Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

La DEA acepta que el CJNG espió agentes en EU. Una probadita de qué enfrenta México

Por: Draco Dracul on viernes, junio 27, 2025 / Comentarios: 0 ,

El CJNG es una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas, influyentes y despiadadas del mundo. Tiene presencia en 40 países, su líder, El Mencho, opera en libertad y ahora busca dar un paso más ante la implosión de las dos facciones del Cártel de Sinaloa, su gran rival en territorio mexicano y en el continente.

La reciente revelación en Estados Unidos de que agentes de la Agencia Antidrogas (la DEA) habrían sido espiados en 2024 por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el juicio contra Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", revela el alcance y poder que mantiene este grupo criminal, uno de los más sanguinarios del mundo, y su intención de consolidar esa fuerza, a pesar de las derrotas que ha sufrido tanto en las cortes como en el terreno, ante la fragmentación de su gran rival: el Cártel de Sinaloa.

“No estamos lidiando con traficantes callejeros ni contrabandistas”, alertó Matthew Allen, encargado de la división en Los Ángeles de la DEA al referirse al CJNG esta semana, organización a la que señaló de vigilar agentes de esa corporación mientras se llevaba a cabo el juicio contra "El Menchito".

“En mis más de 22 años de carrera en la agencia en Los Ángeles y en otros puntos del mundo he sido testigo de varias instancias que demuestran que los carteles y las organizaciones criminales vigilan a nuestra gente tanto en Estados Unidos como en México”, aseveró el agente, quien detalló que entre las personas que el grupo criminal vigilaba estaban informantes que colaboraron en dicho juicio.

El agente puso sobre la mesa la impunidad en la que los miembros del crimen organizado viven y se desenvuelven en Estados Unidos. “Esta gente no se escondía en las sombras, estaban escondidos a plena vista. Comprando en nuestras tiendas, enviando a sus hijos a nuestros colegios y lavando muerte a través del sueño americano”, sostuvo. Por ejemplo, señaló que en Riverside, California, vivía Cristian Gutiérrez Ochoa, alias "El Guacho", y la hija de Nemensio Oseguera “justo al final de la calle del jefe de policía”.

"El Guacho" se declaró culpable la semana pasada de cargos por lavado de dinero ante una Corte Federal de Washington, en un acuerdo de culpabilidad, que implica la incautación de una lujosa propiedad en California, con valor de dos millones de dólares, así como joyas, relojes y autos de lujo. A cambio, la Fiscalía excluirá los delitos por tráfico de droga, por lo que el criminal podría recibir una pena de cárcel de no más de 20 años. Las autoridades estadounidenses afirman que "El Guacho" está casado con Laisha Oseguera, hija de “El Mencho”.

Una expansión imparable del CJNG

“El mensaje es claro: estamos aquí y estamos entre ustedes”, sostuvo Allen al enfatizar sobre la expansión del CJNG, al recordar que hace unas semanas registraron un almacén en el centro de Los Ángeles, en donde encontraron un mural en la pared con la imagen de “El Mencho”, al que calificó como “un santuario” al que no intentaron esconder en la selva ni en un lugar remoto, “sino en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos”, subrayó, reiterando que su país “no está lidiando con simples pandilleros, sino con criminales extranjeros”.
“No estamos lidiando con traficantes callejeros ni contrabandistas, nos enfrentamos a una infiltración a gran escala de imperios criminales extranjeros. Son organizaciones paramilitares con cadenas de suministro globales, logística corporativa y tácticas de combate”, ahondó el agente, quien igualó la crisis migratoria con la crisis de violencia desatada por las organizaciones del crimen organizado de México, al señalar que quienes trafican personas también trafican poder. “Trafican poder; poder que se transforma en fentanilo, armas de fuego y miedo”, dijo.
Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones del agente de la DEA. “No tenemos información respecto a este tema que se mencionó ayer en esta comparecencia”, afirmó la mandataria federal, quien sí destacó que es el tema siempre han planteado, incluso desde el pasado sexenio encabezado por el Presidente López Obrador, que la delincuencia organizada no sólo está en México.

“Lo que nosotros hemos estado planteando desde que llegamos, y previamente el Presidente López Obrador, es que si hay droga que se fabrica [en México] (...) La presencia de delincuencia organizada no sólo es en México, porque ¿quién vende esa droga en los Estados Unidos? ¿quién la vende? si es una venta ilegal, es más, la mayor parte del dinero que se recauda pues es en Estados Unidos por la venta ilegal de droga. Siempre hemos dicho delincuencia organizada no solo hay en México, también hay en Estados Unidos”, explicó la Jefa del Ejecutivo federal.

Y es que el CJNG es una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas, influyentes y despiadadas de México, y un proveedor clave de fentanilo ilícito a Estados Unidos. El CJNG ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras mexicanas, estableciendo presencia en más de 40 países, de acuerdo con el último reporte de la DEA.
"El cártel utiliza sus vastos recursos financieros, su singular estructura de mando basada en franquicias, su propensión a la violencia y su acceso a funcionarios corruptos para mantener y expandir su influencia sobre el narcotráfico en México", y ahora, "el CJNG podría capitalizar el conflicto entre las facciones de ‘Los Mayos’ y ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, esencialmente alineándose con sus antiguos rivales, ‘Los Chapitos’, en contra de ‘Los Mayos’", señala la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025.
Una alianza estratégica entre el CJNG y "Los Chapitos", detalla, tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, poder de fuego y acceso a funcionarios corruptos de estos grupos, lo que podría alterar significativamente el equilibrio de poder criminal existente en México y contribuir al aumento del flujo de drogas hacia el norte y el tráfico de armas hacia el sur en la frontera entre Estados Unidos y México.

Un cártel "diversificado"

El CJNG no sólo es una organización criminal trasnacional, sino que también se ha diversificado en los últimos años. Su principal razón es la fabricación, el tráfico y la distribución de drogas ilícitas, como el fentanilo, la metanfetamina y la cocaína. En este proceso entra un actor clave: "Los Cuinis".

El brazo financiero del cártel ocupa un lugar destacado en la estructura de liderazgo. "Los Cuinis" lidera la diversa red de operaciones y tácticas de lavado de dinero del cártel para repatriar a México las ganancias globales del narcotráfico, de acuerdo con la DEA. Este grupo y otras facciones del CJNG utilizan redes chinas de lavado, casas de cambio de criptomonedas, el contrabando de grandes cantidades de efectivo, el lavado de dinero basado en el comercio y otros métodos para blanquear las ganancias ilícitas del narcotráfico.
Pero, advierte el informe de este año, es probable que el CJNG esté aumentando su participación en actividades no relacionadas con el narcotráfico, como el robo de gasolina, conocido como "huachicol", los esquemas de extorsión, la infiltración en industrias legítimas, la imposición de impuestos al tráfico de personas y la perpetración de esquemas inmobiliarios, incluyendo fraudes de tiempo compartido, con fines de lavado de dinero.
"Los miembros del CJNG participan cada vez más en estas actividades para diversificar los flujos de ingresos y proteger los activos del narcotráfico de las incautaciones por parte de las fuerzas del orden", resalta la agencia estadounidense,

Un cártel de "ojo por ojo"


En su testimonio, Matthew Allen también aseguró que el CJNG cobró venganza en México en su contra. "Como resultado directo de la captura y el proceso contra ‘El Menchito’, el CJNG contraatacó en México, disparando contra la esposa y asesinando a la hija de un informante colaborador, y asesinando a un soldado del Ejército mexicano. A esto nos enfrentamos, a un cártel paramilitar con alcance global dispuesto a matar familias y vigilar a trabajadores estadounidense en nuestro propio territorio”, relató el estadounidense.
El agente de la DEA se refería a Iván Morales Corrales, único sobreviviente del atentado perpetrado en Villa Purificación, Jalisco, en 2015. Su relato lo compartió en la Corte del Distrito de Columbia, en el juicio contra "El Menchito”, quien de acuerdo con las autoridades estadounidenses fue quien dio la orden de que la aeronave fuera derribada para evitar la aprehensión de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del CJNG que sigue prófugo.
Exactamente una década después de haber sobrevivido al ataque del Cártel Jalisco y a unos meses de haber declarado en EU contra “El Menchito”, Iván Morales Corrales fue asesinado junto a su esposa en Temixco, Morelos. De acuerdo con el reporte, el expolicía viajaba con su pareja a bordo de una camioneta cuando fue abordado y ejecutado en el fraccionamiento Las Brisas. El grupo armado habría disparado en al menos 15 ocasiones para luego escapar a bordo de motocicletas.


