“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos. ¡Y miren lo que le hicieron! ¡Me lo mataron esos malditos!”, gritaba Virginia fuera de sí aquella noche ante la pérdida de ‘Chander’, como lo conocen en la comunidad.

La mujer habla ahora mucho más serena sentada en una silla de plástico en su casa, en un poco habitual día gris y lluvioso en la muy calurosa Acatlán, un municipio de unos 45 mil habitantes que está separado de Tezonapa, Veracruz, por una calle. 

Uno de los implicados en la muerte de Chander está preso y condenado a 35 años de cárcel, en buena medida, y así lo reconoció en una recomendación la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, por la investigación que ella misma emprendió contra la policía de su localidad. Una investigación, no obstante, y una búsqueda tenaz de la verdad que la ha llevado, además de soportar el tremendo peso de la muerte de su hijo, a vivir con escoltas por las amenazas.

Por fortuna, o más bien por “una señora con las faldas bien puestas”, como apunta ‘Vicky’, que testificó que ella vio cómo el policía trató de plantar el arma al joven, la versión oficial quedó desacreditada.

–No tengo estómago para ver a la cara a los policías de Acatlán –murmura ‘Vicky’–. Para mí, siempre serán los desgraciados que le quitaron la vida a Chander.

Por eso dice que el día que se encontró a uno de los implicados de frente en la graduación de su sobrina, donde muchos otros niños y niñas se graduaban para salir del kínder, se tuvo que sentar para procesar sus emociones. 

–Al principio no lo reconocí, porque ahora está más robusto. Él venía de recoger a uno de los niños, y cuando se topó frente a mí se puso rojo como un tomate. Yo todavía en mi mente pensé: ‘pobre muchacho, se ve que no ha caminado mucho entre tantas personas y se ha puesto rojísimo por la pena’. 

Fue entonces, dice la mujer, cuando alguien se le acercó por la espalda y le susurró al oído: 

“¿Has visto al asesino de tu hijo?”. 

Asesinato de Alexander: la versión de la policía de Acatlán y la de la familia

La noche del 9 de junio de 2020, la patrulla de policía municipal con número 023 se encontraba en un ‘filtro de seguridad’ sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez de Figueroa, a la altura del taller de ‘Los Hinestrozas’. El ‘filtro’, o el retén, se instaló debido a la presencia de grupos delictivos en la región –dos años antes, en abril de 2018, sujetos armados bajo aparentemente la siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron en un video al alcalde– y por “las constantes amenazas” a la corporación policiaca, justificó el edil de Acatlán, Adán Maciel, en el escrito que envió a la Defensoría de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la versión policiaca, a eso de las 22:30, la patrulla se percató de unas luces que, al parecer, eran de motocicletas que venían a exceso de velocidad en su dirección. 

“Al notar que se trataba de nueve motocicletas, el mando Sergio R. R., indicó al conductor de la unidad, Higino C. M. que encendiera los códigos parlantes de la patrulla, y a los elementos Isaac R. G., Sergio R. R. (padre del mando) y Adolfo D. G., que con sus lámparas de mano les hicieran señas para que bajaran la velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones. Al no detenerse y pasar por donde se encontraba parado el elemento Sergio R. R. (padre del mando) lo tiran, y al caer su escopeta se acciona al impacto con el suelo”, asegura la versión oficial, que señala que de inmediato los policías trataron de brindar los primeros auxilios al joven Alexander, aunque subrayó que el adolescente iba armado.

“El mando corre a brindarle los primeros auxilios y observa que aproximadamente (sic) se encontraba un arma de fuego tipo pistola en el suelo”, continúa el escrito de la versión oficial, que más adelante asegura que, debido a la beligerancia de los vecinos y de la madre que llegó al lugar, los agentes pidieron apoyo a la comandancia y uno de ellos, Sergio R. R., “priorizó tomar el indicio que se encontraba cerca del lesionado –pistola color negra–” para resguardarlo como evidencia en el caso.

Otro adolescente resultó herido al caer también de su moto tratando de huir de los disparos. 

De inmediato, ‘Vicky’ se trasladó al lugar de los hechos, un camino de terracería donde, asegura, nadie podría transitar a gran velocidad por lo irregular del camino. 

–Vi a mi hijo tirado en el suelo junto a su moto, que aún tenía las luces encendidas, pero nunca pensé que estuviera muerto. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza por la caída y que estaba inconsciente. 

La mujer recogió a su hijo entre sus brazos. Cuenta que los cinco policías la observaban en silencio. 

–Les gritaba qué le habían hecho a Chander, pero ninguno contestaba. Solo se miraban unos a otros. 

Ante el bullicio, vecinos del lugar se acercaron. Los ánimos comenzaron a caldearse, al tiempo que los policías trataban de sacarlos del lugar. 

Hasta ese momento, ‘Vicky’ asegura que, pese a lo que señaló el informe policial, los agentes no habían pedido una ambulancia, ni le dieron primeros auxilios. Fue una persona de la multitud que conocía a ‘Vicky’ quien llamó a la ambulancia, que llegó 15 o 20 minutos después. 

–Pero uno de los policías se acercó al chofer de la ambulancia y le dijo algo en corto, y éste hizo el amago como para retirarse del lugar. Entonces, mi otro hijo, Alexis, se puso delante de la ambulancia y comenzó a golpear el cofre, y mucha gente se tiró encima de la ambulancia y le obstruyó el paso. Al de la ambulancia ya no le quedó más remedio que sacar una camilla, subir a Alexander, y llevarlo al hospital de la comunidad.

Pero ya era demasiado tarde. 

Chander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, estaba muerto.

Violaciones a los derechos de las víctimas en el caso del homicidio de Alexander en Oaxaca

La Defensoría de Derechos Humanos, en su investigación previo a la emisión de la recomendación 1/2021, la cual elaboró a partir de dictámenes oficiales que fueron materia en el juicio del caso, señaló numerosas irregularidades en el actuar de la policía y en su posterior informe de los hechos.

