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Jóvenes detenidos en la marcha Gen Z: abogados revelan abusos y vejaciones

Vejados por la policía. En entrevista con EMEEQUIS, los abogados de los acusados por la marcha Gen Z acusan violaciones a derechos humanos y una actitud arbitraria de las autoridades judiciales.

Tras la marcha del 15 de noviembre, 29 personas fueron detenidas bajo acusaciones que van desde homicidio en grado de tentativa hasta lesiones y robo. Aunque los policías capitalinos aseguran haber recibido amenazas de muerte, los detenidos ofrecen una versión distinta. Ellos y sus defensores denuncian irregularidades y tratos degradantes: desde una “marcación específica” en las muñecas para diferenciarlos de otros detenidos, incomunicación y diversas vejaciones, hasta la falta de alimentos y agua durante horas. Incluso uno de los jóvenes fue rapado por agentes, denuncian.

Gabriel, quien es funcionario público y abiertamente morenista, menciona su defensa, fue arrestado por su aspecto y bajo engaños. Él ni siquiera participó en la marcha. 

En entrevista con EMEEQUIS, los abogados de los acusados señalan violaciones a derechos humanos y una actitud arbitraria de las autoridades judiciales, en un caso que se ha politizado por su carga opositora frente al gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum. 

GABRIEL, DETENIDO POR SU ASPECTO DE “CHOLO”

Ricardo Colorado, defensor de ocho de los jóvenes, acusa a las autoridades de la CDMX de sólo tener el testimonio de un policía para sostener la acusación de intento de homicidio en contra de Gabriel,  acto que califica de endeble. Añade que el policía expresó que le gritaron que lo iban a matar pero sus lesiones no son graves y se curan en menos de 15 días. 

“La única razón es una persona, un policía que dice que mi cliente lo golpea y lo quiere matar… es una cuestión subjetiva que el juez ha pateado en las reglas de la prueba”.

Gabriel es un servidor público que acudió a la Plaza de la Tecnología y, por curiosidad, decidió pasar al Zócalo para documentar lo que sucedía. Colorado cuenta que policías lo engañaron para “protegerlo de los golpes”, pero terminaron entregándolo como presunto homicida y perdió sus posesiones. Ahora está esperando la llegada de su aguinaldo para comprarse un nuevo teléfono.
Además, Colorado denuncia un componente discriminatorio: “Gabriel tiene un aspecto ‘de cholo’. Es un funcionario público, pero sí está rapado y tatuado”, razón por la que asume que fue engañado por la policía para entregarlo bajo acusaciones de tentativa de homicidio. 

“Lo detienen a punta de patadas y macanazos”, señalando que los policías fueron quienes agredieron a Gabriel, razón por la que debe acudir al médico y cerciorarse que no tiene consecuencias médicas. 

Irónicamente Colorado añade que Gabriel es partidario de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la 4T,  por lo que se dirigió a la plaza para documentar la violencia que estaba ocurriendo en la plaza, mas no imaginó terminar arrestado por cargos que afirma no haber cometido.
La defensa logró evitar su prisión preventiva con más de 70 pruebas (documentos oficiales, testimonios, comprobantes), sin embargo, añade que el juicio no es neutral y que la presión política se siente en cada audiencia.

“Estamos jugando en una cancha donde el árbitro está de lado, trae una playera de equipo. Se lo dije al juez”.

RAPADO  Y MARCADOS  POR LA POLICÍA

Otro detenido, Alberto González, fue rapado dentro de las instalaciones policiales. El abogado lo describe como una vejación directa, la razón no la sabe, nadie lo ha podido explicar. Colorado mencionó que Alberto tenía el cabello chino pero, sin explicación fue rapado, acto absolutamente innecesario. 

Pero no fue el único trato inusual. Todos los jóvenes fueron marcados con una cinta en la muñeca, como “si entraran a un spa o un resort”, denuncia Colorado: “Es un estigma. Nunca había visto algo así. Es vejatorio”.
SIN COMIDA, AGUA NI COMUNICACIÓN

A ello se suma que, según el abogado, los detenidos no habían comido ni recibido agua hasta que el juez ordenó a los agentes garantizar lo mínimo indispensable.

“No les habían dado agua. El juez tuvo que pelear ese derecho”.

Colorado ya pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX una inspección urgente y asegura que un juez federal ya otorgó una suspensión de amparo para evitar más abusos. 

