En el contexto de esas presiones, y de los ultimátum arancelarios de Trump, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por la entrega masiva de capos del narcotráfico a la justicia estadunidense.

“La DEA ha convertido las extradiciones en un indicador de gestión que le sirve para obtener más presupuesto, incluso para subsistir, pero es un indicador que esconde una realidad: más extradiciones no significan más éxitos en la lucha contra el narcotráfico sino mantener de manera artificiosa una política fracasada”, dice el experto en crimen organizado Pablo Reyes.

En dos hechos sin precedentes, este martes 12 el gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a 26 jefes criminales, entre ellos Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, cabecilla de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia “El Cuini”, operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En febrero pasado, el gabinete de seguridad de Sheinbaum había entregado a las autoridades estadunidenses a 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara en los 80.

La especialista en derechos humanos y política de drogas, Renata Demichelis, afirma que la profundización de esta política de “entregas” y extradiciones implica “renunciar” a la posibilidad de que los jefes de las organizaciones criminales enviados a Estados Unidos aporten verdad para esclarecer delitos atroces que ellos perpetraron en México, como desapariciones y ejecuciones de miles de personas.

De acuerdo con la directora de la organización Elementa DDHH en México, a pesar del gran nivel de impunidad y de las grandes fallas del sistema mexicano de justicia, es preferible que los capos del narcotráfico respondan en su país por los crímenes atroces que han cometido y para que reparen a sus víctimas.

Su extradición, señala, “sepulta por completo las posibilidades de conocer la verdad de muchos hechos de graves violaciones a derechos humanos” porque la prioridad del sistema de justicia de Estados Unidos no son las víctimas, sino que esos criminales respondan por delitos de narcotráfico en el marco de una “guerra contra las drogas” que privilegia el combate de la oferta y no de los factores que estimulan la demanda.

El abogado colombiano, Juan Carlos Palou señala que a pesar de que su país convirtió la extradición “en la política criminal y no en unos de los instrumentos de esa política”, no existe ninguna evidencia de que esa práctica haya tenido algún efecto para combatir el narcotráfico.

“Hay una degradación de ese instrumento por su uso indiscriminado, por su falta de selectividad y porque hay varios casos de colombianos que Estados Unidos acusa, sin pruebas sólidas ni investigaciones rigurosas, de delitos relacionados con el narcotráfico”, dice el coordinador del estudio “Usos y abusos de la extradición en la lucha contra las drogas”.

Palau indica que la extradición cobró auge en Colombia durante los gobiernos del presidente ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2010), quien emprendió una guerra total contra las FARC, una guerrilla a la que definía como “narcoterrorista”.

Extradiciones a granel

Entre 1997 y 2002, Colombia había extraditado a Estados Unidos a unos 15 presuntos narcotraficantes cada año en promedio. Pero a partir de 2002, cuando inició el gobierno de Álvaro Uribe, la cifra creció en forma exponencial.  Durante los ocho años de mandato del expresidente fueron extraditados mil 131 colombianos a Estados Unidos, un promedio de 141 cada año, nueve veces más que en los gobiernos precedentes.

Bajo las presidencias de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de Iván Duque (2018-2022) ese promedio mantuvo y en la actual administración de Gustavo Petro se ha registrado un leve descenso, a 115 extradiciones por año.

Entre 2000 y 2024 este país extraditó a Estados Unidos a unas tres mil 100 personas. Y en el trascurso de este año ya van 86, según informó el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

Esto quiere decir que, en el transcurso de este siglo, Colombia ha enviado a Estados Unidos a 124 presuntos narcotraficantes cada año, una cifra que le ha venido muy bien a la DEA para presentar esos “resultados” al Congreso estadounidense y obtener cada vez más presupuesto.

La DEA, que es el brazo armado de la fracasada política de droga prohibicionista, nació en 1973 con un presupuesto de 70 millones de dólares, el cual ha crecido 50 veces desde entonces.

Sólo en los últimos 15 años el presupuesto de esa controvertida agencia antidrogas, la cual ha estado envuelta en sonados casos de corrupción y bajo constantes críticas por su ineficiencia para combatir el tráfico de drogas en su propia casa, ha crecido 67% al pasar de dos mil millones de dólares en 2010 a tres mil 339 millones de dólares este año.

El profesor de la Universidad Nacional de Colombia Pablo Reyes, un doctor en estudios internacionales, dice que la DEA tiene “una necesidad de legitimar su actividad con resultados estadísticos de sus operaciones en el extranjero porque al interior de Estados Unidos es conocida su baja efectividad”.

“¿Cuándo se ha escuchado que esa agencia capture a los capos estadunidenses o que haga algo para detener el tráfico de drogas, el lavado de miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y epidemias como la del fentanilo, que comenzó con el tráfico ilegal de opioides producidos por las farmacéuticas estadunidenses?”, plantea el académico.

En cambio, asegura, ha convertido las estadísticas de extradiciones en un “falso indicador de eficacia, porque todos sabemos que esa política no se ha traducido en una reducción del narcotráfico ni en México ni en Colombia, sino todo lo contrario”.