Además, el CJNG tiene todavía algo que ya no puede presumir ni siquiera el Cártel de Sinaloa, que tenía en Ismael "El Mayo" Zambada García en uno de los capos más misteriosos de todos: no solamente nunca había sido detenido, sino que escaseaban sus fotos y su ubicación, en la a veces impenetrable sierra sinaloense, lo hacían inalcanzable, hasta la traición de "Los Chapitos", que lo llevaron clandestinamente a EU, sin saberse todavía qué tipo de participación tuvo aquel país.
Ahora, esa figura recae en "El Mencho", una figura que ha sido entronizada en corridos musicales, los cuáles se han puesto a discusión en la conversación pública mexicana por su apología del narcotráfico. Oseguera Cervantes es el elusivo líder del CJNG, del que se conocen muy pocas imágenes, y que, aunque ha estado cerca, ni México ni EU han podido dar con él.
Y es que el cártel ha sufrido importantes golpes, como la caída de "El Menchito", el claro sucesor de su padre al frente del grupo, y las autoridades estadounidenses ya han aplicado sanciones a los principales líderes del grupo, incluso a contadores y empresas mexicanas relacionadas, pero, a diferencia de lo que pasó con los líderes del Cártel de Sinaloa, no han logrado el efecto de descabezar al CJNG ni de dividirlo, incluso con las capturas de líderes como Antonio Oseguera Cervantes, "Tony Montana", o Érik Valencia, "El 85".

La conexión colombiana


Hace un par de semanas, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que se detectó un patrón de reclutamiento de ex militares colombianos, por parte de grupos delictivos en México. Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que ya existía coordinación con las autoridades de Colombia para impedir que estas acciones de reclutamiento continuaran.

El funcionario federal detalló que el reclutamiento de exmilitares colombianos había sido principalmente por parte del CJNG y, en algunos casos, por el Cártel de Sinaloa. “Principalmente, la gran mayoría ha sido del Cártel Jalisco, el reclutamiento ha sido por parte del Cártel Jalisco. Sin embargo, también ha habido algunos del Cártel de Sinaloa”, señaló García Harfuch, quien también explicó el suceso ocurrido a finales de mayo en Michoacán, donde fueron detenidas 17 personas –12 colombianas– involucradas en la explosión de una mina entre los límites con Jalisco, donde perdieron la vida ocho integrantes del Ejército mexicano.

“De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia, entre los detenidos de este país se encontraban nueve ex militares y tres civiles con formación militar en el uso de armas”, agregó García Harfuch. La Presidenta, por su parte, detalló que mencionó este tema "directamente con el Presidente Petro, y aparte el canciller [Juan Ramón de la Fuente Ramírez] lo ha estado viendo, de hacer un grupo de alto nivel para los temas de seguridad entre Colombia y México”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MANUEL GONZÁLEZ.

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU

Por: Draco Dracul on viernes, junio 27, 2025 / Comentarios: 0 ,

Javier Corral insistió en que sí está documentado el "enorme peculado" que le permitió a Duarte "enriquecerse a costa del pueblo de Chihuahua".

Un Juez de El Paso, Texas, determinó este jueves que Javier Corral y el Gobierno de Chihuahua no aportaron pruebas suficientes de que el exgobernador César Duarte compró 50 propiedades en Estados Unidos ni que hubo operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
"En este día se procede a considerar la Moción Tradicional y de No-Pruebas para el Juicio Sumario de los acusados Cesar Horacio Duarte Jaquez y César Adrián Duarte, habiendo considerado la misma, se considera procedente la misma y debe ser concedida. Por lo cual se ordena, juzga y decreta para los acusados Cesar Horacio Duarte Jaquez y César Adrián Duarte la Moción Tradicional y de No-Pruebas para el Juicio Sumario, es concedida", declaró el juzgador Rubén Morales de El Paso.
El Juez también ordenó que Corral deberá pagar perjuicios y honorarios de abogados a Duarte. En una conferencia de prensa, luego de darse a conocer la determinación, César Duarte dijo que las supuestas propiedades "no existen" y que el fallo es un "precedente indiscutible".
"Corral sí creía que me iban a procesar en los Estados Unidos por lavado de dinero, hasta ese favor me hizo, porque quisieran muchos gobernadores estar absueltos", afirmó.
El exgobernador también declaró que las denuncias lo afectaron políticamente y acusó que sus retractores han logrado tener más poder. “Es un tema no menor, porque quienes por desgracia han medrado y han vivido de la actividad política a partir sólo de señalamientos vacíos, han escalado a puestos increíblemente importantes como el Gobierno de Chihuahua, y que al final del día ahí están los resultados. Yo exhorto a los chihuahuenses a comparar los resultados de mi Gobierno y el Gobierno de él”, expresó.

Javier Corral defiende acusaciones
"Que las autoridades americanas hayan desestimado la denuncia por las 50 propiedades con un valor de 25 millones de dólares, no es porque las propiedades del vulgar ladrón de César Duarte no existan, sino porque el Gobierno del Estado, hoy encabezado por María Eugenia Campos, nunca atendió, ni respondió los requerimientos que la firma de abogados Buzbee le solicitó para aportar elementos de prueba en el juicio", aseveró Javier Corral en un comunicado que compartió en X, antes Twitter.
Corral insistió en que sí está documentado el "enorme peculado" que le permitió a Duarte "enriquecerse a costa del pueblo de Chihuahua" y disponer de estos millones de dólares para hacerse las 50 propiedades referidas. "Sus cómplices María Eugenia Campos Galván, César Jauregui Moreno y Santiago de la Peña, jamás atendieron las solicitudes del despacho jurídico encargado de atender la demanda", arremetió.


Asimismo, Corral negó que él personalmente presentara una denuncia contra Duarte. "Ésta y las otras denuncias, que derivaron en 21 órdenes de aprehensión, las hizo el Gobierno del Estado de Chihuahua; como incluso sus propios abogados lo señalan y desmienten en esta vergonzosa rueda de prensa convocada por este delincuente", escribió el político.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 26 JUNIO 2025.

El adolescente Alexander salió por refrescos y la policía de Acatlán lo mató; 5 años después, su familia sigue exigiendo justicia

Por: Draco Dracul on viernes, junio 27, 2025 / Comentarios: 0 , , , , ,

A 5 años del asesinato de Alexander, joven de 16 años, su mamá exige que las autoridades cumplan con la reparación del daño, como una disculpa pública y una investigación seria sobre el actuar de la policía de Acatlán, Oaxaca.

“¿Ya viste al asesino que mató a tu hijo?”. Virginia Gómez, de 46 años, recuerda con los ojos muy abiertos la escena en la que se encontró de frente con uno de los cinco implicados en el homicidio de su hijo Alexander Martínez Gómez; un joven de apenas 16 años que jugaba en la Tercera División del futbol mexicano, y que tenía serias posibilidades de debutar como profesional. 

Han pasado cinco años de la muerte de su hijo y de que un video suyo se hizo viral en grupos de whatsapp y redes sociales, y su caso escaló a nivel nacional. En ese video, tomado la noche del 9 de junio de 2020, se observa a la mujer en la puerta de un hospital en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, gritando desgarrada por el dolor. Minutos antes, a eso de las 22:30 de esa noche, su hijo adolescente había muerto de un balazo en la cabeza a manos de la policía municipal.

“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos. ¡Y miren lo que le hicieron! ¡Me lo mataron esos malditos!”, gritaba Virginia fuera de sí aquella noche ante la pérdida de ‘Chander’, como lo conocen en la comunidad.

La mujer habla ahora mucho más serena sentada en una silla de plástico en su casa, en un poco habitual día gris y lluvioso en la muy calurosa Acatlán, un municipio de unos 45 mil habitantes que está separado de Tezonapa, Veracruz, por una calle. 