Danna Luna, quien también se presentó como asesora legal en la primera parte del proceso judicial, previo a la judicialización, menciona que se tuvieron que meter amparos a nombre de todos los detenidos, pues la autoridad los mantenía incomunicados. “Se presentaron amparos; presentamos amparos de todos (…) por incomunicación”. 

LAS 13 PUNTADAS

La detención de Daniela Toussaint Camberos se ha convertido en uno de los casos más alarmantes tras la marcha del 15 de noviembre.  La estudiante originaria de Guadalajara se trasladó a la CDMX para documentar la marcha, sin embargo, mientras grababa, los policías utilizaron el mismo método que con Gabriel y bajo excusas de protegerla, terminaron  golpeándola y arrestándola.

“Me engañaron porque el policía me llamó y me dijo que él iba a llevarme a una zona segura. Me llevaron con los granaderos y me patearon”, causando lesiones que ameritan cuatro y siete puntadas, además de un tobillo lesionado y diversos moretones.   

En redes circulan videos de cómo fue pateada por los policías para después ser subida con vendajes en la cabeza a una patrulla capitalina.

Amigos y familiares describen un operativo desmedido, aproximadamente ocho policías la habrían arrastrado, azotado contra el piso, para después dejarla sin atención médica. 

Pese a ello, fue señalada por las autoridades por homicidio en grado de tentativa, acto que contrasta de manera con los testimonios que señalan que fueron los propios agentes quienes ejercieron violencia contra ella. 

El 17 de noviembre se informó que Daniela sería trasladada al penal femenil de Santa Martha y este 19  se informó de su liberación. Al salir mencionó que durante  el ataque que sufrió tuvo miedo de que se repitiera otra represión estudiantil como la del 68.

LOS OTROS DATOS

Mientras el gobierno capitalino presume protocolos cifras de lesionados, las historias de los detenidos muestran otra cara: una cancha inclinada, presiones políticas y posibles violaciones a derechos humanos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ocho personas permanecen en prisión preventiva, diez enfrentarán proceso en libertad y cinco tendrán audiencia este 21 de noviembre. Además, señaló que se abrieron 17 carpetas de investigación sin detenido por lesiones, robos y daños.

El gobierno capitalino ha dado prioridad al saldo policial expresando que existen 60 policías lesionados, 40 trasladados a hospitales, de los cuales al menos 26 ya fueron dados de alta.

Sobre violaciones a protocolos, la autoridad reconoce 18 incidentes, siete de ellos agresiones a periodistas. Los policías involucrados fueron separados temporalmente.

La del 15N no es sólo una marcha que dejó 29 detenidos. Es, para muchos de ellos, el inicio de un proceso que nació en desventaja. Y que hoy revela una cancha donde, como dice el abogado Colorado, “el árbitro ya trae puesta la camiseta”.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO, NATALIA ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Marinos torturaron a detenido en Guanajuato mientras policías y agentes de FGE miraban: CNDH

La recomendación exige a Semar, FGE y SSP reparar integralmente el daño, incluyendo compensación económica y atención psicológica a la víctima.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación por violaciones graves 194VG/2025 dirigida a la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP) de esa entidad, tras acreditar que un detenido fue víctima de tortura en 2019 durante un operativo en el municipio de Villagrán. 

Según el organismo, personal de las tres instituciones participó o presenció las agresiones sin denunciarlas.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue detenida en marzo de 2019 dentro de su domicilio, donde se encontraba con su hija.

La CNDH señaló que elementos de Marina le realizaron actos de tortura al exigirle información sobre personas que no conocía, mientras policías estatales y agentes de la Agencia de Investigación Criminal permanecieron en el lugar sin intervenir.

“Se acreditó responsabilidad de las tres instituciones con motivo de la vulneración al derecho humano a la integridad y seguridad personal de la víctima”, informó el organismo. La Comisión añadió que los agentes estatales y del Ministerio Público “presenciaron las agresiones […] y omitieron denunciarlo”, además de justificar las lesiones con versiones falsas sobre el origen del daño.

La CNDH afirmó que los marinos participaron directamente en las agresiones, mientras que policías y agentes ministeriales encubrieron los hechos, incluso alterando la versión oficial sobre el lugar y circunstancias de la detención.

La Comisión determinó que tres servidores públicos que realizaron la puesta a disposición tienen responsabilidad directa, pero pidió investigar también a todos los integrantes del operativo cuya identidad aún debe establecerse.