Por ejemplo, la Defensoría establece que “no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”, por lo que concluyó que “la muerte arbitraria de un menor de edad fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la Policía municipal de Acatlán de Pérez de Figueroa”. 

El informe de la Defensoría también contradice la versión de la policía de que el arma de uno de los agentes se habría detonado por accidente al caer al suelo, producto de la supuesta embestida de uno de los jóvenes que iban en moto. 

“Según un informe pericial, es poco probable que el tipo de arma del policía Sergio R. R. se accionara en la forma en la cual dicen los policías que se disparó”, señala la Defensoría, que agrega al respecto: “Existe, además, un dictamen de criminalística en el que se documentó la existencia de otros disparos en la escena del crimen”. 

“La actuación omisa y negligente de los primeros intervinientes fue evidenciada por los familiares del adolescente que perdió la vida, su madre, padre y hermano, quienes se dieron a la tarea de investigar”, continúa señalando la Defensoría. 

“Fueron ellos quienes, al acudir a la escena del crimen, se percataron y se fijaron en –fotografía y video– de varios daños en árboles y un vehículo estacionado que en dictámenes posteriores la Fiscalía General corroboró que algunos fueron producidos por disparo de arma de fuego. Incluso, ubicaron y lograron que un perito en criminalística de campo extrajera de un árbol un elemento balístico esférico”.

El informe de Derechos Humanos concluye que los agentes locales, así como el agente de investigación estatal Gerardo P. C., cometieron “violaciones graves” en la preservación de la escena del crimen, y apunta también a la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que tampoco investigó las demás armas de fuego de los policías para determinar si habían sido accionadas o no.

Además, tampoco le han querido pagar el dinero que, por ley, corresponde a las víctimas cuando hay un caso de homicidio. 

–Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo. Jamás –subraya tajante ‘Vicky’–. Ningún dinero me va a regresar su vida, porque mi hijo no tiene precio. Pero, como me dicen los abogados, es un derecho que tenemos, y aunque no quisiéramos ese dinero, es algo que están obligados a pagar, a cumplir, y tampoco lo han hecho. Se han hecho de la vista gorda. 

Mamá de Alexander dejó su trabajo de secretaria para buscar justicia para su hijo

Como muchas otras víctimas en México que ante la falta de resultados de las autoridades asumen el peso de las investigaciones en sus casos, o las búsquedas de sus seres queridos, ‘Vicky’ tuvo que dejar su trabajo como secretaria en una empresa y se ha convertido en una activista y en una voz autorizada y respetada en Acatlán, donde otras víctimas acuden a ella –mandadas a veces incluso por gente que trabaja en el Ayuntamiento– pidiéndole ayuda, a pesar de que les deja muy en claro que ella solo es una madre en busca de justicia para su hijo. 

–Les dicen: ‘miren, acá no podemos hacer nada, pero vayan con ‘Vicky’. Y pues no sé –se encoge de hombros–, creo que la gente me ve como una especie de ‘heroína’ porque fui una mamá que sí levantó la voz ante la injusticia de la muerte de un niño. Yo levanté la voz en un lugar donde la gente, por miedo, no lo hacía; preferían irse del municipio para que no les hicieran daño, porque inmediatamente empezaban las amenazas diciéndoles ‘si no te callas, te vamos a matar’. 

Su lucha, incluso, no pasó desapercibida para los partidos políticos, pues asegura que llegaron a tocar su puerta para que se presentara como candidata a la alcaldía, propuesta que rechazó. 

–Se los he dicho cuando han venido a buscarme para la ‘poliquería’: ustedes no piensan en mí, no piensan en lo que siento al ver a esos policías. ¿Ustedes creen que me voy a sentar en una silla en la Alcaldía y voy a ver a esos policías que mataron a mi hijo? No, sólo de pensarlo se me revuelven las tripas. 

Cuestionada si, por el desgaste que implica la búsqueda de justicia en México, un país con niveles de impunidad por arriba del 90 %, y por el hecho de que su vida cambió para siempre con cuatro escoltas cuidando cada uno de sus pasos, no ha pensado en irse de Acatlán para empezar de cero en otro lugar, la mujer de inmediato niega con la cabeza. 

–Hay gente que después de lo de Chander se me acerca y me dice: ‘ay, cómo estás, pensamos que ya no vivías aquí’. Y siempre les contesto lo mismo: ‘no, nunca me he ido de aquí, ¿por qué debería irme yo? Ellos, los policías, son quienes mataron a mi hijo. Yo no he hecho nada malo. 

Además, Vicky asegura a colación que está convencida que lo que está haciendo, la búsqueda de esa “justicia plena”, es la mejor forma de honrar la memoria de Chander. 

–Ha quedado claro que fue un crimen de Estado, pues agentes del Estado asesinaron a mi hijo. Por eso fui a la Fiscalía Anticorrupción y puse otra denuncia en contra de los otros cuatro policías y los funcionarios que los protegieron y respaldaron en sus mentiras. 

A continuación, la mujer hace una pausa y reflexiona en silencio. 

–Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida, y que nunca estuvo sometida en un rincón llorando –recalca aseverando con la cabeza–. Por eso, yo voy a seguir luchando hasta que haya justicia.

Garantizar el acceso seguro al aborto es una medida de salud pública fundamental para las mujeres, ya que permite su autonomía y dignidad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos reportan que persisten barreras para acceder a este servicio incluso en entidades donde ya está despenalizado.

De acuerdo con la organización GIRE, entre 2012 y 2023 atendieron 46 casos de criminalización de mujeres y acompañaron 27 de ellos. El rango de edad de las mujeres estuvo entre los 15 y los 42 años y los casos ocurrieron en once entidades (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán).

De los 27 casos acompañados, en ninguno se criminalizó al personal de salud y, en varios de ellos, fue ese personal adscrito a los hospitales el que denunció o dio aviso al personal de seguridad pública o a las fiscalías o procuradurías locales. La mayoría de estos casos concluyeron porque se solicitó el cierre por falta de actividad procesal por parte de las fiscalías o por no acreditarse los elementos del delito.

