El periodista y experto en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor aseguró en 'Aristegui en Vivo' que el grupo de hackers Scorpion vendió una base de datos con información personal y médica de 20 millones de derechoabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y advirtió que esta información podría seguir siendo revendida en múltiples ocasiones.
“Habrían vendido esta base por 50,000 pesos y estamos hablando de 20 millones de registros que seguramente van a estar circulando no solamente entre quien los haya comprado, sino que se seguirán revendiendo y revendiendo entre muchos delincuentes, porque, a final de cuentas, para eso es que quieren este tipo de bases de datos”, señaló Gómez Villaseñor, periodista y experto en ciberseguridad durante una entrevista con Aristegui en Vivo.
De acuerdo con el periodista, el grupo ya habría vendido la base de datos con información personal y médica de 20 millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Fue el pasado 12 de septiembre cuando se comenzó a vender esta base de datos, que se encuentra “en la red oscura, pero también está en la calle o en el Internet normal”, denunció el especialista.
Explicó que ha dado seguimiento a este caso junto con otros relacionados con el grupo Scorpion, que también habría atacado al Infonavit y otras instituciones.
Sobre la base del IMSS, detalló: “Me ha llegado cierta información y, de hecho, tuve conversación por mensajería encriptada donde me llegó esta información de que se estaba vendiendo esta base de datos a partir del 12 de septiembre”.
Gómez Villaseñor señaló que se trata de 20 millones de registros que contienen información médica de cada uno de los pensionados: dónde viven, su CURP, todas las enfermedades que tienen, su número de seguridad social, dónde se están atendiendo o sus números de contacto.
“La verdad es que el registro patronal es algo sumamente grave y que, lamentablemente, yo creo que podría considerarse como uno de los peores ataques en cuanto a lo que podría ocasionar a raíz de esto”, apuntó.
En cuanto al comunicado del IMSS, en el que negó haber sufrido un hackeo formal y apuntó a una “posible filtración” causada por el uso indebido de accesos dentro del Instituto, el experto consideró la respuesta como “bastante grave”, y explicó que es frecuente que las instituciones nieguen ciberataques porque conllevan “una implicación legal” , además de la dificultad que implica “dar aviso a todas las víctimas potenciales, que en este caso son 20 millones de personas”.
El especialista mencionó que el grupo Scorpion “está insistiendo en que en esta ocasión no se trató de un insider, lo cual sí ocurrió, por ejemplo, en la Fiscalía de Nuevo León y ellos lo reconocieron públicamente. En este caso en específico, ellos insisten en que fue una vulneración a los sistemas del IMSS”.
También relacionó este caso con otros ataques recientes: “El 9 de septiembre también informé que se estaba vendiendo una base de datos similar del Infonavit con 86 millones de registros”.
Agregó que no conoce “un solo ataque de Scorpion que no haya sido verdad”, por lo que manifestó su preocupación por la debilidad de los sistemas.
“Prácticamente todos los hackeos o robos de información que yo he informado tienen la misma respuesta: o se minimiza o se niega el caso, y ya después, cuando empiezan a notificarme que hay muchísimas llamadas de fraude y de que no saben cómo salieron estos datos, pues termina por evidenciarse que todo fue verdad”, concluyó.
Por su parte, Manuel Rivera, director general de Nekt Group y especialista en ciberseguridad, detalló el martes en Aristegui en Vivo que su equipo realizó un ciberpatrullaje en la Dark Web, donde detectó la base de datos con información de derechohabientes del IMSS.
Rivera recordó que los riesgos no se limitan al robo masivo de datos, sino que también afectan la capacidad de las organizaciones para operar con garantías, dado que el aumento de ciberataques impacta sectores clave como el automotriz y el aeroportuario. Señaló que tanto las empresas como el sector público deben desarrollar sistemas de respaldo que aseguren la continuidad operativa ante posibles ataques y reduzcan la dependencia total del entorno digital.
La versión del IMSS
En una tarjeta informativa difundida el martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que “no se tiene registro de un ‘hackeo’, ‘ciberataque’ o vulneración a los sistemas del instituto que haya comprometido sus datos”. Además, aseguró que “los sistemas del Instituto cuentan con mecanismos robustos de seguridad y análisis de prevención de vulnerabilidades, así como procesos de asignación de roles y responsabilidades conforme a los protocolos establecidos, la normatividad y mejores prácticas en la materia”.
De acuerdo con la institución, “las investigaciones preliminares indican una posible filtración por el uso indebido de acceso a información institucional por parte de personal”. Sobre las acciones que se están llevando a cabo, precisó: “Actualmente, se trabaja con las autoridades competentes para las investigaciones y acciones conducentes, incluyendo en su caso la aplicación de sanciones que procedan”.
El Seguro Social subrayó que “el compromiso del Seguro Social es continuar fortaleciendo permanentemente las medidas de seguridad para proteger la información institucional y de sus usuarios”.
Manuel Rivera, director de Nekt Group, confirmó que se ofrece a la venta una base de datos de pensionados del IMSS de Yucatán en la Dark Web; por su parte, la institución niega hackeo y señaló una posible filtración por parte del personal.
Manuel Rivera, director general de Nekt Group, experto en ciberseguridad, reveló que a través de ciberpatrullaje se detectó en la Dark Web una base de datos que incluye información personal y médica de 20 millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Nuestra investigación se metió a hacer un ciberpatrullaje y validó que en efecto sí está a la venta una base de datos que se llama pensionados IMSS 2025 desde el día 9 de agosto… La extensión del archivo es de 1.4 gigabytes”, explicó Rivera en entrevista para Aristegui en Vivo, precisando que contiene datos sensibles como nombre, dirección, RFC, lugar de trabajo y padecimientos médicos.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) manifestó en un posicionamiento enviado a Aristegui Noticias que cuenta con “mecanismos robustos de seguridad y análisis de prevención de vulnerabilidades”, además de un sistema claro de asignación de roles y responsabilidades que se ajusta a normativas y mejores prácticas para proteger la información institucional y de sus usuarios.
Sin embargo, negó haber sufrido un hackeo formal, aunque reconoció que las primeras indagatorias apuntan a una “posible filtración” causada por el uso indebido de accesos dentro del instituto.
“Respecto al evento en el que está involucrada una base de datos de pensionados, es preciso subrayar que no se tiene registro de un ‘hackeo’, ‘ciberataque’ o vulneración a los sistemas del instituto que haya comprometido sus datos”, dijo el IMSS en su posicionamiento.
Rivera recalcó la gravedad del asunto: “20 millones de derechohabientes que llegue a comprar esa base tiene una mina de oro para hacer cualquier tipo de extorsiones… Con esa información pueden acercar ofertas médicas falsas o tratamientos fraudulentos a población vulnerable.”
El especialista destacó la necesidad de que el IMSS y las autoridades informen y orienten a los afectados, indicando que “el Instituto y Grupos Ciudadanos debieron avisar al INAI y tomar medidas inmediatas para mitigar, además de alertar a los pensionados para que estén atentos a posibles fraudes.” Aunado a esto, alertó que la legislación mexicana es más precaria en materia de protección de datos que otras regiones, haciendo indispensable la denuncia pública y la transparencia.
Rivera recordó que los riesgos no solo están en el robo masivo de datos, sino en la capacidad de las organizaciones de operar con garantías, ya que el aumento de ciberataques afecta también sectores clave como el automotriz y aeroportuario. Las empresas y el sector público deben desarrollar sistemas de respaldo que permitan la continuidad operativa en caso de ataques y evitar la dependencia total del entorno digital.
Finalmente, pidió a la dependencia sanitaria que se mejoren las medidas de protección y comunicación para evitar que la información de millones de mexicanos sea utilizada con fines ilícitos, subrayando que “es un tema sumamente delicado que debe reconocerse oficialmente y atenderse con urgencia.”
En respuesta, el IMSS aseguró que se tomarán “las acciones conducentes, incluyendo en su caso la aplicación de sanciones que procedan”.
Además, reafirmó su compromiso “de continuar fortaleciendo permanentemente las medidas de seguridad para proteger la información institucional y de sus usuarios”, con el fin de evitar futuros incidentes y garantizar la confianza de la población en sus sistemas.
Andy fue diagnosticada a los dos años de edad con atrofia muscular espinal, una enfermedad progresiva que puede ser mortal. El medicamento que habría detenido la progresión de una condición que va mermando la movilidad le ha sido negado una y otra vez.
