Si funcionario alguno aprueba siembras comerciales, aun cuando la normatividad está incompleta, incurriría en un delito sancionado con hasta nueve años de prisión, advierte la organización.
México, DF. Si el gobierno federal aprueba solicitudes de siembras comerciales de maíz transgénico, aun cuando la normatividad está incompleta, se enfrentará a una denuncia de hechos que presentó Greenpeace ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La organizaciòn explicó en un comunicado que de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), para que se otorguen permisos de siembras comerciales, las empresas deben presentar un Reporte de Resultados de las fases de siembra previas -experimental y piloto-; y las características de ese documento deberán ser establecidas por Normas Oficiales Mexicanas, mismas que todavía no han sido emitidas.