No obstante, las barreras para acceder al aborto por parte de las instituciones de salud, así como su criminalización por el personal terminan por vulnerar los derechos humanos de las mujeres, representando uno de los mayores obstáculos para que el aborto sea aceptado socialmente como un servicio de salud.

Los obstáculos

Según señala GIRE, esta criminalización contra mujeres, además de representar una violación a los derechos humanos también ha generado incremento en las carpetas de investigación por el delito de aborto en casos como cuando una mujer aborta fuera del límite de las 12 semanas de gestación incluso cuando es involuntario.

Otra barrera para las mujeres persiste en varias entidades del país donde aún no se ha despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021. Actualmente, los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.

Por otro lado, 8 entidades mantienen vigente la penalización de la Interrupción del Embarazo (ILE): Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, y se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación. Esta disparidad territorial refleja un acceso desigual al derecho, y aunque la legalidad no reduce la práctica del aborto, su criminalización obliga a muchas mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones clandestinas, vulnerando sus derechos humanos e incluso su vida.

A eso se añade la objeción de conciencia, ya que permite que personal médico se niegue a practicar abortos por motivos religiosos o morales. Aunque las leyes mexicanas establecen que los servicios de salud deben garantizar personal disponible que no objete, en la práctica esto no siempre se cumple. También hay una grave falta de capacitación técnica y ética en el personal médico, lo cual es fundamental para ofrecer una atención segura, profesional y basada en derechos humanos. Esta carencia limita la calidad del servicio y dificulta el acceso oportuno al procedimiento.

La falta de infraestructura adecuada es otra barrera importante, especialmente en hospitales públicos ubicados en zonas rurales o marginadas, donde no existen los insumos básicos, medicamentos o espacios físicos apropiados para realizar abortos. La centralización de clínicas especializadas en capitales estatales deja en desventaja a las mujeres que viven en comunidades alejadas o indígenas, pues implica un esfuerzo económico, logístico y emocional adicional. A esto se suman los trámites burocráticos arbitrarios e ilegales que muchos centros de salud exigen, como permisos notariales, autorizaciones familiares, valoraciones médicas o psicológicas innecesarias, e incluso periodos obligatorios de “reflexión”, todos los cuales constituyen formas de violencia institucional.

Por otro lado, las barreras socioculturales también juegan un papel fundamental. El estigma social alrededor del aborto genera culpa, vergüenza y discriminación hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. La desinformación sobre salud sexual y reproductiva, y en particular sobre la seguridad del aborto, contribuye a que muchas mujeres no conozcan sus derechos ni las opciones médicas seguras disponibles. Finalmente, los factores económicos limitan el acceso a anticonceptivos, medicamentos como el misoprostol o la mifepristona, o servicios clínicos adecuados, dejando fuera a las mujeres con menos recursos.

A esto se añade los impedimentos de instituciones para abortar en casos de violencia sexual, desobedeciendo la NOM-46. Esta institución ha establecido una norma interna que impone requisitos adicionales —como ultrasonidos, opiniones jurídicas o testigos— que obstaculizan el acceso al procedimiento. Este conflicto refleja una serie de barreras institucionales que persisten incluso en estados donde el aborto ya fue despenalizado.

Debido a estos factores que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por la marea verde, no se puede invisibilizar la criminalización de las mujeres que abortan, siendo este uno de sus derechos sexuales y reproductivos. Por ello, el Estado mexicano no puede negar que aún existan mujeres encarceladas o procesadas penalmente por interrumpir su embarazo.

La mandataria mexicana expuso que también se solicitó más información para saber cuáles fueron las condiciones del fallecimiento de esta persona.  

 “Tiene que hacerse toda la investigación y nosotros siempre vamos a buscar el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior”, agregó. 

Según un comunicado de la Secretaría de relaciones Exteriores, el pasado 7 de junio, un ciudadano mexicano falleció en un centro de detención del ICE en Stewart, Georgia, al que la agencia estadunidense ya no deja ingresar al personal del Consulado de México en Atlanta para entrevistarse con los connacionales.  

La Cancillería mexicana informó que el hombre murió después de ser trasladado de la prisión de Jacksonville al centro del ICE, e indicó que se puso en contacto con sus familiares y las autoridades para "esclarecer los hechos, confirmar la causa oficial del deceso y brindar asesoraría jurídica y acompañamiento a los familiares".  

El caso sucede en medio del recrudecimiento de los operativos antimigrantes llevados a cabo por el ICE bajo las instrucciones del gobierno de Donald Trump, en los que los agentes de esa agencia han sido acusados de cometer abusos.

“Yo estaba con mi amigo, los dos en el celular, tomando una caguama, cuando de repente se escuchó el disparo”, relató Diego como parte de su declaración. Al escuchar la detonación, Diego se tiró al suelo por miedo.

Pese a que no vio al atacante, en la declaración que presentaron los ministeriales, adscritos a la Fiscalía en Huayacocotla, Veracruz, quedó asentada una descripción detallada del presunto agresor: cómo iba vestido, el color de su ropa y sus zapatos. Esa versión fue utilizada por la Fiscalía para incriminar a un policía llamado Silverio Reyes, hermano de Adán. Por esas fechas iban a darle a Silverio su nombramiento como segundo comandante de Texcatepec.

Cuando los elementos de la Policía Ministerial llevaron a Diego a la Fiscalía en Huayacocotla para que declarara no tuvo traducción, a pesar de que su idioma materno es el ñuhú y de español habla casi nada.

Antes de declarar, Diego fue torturado por los agentes, quienes lo obligaron a firmar una hoja en blanco. 

Después, en presencia de un intérprete oficial, Diego relató lo ocurrido, pero tanto el fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio y redactaron una versión en español que él no comprendió.

“Esa es la única prueba que tiene la fiscalía para mantener a Silverio detenido, y fue obtenida bajo tortura”, afirma el abogado Isaac Romero, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz.

Diego insiste en que nunca vio al agresor: “Ellos me querían obligar. Yo les dije: ¿Cómo voy a decir si no sé?”.