Andy es una niña de 8 años, que ha aprendido a moverse de manera autónoma con una silla de ruedas eléctrica, porque desde muy pequeña fue diagnosticada con atrofia muscular espinal, una enfermedad genética, degenerativa y progresiva.
Se trata de una condición que afecta principalmente a las neuronas motoras de los músculos, por lo que a la larga va impactando, poco a poco, en el corazón, los pulmones y el estómago, y hace que pierdan la fuerza con el avance gradual de la enfermedad. Aunque hay diferentes niveles de atrofias, la de Andy es una de las más severas, tipo 2.
Su mamá, Lucía, recuerda que cuando fue diagnosticada, con apenas dos años, su calidad de vida era totalmente diferente: podía caminar, dar pasos por sí sola, desplazarse entre un cuarto y otro con ayuda de barandales, agacharse, levantarse, rodar, jugar pelota, así como actividades completamente normales con sus manos. En especial, amaba bailar cada vez que escuchaba música.
Un medicamento, llamado Spinraza, podría haber frenado ese progreso. Si se le hubiera brindado desde aquel momento, su calidad y esperanza de vida habría sido la de cualquier otra niña en completo estado de salud. Habría permanecido en gran medida con el avance de la condición que ya tenía, con el auxilio de terapias, rehabilitaciones y otros apoyos.
“Hicimos la petición del medicamento en el momento en el que supimos el diagnóstico, y lamentablemente no pudimos tener el acceso para nosotros mismos poder comprarlo. Pedimos al IMSS para que nos apoyaran en brindar el tratamiento y fueron negativas, siempre recibimos negativas por parte de los médicos para el tratamiento”, lamenta Lucía.
Ante ese rechazo, con el apoyo de la organización Perteneces, la familia de Andy emprendió un proceso legal en el 2020, con lo que logró un amparo. En la resolución, el juez le ordena al Hospital de La Raza otorgarle a Andy el medicamento. Incluso, el juzgador emitió una carta elaborada con palabras sencillas para que la niña comprendiera la resolución en torno a su acceso a la salud.
La sentencia que se dictó ante la demanda de amparo 931/2020, el 4 de noviembre de 2021, concedió la protección de la justicia a Andy en el sentido de que la autoridad responsable –por sí misma o conducto de sus subalternos– garantizara de forma inmediata el derecho a la salud de Andy en los aspectos que fueron vulnerados, “sin que para ello se requiera de un nuevo protocolo médico en las diversas áreas o especialidades médicas que no fueron debate”.
“El suministro del medicamento Spinraza es el único fármaco que puede generar condiciones de mejora en la calidad de vida y en la dignidad de la quejosa, lo que indudablemente genera protección al derecho a la salud de la niña promovente”, indicaba el documento, que, sin embargo, dejaba en manos de los médicos la evaluación de la pertinencia de dárselo a Andy.
“Lamentablemente, lo único que hemos recibido de este hospital han sido tratos negligentes, humillantes y muy agresivos”, dice en respuesta Lucía. En aquel momento quedó plasmado que si Andy no recibía el medicamento, la progresión iba a aumentar, pero los médicos insistieron en que no se lo brindarían porque de ello dependía su puesto.
Pese a peritajes, IMSS insistió en que no era candidata a medicamento para atrofia muscular
Después de la instalación de un comité con varias especialidades que confirmaron que su estado de salud era óptimo para recibir el medicamento, Lucía pensó que finalmente darían el tratamiento pero no fue así. Argumentaron que Andy no era candidata. “Lo más alarmante es que ellos declararon que tampoco eran expertos en el tratamiento”, relata su mamá.
Los supuestos argumentos por los que la niña no era candidata eran que tenía un antecedente de acidosis tubular renal, aunque no había ningún estudio que lo comprobara. Por otro lado, justificaron que tenía una proteinuria, pese a que existen peritajes de médicos expertos –que constan en la sentencia– donde se define que puede recibir el tratamiento.
“Por parte de nosotros también nos apoyó en el peritaje una doctora, ella es experta en el medicamento desde que llegó a México, es investigadora, tiene pacientes en donde ella lo coloca de manera particular y en protocolos. Entonces, ella también le hizo una evaluación súper completa a Andy, y obviamente también coincide en que era candidata perfecta”, agrega Lucía.
El Poder Judicial añadió un peritaje imparcial del Instituto Nacional de Pediatría, que también resultó positivo. Por ello, una resolución posterior ordenó lograr que la niña alcanzara un grado de estabilidad en su organismo que la hiciera apta para recibir el medicamento, mediante hospitalización previa y con ayuda de todas las especialidades médicas necesarias.
En consecuencia, las autoridades debían, a las 72 horas de quedar firme la resolución, internar a la menor de edad para realizarle estudios médicos, evaluar su condición y prepararla para la aplicación del fármaco. Todo con el consentimiento de sus padres. Esto fue ratificado tan solo hace un mes.
En los últimos 30 días, sin embargo, tal como en los últimos cinco 5 años, ha persistido una negativa completa del IMSS, que se ha agudizado con citas repetitivas, incluso a veces con nuevos médicos que no conocen el caso, pero sin plantear la posibilidad de brindarle el tratamiento. Además, asegura, en ningún momento le han hecho evaluaciones o seguimiento a su atrofia muscular espinal.
“Siempre han sido negativas de ‘no porque no es candidata, no se le va a brindar’. Y de verdad es lo que no entendemos, qué está sucediendo”, insiste Lucía. Incluso, el Hospital La Raza ya está brindando el tratamiento a pacientes con tipo 1 y 2 de la misma enfermedad.
¿Cuánto se ha deteriorado la calidad de vida de Andy, a quien el IMSS le ha negado medicamento?
Lucía remarca cada vez que puede lo mucho que a Andy le gustaba bailar cuando tenía mucha mayor movilidad en su cuerpo. A los 3 años intentó bailar una canción que le gustaba y se cayó. Hoy ya no puede hacerlo, pero no ha dejado de sonreír. Además, se ha adaptado de una manera muy ágil a su silla de ruedas eléctrica.
Incluso, en el lugar de la entrevista, que es el hogar de su tía paterna y tiene elevador, puede bajar y subir a la tienda sola conduciendo su silla. Lucía está orgullosa de esa autonomía, que en parte le han ayudado a forjar las terapias que recibe en Teletón, pero sabe que quizá no habrían llegado a ese punto si Andy hubiera recibido el medicamento a tiempo, desde 2019.
Cuenta, por pedacitos y a veces con respuestas muy cortas, cómo es un día normal en su vida, con clases en línea, porque es más conveniente a tener que acudir a una escuela poco o nada adaptada. Toda la mañana, dice, está conectada; luego sale con su mamá a la tienda y juega con sus amigos Roblox. Sabe mucho de videojuegos porque es una actividad a su alcance.
Incluso tiene un canal en YouTube donde le muestra a la gente cómo jugar. Confiesa que quiere ser famosa, pero por ahora su mamá prefiere que no muestre su rostro en la plataforma. Dice que los doctores siempre han sido amables con ella, aunque no habla del tratamiento que le hace falta.
Le gustan los juegos, la repostería y de grande quiere ser maestra o policía, porque es una persona protectora, a la que le gusta cuidar y ayudar a los demás. Dice que su mamá tiene que apoyarla para varias actividades, como ir al baño y caminar un poco cuando se cansa de estar sentada; en esos casos, se acuesta o camina completamente sostenida por Lucía.
Tiene algunos amigos, que ha hecho sobre todo en sus terapias. Esas son fáciles, dice, aunque a veces le ponen un chaleco que no le gusta, porque vibra y le da comezón. Aun así, se siente emocionada, le gustan y le ayudan a moverse. También le dan una terapia física, donde la ponen “como un robot”, la cuelgan, y se va agarrando y caminando.
Su mamá cuenta esa realidad de una forma mucho más dura: como Andy no recibe el tratamiento, se apoyan con terapias físicas, pulmonares, hidroterapias y todo lo que se pueda para mantener la mejor condición de vida posible, pero de los 2 a los 8 años que tiene la diferencia es “estratosférica, muy grande”.
“Claro, yo te amo, te amo con toda mi alma”, responde Lucía. Su persistencia para insistir en que le den el medicamento es prueba de ese amor. Todos los días tiene que enfrentar el hecho de que la esperanza de vida de su hija está disminuyendo: “Esto es lo que el IMSS le quitó, todo le quitó, pero si sigue sin brindarle el tratamiento, lo que va a pasar es que Andy, la condición que tiene ahorita la va a perder, ella va a perder el 100% de la movilidad de su cuerpo”, remarca.
