El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa para transferir facultades de control administrativo a la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con expertos, este modelo podría caer en un retroceso para el control y la fiscalización del gasto público, pues la propuesta de reforma podría provocar el debilitamiento a los órganos directos de control, los cuales se han visto reducidos en recursos monetarios y materiales en los últimos años.