La recomendación exige a Semar, FGE y SSP reparar integralmente el daño, incluyendo compensación económica y atención psicológica a la víctima.

Las instituciones deberán colaborar con las investigaciones penales y administrativas ante la FGR y la FGE, así como impartir cursos de prevención de la tortura y emitir una circular para garantizar que toda detención se realice bajo estándares constitucionales y de derechos humanos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez ordena aplicar el Protocolo de Estambul a cinco detenidos en marcha de la Generación Z

Los cinco sujetos serán sometidos a ese proceso para investigar la presunta comisión de tortura, mientras permanecen en el centro penitenciario.

Un juez de control determinó que se tendrá que aplicar el Protocolo de Estambul a José Enrique Arriendos, Sergio Velasco Rodríguez, Bryan Mario Mora, Bryan Olivares y Eduardo Carrión, todos detenidos tras la marcha de la Generación Z, quienes permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por lo menos hasta el viernes 21 de noviembre.  

Además, a tres días de la movilización que detonó en enfrentamientos directos entre elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la ciudadanía, el juez vinculó a proceso a tres personas que fueron detenidas durante lo ocurrido, por el delito de lesiones dolosas en contra de los uniformados. Se trata de Daniel David Rocha González, de 20 años; José Luis Matus Altamirano, de 22 años; y Enrique Sosa, de 23 años.

De acuerdo con reportes periodísticos, a los mencionados la autoridad judicial les permitió llevar su proceso en libertad, pero tendrán que acudir al Reclusorio para firmar cada quince días y no podrán acercarse ni comunicarse con los policías afectados.  

Sobre el caso de los cinco sujetos que serán sometidos al protocolo para la investigación de la presunta comisión de tortura, y al mismo tiempo permanecerán en el centro penitenciario, su defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez estableció la medida cautelar de prisión preventiva.   

El pasado 15 de septiembre, después de la protesta, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, notificó que 40 personas fueron detenidas en los disturbios.  

Dos días después, 18 detenidos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, a pesar de que algunos de sus familiares intentaron impedir el paso de los vehículos oficiales y denunciaron que los jóvenes fueron golpeados.  

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya existen carpetas de investigación por 77 denuncias presentadas por uniformados de la SSC, así como de cuatro ciudadanos que dijeron haber sido agredidos en la marcha.  

En tres casos se presentaron cargos por tentativa de homicidio, en cinco por resistencia por parte de particulares, dos por lesiones y robo, ocho por lesiones y dos casos de denuncias relacionadas con agresiones contra periodistas, en las cuales se inició la carpeta de investigación sin detenidos. 

Las autoridades reportaron 100 oficiales lesionados y solo 20 ciudadanos con “heridas menores”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Denuncian al Estado mexicano ante la Corte IDH por violaciones del Tren Maya

Activistas y defensores mayas interpusieron una denuncia contra el Estado mexicano ante la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Costa Rica, por las violaciones a sus derechos cometidas por la imposición del megaproyecto federal del Tren Maya, iniciado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los defensores, que integran el Centro Comunitario Maya U kúuchil ch’i’ibalo’on de la Península de Yucatán, entregaron al director jurídico de la Corte IDH la resolución de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre los impactos del Tren Maya, así como la Sentencia del Décimo Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza, documentos en los que se reconoce el “ecocidio” y “etnocidio” cometidos con la imposición del megaproyecto y se ordena a las autoridades mexicanas su suspensión.

En el veredicto, el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza “reconoce de modo irrefutable la violación a los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales de los pueblos mayas peninsulares, que ancestralmente han sido y continúan siendo protectores y guardianes de

su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas; sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan sus ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio”.

Asimismo, en la resolución emitida el pasado 23 de septiembre el Tribunal Internacional reitera la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza, así como insiste en su condena a las autoridades mexicanas “a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya, a la desmilitarización de los territorios indígenas y al cese del despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el cese de la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación a las personas defensoras de la naturaleza”.

En la entrega de los documentos a la Corte IDH también participaron defensores de la Red Regional Latinoamérica y Caribe, Permanecer en la Tierra y de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, quienes junto a los activistas mayas manifestaron su “confianza en el compromiso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la justicia hacia los pueblos”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que de ser solicitado, estaría dispuesta a recibir a los seis mexicanos que llegaron hoy al país después de un largo viaje desde Israel, en donde estuvieron detenidos por haber tratado de llevar ayuda humanitaria a Gaza en la Global Sumud Flotilla.

