Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

La SCJN admite nueva impugnación contra elección de magistrados del Poder Judicial

Se trata de la segunda impugnación que admite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los resultados de la elección judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer una segunda impugnación en contra de la elección de Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, aceptó a trámite el recurso promovido por la abogada Gabriela Lorena Sterling Ávalo, que pertenece a la organización Poder Ciudadano.

El expediente del caso fue turnado a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá elaborar un proyecto de resolución y presentarlo al pleno antes del primero de septiembre, fecha en la que los nuevos funcionarios judiciales rendirán protesta ante el Senado de la República y tomarán sus cargos.
Se trata de la segunda impugnación que admite la Suprema Corte en contra de los resultados del proceso electoral. La primera fue promovida por Iván Bravo Olivas, exaspirante a magistrado de Circuito. En este caso, el expediente fue asignado al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y todavía no se ha elaborado un proyecto.

La Suprema Corte admitió ambas impugnaciones a pesar de que, según establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIE), únicamente los candidatos que participaron en el proceso pueden impugnar los resultados.

Por este motivo, se prevé que los dos recursos sean declarados improcedentes. Sin embargo, la decisión final dependerá del análisis del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en su mayoría se opuso desde el inicio a la Reforma Judicial.

La máxima autoridad

Por mandato constitucional establecido en el Artículo 99 de la Carta Magna, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad del país en esa materia. Para cumplir con sus responsabilidades y facultades, el Tribunal funciona en forma permanente con una Sala Superior y cinco salas regionales.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones en las elecciones Ministros de la SCJN, Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. A la SCJN sólo le corresponde resolver las impugnaciones que sean promovidas con repecto a los comicios para los dos Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal y de las cinco salas regionales.


Con respecto a las impugnaciones de magistrados electorales el Articulo 96, Fracción IV, advierte: “El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la SCJN para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

SCJN frena discusión sobre autonomía y presupuesto directo ante presiones de comunidades autónomas de Michoacán

Después de diversas movilizaciones y presiones por parte de varios pueblos y comunidades mazahuas, purépechas, nahuas y otomíes de Michoacán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de la lista de asuntos a tratar el caso de Crescencio Morales, comunidad mazahua que vio vulnerado su derecho constitucional al autogobierno y al presupuesto directo.

El martes 15 de julio, la SCJN tenía planeada la discusión sobre las Controversias Constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, interpuesta por los ayuntamientos de Zitacuaro y Erongarícuaro, para determinar si son constitucionales diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal y de otras leyes que regulan la administración directa del presupuesto directo y derecho de la consulta. Sin embargo, los asuntos fueron retirados del listado de la siguiente sesión pública ordinaria el 5 de agosto de 2025.

Por medio de una transmisión en vivo, frente a las puertas de la Corte, el presidente del Concejo de Autogobierno de Crescencio Morales, Silvestre Chávez, agradeció el apoyo y acompañamiento de autoridades de diferentes comunidades indígenas de Michoacán, sobre todo las autoridades comunales y habitantes de las comunidades purépechas de Santa Fe de la Laguna, Cherán Atzicurín, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, La Cantera, Angahuan, Isla de Janitzio, Carapan, San Mateo Ahuirán, Santa Ana Zirosto, Nuevo Zirosto y San Francisco Peribán; de la comunidad nahua de El Coire; y de la comunidad otomí de Carpinteros.

“La Corte tiene en sus manos gran parte del futuro de nuestras comunidades, donde queremos que la decisión reconozca y valore el gran derecho que tenemos las comunidades de Michoacán al autogobierno…que en los últimos años hemos logrado como parte de la lucha y de las estrategias en la defensa y en la conquista de nuestros derechos. En nombre de la comunidad indígena mazahua de Crescencio Morales, agradezco a todas las comunidades y al Frente… que en este día nos acompañemos y que estemos juntos, que estemos al pendiente de las siguientes sesiones donde se destinará nuestro futuro y de gran parte del derecho de las comunidades de nuestro país”, declaró Silvestre Chávez en una transmisión.


Además, agregó que estarán a la espera de que las y los nuevos integrantes de la SCJN retomen la discusión, con base en lo establecido en la reforma del artículo 2º constitucional, pues los pueblos deben ser reconocidos como sujetos de derecho público, como ocurre en Michoacán.

En abril del año pasado, el máximo tribunal resolvió a favor de la comunidad indígena Crescencio Morales al analizar impugnaciones contra disposiciones de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán y el acuerdo IEM-CG-278/21 del Instituto Electoral local, ambos relacionados con el derecho de autogobierno indígena, la administración directa de recursos y consulta. Por mayoría de seis votos, el pleno de la Corte decidió no invalidar dichas normas por falta de consulta previa.