Eso significa que no va a poder respirar por ella misma, comer por ella misma, o ir al baño de manera autónoma. Necesitará, tarde o temprano, respiradores y sondas, y gradualmente, su vida se va a perder. A sus 8 años, aunque no habla mucho del tema, se da cuenta de todo lo que ocurre.
“Sí se lo pregunta, y sobre todo tiene la duda de qué va a pasar en ese futuro… y eso para mí es algo muy triste, muy frustrante y sobre todo porque tenía ese acceso, esa oportunidad de tener una vida normal, y por actitudes negligentes de médicos, de hospitales y de jueces también, que lo permitieron, ella ya no puede”, reclama.
El caso de Marisol es muestra de una problemática estructural por la que las mujeres, o sus bebés, pierden la vida. En los últimos 10 años, el IMSS ha recibido 20 recomendaciones por violencia obstétrica.
Marisol murió el 20 de julio de 2015 en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los 30 años de edad, cuando tenía 39.2 semanas de embarazo. Luego de presentar vómitos y náuseas, el personal médico detectó que el producto había muerto y le realizó una cesárea de emergencia.
Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta, una de las más graves urgencias obstétricas con alto riesgo de muerte. Por su estado, se requería trasladarla a un hospital de mayor nivel, porque en Bochil no había suficientes hemoderivados ni equipo para atenderla, pero eso se hizo hasta seis horas después de terminado el procedimiento.
El retraso ocurrió porque el Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, no tenía médico de cuidados intensivos que la recibiera, y tampoco se echó a andar el Convenio general de colaboración para la atención de emergencias obstétricas, que indicaba que debía ser trasladada a alguno de los hospitales firmantes de este. Cuando llegó a Tuxtla, ya había muerto.
A 10 años de sus fallas institucionales, el IMSS finalmente ofreció este lunes una disculpa pública por esos hechos, sin que esta haya sido suficiente para reparar el daño, considera hoy su esposo, Miceli.
“Lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años nos da como enojo, nos da coraje, porque a pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de no repetición, no lo han hecho y falta todavía mucho para que ellos cumplan”, cuenta en entrevista.
Matilde Pérez, investigadora de Fundar que ha acompañado el caso, señala que esta es una muestra de que están ocurriendo situaciones en las que las mujeres mueren por causas evitables, por lo que usaron sus herramientas de litigio estratégico para visibilizar las problemáticas estructurales que afectan los derechos humanos, que requieren al mismo tiempo poner recomendaciones claras sobre la mesa para transformar y revertirlas.
“Este caso coloca la necesidad de que se tienen que establecer medidas de no repetición, se tienen que atender estas causas estructurales, y justamente cuando se llega a esta conciliación con el IMSS, lo que se coloca no es solo reconocer que hubo una responsabilidad de la institución, sino que esta institución cómo se va a comprometer, qué acciones va a implementar para que estos hechos no se repitan”, puntualiza.
Sin embargo, en la década que ha transcurrido entre la muerte de Marisol y este 21 de julio, cuando el IMSS emitió la disculpa pública, el Instituto ha recibido 20 recomendaciones de la CNDH por violaciones a derechos humanos relacionados con violencia obstétrica en diferentes hospitales de todo el país.
Por eso es que a Miceli la disculpa le parece insuficiente. El espacio en Bochil, Chiapas, donde se llevó a cabo, no tenía características que permitieran un acceso abierto al público. Además de que, a su juicio, no cumplió con los requisitos de publicidad suficiente, hay otros aspectos reparatorios que apuntan a la no repetición que el Instituto no ha atendido en su totalidad.
Violencia obstétrica: deudas en la reparación del daño y la no repetición
Si cuestiones tan básicas como no contemplar otro tipo de espacio, o que la institución no haya colocado siquiera una foto de Marisol, en un acto que era simbólico para su familia, no se cumplieron, en lo estructural aún hay todavía más deudas.
“Está pendiente que se resuelvan las condiciones de infraestructura, de personal, y un poco lo que se ha colocado es que este caso no tendría que terminar con la disculpa pública; el compromiso que por lo menos hoy vino a hacer el IMSS es que van a cumplir con las medidas que están pendientes”, señala Matilde.
Miceli confiesa que imaginaba otro escenario y lamentablemente no fue así, aunque por lo menos tuvo la oportunidad de decirle al Instituto lo que era necesario. “A pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de repetición, no lo han hecho”, reclama.
A su juicio, falta todavía mucho para que se considere que han cumplido. Si bien el acto de disculpa fue histórico para él, a nivel simbólico, porque debe ser relevante y darle un auge al tema, es necesario seguir avanzando. Por temor, dice, no tomaron en cuenta los lugares que él propuso para la disculpa, pero más allá de eso, no han cumplido casi con ninguna medida de reparación.
“Incluían la remodelación y ampliación de la infraestructura, que aún no la terminan ni la entregan; se pedía que tuvieran a los médicos capacitados y especializados, y todavía no cumplen. Hay vacantes por cumplir en ginecobstetricia; también en los insumos y medicamentos, y todavía falta, y en lo que nosotros damos mucha relevancia e importancia es en el tema de las ambulancias”, explica el esposo de Marisol.
Respecto a esta medida, el Instituto aseguró que había dos ambulancias equipadas que ya estaban en función y servicios, pero una de ellas no lo está –subraya– porque fue prestada para otro lugar, sabiendo que el pueblo de Bochil la necesitaba.
Además, estos 10 años de lucha por justicia y reparación, han implicado para su familia un esfuerzo constante: “A lo largo de estos 10 años, además, nos da mucha profunda tristeza, pues ellos todavía no cumplen con su palabra, y con lo que hoy escuché, me da más tristeza, porque el director miente al decir algo que no es, cómo quisiéramos en verdad que lo que ellos dicen, lo pusieran en práctica, que se hiciera verdaderamente, pero vemos que es nulo”.
Ahora, Miceli está convencido de que seguirá en pie de lucha, avanzando y supervisando que el IMSS realmente llegue a cumplir los actos de reparación, para darle la certeza a las personas de que al acudir al servicio público, van a encontrar una buena atención.
La investigadora de Fundar subraya que la problemática no está cambiando de fondo, pese al convenio firmado. “Las causas estructurales que dieron origen o detonaron la muerte de Marisol siguen ahí, entonces en ese sentido es la exigencia del compromiso de las instituciones, de que haya un verdadero reconocimiento a la responsabilidad, y de mirar hacia el futuro, no solo hacia el pasado… Hacia adelante, ¿cuáles son los compromisos que van a tener con las víctimas?”, cuestiona.
La larga batalla por reparación para Marisol
Entre las deficiencias que condujeron a su muerte, la familia de Marisol también reclamó que su atención estuvo en manos de residentes de tercer y cuarto año, y de un médico pasante de servicio social que no tenía la experiencia suficiente ni la supervisión de un médico responsable. En el hospital de Bochil, había un solo ginecobstetra de base para el turno matutino.
Aunado a ello, el centro de atención médica no contaba con hemoderivados suficientes, mientras que el retraso del traslado de Marisol al hospital de Tuxtla se debió también a la falta de médicos en la unidad de cuidados intensivos. Días antes de su muerte, se había ordenado un ultrasonido y otras pruebas para ella que tampoco se realizaron; el propio hospital alegó no contar con el equipo necesario.
No solo eso: el útero que le fue extraído durante su cesárea para detener la hemorragia fue extraviado, por lo que el hospital no llevó a cabo el estudio histopatológico que se requería para determinar las causas de la emergencia obstétrica.
El acompañamiento de Fundar implicó interponer un juicio de amparo para poder acceder al expediente clínico, que le fue negado a la familia, y posteriormente el caso fue presentado ante la CNDH por las violaciones cometidas, organismo que en diciembre de 2018 finalmente emitió una propuesta de conciliación al IMSS.
Fue en ese convenio que se incluyeron como medidas de reparación y no repetición la habilitación de un banco de sangre, la contratación de personal obstétrico en todos los turnos y fines de semana; la disponibilidad de insumos, equipo y personal necesario para la realización de estudios de ultrasonido, la capacitación de personal, la investigación de funcionarios responsables y la disculpa pública.
A siete años de ese acuerdo, sigue pendiente concluir la construcción y operación del banco de sangre, la contratación de personal ginecobstetra en todos los turnos y fines de semana; la plena disponibilidad de insumos, personal y equipo, así como garantizar la capacitación constante de personal.
