Entre agosto de 2020 y julio de 2021, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, compareció cuatro veces ante la Fiscalía General de la República (FGR). En esas comparecencias, repitió hasta en 15 ocasiones que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se había sobornado a legisladores para aprobar la reforma energética, y que el dinero para ello provenía de la constructora Odebrecht. Dijo que todos sabían que el dinero era para eso: la empresa brasileña, los legisladores, el presidente, los secretarios y él mismo.

Sin embargo, no ha podido probarlo hasta la fecha.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) canceló el estudio que presentaría este año sobre los fideicomisos públicos que fueron desaparecidos por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 acusando presunta corrupción, aunque sin haber mostrado pruebas de ello hasta el momento. 

De acuerdo con el plan anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, que se publicó en febrero de 2021, este año se conocería el estudio de los fideicomisos, pero el viernes pasado, la ASF notificó en el Diario Oficial de la Federación que lo daba “de baja”. Esto significa que no será reprogramado para presentarse posteriormente, sino que está cancelado definitivamente. 

El gobierno federal anunció que en breve se girará orden de aprehensión contra una persona que “será clave para dar con la autoría intelectual” del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en tanto que no descartó la participación “de un grupo criminal” en la muerte del fotorreportero, Margarito Martínez Esquivel.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, dieron un reporte sobre los asesinatos y por segunda ocasión, volvió a exculpar al ex gobernador Jaime Bonilla de su probable participación en el caso de Lourdes Maldonado.

La Cancillería celebró hoy que la justicia británica haya aprobado la extradición a México de Karime Macías, la exesposa de Javier Duarte de Ochoa, quien fuera gobernador de Veracruz y se encuentra actualmente encarcelado.

"Este fallo es testimonio de la excelente colaboración entre las autoridades mexicanas y británicas", planteó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un boletín emitido horas después de darse a conocer la decisión del juez Paul Goldspring, juez de distrito y presidente de la Corte de Magistrados de Londres.

La Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio exigió el retiro de las corporaciones policiacas privadas y gubernamentales que el pasado 15 de febrero desalojaron el “Altepelmecalli”, la Casa de los Pueblos, en la planta de Bonafont en Puebla, y demandaron que las instalaciones les sean devueltas a las comunidades de la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes.

«Estos hechos represivos son parte de una oleada de violencia gubernamental que a lo largo y ancho del país busca debilitar las luchas en defensa de los derechos de nuestros pueblos», aseguró la Asamblea en un pronunciamiento, en solidaridad con las comunidades en Puebla que en 2021 tomaron la planta de Bonafont, del corporativo francés Danone, para detener el saqueo del agua en la región.

«Nos declaramos en alerta ante la posible persecución de las y los herman@s de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, haciendo responsable al gobierno federal de utilizar a su grupo armado llamado Guardia Nacional para agudizar la guerra del dinero en contra de la vida», señalaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), tras el desalojo del pasado 15 de febrero contra los pueblos que mantenían ocupadas las instalaciones de la planta Bonafont en Puebla, para evitar el robo y sobreexplotación del agua.

En un comunicado, condenaron «la escalada represiva, que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T, en contra de la resistencia y la lucha por la vida» de la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, que desde el 22 de marzo de 2021 inició la construcción de un espacio cultural y político autónomo en la planta de Bonafont y la convirtió en la Casa de los Pueblos.

Un comando, fuertemente armado, irrumpió en Caborca, Sonora, y durante la madrugada del 16 de febrero se escucharon tiroteos que habrían dejado al menos 2 muertos.

Según medios locales varias personas fueron privadas de su libertad, entre ellos el hijo de un periodista que ya fue localizado la mañana de este jueves.

Roberto Toledo, reportero del medio local Monitor Michoacán, fue asesinado el lunes 31 de enero, tal y como lo informó el diario digital, luego de haber sufrido amenazas de muerte. Y un video revelado por El País muestra los momentos previos al ataque.

La periodista Almudena Barragán, de El País, fue la encargada de la investigación que mostró cómo fueron los últimos instantes con vida de Toledo.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), promovió un amparo ante una orden de aprehensión que existe en su contra.

No osbtante, el Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, quien recibió el amparo, aún no lo ha admitido a trámite debido a que la demanda no precisa en cuanto a la autoridad que es señalada como responsable y el acto que se le imputa.

La Corte de Magistrados de Westminster (Londres) dio este jueves luz verde a la extradición a México de Karime Macías Tubilla, exprimera dama de Veracruz, reclamada por las autoridades mexicanas por supuesto fraude.

