En menos de una semana, después del discurso presidencial donde calificó como una “emergencia nacional” las agresiones y homicidios contra periodistas y medios informativos, las instalaciones de la revista Proceso fueron allanadas; al día siguiente, lunes 22 de mayo, se creó una página falsa de Proceso en Facebook con una nota fabricada sobre un presunto pacto entre el exgobernador veracruzano Javier Duarte y el partido Morena.
Además, el miércoles 24 de mayo el periodista Jesús Aranda, de La Jornada, fue excluido por la Secretaría de la Defensa Nacional en un evento público; y el viernes 26 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pidió al organismo castrense implementar “medidas cautelares” a favor del reportero para evitar daños a la libertad de expresión y a la información.
En este contexto, continuaron las amenazas y agresiones al personal de Ríodoce, después del artero asesinato de su fundador y cronista Javier Valdez Cárdenas que ha generado una ola de protestas a nivel nacional e internacional, al grado de considerar este crimen como un “parteaguas” en la historia de homicidios contra informadores en este sexenio.
