Una maniobra para convertir una inexistente deuda de 50 millones de pesos del gobierno federal al gobierno del Estado de México, supuestamente contratada en 1997, en un mecanismo para transferir al menos 3 mil 100 millones de pesos del erario federal al mexiquense desde la administración de Enrique Peña Nieto, fue documentada y denunciada por el abogado Paulo Díez Gargari, defensor de la compañía Infraiber.
La demanda de hechos, de 13 cuartillas, presentada ante la PGR el pasado 26 de mayo por presunta delincuencia organizada, involucra al exgobernador y actual presidente de la República Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Finanzas mexiquense y exsecretario de Hacienda federal, Luis Videgaray; al exsecretario de Infraestructura estatal y actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; al exdirector de Banobras y aspirante priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo Maza, y al actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila.
La reconstrucción documentada por Díez Gargari revela que estos funcionarios se coludieron para “crear un mecanismo que les permitiera canalizar miles de millones de pesos de ‘dinero sucio’ al financiamiento ilegal de las campañas políticas del Estado de México, a partir de un reclamo fraudulento y un derecho inexistente que ha generado un quebranto multimillonario a la hacienda pública federal y ha incrementado el costo fiscal del rescate carretero”.
