“Con el gobierno de la doctora Claudia estamos haciendo otra gran reforma fiscal que tiene como base tapar los grandes boquetes que se desatan a partir del huachicol y la facturación falsa, por eso hemos incrementado los ingresos producto del comercio exterior”, dijo.

Ramírez Cuéllar participó en el debate entre gritos y reclamos de los partidos de oposición, mientras el morenista los retaba a subirse a tribuna para debatir el tema. Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo hicieron con letreros con la leyenda “no más deuda” y “no más impuestos”, y los panistas le gritaban a pocos metros.

Los partidos de oposición calificaron la reforma como un “parche fiscal” por los ingresos que el gobierno obtendrá por el aumento de impuestos a productos como cigarros y refrescos. De igual forma, criticaron la contratación de deuda y los presuntos hechos de corrupción cometidos por integrantes de Morena.

“México no necesita más deuda, no necesita ingresos maquillados, no necesita castigar al contribuyente, mientras se tolera el saqueo desde adentro. Lo que México necesita es un gobierno con el valor de limpiar la casa, de erradicar las redes internas de corrupción, de estrangular el flujo del dinero al narcotráfico, pero, sobre todo, de usar bien cada peso que aportamos el pueblo de México”, expresó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano (MC).

Artículo 19 advirtió que “el acceso en línea y en tiempo real, aunque se señale que será ‘para el cumplimiento de las obligaciones fiscales’, es en sí mismo un acto de molestia sin garantías de debido proceso y una interferencia descontrolada en el derecho a la privacidad”.

La organización agregó que la disposición “permite una invasión total y permanente de la información de la ciudadanía sin necesidad de probar que existen razones reales para acceder a ella”.

Además, carece de “salvaguardas y control judicial que inhiban o eviten intrusiones arbitrarias”.

Sobre las sanciones, el artículo prevé que el incumplimiento “dará lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital”, lo que, según Artículo 19, “se traduce en la potencial restricción de acceso y uso de determinadas plataformas digitales (…) donde las personas ejercen derechos humanos”.

La organización insistió en que la medida “es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, por ser una medida de censura por medios indirectos (…) y constituye una medida extrema de censura previa prohibida expresamente por el artículo 7 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Finalmente, Artículo 19 urgió a los legisladores a considerar alternativas menos lesivas en estas reformas.

“Exigimos que se consideren medidas menos lesivas a fin de lograr efectivamente una tributación justa, equitativa y proporcional hacia las empresas, mientras se garantiza la protección de los derechos de las y los usuarios en línea”.

La Ley de Ingresos fue aprobada por 30 votos a favor y 12 en contra y busca consolidar una recaudación eficiente y responsable, mantener la sostenibilidad fiscal sin aumentar impuestos, y fortalecer el gasto público productivo, particularmente en infraestructura, seguridad social, transición energética, y proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico y la CFE.

Además, establece controles claros sobre fideicomisos, ingresos excedentes, endeudamiento y aprovechamientos, privilegiando la transparencia, la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad hacendaria.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado morenista Carol Altamirano, detalló que con la Ley de Ingresos se plantea un total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos. Son 891 mil 667 millones más que en la LIF 2025.  Los ingresos petroleros serán de 1 billón 204 mil 200 millones de pesos, 62 mil 256 más que la LIF 2025.

En los Criterios Generales de Política Económica que acompañan la iniciativa se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 1.8 y 2.8 % real anual, un tipo de cambio promedio de 19.3 pesos por dólar, una plataforma de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios y un precio promedio de 54.9 dólares por barril.

Estas variables sustentan las proyecciones de ingresos y financiamiento incluidas en la Ley.

También explicó que, en materia de financiamiento, se autoriza al Ejecutivo Federal contratar endeudamiento neto interno hasta por 1.78 billones de pesos y externo hasta por 15 mil 500 millones de dólares, con el propósito de financiar el Presupuesto de Egresos y realizar operaciones de refinanciamiento.

Ley Federal de Derechos

Por otro lado, el dictamen que modifica la Ley Federal de Derechos fue aprobado por 30 votos a favor y 12 en contra y busca asegurar la coherencia normativa y ajustar las cuotas y tarifas para que reflejen el costo real de los servicios públicos. 

El dictamen plantea en materia migratoria modificar las cuotas a 14.2 % para visitantes sin permiso de trabajo, 100 % para residentes temporales permanentes y descuento del 50 % para ciertos casos, unidad familiar, oferta de registro nacional e invitaciones culturales.