A su llegada al país, los mexicanos integrantes de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios de comunicación que los esperaban en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Desde ahí, acusaron que fueron víctimas de tortura y de maltrato por parte de Gobierno y del ejército de Israel, sin embargo, pidieron a los medios y a las personas no hacer de ellos la nota, pues expusieron que lo vivido no es ni una parte pequeña de todo lo que ha sufrido el pueblo de Palestina.

El periodista Ernesto Ledesma, director del medio Rompeviento TV, aseguró que su detención, así como la de los cerca de 500 tripulantes de la flotilla que se dirigía a Gaza para llevar ayuda, fue una emboscada del ejército de Israel, ya que, contó, les echaron cañones de agua con algún liquido no identificado que les produjo picazón en la piel.
Después de haber sido secuestrados por el ejército y retenidos en sus instalaciones, narró que los sometieron a tortura psicológica y física. Explicó que les taparon ojos y los sometieron en el piso, y que incluso cuando llegaban a entonar “¡Free Palestine!”, un Ministro de Seguridad les dijo: “¡Asesinos de niños!”.

Destacó que Mauricio Escanero, Embajador de México en Israel, también fue tratado mal por las autoridades de ese país cuando buscaba su salida.
“¿Qué explicación da la Embajada, el Gobierno de Israel aquí en México sobre ese respecto? Quisiéramos saberlo”, cuestionó y agregó más adelante que “hubo tortura por parte del Gobierno de Israel y no recuerdo que yo sepa que el Gobierno mexicano haya maltratado, incluyendo al Embajador de México en Israel, que lo trataron de una manera muy grosera en el penal de máxima seguridad que es donde nos tenían detenidos”.
El periodista exigió que el Gobierno de México dé una respuesta contundente frente a Israel y más allá que sólo una postura, por ejemplo, que existan acciones como romper relaciones diplomáticas.
“Son situaciones inaceptables. ¿Qué va a hacer el Gobierno mexicano frente al Gobierno de Israel cuando hay un genocidio contra el pueblo palestino? En el caso de la delegación mexicana, ¿cómo no le da vergüenza a la Embajadora de Israel en México estar aquí? Y además, perdón, decirnos mentirosos”.
“Nosotros no somos mentirosos. Va a tener que desmentir a 500 integrantes de la flotilla que somos los que estábamos detenidos ahí, y que somos los que vimos, y somos testigos de lo que ha sucedido y de lo que está haciendo”.

Por su parte, la ingeniera biomédica Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán señaló que lo vivido con el ejército de Israel no se compara con lo que hacen con los palestinos.

La psicóloga Sol González Eguía también hizo énfasis en ese punto y añadió que ellos nunca fueron prisioneros, sino que fueron secuestrados por el ejército israelí.

La periodista Arlín Medrano Guzmán subrayó que a diferencia del pueblo palestino, ellos son privilegiados por tener cámaras y micrófonos escuchándolos, y los aprovechó para reiterar su disculpa a Palestina por no llegar a tiempo con la ayuda humanitaria.
“Le pido una disculpa al pueblo palestino por no haber llegado a tiempo y es una pinche desesperación no haber podido llegar como quisiéramos a Gaza con ayuda humanitaria, pero lo que sí hicimos es romper los cercos mediáticos”, consideró.
A su vez, agradeció a México, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a América Latina por su apoyo, pero también por resistir a la violencia:
“Quiero darle un agradecimiento al pueblo mexicano, un pueblo valiente que ha sobrevivido también a un genocidio; a una América Latina que resiste y que resiste desde la fuerza, desde la convicción; a la Universidad Nacional Autónoma de México, a sus estudiantes que saben perfectamente lo que es protestar, que saben perfectamente lo que es vivir discriminación por hacerlo, por vivir distintos tipos de violencia”.


Culminó diciendo los que “los ojos y las voces” deben de estar en Palestina.

El último en tomar la palabra fue el documentalista Carlos Pérez Osorio, quien apuntó que al haber estado incomunicados estos días, no saben de la magnitud de su mensaje. Indicó que aunque no llegaron a Gaza, su mensaje se escuchó en el mundo entero.

Al finalizar su breve intervención, sostuvo que nunca rompieron su espíritu y que nunca tuvieron miedo.


