afectación psicológica con base en su cosmovisión otomí, según la cual perdió su sombra, sufrió un espanto, lo que afectó también su contexto comunitario, cuentan Jesús e Isaac.

Al perder la sombra o el alma, Diego perdió el apetito, tuvo episodios de estrés, enfrentó miedo a salir de su comunidad y se aisló de su familia.

“Él un año se la pasó viviendo con su mamá o sea no dormía en su casa, entonces toda la comunidad estuvo al pendiente de él, entonces en la comunidad todos lo arroparon o la gran parte, la mayoría lo arropó”, dice Isaac.

Para recuperar su sombra, curanderos tuvieron que hacerle tres curaciones. “Fue un proceso muy grande que se hizo en la comunidad”, añade.

Ahora, la comunidad El Pericón también exige justicia para Diego y que se castigue a los policías que lo torturaron.

“No me pueden dejar así, porque si cierran la carpeta quiere decir que no hacen justicia. Quiero que hagan justicia, que me respeten, que me vean, porque lo que me hicieron la fiscalía, los policías, no me gustó: me enrollaron con la cobija, me tiraron al suelo. Quiero que se me haga justicia, a lo mejor no hablo español, soy ñuhú, pero tienen que hacerme justicia”, dice Diego en un mensaje que envió a Animal Político, que fue traducido por las personas que lo acompañan.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN, GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.