En el sector financiero se adecua la regulación y control de los servicios que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las entidades financieras, al plantear ajustes a los derechos por el estudio y trámite de cualquier solicitud de inscripción de valores, y por la supervisión de las emisoras simplificadas que inscriban sus valores en el Registro Nacional de Valores.

Código Fiscal de la Federación

La Comisión de Hacienda también aprobó por 31 votos a favor y 12 en contra el dictamen que reforma y deroga disposiciones del Código Fiscal de la Federación que establecen las normas para combatir las prácticas ilícitas, mediante sanciones a factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.

También busca armonizar las normas relativas a los falsos comprobantes fiscales en relación con los delitos, en los cuales constitucionalmente resulta procedente la prisión preventiva oficiosa y las consecuencias jurídicas en el caso de realizar operaciones con ellos. En este sentido, fija que la autoridad podrá presentar querella en contra de aquellos contribuyentes a los que se determine que emiten falsos comprobantes fiscales. 

Además, el dictamen plantea que también se otorga al SAT la facultad de negar la inscripción en el RFC a las personas morales cuando detecte que el representante legal, uno o varios de los socios, accionista, asociado y otros que formen parte de la persona moral, participen en empresas que han realizado operaciones con facturación falsa y han caído en los supuestos del Código Fiscal.

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

La Comisión también aprobó, con 31 votos a favor y 11 en contra, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La iniciativa establece ajustes al impuesto a los cigarros, puros y otros tabacos labrados, pasando de la actual tasa de 160 % a 200 % y para puros y otros tabacos labrados hechos a mano pasa de 30.4 a 32 por ciento, para combatir y disminuir el consumo.

Además, se incrementa gradualmente la cuota específica por cigarro, la cual será en 2026 de 0.85, en 2027 de 0.91, en 2028 de 0.99, en 2029 de 1 y en 2030 de 1.15.

Para ampliar la base del impuesto se propone gravar las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos dentro de la definición de bebidas saborizadas y se establece la definición de edulcorante como sustancia natural o artificial que se adiciona a las bebidas para impartir un sabor dulce a los productos diferentes de los azúcares.

Además, en materia de juegos y sorteos, se ajusta la tasa a los juegos con apuestas y sorteos pasando del 30 al 50 % para desincentivar su uso; se grava con una tasa del 50 % los juegos con apuestas y sorteos que se realicen por vía internet o cualquier otro medio electrónico por parte del prestador de servicios digital o a través de plataformas digitales de intermediación.

En el caso de videojuegos, se plantea un impuesto del 8 %a la generación de videojuegos con contenido violento, extremo para adultos, no apto para personas menores de 18 años en formato físico y los servicios que permitan el acceso o descarga de dicho videojuego.

Teresa estuvo siete meses en el refugio, al que llegó por una conocida. En este espacio no solo la protegieron de su esposo, sino que le ayudaron a reconstruir su vida junto con su hijo e hija, quienes en ese entonces tenían uno y ocho años, respectivamente.

“Para mí es un lugar de esperanza porque cambió mi vida para siempre, cambió la vida de mis hijos. Ellos están vivos porque están esos espacios y yo también estoy viva por eso”, señaló Teresa.

Un refugio no solo es un espacio de protección. A Teresa la ayudaron a gestionar su divorcio y le brindaron atención psicológica. Su hijo e hija siguieron yendo a la escuela porque los llevaba con seguridad. Además, personal la reubicó con sus pequeños en otro estado de la República, para que pudieran continuar su vida.

Teresa es una de las mujeres que ha acudido a la Cámara de Diputados en las últimas semanas para pedir que los refugios no sean eliminados del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026).

Para el próximo año, el gobierno federal propuso fusionar el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género” con otro llamado “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas”.

La Cámara de Diputados está en el análisis del PPEF 2026, y las sobrevivientes de violencia y defensoras de derechos humanos piden a los legisladores que den marcha atrás con la fusión de programas para que haya claridad sobre cuánto dinero se destinará a los refugios.

Teresa acudió a la Cámara de Diputados con esta exigencia. Su temor es que la fusión de programas pueda provocar una disminución de recursos para los refugios.

Si el presupuesto de los refugios se reduce “las mujeres van a morirse más dentro de sus casas porque tú puedes hablarle a la policía, ¿pero cuánto dura un policía para venir? En cuestión de minutos terminan con tu vida y no solo la tuya, sino con la de tus hijos”, comenta Teresa.