“Fuimos maltratados, pero nunca rompieron nuestro espíritu, nunca tuvimos miedo y aquí está el ejemplo, ¿no?, de todos estos compañeros y compañeras que nunca perdieron el buen humor, nunca perdieron la causa, la misión y seguir hablando de Gaza”, concluyó.
Poco después del arribo de los connacionales que denunciaron tortura en Israel, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los gastos del viaje a casa los asumirá el Gobierno federal. "Si ellos solicitan que los reciba, los recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver", comentó al ser cuestionada al respecto.

"El Canciller estuvo atento todo el tiempo y en contacto con ellos a través del Embajador de México en Israel para poder repatriarlos, y afortunadamente ya llegaron esta mañana", celebró durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN, PERLA VELÁZQUEZ.

Gobierno de Jalisco reconoce por primera vez su “responsabilidad institucional” en desapariciones

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación de la CNDH, que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.

El gobierno del estado de Jalisco reconoció por primera ocasión su “responsabilidad institucional en la violación de los derechos humanos de víctimas directas e indirectas de las desapariciones”, en específico por un caso de desaparición en el que hay 4 víctimas involucradas ocurrido hace 15 años, el 30 de septiembre de 2010. 

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad, y a la integridad personal, atribuibles a servidores públicos de los estados de Jalisco y Zacatecas, ya que las víctimas desaparecieron en las fronteras estatales de estos estados.

María Natividad Guerrero Serrano madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero manifestó insatisfacción por la forma en la que se efectuó el acto, ya que inicialmente se pusieron muchas restricciones, la negativa inicial para que estuviera presente el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, y porque el acto se canceló en tres ocasiones previas por la falta de difusión pública del evento, y la imposibilidad de dar la palabra a algunos invitados, y representantes de la ONU-DH y del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD).  

Además de que se quisiera impedir inicialmente que su nieto, Diego Aristóteles Enciso Cruz, leyera una carta en la que habló del impacto personal por la desaparición de sus padres: Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez y de dos amigos de sus progenitores, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz. 

“Hoy 14 de agosto del año 2025, estoy frente a ustedes haciendo una exigencia por verdad, justicia y dignidad. Hoy debería ser un día en el que demos un paso hacia la justicia por el caso de la desaparición de mi hija Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, y mi yerno Luis Ramón Enciso Ramírez y otras dos personas desaparecidas.

“El 30 de septiembre del 2010 en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Hoy se deberían reconocer por parte de la Fiscalía por primera vez en Jalisco las graves omisiones en la búsqueda e investigación que debieron de ser inmediatas y exhaustivas para localizar con vida a Dalia y Luis y las otras dos personas. Así como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra contra. Iba a ser un evento digno que venimos construyendo con promesas.

“Sin embargo, me llena de profunda tristeza la forma en la que ha sucedido este proceso que ha implicado la realización este evento para nosotras, las familias, que, en lugar de ser escuchadas, hemos sido ignoradas, y muy desgastadas sin respetar los acuerdos que generamos por la Fiscalía y particularmente por Vicefiscalía de Derechos Humanos, quien desde el inicio del proceso hasta hoy dejó de lado necesidades de las víctimas de las víctimas”, reclamó la señora Natividad”. 

El evento, realizado este el 14 de agosto de 2025 en el patio de Los Naranjos del Palacio de Gobierno. Inicialmente se había negado el acceso a la prensa, pero tras la presión de los familiares, sobre todo de la señora Natividad. se permitió el ingreso al salón a los periodistas. Sin embargo, los diputados: Tonantzin Cárdenas Méndez de Futuro y el diputado del PT, Leonardo Almaguer no pudieron ingresar y se quedaron inconformes en la puerta. 

Los familiares y víctimas indirectas que estuvieron presentes son: María Natividad Guerrero Sedano, Ernesto Cruz Moreno, Diego Aristóteles Enciso Cruz, Ramón Enciso García, Jesús Naranjo Cervantes, Miriam Janeth Naranjo García, Fidel Sedano Sandoval, María Teresita de Jesús Vilchiz Verduzco, Rosalina Michel Sedano Chávez y Azucena Guadalupe Sedano Chávez. 

Durante el acto las autoridades no mencionaron la palabra “disculpa”.  

“El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por violar los derechos de acceso a la justicia a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”, señaló el secretario general, Salvador Zamora Zamora. 