“No hay un argumento como tal. Dijeron ‘no hay delito’, pero sin investigar”, dice el abogado Romero. La defensa de Diego denuncia que nunca se le entrevistó por la tortura ni a la esposa de la víctima de homicidio, quién escuchó los gritos de Diego cuando era interrogado.

“Lo que vemos es que están encubriendo a los policías ministeriales”, señala Romero.

El caso de Diego no es aislado, Veracruz es el segundo estado del país con más carpetas de investigación abiertas por tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, solo por debajo de la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), publicadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Solo entre 2019 y 2024, en Veracruz se iniciaron 2 mil 441 carpetas de investigación relacionadas con el delito de tortura y tratos crueles e inhumanos. Pero no solo eso, Veracruz es la entidad con más víctimas registradas a nivel nacional por tortura, con 4 mil 061 personas afectadas.

Además, los grupos más vulnerables, de acuerdo con las cifras, son personas con discapacidad, con 993 casos, y personas indígenas, con 667 casos. Mientras que las instituciones más señaladas son las que deberían proteger a la población, no torturarla, como la Policía Ministerial, con mil 352 casos, y luego las Secretarías de Seguridad Pública estatales.

Neftaly Pérez Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que Veracruz es el estado con más víctimas del delito de tortura y el segundo con más carpeta de investigación porque en una carpeta de investigación puede haber varias personas víctimas, “no significa que porque haya una carpeta abierta solo sea una víctima, entonces a pesar de que Veracruz tiene un poco menos de carpetas que la Ciudad de México en estos cinco años tienen más víctimas que la Ciudad de México”. 

“Y eso nos habla de que la tortura en el Estado de Veracruz es una práctica sistemática y generalizada. Otro dato importante es que la autoridad más señalada en el caso de Veracruz es la policía ministerial, lo que concuerda con el caso de Diego, donde están señalados policías ministeriales de cometer estos actos”, dice en entrevista. 

Por su parte, José de Jesús Segovia Villeda, también abogado del Centro Prodh, comenta que el caso de Diego también es muestra de las barreras que tienen las personas pertenecientes a comunidades indígenas para acceder a la justicia. 

De hecho, el caso de Diego está siendo documentado en un informe de El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET) sobre estas barreras, la más común es que no cuenten con una traducción a la hora de hacer su declaración. 

“Este sistema hace que las personas indígenas todavía estén en mayor vulnerabilidad”, comenta Jesús Segovia.

Mientras tanto, la vida de Diego y de su comunidad se vieron totalmente impactadas. Diego sufrió una afectación psicológica con base en su cosmovisión otomí, según la cual perdió su sombra, sufrió un espanto, lo que afectó también su contexto comunitario, cuentan Jesús e Isaac.

Al perder la sombra o el alma, Diego perdió el apetito, tuvo episodios de estrés, enfrentó miedo a salir de su comunidad y se aisló de su familia.

“Él un año se la pasó viviendo con su mamá o sea no dormía en su casa, entonces toda la comunidad estuvo al pendiente de él, entonces en la comunidad todos lo arroparon o la gran parte, la mayoría lo arropó”, dice Isaac.

Para recuperar su sombra, curanderos tuvieron que hacerle tres curaciones. “Fue un proceso muy grande que se hizo en la comunidad”, añade.

Ahora, la comunidad El Pericón también exige justicia para Diego y que se castigue a los policías que lo torturaron.

“No me pueden dejar así, porque si cierran la carpeta quiere decir que no hacen justicia. Quiero que hagan justicia, que me respeten, que me vean, porque lo que me hicieron la fiscalía, los policías, no me gustó: me enrollaron con la cobija, me tiraron al suelo. Quiero que se me haga justicia, a lo mejor no hablo español, soy ñuhú, pero tienen que hacerme justicia”, dice Diego en un mensaje que envió a Animal Político, que fue traducido por las personas que lo acompañan.

Secuelas y miedo persisten en Miriam, tras agresiones y abusos policiales

Casi cinco años después de la detención, y aún cuando fue encontrada inocente, Ramírez carga con las secuelas de la tortura. Con la voz quebrada, cuenta que no ha podido retomar un proyecto de vida por el miedo que tiene de que sus agresores puedan hacerle daño a ella o a su familia, ya que en distintas ocasiones ha sido amenazada sin que se le otorguen medidas de protección.

Aunque acudió ante las autoridades correspondientes para denunciar las amenazas que ha recibido por parte de los policías que la torturaron, estas no han sido investigadas, “y es muy feo, porque me pregunto, ¿de qué me ha servido agarrar tanto valor para exponer lo que me pasó, revivir lo ocurrido para denunciar y que sepan públicamente que me violaron? Al final nadie me va a reponer la vida que tenía antes de todo este proceso”.

“Es muy triste, yo me siento muy culpable porque mi familia ha sufrido mucho desde que me detuvieron, porque se quedaron expuestos al escarnio y al detrimento económico. Dejé a un niño de meses que necesitaba leche y pañales, otra niña con un tumor en el pecho y a mis papás con problemas de salud, y ahora que estoy fuera ha sido difícil, porque no he podido encontrar empleo, lo que ha afectado en la educación de mis hijos, y algunos días incluso en nuestra alimentación”, lamenta.

“He llegado a suplicar que me atiendan”, recrimina, pero pese a ello las denuncias que ha interpuesto y las quejas abiertas en la Comisión de Derechos Humanos estatal no avanzan; y aunque el policía que la agredió con mayor saña –porque le provocó heridas internas en la boca al introducirle por la fuerza una botella de plástico, además de participar en la violación tumultuaria en su contra– está detenido, se encuentra procesado por otros delitos y no por las acciones que cometió en este caso.

Asimismo, reclama que públicamente se le presentó como una delincuente, ya que en medios de comunicación locales se transmitieron las fotografías que le tomaron el día de su detención y la expusieron como culpable de fraude, aunque después se determinó su absolución. Por estos hechos, que violaron su presunción de inocencia y la revictimizaron, tampoco ha recibido alguna disculpa o reparación.