Uno de los implicados en la muerte de Chander está preso y condenado a 35 años de cárcel, en buena medida, y así lo reconoció en una recomendación la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, por la investigación que ella misma emprendió contra la policía de su localidad. Una investigación, no obstante, y una búsqueda tenaz de la verdad que la ha llevado, además de soportar el tremendo peso de la muerte de su hijo, a vivir con escoltas por las amenazas.

–He sido amedrentada, amenazada e intimidada. Me llegan muchos mensajes por medio de Messenger de Facebook diciéndome ‘ya cállate’, ‘ya lo que pasó, ya se olvidó, no le muevas más’, ‘te estás metiendo con el patrón, ya párale’. Pero nunca me callé. He ido a la Fiscalía una y otra y vez, y todas las veces que han sido necesarias, a denunciar.

Virginia, a quien conocen en Acatlán  más por el nombre de ‘Vicky’, dice a continuación que, a pesar de la detención y sentencia de uno de los policías implicados –supuestamente, el que realizó el disparo fatal–, el caso de Chander continúa sin lograr la “justicia plena”, además de que no se han cumplido las medidas de reparación del daño que en 2021 determinó tras una investigación la Defensoría de Derechos Humanos oaxaqueña, la cual consideró el caso de Chander como “una ejecución arbitraria” de la policía local de Acatlán. De ahí que los otros cuatro elementos implicados en el caso sigan en libertad y trabajando vestidos de uniforme, placa y pistola por las calles de la localidad, donde se encontró de frente con uno de ellos.


–Fui a la graduación de una sobrinita que va al kínder. Nunca pensé que el hijo del policía que asesinó a Chander iba a estar también ahí. 

El hijo del policía condenado es Sergio R. R., también agente de policía municipal de Acatlán, y uno de los cinco implicados en la muerte del adolescente. 

‘Vicky’ asegura que él fue el policía que trató de ‘plantar’ una pistola al cadáver de su hijo, para luego pregonar la versión de que el joven futbolista era un peligroso criminal que se había negado a detenerse en un retén policiaco. De hecho, esa fue la versión oficial: en un escrito enviado por el alcalde de aquel entonces del municipio oaxaqueño, Adán Maciel, a la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, el edil, que es el jefe de la policía, aseguró que de acuerdo con sus elementos el joven iba armado y se negó a parar en un retén. Además, aseguran que a un policía se le cayó el arma al suelo y por accidente se disparó matando en el acto al adolescente.

Por fortuna, o más bien por “una señora con las faldas bien puestas”, como apunta ‘Vicky’, que testificó que ella vio cómo el policía trató de plantar el arma al joven, la versión oficial quedó desacreditada.

–No tengo estómago para ver a la cara a los policías de Acatlán –murmura ‘Vicky’–. Para mí, siempre serán los desgraciados que le quitaron la vida a Chander.

Por eso dice que el día que se encontró a uno de los implicados de frente en la graduación de su sobrina, donde muchos otros niños y niñas se graduaban para salir del kínder, se tuvo que sentar para procesar sus emociones. 

–Al principio no lo reconocí, porque ahora está más robusto. Él venía de recoger a uno de los niños, y cuando se topó frente a mí se puso rojo como un tomate. Yo todavía en mi mente pensé: ‘pobre muchacho, se ve que no ha caminado mucho entre tantas personas y se ha puesto rojísimo por la pena’. 

Fue entonces, dice la mujer, cuando alguien se le acercó por la espalda y le susurró al oído: 

“¿Has visto al asesino de tu hijo?”. 

Asesinato de Alexander: la versión de la policía de Acatlán y la de la familia

La noche del 9 de junio de 2020, la patrulla de policía municipal con número 023 se encontraba en un ‘filtro de seguridad’ sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez de Figueroa, a la altura del taller de ‘Los Hinestrozas’. El ‘filtro’, o el retén, se instaló debido a la presencia de grupos delictivos en la región –dos años antes, en abril de 2018, sujetos armados bajo aparentemente la siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron en un video al alcalde– y por “las constantes amenazas” a la corporación policiaca, justificó el edil de Acatlán, Adán Maciel, en el escrito que envió a la Defensoría de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la versión policiaca, a eso de las 22:30, la patrulla se percató de unas luces que, al parecer, eran de motocicletas que venían a exceso de velocidad en su dirección. 

“Al notar que se trataba de nueve motocicletas, el mando Sergio R. R., indicó al conductor de la unidad, Higino C. M. que encendiera los códigos parlantes de la patrulla, y a los elementos Isaac R. G., Sergio R. R. (padre del mando) y Adolfo D. G., que con sus lámparas de mano les hicieran señas para que bajaran la velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones. Al no detenerse y pasar por donde se encontraba parado el elemento Sergio R. R. (padre del mando) lo tiran, y al caer su escopeta se acciona al impacto con el suelo”, asegura la versión oficial, que señala que de inmediato los policías trataron de brindar los primeros auxilios al joven Alexander, aunque subrayó que el adolescente iba armado.

“El mando corre a brindarle los primeros auxilios y observa que aproximadamente (sic) se encontraba un arma de fuego tipo pistola en el suelo”, continúa el escrito de la versión oficial, que más adelante asegura que, debido a la beligerancia de los vecinos y de la madre que llegó al lugar, los agentes pidieron apoyo a la comandancia y uno de ellos, Sergio R. R., “priorizó tomar el indicio que se encontraba cerca del lesionado –pistola color negra–” para resguardarlo como evidencia en el caso.

Posteriormente, a las 00:05 horas, un policía había sido detenido para esclarecer los hechos ante la fiscalía oaxaqueña, y a las 00:30 horas se presentaron agentes ministeriales en el lugar para iniciar la investigación. 

Sin embargo, esta versión oficial fue desmentida por la investigación de la Defensoría de Derechos Humanos, y también ante la justicia, que condenó a Sergio R. R. a 35 años de prisión, aunque se quedaron fuera de la imputación el resto de elementos que intervinieron. 

A continuación, ‘Vicky’ cuenta una versión muy distinta de los hechos. 

–Ese 9 de junio, mi hijo y unos amigos celebraban el cumpleaños de otro amiguito, y salieron a comprar unos refrescos y unas pizzas para pasar un rato en mi casa. Salieron con sus motos a comprar a una tiendita a menos de un kilómetro de mi casa y, de los nueve, ya solo regresó el hijo de una maestra y otro muchacho que iba con una amiga. 

–Ellos fueron los que me dijeron que los policías municipales les habían cerrado el paso cuando mi hijo y los amigos venían ya de regreso. Me dijeron que la policía no les hizo ningún alto, que nada más les cerraron el paso, que varios policías se bajaron de la batea de la camioneta y que comenzaron a tirarles, y que vieron cómo Chander se había caído de la moto.

Otro adolescente resultó herido al caer también de su moto tratando de huir de los disparos. 

De inmediato, ‘Vicky’ se trasladó al lugar de los hechos, un camino de terracería donde, asegura, nadie podría transitar a gran velocidad por lo irregular del camino. 

–Vi a mi hijo tirado en el suelo junto a su moto, que aún tenía las luces encendidas, pero nunca pensé que estuviera muerto. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza por la caída y que estaba inconsciente. 

La mujer recogió a su hijo entre sus brazos. Cuenta que los cinco policías la observaban en silencio. 

–Les gritaba qué le habían hecho a Chander, pero ninguno contestaba. Solo se miraban unos a otros. 

Ante el bullicio, vecinos del lugar se acercaron. Los ánimos comenzaron a caldearse, al tiempo que los policías trataban de sacarlos del lugar. 

Hasta ese momento, ‘Vicky’ asegura que, pese a lo que señaló el informe policial, los agentes no habían pedido una ambulancia, ni le dieron primeros auxilios. Fue una persona de la multitud que conocía a ‘Vicky’ quien llamó a la ambulancia, que llegó 15 o 20 minutos después. 

–Pero uno de los policías se acercó al chofer de la ambulancia y le dijo algo en corto, y éste hizo el amago como para retirarse del lugar. Entonces, mi otro hijo, Alexis, se puso delante de la ambulancia y comenzó a golpear el cofre, y mucha gente se tiró encima de la ambulancia y le obstruyó el paso. Al de la ambulancia ya no le quedó más remedio que sacar una camilla, subir a Alexander, y llevarlo al hospital de la comunidad.