Además, ningún servidor público ha sido investigado o sancionado por los hechos.
No es el único caso en Bochil, Chiapas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido otras dos recomendaciones por al menos dos casos más de violencia obstétrica ocurridas en centros hospitalarios del IMSS en Bochil, Chiapas.
La primera fue emitida en 2016 (50/2016), por un caso de violencia obstétrica e inadecuada atención médica que implicó el agravio de una madre y la pérdida de la vida de su recién nacida en el Hospital Rural Oportunidades número 8 del IMSS, atribuibles al personal médico.
De acuerdo con el recuento de la Comisión, el 26 de diciembre de 2013, alrededor de las 05:00 horas, la agraviada, de 21 años de edad, acudió al servicio de urgencias, donde se le diagnosticó delicada, con embarazo de 40.2 semanas de gestación y signos de trabajo de parto, además de ruptura prematura de membranas.
La mujer fue atendida por un pasante en medicina, quien le realizó varias veces tactos y le colocó una pastilla de misoprostol para inducir el parto; aunque primero la monitoreó continuamente, después insistió en que todavía faltaba tiempo para el parto, pese a que ella mencionaba que tenía fuertes dolores y pensaba que el bebé ya iba a nacer. Aunque ella pidió una cesárea con el argumento de que sentía el sufrimiento fetal del bebé, no se la realizaron.
Cuando finalmente la llevaron a la sala de parto, la mujer ya no tenía fuerzas y sintió que la bebé se movía más lento; la niña nació a las 01:00 horas del 27 de diciembre de 2013 y la madre se percató de que no lloraba. Un médico le informó que su hija se encontraba grave. A ella la dieron de alta, pero su hija permaneció hospitalizada, y horas más tarde le llamaron para comunicarle que había fallecido por choque cardiogénico, insuficiencia renal e hipertensión pulmonar persistente.
La segunda recomendación documentada por la CNDH corresponde a 2022 (13/2022) sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de madre y su recién nacido, así como a la vida del segundo, y a la libertad y autonomía reproductiva por violencia obstétrica, al igual que a la información en materia de salud de la víctima, quien era una mujer indígena tsotsil, en el hospital rural del IMSS en Bochil.
“Hay equipo que sigue operando después de 18 o más años con graves desgastes, sobrepasando su vida útil (cinco años)”, reconoce el IMSS, que encabeza Zoé Robledo, en cuanto a los quirófanos en hospitales de segundo y tercer nivel.
Hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS operan con equipamiento de quirófano que ya superó su vida útil, a veces por muchos años, de acuerdo con un documento oficial en el que se detalla que algunos de estos aparatos tienen hasta 20 años de uso.
Se sigue trabajando con equipo de quirófano adquirido hace 18 años, es decir, en la gestión del entonces presidente Felipe Calderón.
De acuerdo con oficiales en poder de EMEEQUIS, hay hospitales de segundo y tercer nivel del Seguro Social que ofrecen servicios con equipo de quirófano que ya superó su vida, poniendo en riesgo la salud y la integridad de las y los derechohabientes.
De acuerdo con la norma oficial mexicana, los equipos de quirófano tienen una vida útil únicamente de cinco años, pero en esta administración todavía se siguen utilizando los equipos adquiridos hace casi 20 años.
“Existe equipamiento médico para quirófano en el segundo y tercer nivel de atención que no ha sido sustituido con la periodicidad que se requiere (cada cinco años) por lo que, hay equipo que sigue operando después de 18 o más años con graves desgastes, sobrepasando su vida útil (cinco años)”, reconoce el IMSS, que encabeza por segundo sexenio Zoé Robledo.
Es decir, que a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, los equipos de quirófano ya eran obsoletos, sin embargo, en seis años con Zoé Robledo como director general del IMSS no se tuvo el interés en sustituir los equipos de quirófano.
“Al sobrepasar su vida útil, además del uso constante de los equipos y a su desgaste natural, se cuenta con equipos que presentan fallas constantemente, menoscabando la calidad del servicio al no estar en operación de manera óptima”, admite el Seguro Social.
El IMSS ha querido alargar la vida útil del equipamiento de quirófano con el mantenimiento, sin embargo, hay equipos que ya no lo resisten y algunos otros que carecen de refacciones porque están descontinuadas por los fabricantes.
El riesgo es constante para los derechohabientes y para los médicos que utilizan el equipamiento quirúrgico obsoleto.
“Si bien ya se han realizado múltiples reparaciones y mantenimientos correctivos y preventivos, la falta de refacciones dificulta su reparación. Es así que, el servicio se brinda bajo un riesgo constante de falla en la continuidad, seguridad, confiabilidad. Lo anterior, ocasiona que los pacientes derechohabientes, reciban una atención médica de baja calidad”, asegura el IMSS.
Por ejemplo, electromotor para cirugía (microcirugía) en el HTO 21 Monterrey que es utilizado en intervenciones quirúrgicas, presenta “falta de precisión en tejidos delicados debido a tecnología antigua, aumentando el riesgo de daño en nervios y vasos sanguíneos”.
El electromotor para cirugía (macrocirugía) en el HTO 21 Monterrey tiene “desgaste en el sistema de corte y falta de precisión en estructuras óseas, incrementando el esfuerzo quirúrgico y el riesgo de errores”.
Los craneótomos eléctricos en el HGZ 48 San Pedro Xalpa y en el HTO 21 Monterrey registra “desgaste del motor y falta de refacciones disponibles, lo que obliga a usar herramientas manuales menos precisas y aumenta el tiempo quirúrgico”.
El cabezal tipo Mayfield adulto en el HGR Orizaba es un equipo obsoleto, “con desgaste mecánico que compromete la estabilidad de fijación del cráneo, aumentando el riesgo de movimientos involuntarios durante procedimientos neuroquirúrgicos”.
También el Dermatomo en el HGZ 1 Tlaxcala es un equipo antiguo “con cuchillas desgastadas y sistema mecánico poco preciso, causando cortes irregulares y disminuyendo la efectividad de los injertos de piel”.
Equipos obsoletos del IMSS que aumentan el riesgo de una falla y un error durante un procedimiento quirúrgico.
Uno de los equipos más viejos es una lámpara frontal con transformador y accesorios con 20 años en el HG CMN La Raza, y la mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología) en HTO Lomas Verdes con 30 años.
“Los equipos actuales han excedido su vida útil (de cinco años), presentando frecuentes fallas que interrumpen su operación y limitan la capacidad resolutiva del hospital. La falta de actualización tecnológica impide realizar intervenciones quirúrgicas eficientes”, indica el IMSS.
Los equipos actuales son antiguos e ineficientes, hay incompatibilidad con tecnologías modernas o procesos actualizados, y la dependencia de mantenimientos correctivos frecuentes no logra garantizar el funcionamiento continuo de los equipos.
Pero además del riesgo de recibir una cirugía con equipamiento quirúrgico obsoleto, hay que sumar los retrasos en la atención y los procedimientos.
“Los pacientes enfrentan tiempos de atención prolongados, lo que genera descontento y pérdida de confianza en la institución. Los equipos obsoletos generan afectaciones en la calidad de la prestación del servicio de intervenciones quirúrgicas”, reconoce el IMSS.
Además, la atención tardía puede generar secuelas a largo plazo, complicaciones adicionales y mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en los pacientes.
Actualmente, se cuenta con 159 equipos destinados al servicio de intervenciones quirúrgicas en 11 unidades médicas del segundo y tercer nivel de atención.
“Del total de equipos señalados, 95 de ellos no han sido sustituidos con la periodicidad requerida (cada cinco años) y se encuentran operando con graves desgastes, presentando fallas e intermitencias en su funcionamiento, menoscabando la calidad del servicio”, se expone en el documento del Seguro Social.
Y la situación se agrava cuando el equipo quirúrgico tiene que ser prestado entre hospitales, incluso los médicos tienen que poner su propio equipo.
“Préstamo de instrumental y equipamiento médico entre servicios. Préstamo de equipamiento por parte de los médicos residentes. Adaptaciones al instrumental o equipamiento”, explica el IMSS.
El mantenimiento preventivo y correctivo así como el préstamo de instrumental no garantiza que las intervenciones quirúrgicas sean de calidad.
“Esto no ha evitado que el servicio se brinde con equipo que opera sin funcionar de manera óptima y con riesgo constante de falla en la continuidad, seguridad, confiabilidad, resultando en una atención médica de baja calidad, generando afectaciones en la precisión de los procedimientos quirúrgicos”, afirma el IMSS, que solicita 92 millones de pesos para solucionar relativamente el problema en 11 hospitales.