El temor por las amenazas en su contra y la vergüenza de que la reconozcan como delincuente ha provocado que Miriam llegue a tener ideación suicida, sin embargo, señala que su razón de vivir es su familia, por lo que continúa vendiendo postres sobre pedido y bisutería entre sus conocidos, “y con eso hago lo que puedo; no recibo ningún apoyo, porque no me han reconocido oficialmente como una víctima”.

Sin embargo, Valeria insiste en que “Miriam tiene una cantidad increíble de documentos y fotografías que prueban la violencia institucional en su contra, porque ¿qué haces si el Estado está en contra tuya? Ella ha pasado por dos protocolos de Estambul, pero estos no arrojaron un resultado favorecedor, pero, ¿si no es tortura, entonces cómo se nombra lo que le hicieron, la fractura por los golpes, la herida en la boca, la violación?”.

Al día de hoy, lo único que ha conseguido Miriam es la devolución del dinero que le confiscaron el día de su detención. Los 18 procesos que ha iniciado ante distintas instancias judiciales y de derechos humanos se encuentran detenidos, y los funcionarios públicos que le han prometido apoyo para que avance el caso ya ni siquiera le contestan el teléfono.

“Organizaciones me han dicho que con el simple hecho de tener una sentencia absolutoria tendría que ser acreedora a una disculpa pública, porque el Estado me metió presa sin una orden de aprehensión y sin ser culpable de ningún delito, pero me siguen haciendo pasar por todo este calvario aún absuelta”, clama Ramírez.

“Los tres magistrados (que atendieron el caso) han concluido que fueron vulnerados los derechos procesales de Venus, que hubo violaciones al debido proceso, y que muchas de las audiencias y litigios no contaron con la firma del secretario de acuerdos”, indicó González Barrios.

El caso, que había sido ampliamente mediático por su relación con el exfiscal de Nayarit Edgar Veytia —convicto por narcotráfico y demandado civilmente por tortura en Estados Unidos—, será revisado por completo.

El caso de Venus comenzó en 2013, cuando fue acusada de asesinar a su madre, quien trabajaba para el Servicio Médico Forense, un área bajo la responsabilidad de Veytia.

La versión oficial sostenía que Venus la mató con un cuchillo, después de haberle administrado 15 pastillas de Diazepam mezcladas con pollo, pero las pruebas periciales mostraron inconsistencias con esta teoría, pero a pesar de estas y otras irregularidades que demostró Venus con revisiones periciales, fue condenada a 50 años de prisión.

González Barrios relató que la defensa de Venus no fue adecuada desde el inicio.

“En 2014 no hubo ningún abogado que atendiera y llevara el caso (…) no tuvo absolutamente ninguna defensa y obviamente, se fue llevando a este proceso, conculcando todos sus derechos, así lo dicen tres magistrados del Poder Judicial del Estado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.”

El activista dijo que en 2018, la Promotora de la Comisión de la Vedad, tomó el caso y “se desvelaron más irregularidades”, señaló.

A lo largo de los años, se demostraron varios elementos que apuntaban a un posible fraude judicial y un manejo indebido de las pruebas.

Uno de los puntos más relevantes en la resolución de los magistrados fue la invalidación de varias pruebas, entre ellas, una videograbación donde Venus se declaraba culpable.

“El famoso video donde ella se declara culpable, que Miriam me dijo, señor Rodrigo, nos obligaron a filmar ese video”, recordó González Barrios.

El video al que hace referencia, fue difundido bajo encargo del ex fiscal Veytia, donde se presentó a Venus María y a Miriam “N” como responsables del homicidio de Aurora, sin juicio de por medio, con dos comunicadores dependientes de la institución exigiendo respuestas afirmativas a ambas mujeres.

El video ha servido como ejemplo, incluso para diplomados y cuestiones académicas, para mostrar patologías e historias de terror, en los que señala a Venus, sin seguimiento a la situación legal.

El tribunal ha ordenado que el proceso sea reanudado desde cero, con una revisión exhaustiva de las pruebas y un nuevo juicio.

“Lo más valioso de esta resolución es que se reconoce la vulneración de los derechos de Venus y se comprometen a un juicio justo. La nueva sentencia podría ser absolutoria”, afirmó González Barrios.

En su última conversación con Venus, el defensor señaló que ella se mostró optimista ante la reactivación del proceso.

“Venus está contenta, ya se reactivó el caso, y se va a revisar todo el procedimiento”, detalló González Barrios.

La situación ha sido motivo de atención en Nayarit, especialmente por los vínculos entre el caso y el exfiscal Edgar Veytia, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, relacionado con los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, durante su gestión entre 2011 y 2017.

Además, en febrero pasado, un grupo de seis personas nayaritas demandaron al exfiscal en una corte civil de Washington por los delitos de tortura, abuso de poder y coerción, con fines reparatorios; a la que Veytia negó los cargos y destacó que se trata de un asunto político encabezado por González Barrios.

Este último negó que forme parte del nuevo proceso civil, aunque respaldó a los demandantes porque afirmó que es necesario que se haga justicia con los casos que lograron proceder legalmente contra el exfuncionario.

Finalmente, el entrevistado mencionó que la resolución del tribunal representa un avance en la búsqueda de justicia para Venus María Valdés, cuya condena de 50 años fue considerada una de las mayores irregularidades judiciales en el estado.

Ante los jueces de la Corte regional, María de Jesús Alvarado Espinoza, quien en abril de 2018 rindió testimonio sobre la desaparición, alertó que de las 34 víctimas que fueron reconocidas en la sentencia, ocho han fallecido sin saber dónde se encuentran sus familiares y sin tener acceso a la resolución “por falta de apoyo del gobierno”.

Sin que hasta ahora haya un plan de investigación y búsqueda de los desaparecidos, María de Jesús contó que los sucesivos gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no han podido atender las demandas de vivienda digna  de tres núcleos familiares que se vieron desplazados por las amenazas que han recibido en búsqueda de justicia; tampoco se ha brindado apoyo a quienes regresaron a México después de que en Estados Unidos se les negó el asilo, por lo que su familia está fracturada, sin atención médica ni psicológica especializada, por la inconsistencia de las autoridades. 

