Ocho militares fueron liberados luego de que una jueza determinó que no era procedente imponer prisión preventiva justificada al considerar que la FGR no aportó datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia.
El fin de semana pasado, 8 militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron liberados y se ordenó que llevaran su proceso en libertad por una jueza que determinó que la FGR no aportó las pruebas suficientes para mantener la medida de prisión preventiva justificada.
Luego de esto, el Gobierno federal reprochó la decisión y acusó al Poder Judicial de liberar a los militares por una motivación política para “favorecer la hipótesis de que se protege al Ejército”, por lo que señaló que pedirá a la FGR que se soliciten nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares.
En respuesta, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) explicó el proceso que han llevado los 8 implicados y que su liberación ocurrió porque la Fiscalía no impugnó una suspensión que ordenaba la realización de una audiencia de revisión de medida cautelar.
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A través de un comunicado, el CJF explicó que los 8 militares, que fueron detenidos en junio de 2023, están sujetos a un procedimiento en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por el delito de desaparición forzada relacionado al caso Ayotzinapa.
A los militares se les mantuvo en prisión preventiva oficiosa por la naturaleza del delito y con base en el artículo 19 constitucional; sin embargo, los elementos castrenses promovieron un juicio de amparo indirecto contra esta medida cautelar que llegó al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Dicho juzgado ordenó realizar una audiencia de revisión de medida cautelar para cambiarla a prisión preventiva justificada, o cualquier otra, obedeciendo a lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la inconstitucionalidad del artículo 19.
Los militares estuvieron en desacuerdo con la realización de la nueva audiencia e impugnaron la resolución, lo que no hizo la FGR.
La impugnación de los 8 elementos llegó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde resolvieron que no era necesaria una nueva audiencia y por ello la jueza de la causa resolvió que no imponer prisión preventiva justificada, sino medidas cautelares no privativas de libertad, al considerar que la FGR no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia.
En lugar de la prisión preventiva oficiosa, a los 8 militares se les impuso:
- presentación periódica quincenal ante el juzgado de distrito
- exhibición de una garantía económica por la cantidad de 50 mil pesos
- prohibición de salir del país entregando su pasaporte
- prohibición de acercarse a Guerrero
- prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos
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Mientras que la FGR acusó a magistrados de otorgar “ventajas indebidas” a los acusados y aseguró que de inmediato presentaría los recursos correspondientes para garantizar los derechos y seguridad de las víctimas.
El pasado 21 de junio, Alejandro Encinas, quien se desempeñaba como subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, confirmó que 8 militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron detenidos por su posible implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La defensa de los militares acusó que “indebidamente y sin prueba alguna” se les dictó auto de formal prisión, pues aseguraron que en ningún momento les fue aclarado por parte de la jueza en qué consistían las acusaciones en su contra y por eso presentaron el amparo que culminó en su liberación.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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