Durante entrevista posterior, Salvador Zamora señaló que no había necesidad de mencionar la palabra "disculpa" como tal, ya que consideró que el acto fue un reconocimiento institucional a las omisiones cometidas en 2010, respondiendo estrictamente a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, el secretario argumentó que para él si fue un acto de disculpas. 

El secretario Zamora aceptó adeudos pendientes con los hijos de las víctimas Dalia y Luis, relacionados con becas educativas y declaró que habló con la abuela al respecto y prometió que le dará seguimiento al pendiente. 

En el acto también estuvo presente Jesús Eduardo Villar Román, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH y el titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien dijo que hay un compromiso para fortalecer las acciones de investigación, prevención y coordinación con otras autoridades para evitar que hechos similares se repitan. 

Al final de cuentas la administración pública reconoció omisiones atribuibles a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y vulneraciones a los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.  

Los familiares de las víctimas expresaron su sentimiento de que el evento fue un “mero trámite y no un genuino esfuerzo de reparación del daño”. Rosalinda Michel Serrano, familiar de las víctimas, describió el proceso como “revictimizante”.  

Durante el evento familiares de personas desaparecidas efectuaron muestras de inconformidad con la actuación de las autoridades y expresaron las frases de exigencia que suelen efectuar en las marchas “vivos de los llevaron, vivos los queremos”. “¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hermanos, ¿dónde están?”. “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Hasta encontrarlos”. 

Por su parte, el representante Alan García Campos, de la oficina en México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista al finalizar el acto, resaltó que las disculpas públicas, son indispensables especialmente en casos de violaciones de derechos humanos, enfatizó la necesidad de la participación de las víctimas y de tomar medidas más allá de los gestos simbólicos.  

Subrayó que las acciones necesarias más allá de una disculpa pública incluyen: fortalecer las estrategias de búsqueda y localización; identificación certera; restitución digna (si las víctimas están fallecidas); garantías de no repetición; responsabilizar a todos los involucrados, no sólo a los ya sentenciados; e implementar marcos jurídicos efectivos. 

Alan García concluyó que se pueden aprender lecciones de esta y otras disculpas para mejorar el efecto simbólico de acciones similares futuras y su contribución a la curación de las víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Fallece mujer hondureña en penal de San Cristóbal de las Casas por presunta negligencia médica

La mujer que cumplía 40 años por el delito de homicidio, falleció, presuntamente, por falta de atención médica tras sufrir un ataque de asma.

Una mujer originaria de Honduras, que cumplía una condena de 40 años por el delito de homicidio, falleció el domingo en el penal de San Cristóbal de las Casas, presuntamente por falta de atención médica tras sufrir un ataque de asma.

La organización feminista Colectiva Cereza denunció que la mujer no recibió la atención médica oportuna por parte de las autoridades penitenciarias, lo que habría derivado en su muerte. A través de un comunicado, la agrupación señaló que este caso refleja las condiciones precarias de salud y la negligencia institucional dentro del sistema carcelario.

“La criminalización, la discriminación por origen nacional y la falta de acceso a servicios básicos como la salud, son parte de las múltiples violencias que viven las mujeres privadas de libertad”, manifestó la Colectiva.

Explicó que el domingo por la mañana, “Génesis se sintió mal y fue a la enfermería, pero no le dieron la atención adecuada, ya que no había medicamentos y sólo estaba una enfermera que no pudo valorar la urgencia y el alto riesgo de un ataque del asma crónico que padecía”.

La organización feminista, dedicada a acompañar legal y emocionalmente a mujeres en prisión, señaló que Génesis dejó de existir durante la tarde “por un paro cardio respiratorio; las custodias que tardaron en llegar, no hicieron varios avisos, pero no se mandan solas, hay alcaide y director responsables de la atención directa y del resguardo a las personas que se hayan bajo su custodia”.

Hace un año y medio, refirió la colectiva. la hondureña fue trasladada “ilegalmente” del penal de El Amate, en el municipio de Cintalapa, al de San Cristóbal de las Casas y el frío de la zona en la que está la cárcel -a más de 2 mil metros de altura- le afectó mucho, pero “si la hubieran atendido a tiempo no habría muerto”.

En El Amate “no había tenido este problema de salud tan grave” que estaba padeciendo, por lo que había insistido a las autoridades penitenciarias que la regresaran a la prisión anterior.