Pero ya era demasiado tarde. 

Chander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, estaba muerto.

Violaciones a los derechos de las víctimas en el caso del homicidio de Alexander en Oaxaca

La Defensoría de Derechos Humanos, en su investigación previo a la emisión de la recomendación 1/2021, la cual elaboró a partir de dictámenes oficiales que fueron materia en el juicio del caso, señaló numerosas irregularidades en el actuar de la policía y en su posterior informe de los hechos.

Por ejemplo, la Defensoría establece que “no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”, por lo que concluyó que “la muerte arbitraria de un menor de edad fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la Policía municipal de Acatlán de Pérez de Figueroa”. 

El informe de la Defensoría también contradice la versión de la policía de que el arma de uno de los agentes se habría detonado por accidente al caer al suelo, producto de la supuesta embestida de uno de los jóvenes que iban en moto. 

“Según un informe pericial, es poco probable que el tipo de arma del policía Sergio R. R. se accionara en la forma en la cual dicen los policías que se disparó”, señala la Defensoría, que agrega al respecto: “Existe, además, un dictamen de criminalística en el que se documentó la existencia de otros disparos en la escena del crimen”. 

“La actuación omisa y negligente de los primeros intervinientes fue evidenciada por los familiares del adolescente que perdió la vida, su madre, padre y hermano, quienes se dieron a la tarea de investigar”, continúa señalando la Defensoría. 

“Fueron ellos quienes, al acudir a la escena del crimen, se percataron y se fijaron en –fotografía y video– de varios daños en árboles y un vehículo estacionado que en dictámenes posteriores la Fiscalía General corroboró que algunos fueron producidos por disparo de arma de fuego. Incluso, ubicaron y lograron que un perito en criminalística de campo extrajera de un árbol un elemento balístico esférico”.

El informe de Derechos Humanos concluye que los agentes locales, así como el agente de investigación estatal Gerardo P. C., cometieron “violaciones graves” en la preservación de la escena del crimen, y apunta también a la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que tampoco investigó las demás armas de fuego de los policías para determinar si habían sido accionadas o no.

En definitiva, remata la Defensoría, los elementos policiacos violaron el derecho de las víctimas a una “investigación seria, imparcial y efectiva” para esclarecer los hechos, a partir de los cuales un joven de 16 años fue muerto de un disparo en la cabeza, al que, además, intentaron criminalizar al ‘plantarle’ una pistola junto a su cuerpo, tratando de crear una narrativa de que se trataba de delincuentes que quisieron evadir un supuesto retén de la autoridad. 

Por todo ello, la Defensoría, desde marzo de 2021, determinó en su informe una serie de medidas de reparación del daño dirigidas tanto al presidente municipal de Acatlán, como a la Fiscalía estatal oaxaqueña. 

Entre esas medidas están, por ejemplo, que se realice por parte de ambas autoridades un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones graves cometidas contra Chander y su familia, y que se haga una investigación “seria, imparcial, y efectiva” sobre la actuación policiaca, y sobre “la manipulación y alteración en la preservación y procesamiento de indicios y evidencias (…), incluyendo a la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, independientemente de la persona que ya se encuentra sujeta a proceso penal por estos hechos”. 

Sin embargo, a cinco años del caso, y a cuatro de la recomendación que ‘Vicky’ lleva siempre consigo cuando va a pedir a pedir ayuda al consulado estadounidense –su hijo tenía la doble nacionalidad– o cuando acude a la fiscalía estatal, o a tocar la puerta de las autoridades del Gobierno Federal, la mujer denuncia que esas medidas de reparación del daño no se han cumplido, y que los otros cuatro elementos involucrados no han sido investigados y continúan en activo.

Además, tampoco le han querido pagar el dinero que, por ley, corresponde a las víctimas cuando hay un caso de homicidio. 

–Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo. Jamás –subraya tajante ‘Vicky’–. Ningún dinero me va a regresar su vida, porque mi hijo no tiene precio. Pero, como me dicen los abogados, es un derecho que tenemos, y aunque no quisiéramos ese dinero, es algo que están obligados a pagar, a cumplir, y tampoco lo han hecho. Se han hecho de la vista gorda. 

Mamá de Alexander dejó su trabajo de secretaria para buscar justicia para su hijo

Como muchas otras víctimas en México que ante la falta de resultados de las autoridades asumen el peso de las investigaciones en sus casos, o las búsquedas de sus seres queridos, ‘Vicky’ tuvo que dejar su trabajo como secretaria en una empresa y se ha convertido en una activista y en una voz autorizada y respetada en Acatlán, donde otras víctimas acuden a ella –mandadas a veces incluso por gente que trabaja en el Ayuntamiento– pidiéndole ayuda, a pesar de que les deja muy en claro que ella solo es una madre en busca de justicia para su hijo. 

–Les dicen: ‘miren, acá no podemos hacer nada, pero vayan con ‘Vicky’. Y pues no sé –se encoge de hombros–, creo que la gente me ve como una especie de ‘heroína’ porque fui una mamá que sí levantó la voz ante la injusticia de la muerte de un niño. Yo levanté la voz en un lugar donde la gente, por miedo, no lo hacía; preferían irse del municipio para que no les hicieran daño, porque inmediatamente empezaban las amenazas diciéndoles ‘si no te callas, te vamos a matar’. 

Su lucha, incluso, no pasó desapercibida para los partidos políticos, pues asegura que llegaron a tocar su puerta para que se presentara como candidata a la alcaldía, propuesta que rechazó. 

–Se los he dicho cuando han venido a buscarme para la ‘poliquería’: ustedes no piensan en mí, no piensan en lo que siento al ver a esos policías. ¿Ustedes creen que me voy a sentar en una silla en la Alcaldía y voy a ver a esos policías que mataron a mi hijo? No, sólo de pensarlo se me revuelven las tripas. 

Cuestionada si, por el desgaste que implica la búsqueda de justicia en México, un país con niveles de impunidad por arriba del 90 %, y por el hecho de que su vida cambió para siempre con cuatro escoltas cuidando cada uno de sus pasos, no ha pensado en irse de Acatlán para empezar de cero en otro lugar, la mujer de inmediato niega con la cabeza. 

–Hay gente que después de lo de Chander se me acerca y me dice: ‘ay, cómo estás, pensamos que ya no vivías aquí’. Y siempre les contesto lo mismo: ‘no, nunca me he ido de aquí, ¿por qué debería irme yo? Ellos, los policías, son quienes mataron a mi hijo. Yo no he hecho nada malo. 

Además, Vicky asegura a colación que está convencida que lo que está haciendo, la búsqueda de esa “justicia plena”, es la mejor forma de honrar la memoria de Chander. 

–Ha quedado claro que fue un crimen de Estado, pues agentes del Estado asesinaron a mi hijo. Por eso fui a la Fiscalía Anticorrupción y puse otra denuncia en contra de los otros cuatro policías y los funcionarios que los protegieron y respaldaron en sus mentiras. 

A continuación, la mujer hace una pausa y reflexiona en silencio. 

–Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida, y que nunca estuvo sometida en un rincón llorando –recalca aseverando con la cabeza–. Por eso, yo voy a seguir luchando hasta que haya justicia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Se registra incendio en campamento del tramo 6 del Tren Maya, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

Por: Draco Dracul on viernes, junio 27, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Por el incendio, el libramiento salida a Mérida se encuentra temporalmente cerrado.

Servicios de emergencia se movilizan para sofocar un incendio que se registra en un campamento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en el tramo 6 del Tren Maya, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Mary Hernández, presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, informó que el libramiento salida a Mérida se encuentra temporalmente cerrado para que los servicios de emergencia atiendan el reporte de incendio.

El incendio ocurrió en una zona estratégica para las obras, por lo que las autoridades locales se mantienen en alerta.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre daños a la infraestructura del Tren Maya.

Las autoridades tampoco han dado detalles sobre qué originó el siniestro.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados de la 4T aprueban ley de Inteligencia; viola el derecho a la privacidad: oposición

Por: Draco Dracul on viernes, junio 27, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Con esta reforma el gobierno tendrá acceso a datos de geolocalización, biométricos, cuentas de banco e incluso conversaciones telefónicas, acusa el PAN.