“¿Cómo sanar todas esas heridas como familia? El dolor se ha agravado por la inacción del Estado, la falta de claridad, la impunidad, hace cada vez más difícil la situación en la que nos encontramos, no sólo hablo por mí, hablo por mis familiares, hablo por todos los familiares que no han llegado a una instancia como esta, que no tienen voz, privilegio que agradezco, porque el dolor de uno es el dolor de todos”, dijo entre lágrimas Alvarado Espinoza.

Acompañada de sus representantes, Alejandra Nuño y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), María de Jesús recordó a los jueces que “no estamos pidiendo nada que esta Corte no haya ordenado, por eso le pido a la honorable Corete que no nos deje solas, que siga acompañándonos y que nos ayude a que la sentencia sea cumplida”.   

Alejandra Nuño, recordó que en abril de 2018 también rindió testimonio Jaime Alvarado Herrera, quien se cuenta entre los ocho integrantes de la familia Alvarado que fallecieron sin alcanzar justicia ni mucho menos ser beneficiado de las reparaciones ordenadas por la Corte. 

La abogada resaltó que en su momento las sentencia fue celebrada no sólo por los familiares, sino que sirvió de base para “mantener el debate sobre la militarización de la seguridad ciudadana”, toda vez que el caso se enmarca en el Operativo Conjunto Chihuahua, que implicó el despliegue de tropas a esa entidad como parte de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón. 

Al señalar que durante estos años se han llevado a cabo 25 reuniones en las que no se ha logrado “una implementación mínima de la sentencia”, Nuño explicó que “la esperanza de verdad, justicia, reparaciones individuales y trasformadoras” de las víctimas se topó con “una actuación descoordinada, fragmentada, burocratizada e insensible de la mayoría del funcionariado público involucrado en el cumplimento de este fallo”. 

Recordó que la última reunión de cumplimiento de sentencia en la Corte IDH se llevó a cabo en septiembre de 2023 y fue dirigida por la jueza  Patricia Pérez Goldberg, sin que se haya cumplido con los compromisos de establecer un plan de investigación y de búsqueda de los Alvarado; no hay personas sancionadas por la desaparición, y a pesar de que 22 integrantes de la familia solicitaron tratamiento psicológico, “no han tenido buenos resultados” por la inconsistencia de las autoridades para brindar las terapias.  

De la misma manera, se expuso que a pesar de que en septiembre de 2019 los familiares presentaron un plan para llevar a cabo la disculpa pública, hasta ahora ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional la que se ha negado a participar alegando “la inexistencia de procedimientos conclusivos en las instancias de procuración y administración de justicia”, cuando se trata de una sentencia de la Corte IDH que determinó la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los Alvarado. 

La representante lamentó que no se haya cumplido con los estándares fijados por la Corte relacionados con el registro de personas víctimas de desaparición forzada, y que la prueba de ello es que el actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sólo contabilice a 804 personas víctimas de desaparición forzada de 1965 a marzo de este año, de un universo de más de 126 mil personas desaparecidas, lo cual no es un dato creíble, mucho menos cuando en 2023 el gobierno cambió el estatus de “desaparecida” a “localizada” a 16 mil personas, “sin una metodología clara y transparente”. 

A ello se suma que, contra la sentencia, no existe una supervisión civil de las Fuerzas Armadas ni a la Guardia Nacional debió a la reforma constitucional que militariza la seguridad pública. 

Gabino Gómez explicó que en cuanto a la resolución que obliga al Estado a ofrecer proyectos productivos, las únicas opciones presentadas han sido los programas del Bienestar, “para acceder a ellos no se necesita una sentencia de la Corte, cualquier ciudadano que cumpla con requisitos los puede tramitar, pero estás familias han perdido todo, sus viviendas, sus familiares, han dejado sus territorios, necesitan una atención especial”. 

“¿Cuántos años tienen que pasar para que ya no se esté reclamando justicia y reparación? Ya han fallecido ocho víctimas sin conocer la verdad ¿Acaso están esperando a que ya no haya víctimas a quienes reparar? ¿Qué ya no estemos sus representantes? Han transcurrido tres gobiernos de tres signos de distinta ideología y la justicia no llega”, resaltó Gómez. 

El defensor resaltó que ni el actual subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Félix Medina Padilla, ni la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, Sahagún, han accedido a sostener una reunión para abordar el cumplimiento de la sentencia. 

Incluso en asuntos que podrían resultar de fácil resolución, como la restitución de lugares dignos para vivir, el gobierno federal se ha resistido a proporcionar tres viviendas “a quienes perdieron otras, ellos tenían una vida normal, su vida se vio trastocada, nunca más volverán a la normalidad, no se está pidiendo una dádiva”. 

Contó las tres familias desplazadas están en viviendas provisionales proporcionadas por el gobierno federal, y que en una de ellas vivía José Alvarado, padre de José Ángel, quien se encontraba en una situación delicada de salud, pidió a una Karina, una de sus nietas que lo cuidara. Tras fallecer el 4 de febrero pasado, por falta de atención médica, Karina fue emplazada para desocupar la vivienda, cosa que “ni los aboneros ni los renteros hacen eso”.

Los jueces de la Corte IDH cuestionaron a los representantes del Estado mexicano, encabezados por el embajador de México en Costa Rica, Víctor Sánchez Colín, sobre la falta de resultados en la investigación, sobre los obstáculos para proporcionar las viviendas a las víctimas y dar atención psicológica, así como las propuestas hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre la militarización del país.

La jueza Patricia Pérez Goldberg, quien en septiembre de 2023 encabezó la última reunión de seguimiento, cuestionó a la representación del Estado, cómo era posible que desde entonces se informó que se realizarían acciones de búsqueda en el 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, y que a más de un año se vuelve a decir lo mismo. 