De acuerdo a la Colectiva, “la trasladaron de El Amate a San Cristóbal porque según la autoridad, lo autorizó un juez de control cuando ya tenía sentencia condenatoria y era el juez de ejecución el que debía autorizarlo”.

Afirmó que “ya estaba su causa junto a la de otra compañera en el juzgado de ejecución de San Cristóbal, pero el clima de los Altos de Chiapas, por el frío y la lluvia, le perjudicó mucho a Génesis empeorando su asma crónica; necesitaba un nebulizador que no se le proporcionó en el reclusorio como era su obligación, sino que ella con su trabajo adentro haciendo monederos y bolsas se lo compraba”.

La aseguró que Génesis, de aproximadamente 40 años, era una mujer amable y solidaria con sus compañeras y “si hubiera tenido otras condiciones en su vida no hubiera llegado a prisión”.

Informó que el cuerpo de la hondureña quedó a disposición de la Fiscalía Zona Altos para que se realicen la necropsia y otros peritajes, al tiempo que se abrió una carpeta de investigación; también quedó la camioneta del penal en la que llevaron a Génesis al hospital ya demasiado tarde.

La agrupación feminista, dijo que la necropsia confirmará la causa de su muerte, “pero es lógico que sea por la crisis de asma. Las compañeras dicen que estaba morada. Una crisis asmática es muy grave y requiere la aplicación inmediata de varios medicamentos por nebulizador”.

Cereza finalmente comentó que está intentando localizar a su familia en Honduras porque no sabe qué se hará con el cadáver, “pero el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la inhumación o repatriación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO

Caso Cassez-Vallarta visibiliza prisión preventiva: hay 39 mil 600 mujeres privadas de la libertad sin sentencia

La reciente liberación de Israel Vallarta Cisneros, luego de pasar los últimos 20 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, tras ser acusado de liderar una banda de secuestradores ha ocupado los titulares de la prensa nacional, no obstante, es necesario visibilizar que en el país hay 39 mil 608 mujeres quienes no tienen una sentencia y se encuentran privadas de su libertad.

Este dato es revelador y amerita una lectura de género porque son precisamente las mujeres quienes son más castigadas con la prisión preventiva oficiosa, esto de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEE) julio 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Una cifra que supera lo documentado en el 2022, donde se tenía especificado que había 6 mil 564 mujeres sin tener una sentencia o una revisión de sus casos, es decir, subieron exponencialmente.

Además, de acuerdo con una investigación de la organización Equis Justicia titulada Vidas en custodia: El castigo carcelario y su extensión a la familia, algunas de las mujeres privadas de su libertad como medida cautelar pueden esperar hasta 15 años para recibir una sentencia en nuestro país. 

En ese lapso de tiempo, las condiciones de reclusión someten a las mujeres presas al abandono de sus familias, la estigmatización, el hacinamiento y la falta de atención médica (entre muchas otras deficiencias del sistema penitenciario mexicano). De igual forma, pierden la posibilidad de ejercer derechos, como el derecho al voto, aún cuando no se ha comprobado su participación en actividades delictivas.

Este mismo censo arroja que existen 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad sin una sentencia en el país, de los cuales 39 mil 608 son mujeres y 30 mil 541 sn hombres. Asimismo, el desglose por el tipo de prisión preventiva indica que el 38% estaba en prisión preventiva justificada (31.2% de mujeres y 38.5% de hombres) y el 47% en prisión preventiva oficiosa (56.4% de mujeres y 46.2% de hombres).

Cuando se trata de mujeres, los delitos más comunes por los que otorgan dan prisión preventiva son secuestro (52.4%); delitos de delincuencia organizada (20.4%); homicidio (6.3%); delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (4.5%); delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos (4.3%); desapariciones forzadas de personas (2%); privación de la libertad (1.8%); extorsión (1.3%), y trata de personas (1.3%).

Es necesario revisar que en México existen dos tipos de prisión preventiva. La primera es justificada, la cual debe ser solicitada por el Ministerio Público y aprobada por un juez siempre que existan pruebas que la persona imputada representa un riesgo (para el proceso penal y personas involucradas). Mientras que la segunda es obligatoria y es automática cuando existen indicios de su participación en el delito.