Representantes de empresas cuestionaron al IMSS por incluir en la licitación requerimientos técnicos para equipos de impresión considerados obsoletos y que favorecerían a una sola empresa.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Regional Veracruz Norte, cerró el pasado 16 de mayo la Junta de Aclaraciones correspondiente a la licitación LA-50-GYR-050GYR014-N-142-2025, proceso que tiene como objetivo la adquisición de hasta 2 mil 640 cartuchos tóner utilizados en la impresión de recetas médicas para derechohabientes.
De acuerdo con los documentos del procedimiento, cuyo presupuesto asignado es de 21.6 millones de pesos, es decir 8 mil pesos por unidad, nueve licitantes mostraron interés en participar enviando un total de ochenta y un preguntas al contenido de las bases.
La licitación está bajo observación de agentes del sector, toda vez que, de mantenerse las condiciones, podría encuadrar en un patrón nacional, pues ese tipo de licitación, realizada en cada entidad federativa, llegaría a los 14 casos.
En la Junta de Aclaraciones, representantes de diversas empresas cuestionaron al personal del IMSS por haber incluido en la licitación requerimientos técnicos que, según señalaron, corresponden a equipos de impresión considerados obsoletos.
Asimismo, acusaron a la convocante de establecer especificaciones que, en la práctica, favorecerían exclusivamente a una sola marca: Lexmark. Las empresas también solicitaron aclaraciones sobre cuántas marcas, además de Lexmark, fueron consideradas en la investigación de mercado, y si dicha investigación contempló opciones internacionales que permitieran establecer un precio competitivo para los bienes solicitados.
El pasado 2 de mayo, Proceso dio a conocer que la megacompra de consumibles estaba en curso y que diversas firmas habían advertido sobre el favoritismo a Lexmark a partir del diseño de las bases para un negocio superior a los 21 millones de pesos.
Durante el cierre de la Junta de Aclaraciones y ante la insistencia de los proveedores interesados, el personal del IMSS Veracruz Norte justificó las especificaciones técnicas del proceso argumentando que éstas respondían a las necesidades operativas del OOAD Veracruz Norte y a los históricos de consumo.
Sin embargo, una revisión a los procedimientos de licitación realizados en los tres años anteriores en esa misma delegación muestra un patrón distinto.
En concreto, las licitaciones LA-050GYR014-E20-2022, LA-050GYR014-I-13-2023 y LA-050GYR014-I-23-2024 cuyas convocatorias fueron de carácter internacional abierto, con características técnicas superiores e ideales para usuarios administrativos y médicos, lo que contrasta con el enfoque nacional y más restringido del actual proceso.
En la nota publicada por Proceso el 2 de mayo se informó que el procedimiento de adquisición ha sido cuestionado por la posible injerencia de José Manuel Escobedo Venegas, extitular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en el OOAD de Zacatecas, quien presuntamente estaría involucrado en la gestión de la compra desde una posición no oficial.
De acuerdo con fuentes internas del IMSS involucradas en los procesos de compras, Escobedo Venegas intentaría favorecer a la marca Lexmark, representada por las empresas Valmar Digitalmicro, Ofivillanely y TCA Empresarial.
Un esquema similar que apunta el mismo Escobedo Venegas habría sido implementado en la delegación Zacatecas, en años anteriores, con bases de licitación que favorecían también a Lexmark, limitando con esto la participación de otras marcas competidoras, en ocasiones con precios que superan en más de un 100% los costos que se habrían obtenido mediante licitaciones internacionales o bajo tratados.
El mismo patrón, dijeron, se ha repetido en licitaciones de carácter nacional para la adquisición de consumibles de tóner en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Sur y Yucatán, todas del 2025, con adjudicaciones para la marca Lexmark.
Los precios unitarios, según consta en las actas de fallo, en promedio oscilaron entre los 7 mil pesos y los 8 mil pesos, cuando de acuerdo con fuentes internas en marcas distintas el precio promedio podría ser de 4 mil pesos.
La presentación y apertura de proposiciones se realizó el jueves 23 de mayo, y en esa etapa cuando se están definiendo las ofertas admitidas y se confirme la posible asignación del contrato.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las observaciones internas relacionadas con este proceso de adquisición.
El gobierno registró en Compranet, su plataforma de compras públicas, 7 mil mdp en contratos a nombre de la empresa del socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, pero el IMSS asegura que se trató de una equivocación a la hora del registro de los contratos y que fueron de menores montos o que no existieron.
El sistema de registro de compras del gobierno federal, Compranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción, cuya titular es Raquel Buenrostro, registró “por error” al menos 7 mil 200 millones de pesos en contratos a nombre de Ethomedical, S. A. de C. V., cuyos dueños son socios del yerno de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.
El supuesto “error” no fue demostrado, pero el IMSS aseguró que se trató de una equivocación a la hora del registro de los contratos y que habían sido realizados por menores montos o que no habían existido. Sin embargo, fueron registrados con número de procedimiento y tienen un folio único.
Además, por primera vez en 26 años de funcionamiento, Compranet estuvo caída en tres ocasiones durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y, aún restaurada, los contratos de esta empresa estuvieron “desaparecidos” de la plataforma, lo que impidió su acceso por al menos dos meses.
Al preguntar a la Secretaría Anticorrupción la razón por la que los contratos de Ethomedical no estaban disponibles, el área de prensa respondió que se trataba de adjudicaciones directas, “por lo que los documentos adicionales están bajo control de la Unidad Contratante”.
Sin embargo, esto habría sido una violación a la Ley de Adquisiciones. La legislación, vigente entonces, obligaba a la administración pública a difundir todos los procedimientos de compra pagados con recursos federales, incluyendo las adjudicaciones directas.
Animal Político reveló este martes que el IMSS y Birmex entregaron 1 mil 198 millones de pesos en contratos a las empresas Ethomedical, S. A. de C. V. y Abastecedora de Medicinas y Materiales, S. A. de C. V., propiedad de la familia de Aldo Pérez, socio de Fernando Bilbao, yerno de la gobernadora Nahle.
Con las adjudicaciones disponibles a finales de año en la plataforma, los restablecidos en marzo, y decenas de solicitudes de transparencia se pudo comprobar que las empresas vendieron hasta 885 % más caras las medicinas.
Aunque en el desarrollo de esta investigación se detectaron inconsistencias en los contratos registrados a nombre de la empresa con vínculos con el yerno de una gobernadora morenista, no es el único ‘error’.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en una revisión a las compras realizadas en 2020 –el segundo año del gobierno de AMLO–, que registraron 2 mil 902 contratos donde los proveedores no coinciden en sus números de contratos; y en 2 mil 201 contratos hay errores en el importe.
Los “errores” con Ethomedical
Con base en la revisión de los listados de Excel públicos donde se registran todos los contratos de la administración pública realizados durante los últimos seis años, se detectó que Ethomedical habría recibido 8 mil 427 millones de pesos en contratos de adjudicación directa entre 2020 y 2024.
El contrato más oneroso, por 4 mil 800 millones de pesos, estaba registrado en el procedimiento AA-050GYR029-E475-2021 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS (OOAD) de Sinaloa. E incluso el contrato tenía un folio único (2692277) en Compranet.
Al solicitar la comprobación de esta compra vía transparencia, el Órgano de Sinaloa únicamente entregó pedidos, entregas y facturas por 4 millones 700 mil pesos, con inconsistencias.
Una de ellas fue la discrepancia entre la factura por 156 piezas del tratamiento contra cáncer, Bleomicina por un costo unitario de 2 mil 580 pesos, mientras en el reporte de entrega a farmacias se registró un precio de 19.60 pesos de cada pieza.
Los otros tres contratos más onerosos eran por 1 mil 231 millones de pesos; 835 millones de pesos y 416 millones de pesos. Todos, de la delegación de Sinaloa y con números de folio únicos.
Al solicitar entrevista al IMSS sobre esta investigación, respondió en una carta que dichos contratos eran “errores de registro”, toda vez que al preguntarle a la delegación Sinaloa y revisar en su sistema interno de pagos, los contratos en realidad eran por 11 millones de pesos; 1 millón y 600 mil pesos, respectivamente, mientras que en un cuarto proceso no había ningún pago a Ethomedical.
Sin embargo, desde 2021 –fecha en que se registraron– y hasta 2025, no había ningún reporte sobre estas inconsistencias, aún cuando los errores sumaron 7 mil 200 millones de pesos en una fuente de información oficial.