Red Nacional de Refugios insiste en garantizar recursos

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, aseguró en la Cámara de Diputados que pese a la fusión de programas no habrá una reducción para el presupuesto de los refugios; sin embargo, las defensoras de derechos humanos insisten en que el presupuesto debe seguir siendo autónomo para tener claridad sobre el dinero que recibirán.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, visitó la Cámara de Diputados este lunes 6 de octubre para explicar las consecuencias de fusionar el programa de los refugios.

“Lo que no se nombra no existe”, dijo Figueroa en una reunión en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en referencia a la desaparición del programa de recursos en el PPEF 2026.

La falta de un presupuesto autónomo “dificulta la trazabilidad de los recursos destinados a los refugios para mujeres víctimas de violencia, impidiendo que lleguen a quienes lo necesitan porque si no está especificado cuánto es lo destinando, difícilmente se va a hacer un seguimiento y esto va a repercutir en la vida de las mujeres, niñas y niños que están en estos espacios”, expresó Figueroa.

La Red Nacional de Refugios, que ayudó a proteger a Teresa en 2008, está conformada por 76 espacios de protección que, según esta organización social, representan el 60 % de los lugares administrados por la sociedad civil.

En los primeros nueve meses de 2025, los refugios de la Red Nacional atendieron a 9 mil 307 mujeres con sus hijos e hijas.

Diputados votarán presupuesto en un mes

La exigencia de la Red Nacional de Refugios ha sido cobijada por Movimiento Ciudadano. Las integrantes de esta bancada han adelantado que pedirán al Pleno de la Cámara de Diputados que los refugios sigan teniendo un presupuesto autónomo. Por ley, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Y calcula: “Con este presupuesto, solo cuatro de cada 100 maestras y maestros podrían tener acceso a opciones de formación para fortalecer su desempeño dentro de los nuevos programas de la NEM, o en materia de tecnologías digitales, que avanzan aceleradamente”. 

Además, según Mexicanos Primero, dicho paquete de quien ha dicho que quiere ser recordada como “la presidenta de la educación”, revela un “aumento marginal” al presupuesto educativo del 2.1% respecto a 2025 y del 1.9% comparado con el de 2024, en términos reales; es decir, en pesos constantes 2024. 

En un comunicado, agregó que el El PPEF 2026 propone 1.2 billones de pesos para educación, cuyo peso dentro del Gasto Programable Federal baja de 16.9% (2025) a 16.62% (2026) y acusa: “el monto crece, pero la ‘rebanada del pastel’ federal es más pequeña”. 

También señala que “la mayor parte de los recursos se destina a becas, salarios y programas de mejora de infraestructura como La Escuela es Nuestra (LEEN)”, en tanto que “no se prevén recursos para estrategias que incidan directamente en el logro de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, incluidas en el Programa Sectorial de Educación 2025-2030 (PSE)”.

El análisis de Mexicanos Primero revela que solo 48% de las estrategias de los seis objetivos del Programa Sectorial de Educación 2025-2030 (PSE) tienen financiamiento, “lo que pone en riesgo su cumplimiento”.  

Entre ellos: aumentar la oferta educativa, garantizar el ingreso y permanencia en todos los niveles, fortalecer el papel de los docentes como agentes de cambio en la transformación educativa y mejorar los entornos escolares para favorecer el aprendizaje. 

Peor aún, de las 33 estrategias incluidas en el PSE, “solo se asigna presupuesto a 16; no se consideró presupuesto para las 17 restantes”, en tanto que el gasto corriente se concentra en nómina docente, becas e infraestructura”.  

Según la organización civil, la propuesta de Sheinbaum Pardo “no asigna recursos a estrategias dirigidas específicamente a fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes y a evaluar sus resultados, o bien, para aquellas que inciden de forma indirecta, el presupuesto previsto es insuficiente”.  

De ser aprobada, advierte, “estrategias como la formación continua de los docentes, el acompañamiento pedagógico y la evaluación como herramienta indispensable para tomar decisiones de mejora de los aprendizajes fundamentales de comprensión lectora y el razonamiento matemático en los primeros años de primaria, carecerían de los recursos necesarios”.

Mexicanos Primero reconoce en su análisis que la propuesta asigna “una parte importante” del presupuesto a la infraestructura educativa”, ésta “es insuficiente para cubrir las necesidades de mejora de los espacios escolares”. 

De hecho, afirma que los recursos federales destinados a la infraestructura educativa muestran “una tendencia de estancamiento” en los últimos años. En el caso de La Escuela es Nuestra (LEEN), detalla, “el gasto alcanzó su punto máximo en 2023 con 27 mil 600 millones de pesos, para después descender a 23 mil 400 millones”.  