Las miles de extradiciones de capos y presuntos narcotraficantes colombianos a Estados Unidos no han servido para acabar con las grandes organizaciones de la droga, que se han ido fraccionando a lo largo de los años mientras aumentan su capacidad para abastecer a los consumidores de Estados Unidos, donde está el mayor mercado de estupefacientes en el mundo.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en los años ochenta, la producción potencial de cocaína de todos los países andinos eran 600 toneladas al año, mientras que en 2023 llegó a dos mil 664 toneladas únicamente en Colombia.

México, colaborador inesperado de la DEA

Ahora, México emerge como un nuevo colaborador inesperado de la DEA, una agencia fustigada de manera recurrente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su heredera política, Claudia Sheinbaum, parece dispuesta no sólo a extraditar masivamente a presuntos narcotraficantes, sino a “entregarlos” al margen del tratado bilateral de extradición, lo que contribuirá a abultar las estadísticas de ese organismo.

Según datos de Elementa DDHH, López Obrador extraditó a Estados Unidos durante su sexenio a 341 presuntos narcotraficantes, un promedio de 62 por año, con lo cual cumplió “la cuota” de extradiciones a la que se comprometió con Washington en el Acuerdo Bicentenario.

En el informe “Extraditar la verdad México”, la ONG reveló que, según documentos obtenidos del colectivo Guacamaya, mientras se negociaba en 2022 el Acuerdo Bicentenario la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) garantizó a las autoridades estadunidenses que México extraditaría cada año al vecino país a 60 presuntos narcotraficantes. 

Y este compromiso fue seguido al pie de la letra por López Obrador, quien cada año de su sexenio firmó la extradición de 61.9 mexicanos en promedio, casi la cifra exacta para cumplir la cuota de 60.

López Obrador realizó menos extradiciones que los presidentes Felipe Calderón (615) y Enrique Peña Nieto (421), pero su vehemente discurso contra el intervencionismo de la DEA contrastó con su colaboración con Estados Unidos no sólo en materia de lucha contra el narcotráfico, sino también en el tema de la migración, con el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional para contener los flujos de migrantes latinoamericanos.

La política de extradiciones y “entregas” masivas de presuntos narcotraficantes que sigue ahora la presidenta Sheinbaum elevará sustancialmente las estadísticas en esos rubros de los últimos sexenios.

La directora de Elementa DDHH en México, Renata Demichelis sostiene que a los capos de la droga hay que perseguirlos y penalizarlos, “pero nada en la historia de la lucha contra las drogas indica que la extradición es una estrategia exitosa”.

Señala que está suficientemente documentado que una vez que los grandes capos son extraditados surgen otros cabecillas, “como estamos viendo en Sinaloa”.

Agrega que, además, la extradición no es una garantía de justicia porque cada vez es más frecuente que los jefes mexicanos del narcotráfico que son extraditados a Estados Unidos alcancen acuerdos con las fiscalías de ese país en lo que se declaran culpables y entregan gran cantidad de bienes, a cambio de sustanciales rebajas de penas y de la legalización de parte de sus fortunas.

De acuerdo con un estudio de Elementa DDHH, el 80% de los presuntos narcotraficantes mexicanos extraditados opta por un acuerdo con las autoridades estadunidenses.

Los Extraditables light

En Colombia, la extradición se convirtió también en un mecanismo conveniente para los grandes capos del narcotráfico. Lejos quedaron los días en que, en medio de la guerra contra el Estado, Los Extraditables –nombre genérico que adoptaron Pablo Escobar y otros jefes del Cártel de Medellín en los 80— escribían como epígrafe en sus amenazantes comunicados: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”. 

El exfiscal general y ex ministro de Justicia de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, afirma que “hoy, los narcotraficantes prefieren una cárcel en Estados Unidos que una cárcel en Colombia”, porque allá legalizan parte de sus capitales, pagan penas de cárcel relativamente bajas, a cambio de sus delaciones y de los acuerdos que alcanzan con la justicia de ese país.

Es por eso que cada vez es más amplia la lista de grandes capos solicitados en extradición que se entregan a las autoridades de Estados Unidos.

En México, el caso más emblemático es el de Jesús Guzmán López, el hijo del “Chapo” que no sólo se entregó a las autoridades estadunidenses, sino que ayudó a secuestrar a Ismael “El Mayo” Zambada como parte de un acuerdo que también cobijó a su hermano Ovidio Guzmán, quien había sido extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023.

Renata Demichelis recuerda también el caso del narcotraficante sinaloense Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, quien está acusado en México de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez pero llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se entregó a la justicia de ese país.

Los fiscales estadunidenses, señala Demichelis, han promovido las negociaciones para lograr que una persona acusada testifique en contra de otro procesado o pueda apoyar al gobierno a señalar a personas implicadas en actividades delictivas.

“Esto permite que se mantenga la espiral de persecución en países productores de drogas, sin afectaciones concretas a la operación del mercado”, asegura.

Lo que hay en la práctica es un sistema burocrático en el que todo se convierte en un juego de apariencias para simular que hay una lucha efectiva contra las drogas cuando la realidad es que el narcotráfico y el consumo aumentan cada año, según se constata en los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

“A diferencia del pasado, hoy la extradición ya no asusta”, dice el exfiscal colombiano Alfonso Gómez Méndez.

De acuerdo con el abogado, “la extradición debe ser un mecanismo excepcional” y no parte del juego de apariencias con el que las agencias estadunidenses buscan asumir que la política de drogas basada en el prohibicionismo ha fracasado.