Nancy Desiderio, de la Secretaría de Gobernación, se vio imposibilitada a dar una fecha en la que se daría acceso a la instalación militar y pidió una prórroga de tres meses para notificar al respecto. 

Sobre los cuestionamientos de vivienda, el juez Alberto Borea Odría consideró que para un Estado como el mexicano era inverisímil que no se resolviera un asunto como de las viviendas que es algo que sería “casi inmediato de resolver”, por lo que urgió a los representantes el Estado a atender la demanda. 

“Ojalá que lo hagan, porque ayudan al sistema (Interamericano de Derechos Humanos) si eso pasa, pero si no pasa, deslegitiman al sistema em el que tanto colaboran. México siempre tiene candidatos a la Corte y a la Comisión, ahora mismo acaban de presentar un candidato a la Comisión, muy bien, hagan que la Comisión y la Corte funcionen respondiendo a las sentencias de estos organismos a los que ustedes tanto apoyan”, dijo el juez. 

La audiencia programada para dos horas, se extendió por más de tres, concluyendo con la convocatoria de los jueces a que las partes se reunieran para afinar los tiempos de cumplimiento de la sentencia, acuerdos que tendrían que ser del conocimiento de la Corte Interamericana.

Luego fueron “inadmitidos” en México bajo dos señalamientos del personal del INM que, ahora se sabe, son absolutamente falsos: que el médico tenía una “alerta migratoria” y que “aparentemente” estaría vinculado al crimen organizado.

García Rincón plantea en su demanda ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que los vejámenes de los que fue víctima en el aeropuerto de Cancún, junto con su familia, no es un caso aislado, sino que forma parte “de una conducta sistemática, reiterada, sostenida en el tiempo y cada vez más extendida de agentes del Estado mexicano” contra visitantes colombianos.

Sólo el año pasado, el INM, una entidad envuelta en escándalos de corrupción y negligencia presuntamente criminal –como el incendio que mató a 40 migrantes en marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez–, “inadmitió” a 53 mil 450 visitantes colombianos, más de mil a la semana en promedio, por razones que organizaciones humanitarias consideran “mayoritariamente absurdas”.

Esa cifra representa un aumento del 82.5% con respecto a las “inadmisiones” de 2023, lo que revela que hay una política cada vez más rigurosa para bloquear el ingreso a México de un número cada vez mayor de visitantes colombianos.

En 2024, México “inadmitió” al 8.7% de los turistas colombianos que arribaron a ese país, un porcentaje que duplica a los de los dos años previos (3.98% en 2023 y 3.91% en 2024), lo que según la ONG Elementa DDHH se debe a las presiones de Estados Unidos a México para que asuma el papel de “filtro” de migrantes provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe.

Llama la atención, sin embargo, que los colombianos encabecen la lista de “inadmitidos” por la migración mexicana. En segundo lugar aparecen los peruanos, con ocho mil 892 rechazados en 2024, seguidos de los chinos, con siete mil 797 y los bolivianos, con tres mil 183.

Estas cifras están muy por debajo de los 53 mil 450 ciudadanos de Colombia “inadmitidos” el año pasado en México, la mayoría de los cuales fueron víctimas de violaciones humanitarias que van desde el trato xenofóbico hasta el acoso sexual y la violencia física, según denuncias que forman parte de gruesos expedientes en los consulados de Colombia en la Ciudad de México y en Cancún y que han sido reportadas desde hace años por la prensa colombiana.

Apenas este jueves 6 de marzo, el programa de sátira política La Pulla, del periódico El Espectador, le dedicó un video de 11 minutos a ese tema con el título “El infierno de los colombianos en México”. Los “hostiles” agentes migratorios mexicanos, dijo el conductor, “nos tratan como una basura”. Las historias “son aterradoras”, señaló, y enseguida presentó testimonios de turistas maltratados que juran nunca más regresar a México.

El médico García Rincón lo dice abiertamente: “La verdad, a mí no me quedaron ganas de regresar a México”.

La directora de la ONG colombo-mexicana Elementa DDHH, Adriana Muro, señala que el maltrato a colombianos por parte del personal del INM es un problema que lleva mucho tiempo, pero se ha recrudecido en los últimos tres años.

“Hemos detectado un aumento de detenciones arbitrarias de colombianos por parte de los agentes migratorios, tratos crueles, degradantes, incluso a menores de edad, y la violación del debido proceso”, dice, y asegura que el responsable de esto “es el Estado mexicano, que no ha querido dar pasos firmes para parar la situación”.

Daño colateral

Los medios colombianos han reportado decenas de denuncias de maltratos de los agentes del INM, principalmente en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún, y las redes sociales divulgan impactantes testimonios de víctimas.

México ha ganado fama de ser un país cada vez más hostil con los colombianos, lo que ha provocado una caída en el número de turistas que viajan a ese país.

Según datos de la Secretaría de Gobernación de México, mientras que en 2022 ingresaron a ese país 858 mil 839 turistas colombianos, en 2024 sólo lo hicieron 613 mil 188, lo que implica una caída del 28 por ciento.

Aun así, Colombia es el tercer país con más turistas que viajan a México, después de Estados Unidos y Canadá.

Es decir, la falta de cultura de servicio, la deficiente capacitación y la impunidad con que actúan los agentes del INM acaban por dañar la industria turística mexicana y, sobre todo, golpean una relación cultural binacional especialmente entrañable.

La música ranchera y el Chavo del Ocho han sido asumidos como propios por amplios sectores de colombianos, igual que muchos mexicanos consideran suyos a la cumbia y a Gabriel García Márquez.

Un asunto de dignidad

El médico Cristian Iván García Rincón, su esposa Luz Yaneth Becerra y su pequeño hijo son tres de los varios miles de colombianos que han sido maltratados por agentes migratorios mexicanos, quienes, según todos los indicios, tienen línea institucional para cumplir con una “cuota” determinada de “inadmisiones” de nacionales de Colombia por cada vuelo que llega a la Ciudad de México, Cancún o Guadalajara desde este país sudamericano.

La particularidad del doctor García Rincón es que se ha preocupado por documentar y denunciar su caso ante diversas instancias de su país, de México e internacionales.