Los diputados oficialistas aprobaron el dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Investigación de Seguridad Pública que tiene como objeto establecer los fines y regular la integración, el funcionamiento y la operación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La reforma fue aprobada en lo general por 368 votos a favor y 102 en contra por parte del PRI y del PAN.

La minuta fija que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) será adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para tareas de investigación. También establece que el CNI podrá acceder irrestricta y directamente o a través de la Plataforma a toda la información que integre, almacene, genere, recopile, sistematice o procese la Secretaría de Gobernación mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI).

Asimismo, en el artículo 12 fracción III se establece que la SSPC podrá solicitar a las instituciones de seguridad pública, entes públicos y a entes privados el envío de información contenida en cualquier registro administrativo que contenga datos vehiculares y de placas.

También de datos biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas.

Además, la SSPC podrá solicitar registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia.

La reforma se prevé sea discutida en el pleno del Senado el próximo lunes 30 de junio, dos días antes de que termine el periodo extraordinario en el Congreso.

OPOSICIÓN ACUSA QUE CON LA REFORMA SE VIOLA EL DERECHO A LA PRIVACIDAD

A inicio de la discusión, se presentaron tres mociones suspensivas por parte de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y PRI. Todas fueron desechadas en votación económica por parte de los legisladores oficialistas.

El diputado del PAN, José Alfonso Rubalcaba, afirmó que los dictámenes a discusión en materia de seguridad no sólo no abonan a resolver el problema, sino que además representan una amenaza directa al derecho a la privacidad de los ciudadanos.

“No es menor la atrocidad que están intentando aprobar. Si esto se aprueba, van a tener el poder para acceder a toda la información, incluyendo geolocalización, datos biométricos, cuentas de banco, incluso conversaciones telefónicas, fotos y videos personales de todas las personas que utilicen un celular.

“Eso es a todas luces inconstitucional, ya que viola el principio básico que dice nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino a través de un mandamiento judicial”, enfatizó.

Por su parte, el diputado del PRI, Emilio Lara, afirmó que con la reforma se estaría sacrificando el derecho a la privacidad para recuperar el derecho a la paz y la seguridad, pero enfatizó que se perderán los dos.

“Esto es vigilancia masiva. Una violación al artículo 6 y al artículo 16 de la Constitución. Un control absoluto, sin filtros judiciales, sin contrapesos y sin transparencia que busca clasificar de manera indefinida el espionaje con la excusa de que es un asunto de seguridad nacional”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Fiscalía de Morelos reporta hallazgo de 85 restos en fosas de Jojutla

Por: Draco Dracul on viernes, junio 27, 2025 / Comentarios: 0 ,

En un informe preliminar la FGE aclaró que se trata de indicios y no cuerpos, seis corresponderían a bebés, lo que contrasta con lo reportado por buscadoras que estuvieron presentes como observadoras desde el primer día y reportaron el hallazgo de 60 cuerpos completos, 10 de bebés y 10 de mujeres.

Edgar Maldonado Ceballos, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), aseguró que durante la cuarta diligencia de exhumación de las fosas de Jojutla fueron rescatados 85 restos, “no cuerpos (de personas), y de estos, seis son bebés y uno restos fetales”. Además, destacó que se cumplieron con los lineamientos establecidos por ley. 

Estas cifras contrastan con lo documentado por las buscadoras que ingresaron como observadoras desde el primer día hasta el cierre de la diligencia. Hace unos días, las integrantes de colectivos informaron públicamente que durante esta cuarta etapa fueron recuperados más de 60 cuerpos completos, entre ellos más de 10 mujeres y más de 10 bebés, además de decenas de restos óseos en distintas condiciones.

En su informe preliminar, el fiscal Maldonado explicó que la intervención se realizó del 26 de mayo al 13 de junio de 2025 en la fosa común del panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla.  

Subrayó que esa diligencia se condujo conforme a los protocolos establecidos por ley y enfatizó que “no se trata de una fosa clandestina, como erróneamente se ha señalado en algunos espacios públicos, sino de una fosa común”, que fue utilizada en años anteriores por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos para inhumar personas en calidad de desconocidas sin estudios periciales adecuados. 

El fiscal también indicó que esta cuarta etapa fue planeada desde el 26 de abril, en una reunión con representantes de colectivos de búsqueda y autoridades de los tres órdenes de gobierno.  

Afirmó que durante los trabajos participaron especialistas en criminalística, antropología física, arqueología, odontología, medicina legal, genética y fotografía forense, así como integrantes de la Comisión Nacional y la Comisión Local de Búsqueda, personal de la Guardia Nacional —que, dijo, estuvo presente durante toda la diligencia—, visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, personal de la Visitaduría General de la FGE y notarias y notarios públicos. 

Sin embargo, es importante recordar que, al concluir la primera semana de trabajos, los colectivos denunciaron que durante varios días no hubo especialistas adecuados en campo, que se violaron lineamientos básicos para la preservación y recolección de restos, y que por lo menos en dos días no estuvo presente personal de la Guardia Nacional, a pesar de que su participación había sido anunciada como permanente. 

Estas omisiones fueron reconocidas por la FGE en un comunicado emitido un día antes de la presentación del informe de resultados. En ese comunicado, la institución admitió que no se contó con todos los perfiles técnicos necesarios y anunció que, en la siguiente etapa de intervención, se garantizará la presencia de los especialistas faltantes y se permitirá la participación de peritos independientes. 

A pesar de estas denuncias, Maldonado Ceballos reiteró que “la inclusión de estos sectores refleja el compromiso institucional de mantener un trabajo abierto, acompañado y supervisado por las familias de personas desaparecidas”. 

El fiscal detalló que los 83 indicios hallados —seis correspondientes a bebés y uno a restos fetales— deben ser considerados como tales hasta que concluyan los estudios periciales que permitirán su identificación. “Hablar de 83 hallazgos no significa que se trate de 83 personas; un solo individuo puede generar múltiples indicios”, explicó. 

El periodo autorizado para la intervención se amplió una semana más, debido al número de hallazgos, aunque el 19 de junio los trabajos se suspendieron temporalmente por el riesgo de colapso de una barda perimetral y por condiciones climáticas.  

La Fiscalía informó que la reanudación dependerá de que existan condiciones de seguridad adecuadas. 

También aclaró que los restos no son recientes. La última inhumación documentada en la carpeta de investigación data de junio de 2014. Desde 2017, en ese sitio se han localizado 219 indicios, de los cuales 78 ya cuentan con perfil genético. 

En respuesta a los cuestionamientos sobre el Coordinador General de Servicios Periciales, el fiscal defendió la trayectoria del Dr. Samuel Nava, pero advirtió: “Si las funciones no se cumplen, habrá consecuencias. Aquí no hay compromisos personales con ningún servidor público; el único compromiso es institucional”. 

Finalmente, Maldonado Ceballos afirmó que continuará el proceso en coordinación con las familias y colectivos. “Este proceso conlleva un desgaste institucional, pero si esta Fiscalía tiene que intervenir las veces que sea necesario para dignificar los restos y regresarlos a sus núcleos familiares, se hará. Estoy dispuesto a asumir ese desgaste y a cumplir con esta obligación institucional, pero también con el compromiso moral que tenemos con las familias y los colectivos de búsqueda. Las veces que sea necesario, lo haré”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Los datos biométricos en México: ¿solución o nuevos riesgos?

Por: Draco Dracul on jueves, junio 26, 2025 / Comentarios: 0 ,

Centralizar los datos biométricos de toda la población, sin establecer controles claros sobre su acceso, uso y protección, exige no sólo transparencia en su implementación, sino también contar con sistemas sofisticados de protección y personal altamente calificado.

El Senado aprobó en lo general el uso de nuestros datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población o CURP, bajo la premisa de simplificar trámites mediante la Llave MX. 

Esta llave es una herramienta digital que implementará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual pretende, en el fondo, combatir la corrupción. Ante este panorama, en donde el Estado mexicano recolectará datos biométricos de la población, vale la pena preguntarnos: ¿quién se encargará de vigilar y establecer las medidas de seguridad para proteger estas bases de datos?