En el 2025 fueron 23 mil 800 millones de pesos, pero debido a que en ese se incorporó la atención a planteles de educación media superior, los recursos se dividieron: 15 mil 200 millones para educación básica y ocho mil 600 millones para media superior. Lo malo es que en el Proyecto de Presupuesto 2026, “los montos se mantienen prácticamente en el mismo nivel”.  

Las cifras anteriores, destaca, muestran en general “que no se ha asegurado un financiamiento sostenido y equitativo para infraestructura educativa. Cuando las escuelas carecen de lo básico, no es posible garantizar el derecho a aprender”. 

Peor: el PSE incluye el objetivo de promover ambientes escolares “inclusivos, sanos y seguros”, y garantizar el derecho a la cultura física y al deporte. Sin embargo, esas estrategias solo tienen 0.45% y 0.22% del presupuesto; “prácticamente los dejaron sin recursos”, afirma la organización.

En su análisis, Mexicanos Primero dice que el proyecto presupuestal de Sheinbaum “muestra una desconexión entre los objetivos que el PSE se propone lograr y los recursos previstos para hacerlo en el PPEF”. 

Por eso, advierte: “la falta de recursos compromete el cumplimiento de los objetivos del PSE y limita las oportunidades de desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”. 

Entonces, llama a los legisladores a destinar recursos “crecientes para todos los objetivos y estrategias; de lo contrario se limita la capacidad de lograr un impacto real”. 

La conclusión, insiste, es que “la inversión educativa no orienta al sistema hacia la garantía del derecho a aprender. La prioridad de acrecentar el número de becas no corresponde a un aumento real de la inversión educativa”. 

Y alerta: “sin un vínculo sistemático con trayectorias educativas y logros de aprendizaje, se desatienden instrumentos esenciales para enseñar y aprender mejor y se limita el impacto a nivel del sistema educativo. A su vez, la revalorización docente se queda en promesa”.

En tanto, el Instituto Nacional de Migración tendrá un 10 % más de presupuesto —de mil 700 a mil 961 millones de pesos—, pero la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur se enfrentará a una disminución del 11.7 % en términos reales.

Esto ocurre en medio de un panorama en el que la sociedad civil ha documentado cambios en las dinámicas migratorias debido a las políticas impulsadas por el mandatario estadounidense. Médicos sin Fronteras, por ejemplo, ha registrado en sus diversos proyectos en la ruta entre el Darién y México una drástica reducción de la migración hacia Estados Unidos. 

Desde la emisión de las primeras órdenes ejecutivas de Trump relacionadas con la migración el 20 de enero de 2025, el panorama migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y a lo largo de la ruta migratoria –sostienen– se transformó de inmediato. Esto, a su vez, ha incrementado casos severos de ansiedad, depresión, desesperanza y salud mental entre las personas migrantes. 

En su informe Rechazados. El devastador impacto humano de los cambios en política migratoria en Estados Unidos, México y América Central, la organización señala que personas migrantes y solicitantes de asilo varadas se han dispersado, ocultándose por miedo y estigma tras ser perseguidas repetidamente y etiquetadas como delincuentes, lo que en ocasiones también les disuade de buscar ayuda y servicios básicos de entidades y organizaciones públicas.

Entre enero y junio de 2025, México ha registrado 11 mil 027 cambios de condición migratoria de residente temporal a residente permanente, emitido 28 mil 059 tarjetas de residente permanente, 9 mil 914 de refugiado y 25 mil 198 tarjetas de visitante regional. 

Como parte de las políticas restrictivas de los Estados Unidos, la aplicación CBP One, que la administración Biden había introducido en 2023, fue suspendida el 20 de enero de 2025, lo que dejó varadas en México a unas 300 mil personas –según cálculos de Human Rights Watch–, que se quedaron sin una vía legal para avanzar. 

Otras poblaciones prioritarias, con reducción o sin cambios significativos

Mientras algunas dependencias que atienden la problemática migratoria verán incrementado su presupuesto para 2026, según lo plantea el proyecto del PEF, otras agendas de derechos humanos, como las relativas a infancias, discriminación y búsqueda de personas desaparecidas no tendrán incrementos significativos, o incluso enfrentarán reducciones. 

Por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), dependiente de la Secretaría de Gobernación, tendrá un incremento de apenas 0.5 % en términos reales –considerando la inflación– con un presupuesto que pasará de los 72 millones 919 mil pesos a 76 millones 787 mil.

Para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, consideradas en dos claves presupuestales, una destinada a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y otra a los subsidios que otorga el gobierno federal a las entidades de la República, no habrá incremento significativo, pese a que en el transcurso de este año –con corte al cierre de esta publicación– se han sumado 10 mil 431 personas desaparecidas y no localizadas al Registro Nacional.  

