Con un 29% más de violencia que en 2023, los servidores públicos mexicanos están más expuestos que en zonas de conflicto, advierte la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados. Sinaloa, Michoacán y Veracruz, los estados más peligrosos.
En su más reciente informe, correspondiente a 2024, reseña 324 eventos de violencia (asesinatos, ataques armados, secuestros y desapariciones) contra servidores públicos locales, un 29% más que en 2023, lo que supera a países con conflictos armados internos, como Myanmar.
En la categoría de funcionarios públicos locales, la organización internacional incluye a empleados de gobiernos subnacionales, como es el caso de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz, quienes fueron asesinados por un sicario el 20 de mayo último en esta capital.
También al presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez, victimados a balazos durante la madrugada del 4 de junio.
La analista principal de la ACLED para América Latina, Sandra Pellegrini, dice a Proceso que estos ataques son “un indicador preocupante de que en 2025 las figuras políticas, especialmente a nivel local, continúan estando bajo amenaza”.
Sin embargo, explica, “no necesariamente podemos afirmar que 2025 será un año más violento, a pesar de estos episodios recientes”. Asegura que en los primeros cinco meses de este año se han producido menos ataques contra funcionarios locales que en el mismo periodo de 2024, un año electoral que fue especialmente violento en México.
De acuerdo con la experta en seguridad, este año también se observa que los procesos electorales, especialmente los locales, siguen siendo un motor importante de violencia.
Explica que el caso de Veracruz es un buen ejemplo, donde, según los datos recopilados por la ACLED, muestran que entre mayo último y lo que va de junio se produjo un repunte en los incidentes contra actores políticos locales, incluyendo a autoridades electorales, así como episodios de protestas y disturbios poselectorales.
Al mismo tiempo las disputas por el control político entre distintos actores locales de poder y los ataques presuntamente vinculados al crimen organizado continúan ocurriendo al margen del calendario electoral, señala.
Pellegrini plantea que, en ese sentido, el proceso de reconfiguración de la delincuencia organizada, en particular el vinculado a las disputas al interior del Cártel de Sinaloa, “también podrían estar generando nuevos focos de disputa criminal y un mayor riesgo para las figuras políticas.
Éstas, agrega, “podrían convertirse en blanco de grupos armados que buscan reforzar su control de recursos y posiciones de poder a nivel local”.
Estados críticos
El informe de la iniciativa ACLED señala que la violencia en México se ha concentrado especialmente en estados disputados por grupos criminales, como Guerrero, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Guanajuato.
La competencia entre contendientes políticos locales también avivó la violencia en torno de las elecciones generales del año pasado, al igual que los incidentes relacionados con el descontento por los resultados, indicó el organismo.
Agrega que en Chiapas, el segundo estado más violento para los funcionarios locales, casi la mitad de los ataques ocurrieron en el contexto de las elecciones, y la mayor parte se debió a que simpatizantes de partidos dañaron material electoral y propiedades para obstruir o impugnar los resultados.
“El estado también es un foco de tensión en una disputa territorial criminal por el control de la frontera”, dice el informe.
En el estudio aparecen como los países más violentos de 2024 para funcionarios locales México, Myanmar, India, Nigeria y Filipinas.
Aunque el año pasado fue particularmente violento en México por las elecciones presidenciales, legislativas y locales, la base datos sobre violencia Data Cívica reporta que entre enero y marzo de ese año fueron asesinados 33 funcionarios públicos y en el mismo periodo de 2025 ya van 43 las víctimas fatales.
Más allá de las elecciones
La ACLED expone que los picos de violencia provocados por el cambiante panorama criminal en México muestran que el riesgo para los funcionarios locales no se limita a los periodos electorales y de transición política.
En Sinaloa –detalla– la violencia contra funcionarios se había mantenido históricamente baja debido al dominio del Cártel de Sinaloa y a sus antiguos vínculos con las autoridades locales. Sin embargo, el estallido de una lucha interna de poder entre Los Chapitos y Los Mayos, en septiembre pasado, desencadenó un aumento de los incidentes.
En 2024 más de la mitad de todos los ataques contra funcionarios locales en Sinaloa, incluyendo robos de vehículos contra los alcaldes de Mazatlán y San Ignacio, ocurrieron tras el estallido del conflicto, aseguró la ACLED.
De acuerdo con el informe, los ataques a funcionarios locales responden a intentos de los grupos armados de presionar a las autoridades para que favorezcan sus intereses en detrimento de los de sus rivales en su disputa territorial y refuercen el control y la influencia en las operaciones policiales.
Además, “a medida que se debilita el control del Cártel de Sinaloa, sus rivales podrían intentar llenar cualquier vacío de poder y coaccionar a los funcionarios para asegurar el control territorial”.
En el Índice de Conflictos 2024 de la ACLED, México había aparecido como el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo.
El organismo señaló que el gobierno mexicano tiene “el poder, pero no el control” de todo el territorio y sostuvo que México registra “una guerra civil de cárteles” de la droga.
De acuerdo con el informe, a medida de que los conflictos armados, la polarización política y el malestar social continúan generando desorden político, los funcionarios locales seguirán expuestos a intensos niveles de violencia.
En 2024, la ACLED registró 680 incidentes de violencia contra funcionarios locales en América Latina y el Caribe, lo que la convierte a la región en la segunda más peligrosa del mundo para estos servidores públicos, después de Asia-Pacífico; 47% de esas agresiones ocurrieron en México.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: RAFAEL CRODA.