La información biométrica es única; no existen dos personas con las mismas características físicas, lo que la convierte en un identificador personal por excelencia. Huellas dactilares, escaneo del iris o reconocimiento facial son algunos ejemplos. No obstante, el hecho de que estos datos sean tan precisos no significa que su incorporación automática a un documento de identidad elimine, por sí sola, la corrupción. Existen otros mecanismos para combatirla.

 La posible aprobación de esta reforma ha sido presentada como un avance “anticorrupción”, pero el riesgo de vulneración a la privacidad de millones de personas es inminente. La corrupción es un fenómeno estructural que se combate con controles institucionales, transparencia y rendición de cuentas, no únicamente con bases de datos centralizadas. Entonces, cabe preguntar: ¿quién custodiará esta información?, ¿bajo qué controles y con qué garantías?

 A diferencia de una contraseña, que puede ser modificada si se ve comprometida, los datos biométricos no pueden ser reemplazados. Si alguien obtiene tu huella digital o el escaneo de tu rostro, no puedes modificar tu identidad física. Por ello, este tipo de información requiere los más altos estándares de seguridad, supervisión independiente y un marco legal específico que garantice su tratamiento legítimo, proporcional y seguro.

 Por lo tanto, es pertinente que se transparente el proceso para salvaguardar estos datos, y conocer cuál será el área o la institución responsable de su protección ante una vulneración o mal uso de los datos biométricos. 

En la era digital, los datos personales son tan valiosos como el petróleo: se cotizan como oro. En México hemos sido testigos de filtraciones masivas, uso indebido de información por parte de autoridades o empresas privadas, y un débil esquema de fiscalización tecnológica. En mi paso de más de cuatro años como comisionada del que fuera el organismo garante a nivel nacional de la protección de la privacidad, tuve conocimiento de cientos de casos que resolvimos sobre vulneraciones de datos personales. En aquella época, incluso acudimos varias veces a controversias para evitar el uso de datos biométricos en diferentes iniciativas.
Hoy, ante un nuevo panorama político, es necesario que se tomen en consideración las medidas pertinentes para prevenir y proteger los datos biométricos, además de informar a la población sobre las instituciones que van a intervenir en este proceso. ¿Quién podrá alertar sobre un uso indebido de la información? ¿Quién responderá ante una vulneración o un fallo en la protección de nuestros datos?
De aprobarse esta iniciativa, será necesario actualizar el aviso de privacidad, ya que el aviso actual para tramitar la CURP no contempla las nuevas condiciones ni los datos adicionales que se pretenden incorporar con el cambio normativo. Por lo tanto, su implementación requiere el consentimiento expreso de toda la población.

Centralizar los datos biométricos de toda la población, sin establecer controles claros sobre su acceso, uso y protección, exige no sólo transparencia en su implementación, sino también contar con sistemas sofisticados de protección y personal altamente calificado. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó en las últimas semanas sobre los riesgos que pueden presentarse al tratarse de datos biométricos.

En este contexto, resulta imprescindible recordar instrumentos internacionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa, el cual fue adoptado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y entró en vigor el 1 de octubre de 1985. Este tratado internacional, vigente y vinculante, tiene como objetivo establecer un marco legal para la protección de las personas en lo relativo al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. México puede tomarlo como referencia para garantizar que cualquier avance tecnológico se implemente con respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.

En los últimos años, en México, en América Latina y prácticamente en todo el mundo, hemos conocido casos donde datos personales, incluyendo los biométricos, han sido sustraídos de bases institucionales. En el mundo digital en el que vivimos, las tecnologías que han facilitado las tareas de nuestras vidas, también se han convertido en instrumentos que pueden vulnerar la privacidad y los derechos humanos de las personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JULIETA DEL RIO.

Senado aprueba reforma que desaparece al Coneval y transfiere funciones al Inegi

Por: Draco Dracul on jueves, junio 26, 2025 / Comentarios: 0 ,

En un debate álgido, senadores opositores señalaron que enfrentar la desigualdad y la pobreza “no es un asunto de buena voluntad”, por lo que es necesario el Coneval e indicaron que no desaparece por la austeridad republicana, sino porque al gobierno actual le incomoda lo que se evalúa.

Con 73 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó la reforma para que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desaparezca y transfiera sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y así, dicho desarrollo sea un conjunto de programas y acciones “destinados a reducir desigualdad, pobreza y exclusión social”.

Por lo que se reforman la Ley General de Desarrollo Social, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En sesión extraordinaria, la morenista Andrea Chávez Treviño, presidenta de la Comisión del Bienestar, dijo que “hay un elemento fundamental de naturaleza metodológica y científica” que les convence para entregar al Inegi “el magnífico trabajo del Coneval” y así desaparecer al órgano.

“El Coneval no levanta en territorio los datos primarios, es decir no produce la información de campo, analiza lo que produce el Inegi y procesa esa producción para emitir análisis y recomendaciones. Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los dos, quienes levantan la información y quienes la procesan bajo el paraguas del Inegi”, declaró Chávez Treviño.

Aseguró que el Inegi tiene a personas variables y que la plantilla de trabajadores ronda entre los 15 mil empleados mientras que el Coneval tiene cerca de 50 plazas fijas y eventuales.

“Por el gasto de duplicidad (…) cada producto científico generado por el Coneval tiene un costo presupuestal cinco veces mayor a lo que nos costaría todas y todos los mexicanos producirlo desde el Inegi. Por eso decimos, en lugar de oficinas, programas, en lugar de nómina, becas, en lugar de burocracia, resultados”, dijo la legisladora.

Se requiere evaluación del Coneval para enfrentar desigualdad

En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, indicó que enfrentar la desigualdad y la pobreza “no es un asunto de buena voluntad”, sino que requiere de medición y evaluación, de una visión de Estado, con políticas públicas consistentes y con instituciones capacitadas, por lo que lamentó la extinción del Coneval.

En ese sentido, aclaró que el Inegi es una buena institución, pero “no tiene las condiciones” para realizar la tarea del organismo que es “desmantelado”.

Recordó que la actual jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, impulsó el desarrollo de Coneval.

“Impulsamos la creación de estas instituciones autónomas como parte de un México democrático que impulsara condiciones para un buen gobierno. Un gobierno que no pudiera solamente medir como lo hace el Inegi, una gran institución, sino también evaluar y poder marcar el rumbo de a dónde debíamos ir”, comentó la emecista.

Retroceso para México la eliminación del Coneval

El priista Ángel García Yáñez, sostuvo que el dictamen a discusión es un “grave retroceso” institucional, pues la extinción del Coneval es con la intención de “silenciar” la identificación y medición de la pobreza, pues la información que evaluaba era objetiva, “y no como los otros datos que siempre tienen el oficialismo”.

En resumen, su desaparición obedece a “ocurrencias y caprichos políticos”, pues la política social no es un botón electoral, es un compromiso de Estado.

“Representa un grave retroceso institucional, no se cansan de desaparecer organismos públicos y ya nos dejaron sin el Inai, Cofece y ahora van por el Coneval”, recordó.

Por su parte, el panista Agustín Dorantes Lámbarri, aseveró que lo que no se mide no se puede mejorar, por lo que esta reforma es un acto “descarado” de opacidad, pues pretenden extinguir al Coneval, no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa.

“Lo que no se mide, no se puede mejorar. Hoy Morena nos presenta una reforma que no es sino un acto descarado de opacidad. Pretenden extinguir el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa, porque mide la pobreza con rigor, porque evalúa programas con transparencia, no se presta a su propaganda. Y este gobierno ha tratado a las instituciones autónomas como obstáculos”, declaró.

Extinción de organismos

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado aprobaron en lo general y lo particular la desaparición del INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Sus funciones serán absorbidas por instituciones del gobierno: las del INAI pasarán a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno; las del Coneval, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); las de la CRE y la CNH, a la Secretaría de Energía, y las de Mejoredu a la SEP.

En el caso de la Cofece y el IFT, los diputados morenistas preparan un organismo descentralizado que los pueda sustituir, debido a que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos exige que haya una institución independiente que realice las actividades de esas dos dependencias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Son una amenaza para los derechos humanos”: organizaciones rechazan reformas que legalizan la vigilancia por parte del Estado

Por: Draco Dracul on jueves, junio 26, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Organizaciones de la sociedad civil criticaron que no se plantea la mínima apertura, discusión, ni parlamento abierto sobre el paquete de reformas que avanza en el Congreso.

Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron contra el rechazo del paquete legislativo que avanza en el Congreso para legalizar la vigilancia por parte del Estado, “que atenta contra los derechos y las libertades”.

Artículo 19, Data cívica, Fundar, Red en Defensa de los Derechos Digitales, entre otras, señalaron que a pesar de las denuncias sobre las inminentes violaciones a los derechos humanos y la exigencia ciudadana para que se abriera el diálogo, el 24 de junio la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia.

Al respecto, apuntaron que estas reformas legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, al facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por “motivos de seguridad nacional”, sin que existan salvaguardas ni controles para estas atribuciones.

Además, se eliminó el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.

“La vigilancia ilegal y abusiva por parte de las fuerzas armadas es una práctica reiterada que hemos advertido y documentado de forma contundente -como lo revela la investigación Ejército Espía– y que se ha llevado a cabo selectivamente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos. En dichos casos, la impunidad es absoluta”, aseguraron las organizaciones.

Las leyes también autorizan a que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, a pesar de que apenas en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó que realizara ese tipo de labores, por considerar que se trataba de una técnica de investigación que podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas, violar los derechos a la privacidad y a la no incriminación, y que era desproporcionada con relación a los beneficios que se obtendrían.

“La aprobación de estas reformas en materia de Guardia Nacional es parte de un paquete de iniciativas que se abordarán esta semana en el Congreso de la Unión durante el periodo extraordinario, para las cuales tampoco se plantea la mínima apertura, discusión, ni parlamento abierto. Cada una de ellas, y por lo que implica si se implementan en conjunto, representan una amenaza directa para los derechos humanos”, indicaron.

Las organizaciones hacen referencia a las siguientes leyes:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobadas el 25 de junio, que ordenan la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin los controles necesarios, así como facultades de acceso irrestricto para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Mientras que las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real. Esto se complementa con la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada por el Senado, para la creación de la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP.

En tanto, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión profundiza el sistema de vigilancia y violación a la privacidad que existía a partir de la ley vigente, al mantener el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales y sin especificar las autoridades facultadas para ello.

Además, el último dictamen incorpora a las “instancias de inteligencia” de manera amplia con la facultad de acceder a esos datos de manera irrestricta, sin transparencia y sin posibilidad alguna de rendición de cuentas.

“Propuestas legislativas son una afrenta directa a los derechos”

Las organizaciones firmantes rechazaron enérgicamente las propuestas legislativas promovidas por el Poder Ejecutivo que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal.

“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, reiteraron.

Finalmente, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para rechazar las demás legislaciones que se aborden, al Senado de la República para desechar las que les sean turnadas, y al Congreso de la Unión en su conjunto a recordar que su función es servir a los derechos de la población.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 368 votos a favor y 101 en contra, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con la que se permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceder al menos a 22 registros que contienen información telefónica, biométrica, vehicular, comercial, empresarial, bancaria, de salud, entre otros.

Con esta ley, la SSPC realizará sus labores de investigación a través del Centro Nacional de Inteligencia, así como agrupar en una plataforma toda la información que otras dependencias de seguridad generen en sus propias indagatorias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

FGE desacreditó y estigmatizó a la prensa por caso de fosas en Jojutla: Red de Mujeres Periodistas

Por: Draco Dracul on jueves, junio 26, 2025 / Comentarios: 0 ,

La organización advirtió que el boletín de la FGE desacredita a la prensa, vulnera derechos fundamentales, limita el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, con el objetivo de controlar la narrativa en un tema de alta sensibilidad social.

La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos expresó su preocupación por el boletín informativo FGE 506, emitido el 23 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por el fiscal Edgar Maldonado Ceballos, al considerar que descalifica el trabajo de los medios de comunicación que han dado cobertura a la cuarta fase de intervención en el panteón “Pedro Amaro”, en Jojutla. 

De acuerdo con la organización, el contenido del boletín no solo desacredita a la prensa, sino que vulnera derechos fundamentales protegidos por leyes nacionales e internacionales. Advirtió que las afirmaciones vertidas por la Fiscalía buscan limitar el ejercicio periodístico, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, con el objetivo de controlar la narrativa en un tema de alta sensibilidad social.

Entre los puntos señalados por la Red destacan los siguientes: 

  1. Desacreditación sin sustento. La Fiscalía afirmó que la información difundida por la prensa “carece de veracidad y atenta contra el dolor de las víctimas”. Para la Red, esta acusación, sin pruebas, estigmatiza a periodistas que informan de manera responsable y pone en riesgo su labor. 
  2. Estigmatización del periodismo. Consideró preocupante que se responsabilice a los medios de generar “alarma social y desinformación”, ya que es un recurso comúnmente utilizado para desacreditar y censurar la labor periodística en contextos delicados. 
  3. Falta de transparencia. La organización subrayó que, si bien es válido informar primero a las familias de víctimas, la Fiscalía tardó siete días, tras la suspensión de los trabajos, en emitir un informe oficial. Recalcó que, si la institución desmiente información, debe ofrecer datos claros, verificables y accesibles para todas y todos.  
  4. Amenazas implícitas. El boletín señala que “evitar la difusión de datos no verificados es una obligación legal”. La Red alertó que esta declaración puede interpretarse como una advertencia directa contra quienes informan con base en fuentes distintas a las oficiales, lo que representa un riesgo mayor viniendo de una autoridad judicial. 
  5. Cuestionamiento a la ética sin fundamentos. Consideró inaceptable que se sugiera que publicar información no confirmada por la Fiscalía es un acto poco ético. Recordó que el rigor periodístico se sustenta en el contraste de diversas fuentes, no únicamente en la versión institucional. 
  6. Afectaciones al derecho a la memoria. La Red subrayó que el trabajo periodístico contribuye a preservar la memoria colectiva, especialmente en casos de graves violaciones a derechos humanos. Restringir el acceso a la información impacta directamente en este derecho y perpetúa el silencio.
Además, la organización denunció que, durante una reunión con colectivos, realizada el 25 de junio, el fiscal Edgar Maldonado Ceballos responsabilizó personalmente a la prensa de desvirtuar la información sobre las diligencias de exhumación. Afirmó que estas declaraciones agravan el riesgo para quienes ejercen el periodismo en la entidad. 

La Red recordó que el artículo 6 de la Constitución mexicana protege la libertad de expresión, el acceso a la información y el periodismo libre. Asimismo, señaló que tratados internacionales ratificados por México —como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información, y que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que las autoridades no deben utilizar leyes o discursos para intimidar a periodistas. 

“La Fiscalía General del Estado viola derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de prensa y el derecho a la memoria”, apuntó la organización. 

Finalmente, exigió a la Fiscalía:
  • Abstenerse de emitir mensajes que intimiden, amenacen o desacrediten a quienes informan. 
  • Garantizar el acceso transparente, equitativo y oportuno a la información pública. 
  • Reconocer al periodismo como una herramienta clave para la rendición de cuentas, la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria colectiva.
“La tragedia de las fosas de Jojutla sigue siendo un pendiente sin resolver desde hace más de diez años. Los pocos avances han sido posibles gracias a la insistencia de las familias buscadoras y al trabajo del periodismo comprometido”, sostuvo la Red.

Y concluyó: “La libertad de expresión no se condiciona. El periodismo no se silencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Morena, PAN y MC avalan reforma a ley de Seguridad; eliminan plataforma de usuarios de telefonía

Por: Draco Dracul on jueves, junio 26, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El PRI fue el único partido que votó en contra tras denunciar “albazo legislativo”.

Diputados oficialistas, junto al PAN y Movimiento Ciudadano, aprobaron la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El PRI fue el único partido que votó en contra, ya que acusó que hubo un “albazo legislativo” al señalar que el dictamen fue modificado en la madrugada.

La iniciativa fue avalada en lo general y en lo particular por 445 votos a favor y 37 en contra y establece que la reforma tiene por objeto regular la integración, organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la distribución de competencias, la coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno que lo integran.  

Entre los cambios a la reforma se encuentra la eliminación de la Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil, que estaba considerada en la minuta que aprobó la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.  

