El juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, sobreseyó el proceso contra Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); con ello, dejó sin efecto las imputaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, afirmó en 2020 la Fiscalía General de la República (FGR), ascendían a 58 millones 245 mil 948 pesos.

Originario del municipio rural de Acaxochitlán, Gerardo Sosa inició su haber político en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la segunda mitad de la década de 1970. Es el líder de la expresión conocida como Grupo Universidad o La Sosa Nostra –apelativo que recibió por el control que ha ejercido durante cuatro décadas en la Autónoma de Hidalgo–.

Al cumplirse ayer jueves el décimo aniversario del caso Ayotzinapa, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, dice que existe la expectativa de que la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, haga realidad su compromiso para esclarecer ese crimen de lesa humanidad.

“Estamos viviendo nuevos tiempos y yo creo que este acto es una prueba de que se está cambiando (…)  no queremos que esto quede en la superficie, no queremos la simulación, queremos ir al fondo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar el banderazo de salida a los trabajos de investigación de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia.

El presidente dijo estas palabras en junio de 2022, en el Campo Militar No. 1 y frente a familiares de víctimas de crímenes que ocurrieron entre 1965 y 1990. El esclarecimiento de los hechos de la llamada Guerra Sucia fue una de las principales promesas de López Obrador al arranque de su gobierno.

En una marcha cargada de un fuerte componente simbólico y emocional, por cumplirse los 10 años del caso Ayotzinapa y por estar a tan solo unos días de que concluya el sexenio de López Obrador, quien no logró dar con el paradero de los jóvenes, ni esclarecer lo sucedido a pesar de que fue una de sus grandes promesas de campaña, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos advirtieron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que a una década exacta del caso la paciencia se ha agotado ante la falta de avances.

Un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados dejó a tres policías del estado de Coahuila lesionados, cuyo estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

En un comunicado el gobierno de Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que los policías detectaron a los sujetos, cuando realizaban un recorrido por las brechas del municipio de Guerrero, ubicado a casi 80 kilómetros de los límites con el estado de Nuevo León.

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, declaró que van a presentar 12 controversias constitucionales en contra de la Reforma al Poder Judicial porque lo que aprobaron en la “cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones” es un retroceso de más de 50 años.

Precisó que serán los 12 presidentes municipales emanados de las filas del PAN los que interpondrán las controversias constitucionales para impedir que el partido hegemónico, Morena, ponga a “puros ineptos” que vayan a sacar de una tómbola como si fuera un asunto político o de elecciones a modo.

La constante del Ejército en 50 años en Guerrero es su implicación en casos de violaciones graves de derechos humanos, la gran mayoría sin castigo, pero también la impunidad que le han otorgado el fuero militar y el Estado mexicano, asienta el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Otra característica es que las familias de las víctimas han buscado la justicia en instancias internacionales, en las que el Estado mexicano ha sido sentenciado o señalado por estos abusos, considera la organización civil.

Desde que comenzó la ola de violencia en Sinaloa, en Mazatlán se ha reportado la privación de la libertad de, al menos, 20 personas, de las cuales el 70 % permanece en calidad de desaparecido.

Mazatlán es el segundo municipio del estado con la mayor cantidad de personas privadas de la libertad después de Culiacán, el municipio más afectado por esta ola de violencia a consecuencia de la disputa entre las facciones de los Guzmán y los Zambada del Cártel de Sinaloa.

Una jueza federal de Nuevo León concedió una suspensión provisional a un grupo de jueces y magistrados por la que ordenó no afectar las remuneraciones y pensiones de las personas juzgadoras del país ni extinguir los fondos o fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). 

Así lo acordó la jueza Andrea Génesis Alarcón Cortés, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al conceder una suspensión provisional a un grupo de personas juzgadoras del país, así como a un grupo de juezas y magistradas en retiro que buscan ampararse contra los efectos de la reforma judicial.

Tras una audiencia inicial que se extendió cerca de 12 horas, un juez federal vinculó a proceso, el 27 de septiembre de 2024, a Mario Alexander Gámez Cuevas, alias “El Piyi”, supuestamente uno de los principales sicarios o asesinos, además de jefe de seguridad de “Los Chapitos”, como se conoce a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, así como Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron, el 19 de septiembre de 2024, al norponiente de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a “El Piyi”, quien fue presentado a las 16:30 horas del día jueves 26 del mismo y año, en los juzgados del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, -prisión en la que se encontraba recluido-, para comparecer por primera vez ante la justicia.

Sin explicar los motivos, la jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, aplazó, para el 21 de octubre de 2024, la siguiente audiencia del proceso contra Ovidio Guzmán López -alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”-, misma que estaba agendada para el día primero del mismo mes y año.

“El Ratón” salió, el 23 de julio de 2024, del Centro Correccional Metropolitano de Chicago (MCC Chicago, por sus siglas en inglés), ello a pesar de estar acusado de 12 cargos relacionados con el narcotráfico y de no haber sido, ni juzgado, ni condenado.

Los senadores señalaron que “la Administración mexicana entrante no querrá pagar las aplastantes consecuencias de las ‘acciones ilegales’ del Presidente López Obrador en Vulcan Materials, por lo que han destacado “que si se traspasaba esta línea, se producirían graves consecuencias”.

A punto de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su gobierno no pudo recuperar ni la mitad de los 216.6 millones de dólares (mdd) que el presidente prometió que Altos Hornos de México (AHMSA) devolvería por la venta fraudulenta de una ‘planta chatarra’ a Petróleos Mexicanos (Pemex) en época de Enrique Peña Nieto.

Al inicio de la década de los 90, en una redacción periodística en la frontera de Tijuana, los editores solíamos bromear: ¿Y si le pedimos una entrevista a Manuel Bartlett Díaz, pero en San Diego?, sabedores -o al menos con la firme sospecha- de que el hombre fuerte de la Secretaría de Educación en el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari no se atrevía a ir a Estados Unidos por temor a ser detenido.

Líneas de transporte de pasajeros decidieron suspender hasta nuevo aviso, sus corridas de Durango a Mazatlán y viceversa por los enfrentamientos violentos que se han registrado en la zona durante las últimas horas.

La línea Estrella Blanca, operadora de Chihuahuenses y Valle de Guadiana, anunció de esta suspensión temporal en sus redes sociales.

El magnate Ricardo Salinas Pliego aseguró, a las 21:00 horas del 26 de septiembre de 2024, que el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió respecto a lo que realmente ocurrió entre ellos, con respecto a los supuestos “impuestos no pagados” por Grupo Elektra, tema para el cual tenían un “pacto” que el mandatario nacional no estaba cumpliendo y por ello decidió demandarlo.

El empresario regiomontano detalló que en distintas revisiones durante los últimos años, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmaron que esas pérdidas no eran deducibles y que debían pagar por ello. Después, en una revisión posterior en 2013, cambiaron de opinión y afirmaron que esas pérdidas sí eran deducibles, pero como la ley cambió, tenían que pagar nuevamente.