Funcionarios del IMSS explicaron que suelen ocurrir errores de registro en Compranet sin ser corregidos porque la antigua plataforma no permitía hacer modificaciones una vez publicada la información.
Animal Político verificó la información con las facturas entregadas vía transparencia por el IMSS y se confirmó en la Cuenta Pública que Sinaloa gastó 2 mil 608 millones de pesos en la compra de medicinas ese año.
De ahí que, para esta investigación, se descartaron estos cuatro contratos a la hora de contabilizar los recursos entregados a Ethomedical. Únicamente se consideraron los 1 mil 134 millones de pesos de 756 contratos cuya existencia se pudo confirmar a través de Compranet, solicitudes de información y la Plataforma Nacional de Transparencia.
Legalización de la opacidad
La detección de estos errores no es cosa menor. Compranet había sido una fuente confiable y esencial para vigilar las contrataciones públicas desde su creación, en 1996, toda vez que la herramienta fue la sustitución de las negociaciones en lo privado entre funcionarios y empresarios.
En Compranet, por obligación de la Ley de Adquisiciones, se debían publicar todos los documentos referentes a cada contratación: convocatoria, junta de aclaraciones, apertura de propuestas, fallo y contratos. Y todos los involucrados y ciudadanos podían vigilar las 460 contrataciones diarias que hace el gobierno Federal en tiempo real.
Gracias a esta herramienta de acceso público se pudo documentar periodísticamente los casos de corrupción a través de licitaciones amañadas, contrataciones a empresas fantasma, entre otros, en los últimos cuatro sexenios.
Sin embargo, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum propuso una reforma a Compranet que legalizó la opacidad.
Esto porque la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios facultó a la Secretaría Anticorrupción para autorizar que existan procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma; es decir, sin que los procedimientos sean publicados y abiertos. Además, sin explicar exactamente cuáles serían esos casos de excepción.
Pero aún cuando se establecieran los parámetros para las excepciones, por primera vez en tres décadas se volvió a permitir que las negociaciones de contratación del gobierno sean de forma privada, sólo con la participación de ciertos funcionarios con empresarios, y sin que los ciudadanos puedan vigilar cada paso del proceso en tiempo real.
“En casos excepcionales y justificados, la Secretaría podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta ley”, establece el artículo 74 de la Ley de Obras reformada.
También habrá excepción de transparencia de contratos dentro de Compranet para el Ejército cuando ejecuten obras en el marco de convenios intergubernamentales para “proyectos prioritarios”.
Además se incluye una nueva figura llamada “diálogo competitivo”, donde la institución entabla un diálogo con los proveedores interesados para dar a conocer información sobre los bienes o servicios que se busquen adquirir. La negociación continuará hasta alcanzar un acuerdo benéfico para la institución.
Aunque este método se ocuparía para bienes o servicios especializados para generar un proceso de contratación colaborativo, el Instituto Mexicaro para la Competitividad (IMCO) alertó la necesidad de realizar un monitoreo constante, debido a que los diálogos entre funcionarios y empresas incrementa el espacio de contacto y el riesgo de corrupción.
Estas adecuaciones son contrarias a los criterios de máxima transparencia impulsados en 20 años de reformas en la materia, que consideraba que todo ciudadano tenía derecho a conocer absolutamente todo lo referente a cualquier contratación pagada con recursos públicos; salvo excepciones como afectar la seguridad nacional en caso de que la información se hiciera pública.
Con la reforma de la presidenta también se eliminó Compranet y en su lugar crearon la Plataforma Digital de Contrataciones, aunque especialistas advirtieron la falta de certeza sobre el traspaso del archivo histórico de contrataciones de 30 años y que abarcan los gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Tampoco hay seguridad de que cualquier persona pueda obtener información vía transparencia de las negociaciones, por ejemplo, en los “diálogos estratégicos” o de aquellos contratos que no se publiquen en Compranet.
El gobierno de Sheinbaum desapareció el INAI, el organismo autónomo de acceso a la información. Aunque supuestamente el derecho a la información seguirá siendo ejercido a través del nuevo organismo, Transparencia para el pueblo, éste estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción. Es decir, el gobierno será juez y parte para definir si entrega o no información.
De ahí que desde hace 22 años, académicos, activistas y periodistas impulsaron la creación de un organismo autónomo para dirimir estas controversias de acuerdo a la Ley de Transparencia. Por ejemplo, si una dependencia se negaba a entregar información a un ciudadano que la solicitaba, el INAI analizaba la solicitud y en caso de que las personas tuvieran la razón, obligaba a los funcionarios públicos a entregar la información pública.
Ahora, un ciudadano podrá solicitar información a través de Transparencia para el pueblo, pero si se la niegan, la única posibilidad de obtenerla será interponiendo juicios ante tribunales.
Las fallas de Compranet
Por primera vez en 26 años, Compranet estuvo fuera de servicio durante meses en dos ocasiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno decidió pasar la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, cuando la Oficial Mayor era Raquel Buenrostro, y quien ahora es titular de la la Secretaría Anticorrupción, desde donde nuevamente estará a cargo del registro de contratos públicos.
Compranet colapsó y estuvo fuera de funcionamiento durante 17 días en julio de 2022. Luego sumó más intermitencias en 2023 y en 2024 pasó meses sin funcionar. Al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, no se podía consultar las contrataciones previas a 2022, lo que incluía todos los procedimientos de compra durante la pandemia de Covid.
En 2022, tras una primera caída del sistema, Hacienda aseguró que se debía a problemas técnicos, pero Animal Político reveló que la empresa Bravosolution México, a cargo de la operación de Compranet durante los 12 años previos, dejó de proveer el servicio desde el 31 de diciembre de ese año debido a la falta de pagos.
En 2020, tras la decisión de pasar Compranet a responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación detectó “debilidades en el registro”. En 32 mil 661 contratos, lo que representó 21.2 % del total de procedimientos realizados ese año, presentó “al menos 1 de sus 24 características sin información”.
Además, en 2 mil 902 contratos que representan 5.4 % del total de contratos de 2020, los proveedores no coinciden en sus números de contratos y en 2 mil 201 (5.7 %) son diferentes en la cantidad de importe de contrato.
Por ello, la Auditoría recomendó al gobierno implementar “mecanismos de seguimiento y control que permitan asegurar que se cuente con información fidedigna, confiable y relevante que contribuya a la transparencia, honradez y eficiencia de las compras y contrataciones”.
Esto, “para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que, las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.
Los fracasos en los distintos modelos implementados en la administración de Andrés Manuel López Obrador para la adquisición de medicinas terminaron beneficiando a empresas de reciente creación, con poca experiencia en el sector y que vendieron los medicamentos más caros.
Javier Delgado y su familia tienen un año viviendo en la zozobra. En 2024 tuvo un infarto y fue atendido en el IMSS de Cancún. Durante la revisión, el hombre de 50 años advirtió que tenía una bolita en la lengua, pero los médicos minimizaron la situación y le recetaron sólo un enjuague bucal.
La familia, preocupada porque la bolita seguía creciendo, decidió no esperar y vendieron lo poco que tenían: un aire acondicionado, la mesa, electrodomésticos. Con eso pudieron pagar un par de consultas con un médico particular y la biopsia, indispensable para el diagnóstico.
Seis meses después se confirmó que Javier tenía cáncer. No tenían otra alternativa que solicitar atención en el IMSS de Cancún, donde vivían, pero les dijeron que ahí no podían atender el cáncer, al no contar con médicos ni aparatos.
A Javier se le ocurrió subir videos a redes sociales para denunciar la falta de atención, como única posibilidad para que lo escucharan. Luego, Animal Político y otros medios publicaron su caso. “Me tenían muriéndome, pero gracias a las presiones que ustedes hicieron sí me atendieron”, reconoce Javier. Sólo así, lo canalizaron a Mérida, a la Unidad Médica de Alta Especialidad “Ignacio García Téllez” para las quimioterapias y radioterapias.
Aún cuando superó la primera etapa del cáncer, su corazón sigue fallando y requiere de medicamentos permanentes que cada mes es difícil conseguirlos en su clínica 3 de Cancún. Desde marzo del año pasado le recetaron la inyección Evolocumab, que deben aplicarle cada 15 días para prevenir un derrame cerebral y ataque cardiáco, pero en realidad se la surten cada dos o tres meses.