Y dice que no va a parar de buscar justicia porque se trata de un asunto “de dignidad” y de solidaridad con sus compatriotas que han sido víctimas de vejámenes de los agentes migratorios mexicanos.

“Ahí están las cámaras del aeropuerto de Cancún, que registraron todo”, señala.

Pero además de que todo quedó registrado por las cámaras, todas las denuncias del médico –ante la CIDH, la ONU, legisladores de Colombia y de México e instituciones de derechos humanos de los dos países– han ido acompañadas de un pormenorizado relato cronológico de las horas “de pesadilla” que pasaron él y su familia en el aeropuerto de Cancún.

En esa narración señala que al llegar al aeropuerto hicieron fila en el bloque tres de control migratorio, donde demoraron más de una hora en ser atendidos. Cuando les tocó el turno, un agente del INM –al que ya habían visto exigir a varios colombianos acceso a sus teléfonos celulares– los recibió con un “trato displicente” y exigiéndoles de mala gana todos sus documentos.

Le mostraron los boletos aéreos de regreso a Colombia, una póliza internacional de salud, varias tarjetas de crédito, dólares en efectivo y los comprobantes de pago de su alojamiento en un hotel de lujo, con todo incluido, y de tours al parque Xcaret y a las pirámides de Chichen Itzá.

El agente se retiró con la documentación y dejó con ellos a una joven que les hizo varias preguntas sobre sus fuentes de ingresos y que tomaba nota de las respuestas a su interrogatorio en una hoja de papel simple.

“Al poco rato –señala el médico en su denuncia– regresó el individuo que nos recibió los pasaportes, pidió que desbloqueáramos nuestros celulares, se detuvo en ellos, principalmente el mío (¿buscando qué y para qué?, no lo sé, pero eso hizo), para luego decirnos que nos conduciría a un sitio para una segunda entrevista, para ver si podíamos ingresar al país”.

Luego ingresaron a una oficina y “allí nos pidieron que nos trasladáramos a una habitación contigua, en forma de L, con el brazo corto en angulación de 120 grados, y luego nos entregaron unos documentos para llenar, con nuestros nombres, propósitos de visita, ingresos mensuales y cuánto más esperábamos gastar allí”.

Como en 1984

“Mientras estaba allí –relata García Rincón– recordaba el libro 1984 de George Orwell, y su panóptico (modelo arquitectónico y de vigilancia social). Estuvimos cerca de 150 minutos allí, con frío, sin poder comer algo, con acceso a unos baños en mal estado cuando era necesario, con nuestro hijo de apenas 3 años allí, intentando evitar que percibiera que sus derechos estaban siendo violentados”.

Luego, una pareja de agentes migratorios se le acercaron. Uno de ellos le dijo que tenía una “alerta migratoria” emitida por Colombia, lo que desmintieron después autoridades de este país, y que esa “alerta” lo ubicaba como “sospechoso de pertenecer al crimen organizado”.

“Eso fue vil, sorprendente –señala–, una historia para no creer y que quisiera no tener que recordar jamás, aunque desde aquel día no pasa una hora en que no tenga un flash-back al respecto. Tengo muchos defectos en mi vida personal, como todos, pero delincuente no soy; lo único que he llegado a matar son los microorganismos que infectan a mis pacientes, y lo hago a través de antibióticos”.

Pero “la humillación no terminó allí, cada vez era peor. Después de eso tuvieron la desfachatez de tomar mis huellas dactilares y mi perfil biométrico. De todas las personas a las que devolvieron, fui yo el único al que le hicieron esto. ¡Qué desfachatez y qué despropósito! Ahora quedaban con mis datos y podrían hacer con ellos lo que les viniera en gana, si ustedes no los detienen”.

Los comentarios xenófobos, racistas, anticolombianos e insultantes se repitieron desde su llegada hasta su salida del aeropuerto de Cancún. También el “maltrato sicológico”, según denunció.

El médico acusa en sus demandas al INM de “falsedad en documento público” pues a él lo “inadmitieron” en México por la inexistente “alerta migratoria”, pero en el acta de inadmisión los agentes migratorios mintieron y señalaron como causal del rechazo “inconsistencias en la segunda entrevista”, la cual ni siquiera ocurrió.

Además, el infectólogo considera que fue víctima de robo indirecto, pues el INM le hizo perder sin justificación alguna unos cinco mil dólares que había pagado por anticipado al hotel y a operadores turísticos por su estancia en Cancún.

En su escrito, García Rincón señala: “¡Mientras escribo esto, no saben cuánto odio y repulsión siento por esas personas, su trato humillante y denigrante... lloro de rabia! Fuimos los últimos en ingresar al avión, ‘los parias’. Justo antes de ello, en la sala previa al acceso, nos entregaron celulares y computadores”.

Sus pasaportes fueron entregados por los agentes migratorios a la tripulación del avión, en el cual fueron acomodados en sillas separadas.

“Tenía y tengo mucha rabia –dice el médico–: quienes me conocen saben que soy demasiado tolerante, pero estaba llegando al límite”.

Miles de colombianos, asegura, viven un “calvario sistemático” por parte de las autoridades migratorias.

“Considero que esto debe ser analizado de forma detallada por los diferentes entres de control, nacionales e internacionales, porque, como lo demuestro, en muchos de los casos no hay una causa justa de inadmisión, y hay una violación evidente de nuestros derechos humanos que debe ser corregida”, señala García Rincón, quien el 4 de febrero celebraría su cumpleaños en Cancún con su esposa y su hijo.

Es la primera vez que el Estado mexicano enfrenta una demanda ante instancias internacionales por la violación de derechos humanos de los turistas colombianos.

La CIDH ya le respondió que también puede presentar una medida cautelar contra cualquier país miembro de la OEA, como es el caso de México, y él está dispuesto a seguir el trámite, mientras que en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos el caso fue planteado por el médico como “detención arbitraria”, además de la violación de sus derechos fundamentales.

“No voy a parar hasta que no se haga justicia”, asegura.