También se establece la creación del Sistema Nacional de Información, un conjunto integrado, organizado y sistematizado de registros y bases de datos nacionales.

Se compone por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad Pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones.   

Además, la reforma fija el mando único es el modelo de coordinación policial en el que se centralizan, dentro de una entidad federativa, las labores de seguridad pública en una sola institución, tanto en lo operativo como en lo administrativo.

Se detalla en la minuta que el mando único se establecerá cuando el municipio no cuente con policía; cuando así lo determine el Consejo Nacional o el consejo local de la entidad federativa o cuando así lo solicite el municipio. 

La minuta fue enviada al Senado de la Republica para que se discuta en comisiones y posteriormente se suba al Pleno de la Cámara Alta el próximo lunes 30 de junio.  

EL PRI VOTA EN CONTRA POR CONSIDERAR QUE LA REFORMA SE AVALÓ “AL VAPOR”

Al inicio de la discusión los legisladores de oposición colocaron una corona con la leyenda: “Murió la democracia”, y unos carteles con la leyenda: “El gobierno espía”.  

También se presentaron dos mociones suspensivas, una del diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, quien argumentó que las reformas son autoritarias y de vigilancia masiva; por su parte el diputado del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso, resaltó que existieron vicios en el procedimiento legislativo de la iniciativa. Sin embargo, ambas fueron desechadas en votación económica.  

El grupo parlamentario del PRI fue el único que votó en contra de la reforma, acusando “albazo legislativo”.

El diputado tricolor Arturo Yáñez Cuéllar cuestionó sobre cómo es posible que se tengan leyes exprés y seguridad de cartón.

“Cómo es posible que ustedes turnen las modificaciones al dictamen de madrugada y le quiero decir a las mexicanas y a los mexicanos, estamos discutiendo un dictamen en donde en la madrugada, cinco de la mañana, se turnó a análisis de los diputados y hoy los diputados de Morena, los diputados del oficialismo, del PT y del Verde hacen un albazo legislativo. Eso es lo que tienen que saber”, resaltó en tribuna.  

La diputada priista Verónica Martínez García afirmó que es inaceptable que cuando el país está enfrentando una grave crisis de inseguridad, violencia e impunidad, no haya el análisis necesario para consensuar una estrategia que verdaderamente le convenga a México. 

“En los hechos, es una nueva ley distinta a la aprobada en comisiones. Esto constituye una violación flagrante al debido proceso legislativo establecido en el artículo 72 constitucional. 

“En una materia tan importante como lo es la seguridad pública debemos ser responsables, no podemos legislar al vapor cuando desde el sexenio anterior hay más de 185 mil homicidios dolosos; más de 50 mil personas desaparecidas, y más de 6 mil feminicidios registrados”, detalló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

En el sexenio de AMLO se denunciaron más de 2 mil 800 casos de tortura: OMCT

Por: Draco Dracul on jueves, junio 26, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La organización dio a conocer su ranking mundial, con base en la revisión de las condiciones de la tortura en 26 países emblemáticos, entre ellos México, al que se le ubicó en el rango de los 13 países con mayores riesgos de sufrir tortura y malos tratos.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se denunciaron más de 2 mil 800 casos de tortura que implicaron a más de 3 mil víctimas, convirtiendo a México como un país con un “riesgo alto” de perpetración de esa grave violación a derechos humanos, concluyó la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el Índice Global de la Tortura 2025. 

En el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la organización con sede en Ginebra, Suiza, dio a conocer su ranking mundial, con base en la revisión de las condiciones de la tortura en 26 países emblemáticos, entre ellos México, al que se le ubicó en el rango de los 13 países con mayores riesgos de sufrir tortura y malos tratos.

De acuerdo con la sistematización de la información, facilitada a la OMCT por organizaciones civiles mexicanas aliadas, “la tortura en México es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables”.  

De acuerdo con el informe, “se han denunciado 2 mil 881 casos de tortura cuyos hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2024, de los que derivaron 3 mil 506 víctimas”, en apego a la documentación recabada por la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública.  

La OMCT alertó en su informe que, en 2023, en todo el país se han tramitado 4 mil 592 carpetas de investigación por tortura, pero que sólo 18 han sido presentadas ante jueces, lo que representa el 0.1% del total de las querellas, situación que coloca a la tortura como uno de los delitos con un alto grado de impunidad.  

Con base en información proporciona por el Observatorio contra la Tortura, en ese mismo año, “sólo se dictaron 8 sentencias condenatorias por tortura y malos tratos”.  

La organización resaltó que, de manera generalizada, las víctimas de tortura carecen de una defensa adecuada, además de que “los agentes de policía disuaden a las víctimas de tortura de presentar denuncias” contra perpetradores, siendo los más señalados agentes de las fiscalías estatales, seguido de elementos de seguridad pública.  

El reporte de la organización internacional incluye datos de la Encuesta Nacional de Población Privada e la Libertad (ENPOL), publicada por el INEGI en 2021, de la que se desprende la prevalencia de “un patrón común para generar pruebas ilícitas: el 42% de las personas en prisión entrevistadas refirieron que fueron golpeadas o maltratadas en la agencia del ministerio público para inculparse o aceptar hechos falsos y en el 22% para inculpar a alguien más”, mientras que 20% aceptó haberse declarado culpable de los delitos que le imputaban tras agresiones físicas”.   

La ENPOL también documenta que el 34.5% de las personas privadas de la libertad encuestadas “declararon haber sido agredidas físicamente por custodios”.  

Para la organización internacional los porcentajes de personas privadas de libertad que denunciaron tortura son muy elevados, considerando que hay 242 mil 457 personas privadas de libertad, de las cuales 38.2% se encuentran en condición de prisión preventiva. 

En la ficha técnica sobre México, la OMCT incluye resultados del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres en México, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia contra México por la tortura sexual cometida contra once mujeres agredidas en un operativo policiaco en Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.  

De acuerdo con el Diagnóstico, de mil 280 mujeres privadas de la libertad encuestadas, “el 32% refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que 11.64% se presume (por sus narraciones) que vivieron actos de tortura sexual, sin haberla reconocido como tal, es decir que el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual”.  

El documento también incluye las muertes de 21 mujeres en el CEFERESO 16 de Morelos, presuntamente por suicidios derivados del ambiente torturante en que se encuentran las internas del reclusorio federal.  

La OMCT también consideró, como uno de los elementos de riesgo, la situación que viven defensores de derechos humanos y periodistas,  documentada a partir de reportes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que refiere que en 2024 “al menos nueve personas defensoras de derechos humanos, seis periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación fueron asesinadas en relación con su labor en México”, mientras que cinco personas defensoras de derechos humanos y un trabajador de medios, fueron desaparecidos ese año.  

La organización internacional destacó que a pesar de ser tan frecuente la perpetración de la tortura, en 2023 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sólo había reconocido a mil 553 víctimas de ese flagelo. 

La OMCT hizo una referencia a la “brutalidad policial” y retomó datos de la investigación Poder Militar, realizada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que  alerta que de 20182 a 2023, “la Guardia Nacional aplicó el uso de la fuerza en 421 eventos”, de los cuales, en 411 “se utilizaron armas de fuego”, en tanto que la corporación militarizada, había privado de la vida a 94 personas entre 2019 y 2021, entre los que se han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales.  

En la documentación del Índice Global de la Tortura 2025 se resaltó que México es uno de los pocos países que cuentan con legislación para abordar el delito de tortura, así como con instituciones y mecanismos dentro del Estado para combatir el flagelo, instrumentos jurídicos que incluso han sido imitados por otros países.  

Sin embargo, la OMCT lamentó la falta de congruencia entre la legislación y la realidad.  

De acuerdo con el Índice Global de Tortura 2025, México comparte la clasificación de “alto riesgo” con países como El Salvador y Colombia, en Latinoamérica, así como con Nigeria, Camerún, República Democrática de El Congo y Túnez, en África, así como con Turquía, Pakistán, India, Malasia e Indonesia, en Asia.  

La presentación en México del documento estuvo encabezada por Olga Guzmán, responsable regional de OMCT, quien después de darlo a conocer dio la palabra a víctimas directas e indirectas de tortura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Suscribirse a: Entradas (Atom)
Created By Blogger | Distributed By Theme