El Juez del caso, Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición.

En respuesta a las acusaciones de censura efectuadas por gobernadores de Morena hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) por implementar la veda electoral, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, destacó que fue la mayoría morenista en el Congreso quien aprobó esta prohibición.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Córdova afirmó que el INE “simplemente hace cumplir lo que dice la Constitución y la ley, que fue aprobada por quienes se quejan y acusan falsamente de censura”.

Jonathan Heath, Subgobernador del Banco de México (Banxico), advirtió este jueves de “escenarios pesimistas” para la economía mexicana en 2022 ante la falta de inversión privada, la inflación más alta en 20 años y el estancamiento de exportaciones y servicios.

Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, informó que apelará la decisión del Juez de la Corte Inglesa de extraditarla a México para que enfrente el juicio por el presunto desvío de recursos en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

El Juez del caso, Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición.

La trasnacional OHL de España, una de las favoritas de Enrique Peña Nieto y envuelta en escándalos de sobornos a políticos en ese país y México, está en problemas: Es una de las ocho empresas y 11 ejecutivos y empresarios que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente cometer varios delitos en el millonario financiamiento del documental “Populismo en América Latina” contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La FGR aceleró las investigaciones contra varios ejecutivos de OHL, ahora llamada Aleática, entre ellos Sergio Hidalgo Monroy Portillo, el exdirector general en México señalado de transferir 186 millones de pesos al Bufete de Proyectos de Información y Análisis S.A. de C.V., propiedad de Federico Berrueto Pruneda, quien a su vez pasó 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo S.A de C.V y TV Promo S.A de C.V, propiedad de Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, exejecutivo de Televisa y asesor de Peña Nieto, para la realización del documental.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó hoy que no cuenta con facultades constitucionales para investigar la riqueza de Carlos Loret de Mola, y recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que, como cualquier otro servidor público, debe cumplir “de forma irrestricta con los principios y deberes de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”.

Por ello, le indicó que solo podría dar a conocer información fiscal de Loret de Mola en caso de que los recursos sean “recibidos directamente del erario público”, o de tener “el consentimiento previo” del periodista, “el cual debe otorgarse de forma libre, específica e informada”.

Sin analizar previamente si sus perfiles eran los adecuados y sin haberles impartido una capacitación especializada, el comisario en jefe de la Guardia Nacional (GN), el general Luis Rodríguez Bucio, ordenó que 101 expolicías federales de caminos – relevados de sus puestos por militares – sea comisionados, ahora, a tareas de investigación y combate al secuestro.

En un oficio fechado el pasado 31 de enero y del que Animal Político tiene copia, Rodríguez Bucio instruyó al titular de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, Jorge Alberto Trejo Terrazas, para que informara a sus elementos que, a partir del 1 de febrero, quedaban adscritos a la Dirección General de Investigación y comisionados a la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE).

El Gobierno de Israel acordó recibir a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) para abordar, de manera bilateral, detalles de las solicitudes de extradición tanto de Andrés Roemer, denunciado por violación y abuso sexual, como de Tomás Zerón, acusado de tortura, desaparición forzada y corrupción.

La información fue confirmada a Animal Político de manera separada por funcionarios de la Cancillería y la FGR. El gobierno de México considera a Roemer y a Zerón prófugos de la justicia y presumen que ambos se encuentran en Israel, país con el que no se tiene tratado de extradición.

El International Press Institute (IPI) lanzó una campaña para pedir a México la defensa de los periodistas y acabar con la impunidad en contra de los informadores así como esclarecer el caso de los que han sido asesinados.

Decenas comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles, advirtieron de la persistente deuda histórica con los pueblos indígenas al no concretarse la reforma constitucional que incorpore los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y “garantice de forma plena los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

A 26 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainzar y a tres de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones y comunidades grupadas en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), exigieron al presidente y al Congreso de la Unión cumplir con su compromiso de reforma constitucional.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas cautelares impuestas por el INE, hacia el presidente de la Andrés Manuel López Obrador.

En sesión privada la Sala Superior del TEPJF confirmó que, bajo la figura de tutela preventiva, se conminara al presidente apegarse a las limitaciones constitucionales sobre la difusión de propaganda gubernamental, a fin de que se abstenga de promocionar el ejercicio de revocación de mandato en cualquiera de sus apariciones públicas.