Su familia no puede comprarla porque cuesta siete mil pesos cada una, casi el mes de salario que gana su yerno como personal de limpieza en un hotel. Y ese sueldo lo ocupan para vivir los cinco integrantes de la familia: Javier, quien era mecánico y perdió la pensión que le daban en su trabajo, su esposa, su hija y su nieta.
También debe tomar otros cinco medicamentos que no siempre le dan. “Me dicen venga para la siguiente semana y la siguiente. Cuando ya hay, me dicen que la receta está vencida y hay que volver a sacar cita con el cardiólogo para que me vuelva a recetar”.
Ahora, dice Javier, no tiene ni siquiera la programación de otra cita, luego de que el 28 de abril le negaron la atención pese a llegar 5 minutos antes de la hora programada argumentando que debía llegar 15 minutos antes, y por lo tanto, tampoco tendrá más recetas.
A veces pueden comprar algunas medicinas baratas, como el ácido acetilsalicílico, pero otras simplemente es imposible. “A veces hasta sin comer la pasamos en algunas ocasiones”, confiesa.
Javier ha aprendido a vivir entre desmayos cada tres o dos veces por semana y dolores en el pecho, ante la falta de medicinas. Pero su caso no es el único. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó en cinco el número de recetas no surtidas en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Se trató de otro efecto de la decisión del morenista de cambiar el modelo de compras de medicamentos durante su gobierno. Y el desabasto permitió la aparición de otro esquema: la proliferación de empresas que venden medicinas a sobreprecio.
Causas y efectos del desabasto
Animal Político revela en esta investigación que el IMSS entregó mil 600 millones de pesos en adjudicaciones directas a al menos 19 empresas con apenas dos y hasta 15 meses de funcionamiento en 2022.
Consiguieron los contratos pese a vender más caro en comparación con los precios ofrecidos en las compras consolidadas. Y, en algunos casos, los insumos no llegaron a los hospitales.
Tal es el caso de las pruebas de Covid adquiridas por la delegación Guerrero en 2022, cuando la pandemia y la demanda de insumos habían disminuido. La empresa Comercializadora de Materiales SVG, SA de CV, vendió 20 mil piezas en 2 mil 925 pesos cada una. Sin embargo, sólo llegaron 2 mil 339 a los hospitales, es decir, 11 % del total, según muestran registros oficiales obtenidos por transparencia.
Otras, como Promotora Médica Selec SA de CV, Leo-Medik y Grupo Farmacéutico MDK comparten integrantes con otras empresas que también vendieron medicamentos poco después de crearlas en otros años.
Comercializadora de Medicamentos CMI fue boletinada por la Cofepris por irregularidades sanitarias. Y los dueños de otras más se dedicaban a otros giros y, aún sin experiencia en la distribución de medicinas, aprovecharon el negocio durante el gobierno de López Obrador.
Entre los medicamentos adquiridos con estas empresas estuvieron insulina, inmunoglobulina, antidepresivos, tratamientos contra el cáncer, o para control de diabetes y artritis. Anticoagulantes, antibióticos, vitaminas, entre otros.
Con sobreprecios de hasta 678 %, como la Sitagliptina metformina, cuyo costo unitario en compra consolidada fue de 225 pesos, pero la empresa Pharma Trimed la vendió en 1,750 pesos a la delegación Colima del IMSS.
O las tiras reactivas para medir glucosa, vendidas por Grupo Osherx, SA de CV en 2,150 pesos cada paquete, un precio incluso mayor a los 260 pesos que se consigue en farmacias comerciales. Ambos, insumos para el tratamiento de diabetes, la enfermedad con la segunda mayor incidencia en el país.
Sin embargo, para el IMSS, la reciente creación de una empresa no es impedimento a la hora de contratar. La fecha de constitución “no es relevante ante evaluaciones de las propuestas que se hacen bajo un método binario (el proveedor cumple o no cumple requisitos), donde la antigüedad o experiencia no es un factor”.
Aumentan las adjudicaciones y el gasto
Las adjudicaciones directas a sobreprecio son efecto de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en su búsqueda de ahorros en todo el gobierno, cada año intentó una forma de adquisición de medicamentos; primero, con la compra centralizada desde la Secretaría de Hacienda, luego en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS), después en el INSABI, luego la llamada “megafarmacia” y el IMSS.
Ante el fracaso de cada uno, las delegaciones del IMSS argumentaron que, por incumplimiento de otros proveedores o la insuficiencia de proveedores en las megacompras, había urgencia de comprar medicamentos e insumos.
Precisamente, la urgencia, es uno de los motivos que exceptúan las compras por licitación que permite la Ley de Adquisiciones. Y, en el gobierno de López Obrador hubo menos licitaciones públicas, es decir, concursos abiertos para poner a competir a los proveedores, y más elección de empresas de manera directa.
Mientras en 2018 el porcentaje de compras de medicinas a través de adjudicaciones directas fue de 80 %, cada año incrementó hasta alcanzar 88 % en 2022 y 95 % en 2023. Esto es: casi la totalidad de las compras de medicamentos se hicieron eligiendo directamente a proveedores y no a través de competencias para lograr las mejores condiciones.
A diferencia de comprar en gran volumen con menor costo, en el gobierno de López Obrador las compras estuvieron fragmentadas. Con esto efectivamente rompieron el monopolio de las grandes farmacéuticas que acaparaban las ventas al gobierno, como acusaba el expresidente López Obrador, pero eso no significó obtener ahorros, sino lo contrario.
Las delegaciones del IMSS gastaron 31 % más en la adquisición de medicamentos e insumos médicos entre 2018 y 2024. Pasaron de un gasto de 71 mil millones de pesos al inicio del sexenio obradorista, a 93 mil millones de pesos al concluir.
A la par hubo desabasto, como denunció el personal médico y usuarios. Además, los datos lo confirman. Mientras en 2018 no se surtieron 1.4 millones de recetas en el IMSS, en 2021 aumentó a 22 millones de recetas, bajó a 12 millones el año siguiente y 5 millones en 2023, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por la organización Cero Desabasto.
Empresas nuevas, contratos millonarios
La empresa que más contratos ganó en esta selección fue Comercializadora de Materiales SVG, SA de CV., con 205 adjudicaciones directas por 525 millones de pesos. Fue constituida en junio de 2021 y se dedicaba a la “compra, venta, importación, exportación, fabricación, producción, maquila, desarrollo, distribución, suministro y comercialización de toda clase de bienes y productos que estén o puedan estar en el comercio”.
Meses después, el 30 de marzo de 2022, cambió su objeto social y agregó la comercialización de “productos para uso médico en todas sus ramas y de laboratorios clínico médico”.
Apenas 44 días después de ese movimiento, la empresa ganó la primera adjudicación directa con la delegación de Sonora por 10 millones de pesos. Vendió 110 mil piezas de Celecoxib, antiinflamatorio para artritis reumatoide, en 92 pesos cada una. El precio en compra consolidada fue de 17 pesos, mientras que farmacias privadas se consigue hasta en 68 pesos. De acuerdo con los registros de comprobación, cumplió con la totalidad del pedido.
El contrato más oneroso de Comercializadora de Materiales SVG fue por 67 millones 860 mil pesos por la adquisición de 20 mil pruebas rápidas de Covid, a un precio unitario de 2 mil 950 pesos, mientras que el costo promedio en ese entonces ascendía a 2,500 pesos.
Aunque el contrato lo hizo la delegación de Guerrero, los registros de entrega incluían la distribución a hospitales de otras entidades, como el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México.
En los reportes oficiales se asienta que se recibió la totalidad del pedido en almacén, pero en el registro de distribución se observa que sólo llegó 11 % de las piezas a los hospitales. Por ejemplo, el área de Pediatría y Oncología del Centro Médico Siglo XXI supuestamente recibirían más de una centena de pruebas, pero no les llegó ni una. Lo mismo que en Puebla y el Estado de México Oriente. Mientras que el Hospital General de Subzona 19, solo recibió 2 unidades. Y el que más recibió fue el Hospital General Regional 1, con 500 piezas.
Comercializadora de Medicamentos CMI ganó contratos a los 8 meses de ser creada, en septiembre de 2022. Sólo tuvo 4 adjudicaciones por 8 millones 621 mil pesos, pero vendió a Guanajuato y la Ciudad de México productos tan relevantes como inmunoglobulina humana, utilizada para tratar enfermedades inmunitarias en las que hay pocos anticuerpos en la sangre.
Sin embargo, la empresa fue boletinada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en abril de 2024 por irregularidades sanitarias, según la alerta difundida por la institución en la que avisaba sobre los proveedores irregulares.