La Comisión, cuya nueva titular, Martha Lidia Pérez Gumecindo, asumió su encargo apenas el pasado 12 de septiembre, tendrá un incremento que en términos reales representa el 5.2 %, con un presupuesto que pasará de mil 102 millones 36 mil pesos a mil 214 millones 742 mil, mientras que los subsidios para acciones de búsqueda en entidades federativas se reducirán en un 0.7 % considerando la inflación.

Entre los organismos más afectados están la Conamed, el Cenaprece, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) —creada en 2023—, el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, los Centros de Integración Juvenil, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

¿De cuánto es el recorte propuesto para la Conamed?

El presupuesto de la Conamed pasará de 104 millones 218 mil 905 pesos a 94 millones 291 mil 40, lo que implica una reducción del 13.6 % en términos reales. Es la única dependencia oficial a la que se puede recurrir para reclamar malas prácticas médicas, aunque hasta hoy no tiene capacidad para determinar responsabilidad o sancionar directamente a los profesionales de la salud; solo ofrece mecanismos alternativos.

Animal Político ha documentado que las víctimas que recurren a una demanda civil o a una denuncia penal por violencias o negligencias médicas terminan viviendo procesos largos —incluso de más de 10 años— y revictimizantes, con resultados poco alentadores.

Cuando acuden a la Conamed, descubren que la voluntad del doctor es indispensable para procesos que solo son conciliatorios. Por otro lado, el organismo sí juega un papel importante cuando colabora con peritajes solicitados en procesos judiciales.

Para la Conasama se propone 5.2 % de reducción presupuestal

En el caso de la Conasama el presupuesto pasaría de 2 mil 146 millones 143 mil 233 pesos, aprobados en el PEF 2025, a 2 mil 131 millones 787 mil 876 pesos contemplados en el proyecto 2026, lo que en términos reales representa una reducción del 5.2 % a una dependencia que desde hace dos años fusionó la triple misión del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional de Adicciones.

Si bien en el PEF 2024 sus antecesoras desaparecieron del presupuesto, lo que representó una asignación de 2 mil 365 millones en total para el organismo, desde el 29 de mayo de 2023 la dependencia había quedado a cargo del cuidado de la salud mental, la prevención de las adicciones y del suicidio, el Observatorio Mexicano de Consumo de Drogas, la Línea de la Vida, la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones y otros cuatro servicios de atención. Sin embargo, desde el año siguiente, su presupuesto comenzó a experimentar reducciones.

Por otro lado, el Cenaprece se encuentra frente a una reducción en términos reales —considerando la inflación— del 6.7 %, pues su presupuesto pasaría de los mil 426 millones 36 mil 87 pesos aprobados en 2025 a mil 394 millones 132 mil 273 pesos proyectados para 2026.

Esta dependencia es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud responsable de conducir e implementar a nivel nacional siete programas para la prevención y control de enfermedades en la población: rabia y zoonosis, salud bucal, enfermedades transmitidas por vectores —como el dengue—, microbacteriosis, enfermedades cardiometabólicas, envejecimiento, así como urgencias epidemiológicas y desastres.

En tanto, para el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Conasida) se prevé una reducción en la asignación de recursos. Aunque su presupuesto en números absolutos pasará de 565 millones 654 mil 23 pesos a 576 millones 242 mil 727 pesos, una vez considerando la inflación, esto representa en los hechos una reducción del 2.7 % en términos reales.

Lo anterior ocurre en un contexto en el que en México se diagnostican al año entre 18 y 20 mil personas con VIH, sin variaciones significativas en los últimos años. Para mejorar el diagnóstico y la atención del virus, por lo menos 60 mil personas deberían estar en tratamiento preventivo —profilaxis preexposición, conocida como PrEP—; sin embargo, hasta ahora suman solo 29 mil 965, de las que 11 mil 673 están concentradas en Ciudad de México por la Clínica Condesa.

El Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente y los Centros de Integración Juvenil también experimentarán recortes menores, del 1.2 % cada uno en términos reales, mientras que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva está frente a un decremento presupuestal, planteado en el proyecto del PEF 2026, de un 1.6 % considerando la inflación.

Este último es el organismo responsable de las políticas nacionales en materia de salud sexual y reproductiva, lo que incluye los componentes de anticoncepción, planificación familiar, salud materna y perinatal, y aborto seguro, así como la prevención y atención de la violencia de género sexual y reproductiva como un problema de salud pública.