De acuerdo con el informe sombra «Intersectando la discriminación contra las mujeres en México en distintos ámbitos. Informe sombra para el Comité CEDAW», entre 2019 y 2024 el número de hombres en prisión preventiva aumentó 13.1% y el de mujeres alcanzó un crecimiento de 33.1%. Asimismo, en 2024, el 48% de las mujeres en prisión se encontraban en prisión preventiva, en comparación con el 37% de los hombres.

Existe una mayor proporción de mujeres se encuentran en prisión preventiva obligatoria en comparación con los hombres, por ejemplo, en 2023, el 16 % de los hombres y el 23% de las mujeres privadas de la libertad se encontraban en prisión preventiva obligatoria.

La Constitución mexicana establece que las personas no pueden ser mantenidas en prisión preventiva por más de dos años, pero datos del El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que, en 2023, el 22,2 % de las mujeres y el 20,1 % de los hombres en prisión preventiva llevaban más de dos años esperando una sentencia condenatoria.

Las fallas de la prisión preventiva

La prisión preventiva esta descrita en el artículo 19 de la Constitución mexicana en donde se incluye una lista de delitos que requieren de esta medida. En 2008 se aprobó una reforma que estableció 12 alternativas a la prisión preventiva y entró en vigor en 2016 logrando que el número de mujeres, que se encontraban en prisión por esta causa, disminuyera drásticamente.

Sin embargo, la lista de delitos que ameritan esta alternativa fue extendida entre 2019 y 2024 pese a las advertencias de instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comité contra la Tortura, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según determina el articulo 19° de la Constitución mexicana, actualmente los delitos por los que se ordena prisión preventiva oficiosa son:
«abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley»
Anteriormente, el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por las mujeres en prisión preventiva como el Séptimo Informe Periódico de Argentina donde se recomendó adoptar medidas para limitar el uso de este recurso, sin embargo, Intersecta denunció que el Estado mexicano presentara una ampliación del catálogo de delitos como un avance, cuando existen cifras que contradicen este panorama.

Anteriormente, Cimacnoticias documentó que la prisión preventiva no sirve para disminuir la incidencia delictiva como se esperaría. Durante la discusión en el Congreso Federal que tuvo lugar en 2024 cuando se aprobó la reforma para ampliar el catálogo de delitos que requieren de esta medida, diversas diputadas y diputados apuntaron que sus principales fallas giran en función de dos aspectos: se violenta el principio de presunción de inocencia y el sobrecargo del sistema penitenciario.

La presunción de inocencia establece que toda persona acusada de un delito es considerada inocente hasta que se demuestre legal y concluyentemente su culpabilidad. En la discusión, diputadas y diputados concluyeron que con la prisión preventiva no disminuye la criminalidad y afecta los derechos humanos; no se profesionaliza al Ministerio Público, motiva la lentitud de los procesos y promueve el hacinamiento en los centros penitenciarios.

Por otro lado, actualmente existe un sobrecupo de espacios en los centros penitenciarios, gracias a que miles de personas están privadas de la libertad no porque se encuentren culpables legalmente, sino porque no pueden enfrentar el proceso en libertad gracias a la prisión preventiva.

Caso Cassez-Vallarta, un caso de cientos

El 9 de diciembre de 2005, la ciudadana francesa Florance Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros, fueron arrestados por un equipo de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el rancho Las Chinitas, sobre la carretera México-Cuernavaca, bajo el argumento de que pertenecían a la banda de secuestradores «Los Zodiacos».

El caso Cassez-Vallarta atrajo la atención mediática ya que la detención se realizó aparentemente en vivo. Al día siguiente, el entonces director de la AFI, Genaro García Luna declara ante el programa «Punto de Partida» que el material transmitido en televisión nacional fue una recreación, ya que la detención se realizó un día previo.

Para abril de 2006, Florance Cassez es sentenciada a 96 años de prisión por el secuestro de cuatro personas y tras una apelación, su pena bajó a 60 años en marzo de 2009. La narrativa pública del caso recrimina fuertemente a la ciudadana francesa e incluso el entonces presidente Felipe Calderón anuncia que la mujer no podrá ser extraditada, por lo que tendría que cumplir su sentencia en México.

En 2012 y luego de presentar un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) que fue rechazado, el entonces ministro Arturo Saldívar presenta un proyecto de amparo para liberar a Florance Cassez. Por otro lado, Israel Vallarta Cisneros permaneció privado de la libertad en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, sin una sentencia hasta el pasado 1 de agosto de 2025.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.