Incluso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente inhabilitó a otra empresa con la mismas características halladas en esta investigación: creada poco antes de recibir contratos y vendiendo a sobreprecio. El 29 de abril, la titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro anunció la inhabilitación de Biomics Lab SA de CV por diversas irregularidades.
Biomics Lab fue creada en 2020 y ese mismo año sumó 14 contratos por 20 millones de pesos, y el año siguiente obtuvo 49 adjudicaciones por 31 millones de pesos, de acuerdo con registros de Compranet. Al participar en la compra consolidada de 2025, sus irregularidades fueron identificadas por la Secretaría Anticorrupción.
Otra de las empresas destacadas fue Materiales Médicos Rey, constituida en enero de 2021 y que comenzó a sumar adjudicaciones un año después. Ganó 79 millones de pesos con ventas a sobreprecio.
Por ejemplo, vendió Enoxaparina de 40 mg en 729 pesos, pese a que el costo en compra consolidada fue de 151 pesos. Mientras que la inmunoglobulina G, fue vendida en 12 mil 700 pesos cada unidad, cuando el costo en consolidada fue de 10 mil 191 pesos. Solo de esos dos contratos, el IMSS de Nuevo León habría pagado más de 2 millones de pesos ‘de más’.
Redes de empresas
Promotora Médica Selec SA de CV fue creada en mayo de 2021. Un año después comenzó a ganar contratos que sumaron 149, de los cuales, 144 fueron adjudicaciones directas. En total obtuvo 155 millones de pesos, sobre todo con contrataciones de las delegaciones de Nuevo León y Guanajuato.
Entre sus administradores está Francisco Pavel Gutiérrez Mújica, quien en 2017 apareció como representante legal de la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), una filial de Laboratorios Pisa, acusado por el presidente López Obrador de acaparar el mercado.
Gutiérrez Mújica, además, aparece en otras dos empresas: Lógica Médica Regiomontana, creada en marzo de 2020 y que al año siguiente ganó 103 contratos por 152 millones de pesos. La otra es Inmedical Soluciones en Salud, constituida en julio de 2020 y que en 2021 ganó 11 millones de pesos.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que esta última empresa y Pável Gutiérrez ayudaron a burlar el veto Laboratorio Solfrán, propiedad de Carlos Lomelí, exdelegado de Guadalajara, impedida para ser proveedor gubernamental. A través de la empresa distribuidora, que ganaba los contratos, se seguían comercializando las medicinas de dicho laboratorio.
La segunda empresa con más contratos fue Leo-Medik con 198 millones de pesos. Fue creada en septiembre de 2021 y cinco meses después obtuvo la primera de 117 adquisiciones directas.
Ésta, además, comparte integrantes con Grupo Farmacéutico MDK, creada en enero de 2021, y que es la tercera en recibir la mayor cantidad de contratos, con 173 millones de pesos.
Ambas empresas tienen más de 40 actividades en su objeto social y sus accionistas están personas que han tenido otras empresas. Como María del Pilar Monroy, que aparece como representante de Evtek SA de CV en una junta de aclaraciones para vender computadoras en Aguascalientes. También, Omar Eduardo Llanos, accionista en Pick and Go Comercial SA de CV, creada en 2023, y, como contratista del IMSS ha vendido artículos de aseo en Aguascalientes.
El contrato más oneroso de Leo-Medik fue por 41 millones 500 mil pesos con la delegación Colima para comprar 50 mil piezas de eritropoyetina, para tratar la anemia y efectos secundarios tras una quimioterapia.
El costo unitario ofrecido fue de 830 pesos, aunque en la compra consolidada era de 651 pesos. Solo por la diferencia de 178 pesos en cada unidad, la delegación pagó 8 millones 922 mil pesos ‘de más’.
Pagan medicinas más caras
En 2022, las delegaciones del IMSS de al menos 19 entidades contrataron a empresas de reciente creación: Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Durango, Sonora, Colima, Tamaulipas, Estado de México, Coahuila, Tlaxcala, Puebla y Jalisco.
Animal Político analizó los contratos registrados en Compranet para ubicar a aquellas empresas que obtuvieron contratos al poco tiempo de ser creadas. En la lista destacan al menos 35 que tenían menos de un año de operación cuando ganaron el primer contrato.
Sin embargo, se descartaron aquellas que vendían mobiliario, artículos de limpieza o servicios subrogados especializados cuyos precios eran muy variables. Para esta investigación se seleccionaron únicamente 19 empresas que vendieron medicinas o insumos hospitalarios básicos.
En total, estas compañías recibieron mil 382 contratos por mil 666 millones de pesos, cuya fecha de creación varió entre 2, 3, 5 y hasta 15 meses.
Luego, se solicitó por transparencia el primer contrato realizado, el de mayor monto y otro con una delegación distinta a las anteriores. De las respuestas obtenidas se analizaron 59 contratos por la compra de 1.9 millones de piezas y un monto de 292 millones de pesos.
Al contrastar el costo unitario de cada medicamento e insumo vendido en estos contratos se hallaron sobreprecios prácticamente en todos los casos que entregaron información. Aunque según los reportes, las empresas cumplieron con la mayoría de los pedidos, el impacto está en el sobrecosto pagado con recursos públicos.
Si las compras se hubieran realizado a través de compras consolidadas el monto pagado habría sido de 141 millones de pesos. Es decir, las delegaciones del IMSS habrían pagado 150 millones de pesos de más. Un sobreprecio total del 106 por ciento.
Los fracasos en las compras de medicamentos
El primer intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el proceso de adquisición de medicinas fue centralizar las compras en Hacienda, a través de la Oficialía Mayor, cargo entonces ocupado por Raquel Buenrostro, actual secretaria Anticorrupción; pese a que ni ella ni la institución tenían experiencia en la adquisición de artículos tan particulares como los medicamentos.
En esa primera compra, Hacienda informó que había hecho adquisiciones por 7 mil millones de pesos en medicamentos, lo que había generado ahorros por mil millones de pesos con respecto a 2018, pero en realidad no compraron lo que se requería. Necesitaban 792 partidas de medicinas, pero sólo licitaron 632. De ellas, compraron 404 (64 %) y 228 quedaron desiertas (36 %), según informaron oficialmente.
Luego, el gobierno decidió que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado el 29 de noviembre de 2019, compraría las medicinas a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para surtir a todas las instituciones de salud del país e incluso contrataría a proveedores de cualquier parte del mundo que ofrecieran mejores condiciones de venta.
Mientras que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa del Estado productora de vacunas, se convertiría en la nueva distribuidora de medicinas, tras el veto a las empresas distribuidoras del sexenio.
Justamente, ese fue el campo que aprovecharon las empresas recién creadas, toda vez que el gobierno necesitaba distribuidores y los contratos para este servicio se fraccionaron y multiplicaron. Lo cual, generó un gasto mayor.
Sin embargo, las fallas ocurrieron desde la adquisición de los medicamentos, pues el INSABI y la UNOPS reconocieron que solo adjudicaron 50.8 % de las claves de medicamentos y 55 % de las de material de curación que se necesitaban para 2021.
Incluso, en la revisión a las compras del INSABI hechas en 2021, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que la UNOPS no entregó la totalidad de medicamentos que habían contratado y pagado, por lo que debía hacer reembolsos por 32 millones 600 mil dólares.
Para 2022, el INSABI terminó la relación con la UNOPS –pese a que el acuerdo establecía que se encargaría de hacer las compras de medicinas hasta 2024– y ese año, el Instituto hizo los procesos de compra en solitario, aunque no logró adquirir el 22 % de la demanda.
De ahí que las instituciones como el IMSS tuvieron que hacer otras contrataciones para adquirir las medicinas que no les llegaron por medio de la UNOPS o el INSABI y que necesitaban con urgencia.
Esto derivó en la multiplicación de pequeños contratos, como documentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), luego de analizar las adquisiciones de medicinas entre 2018 a 2022.
En 2022, el 20 % del monto total de compras de medicamentos se asignó en contratos menores a cinco millones de pesos, aunque en 2018 esta proporción había sido de 5 %. Lo cual resultó “contrario al objetivo de las compras consolidadas que busca comprar en volúmenes grandes con precios de mayoreo”.
“Por eso es que las instituciones públicas de salud fueron obligadas a realizar adquisiciones con poco tiempo, lo que implicó condiciones de desventaja para negociar mejores precios en la compra”, concluyó el informe Compras públicas ineficientes, medicamentos más caros.
