El pueblo de San Miguel Xoxtla, en Puebla, denunció un nuevo intento de saqueo del agua por parte de autoridades municipales y empresas privadas, con la construcción de un pozo en el parque Pavigi, frente al Banco del Bienestar. A pesar de la negativa reiterada de la comunidad, el gobierno local ha impuesto la obra con resguardo policial y militar, lo que, advierten, podría derivar en una represión inminente contra las y los defensores del agua.

El 25 de octubre, habitantes y defensores acudieron al sitio para impedir la extracción del recurso, tras conocer que se reactivaron las operaciones a pesar de los compromisos de detenerlas. Los ingenieros del proyecto prometieron retirar la maquinaria y los materiales en unas horas, pero en lugar de hacerlo, el municipio envió elementos de seguridad para proteger la obra. Para la comunidad, la presencia policial evidencia que el Estado actúa en favor de los intereses empresariales y no del pueblo.

Las y los habitantes señalaron directamente a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz, a quien acusan de mentir y traicionar al pueblo que dice gobernar. Denunciaron que mantiene acuerdos con Concesiones Integrales, empresa señalada por su responsabilidad en el despojo del agua en Puebla. Según el comunicado, Ortiz ha optado por criminalizar y reprimir la defensa del territorio mientras negocia con quienes lucran con los bienes comunes.

En el mismo pronunciamiento, la comunidad criticó las declaraciones del senador Alejandro Armenta, quien mantiene una postura ambigua frente a la concesión otorgada a Concesiones Integrales. A pesar de sus declaraciones públicas, señalaron, el partido Morena continúa encubriendo a las empresas extractivas. Con la presencia creciente de policías municipales, estatales y de la Marina, el pueblo de Xoxtla llamó a la solidaridad nacional e internacional para frenar la represión y reafirmar que la defensa del agua y la vida sigue siendo una causa legítima de los pueblos que no se venden.

COMUNICADO:

La caravana inició en el zócalo de Xoxtla y recorrió las principales vialidades. Los habitantes alertaron a la población sobre las consecuencias del acuerdo como el recrudecimiento de la escasez de agua que ya enfrentan. El recorrido finalizó cerca de la autopista México–Puebla, donde invitaron a que más ciudadanos se sumen a la protesta.

Pascual Bermúdez Chantes, activista y líder del movimiento, informó que el Juzgado Cuarto de Distrito admitió su juicio de amparo contra una orden de aprehensión impulsada por la empresa, y obtuvo una suspensión provisional.

Por decisión de la asamblea popular, defensores del agua clausuraron el pozo número 4 de la comunidad de San Miguel Xoxtla, Puebla, ante la amenaza de que el gobierno municipal y la empresa Agua de Puebla para Todos extraigan el líquido para abastecer las zonas residenciales de la ciudad de Puebla.

La clausura fue realizada por los pobladores de Xoxtla acompañados de los pueblos cholultecas y comunidades que participaron en el foro «Alto a la privatización del agua», el pasado 8 de junio.

«Por decisión del pueblo, este pozo se tapa, se clausura», señalaron los habitantes de Xoxtla que desde el pasado 28 de mayo intensificaron su lucha contra el despojo del agua, luego de que la presidenta municipal Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa Agua de Puebla para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

COMUNICADO:

El pueblo de San Miguel Xoxtla bloqueó la autopista México-Puebla para exigir que la presidenta municipal Guadalupe Ortiz cancele la entrega de la administración del pozo 4 a la empresa Agua de Puebla para Todos, que busca suministrar el líquido a las zonas residenciales de la capital del estado.

«Ante este despojo y frente al cinismo que caracteriza al gobierno, el pueblo de Xoxtla cerró la carretera federal en ambos sentidos hasta asegurar que no serán despojados del agua», explicó la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se solidarizó con el pueblo cholulteca.

«Vendió el agua y estamos inconformes. La autopista no se abre hasta que Lupita Ortiz nos dé una solución y nos dé la cara», expresó una de las mujeres que participó en el bloqueo, iniciado en la noche de este 28 de mayo.

Los pobladores de Xoxtla se dirigieron al pozo número 4, donde se pretende construir una nueva infraestructura de extracción para destinar 50 por ciento del líquido a la zona residencial de Puebla por acuerdo entre el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla y el ayuntamiento de Xoxtla. Al encontrarse con un cerco policial en el pozo, el pueblo decidió bloquear la carretera.

Durante el bloqueo los habitantes de Xoxtla utilizaron llantas en llamas para evitar el paso de los automóviles y exigir la cancelación de la concesión a la empresa, así como la renuncia de Guadalupe Ortiz, de quien acusaron que «vendió» el agua y que «no sabe gobernar».

«El agua es del pueblo y se va a quedar en el pueblo», aseguraron los pobladores de Xoxtla en el bloqueo para demandar que se detenga la perforación de pozos para la extracción de agua.

Más de 20 pueblos se reunieron en la comunidad de Santa María Acuexcomac, Puebla, para realizar la Tercera Asamblea de Pueblos Originarios de la Región Cholulteca en Defensa del Agua y la Vida, donde exigieron el cierre de los cinco pozos profundos en Acuexcomac y la exigencia del plan de abandono del basurero intermunicipal de Cholula, entre otras demandas.

Durante la asamblea se congregaron 27 pueblos originarios de los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, San Andrés Calpan, Nealtican, Cuautlancingo Juan C. Bonilla, Tecuanipan y Santa Isabel Cholula en la comunidad de Santa María Acuexcomac, donde denunciaron la violencia, el despojo y la represión por parte del Estado para extraer el agua de sus territorios y contaminar la región.

Organizaciones y colectivos campesinos de la región Cuenca Libres-Oriental decidieron unirse en un frente común para defender el agua y la tierra de la región, exigir la salida de las empresas transnacionales que saquean sus recursos, y declararse en rebeldía contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), institución que, acusan, está “sumida en la corrupción” por entregar concesiones sólo a las corporaciones y no a los pobladores.

La comunidad de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca, logró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retirara la concesión a la  refresquera y embotelladora Gugar, la cual dejará Oaxaca en cuatro años.

De acuerdo con Flavio Sosa Villavicencio, asesor de la comunidad, la refresquera firmó un acuerdo con los habitantes con el que se da por concluido el conflicto de tierras y la explotación de agua entre ambas partes.

El pasado 27 de agosto, las mujeres y hombres zapotecas de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, decidieron en Asamblea Comunitaria expulsar a la empresa «Envasadora Gugar S.A de C.V.» de su territorio, por el uso «irracional y desmedido» del agua potable desde hace una década.

“En la parte alta de Coyotepec nosotros estamos colectando agua, y en la parte baja Gugar se está beneficiando”, denunció uno de los habitantes en la asamblea. Los lugareños señalaron que la empresa, a cambio de irse, les exige un pago por las mejoras que hizo sobre el territorio de 1,103 millones de pesos.