Esta determinación se basó en que el caso presenta diferencias relevantes respecto de los criterios adoptados en las controversias constitucionales 56/2021 y 69/2021, en las que sí se declaró la invalidez de disposiciones similares, aunque con efectos limitados a los municipios promoventes. Además, acordó realizar un análisis de fondo sobre la constitucionalidad de estas disposiciones, y se anticipó la presentación de un nuevo proyecto de resolución, acordando como fecha de discusión el 15 de julio.

“Siendo sinceros, no es sorprendente que la Corte esté buscando mermar la autonomía indígena. No sería la primera vez que los ministros prefieren proteger los derechos de las élites políticas sobre los derechos de los pueblos originarios. Con tristeza vemos cómo la Corte se niega a escucharnos por una simple, pero perversa razón: los ministros quieren proteger los privilegios de los políticos y los municipios, que siempre han sometido y excluido a nuestras comunidades, pero quieren maquillarlo”, se lee en un escrito –publicado por la ministra Lenia Batres– firmado por concejos comunales autónomos de Michoacán, así como por el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comunidades de Michoacán exigen a SCJN no invalidar leyes que sustentan sus autogobiernos locales

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que respete las autonomías de los pueblos de la entidad durante la discusión del pleno de este martes, en la que se debatirá la posibilidad de “invalidar leyes estatales que sustentan el autogobierno local, con el argumento de que ‘invaden’ facultades de gasto en municipios”.

“Hoy los derechos colectivos se encuentran en debate, conflicto y pugna”, señalaron las 70 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanas que integran el Consejo, frente a la intención de las autoridades de alegar “elementos de inconstitucionalidad” en las leyes que protegen los autogobiernos locales de las comunidades autónomas.

La discusión principal que inicia este 15 de julio, explicaron, será sobre invalidar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán en los municipios de Erongarícuaro y Zitácuaro, “debate que ya lleva más de dos años y medio en la SCJN, para lo cual en un primer momento se argumentó que las comunidades no fueron debidamente consultadas, lo que exhibió el mal trabajo legislativo del Congreso del Estado”.

El dictamen se revirtió luego de que los pueblos y comunidades se movilizaron y cientos de comuneros organizaron Jornadas Nacionales en Defensa de la Autonomía, pero ahora el debate se centra en el análisis de la existencia de elementos de inconstitucionalidad “por una supuesta intromisión en las facultades presupuestales de los municipios”.

“Exigimos a la SCJN que respete los derechos adquiridos y ejecutados de los autogobiernos en la entidad, que no ignoren lo establecido en el artículo 2 constitucional que instituye el derecho de los pueblos indígenas a recibir y administrar su presupuesto directamente, y que resuelvan según los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”, demandaron las comunidades del CSIM.

Como parte de sus acciones en defensa de su autonomía, el CSIM organizó una jornada de protesta frente a la SCJN, así como una ceremonia p’urhépecha en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

COMUNICADO:

🐚 Derechos colectivos en debate, conflicto y pugna. Comunidades Indígenas exigen que la #SCJN respete las autonomías de Michoacán #CSIM🟪🟦🟨🟩

DERECHOS COLECTIVOS EN DEBATE, CONFLICTO Y PUGNA

EXIGIMOS QUE LA SCJN RESPETE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS DE MICHOACÁN

A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Comunidades indígenas y afromexicanas de #Michoacán a 14 de julio de 2025.

El martes 15 de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación #SCJN debatirá un tema trascendental para los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, se discutirá invalidar leyes estatales que sustentan el autogobierno local, con el argumento de que “invaden” facultades de gasto en municipios.

La discusión principal versa en invalidar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán en los Municipios de Erongarícuaro y Zitácuaro, debate que ya lleva más de 2 años y medio en la SCJN, para lo cual en un primer momento se argumentó que las comunidades no fueron debidamente consultadas, lo que exhibió el mal trabajo legislativo del Congreso del Estado.

Este dictamen se revirtió gracias a la movilización de pueblos y comunidades, cientos de comuneras y comuneros se manifestaron en Jornadas Nacionales en Defensa de la Autonomía. Ahora el debate se centra en el análisis de la existencia de elementos de inconstitucionalidad por una supuesta intromisión en las facultades presupuestales de los municipios. Hoy los derechos colectivos se encuentran en debate, conflicto y pugna.

En Michoacán, durante los últimos 20 años han florecido procesos de autodeterminación, autogobierno, y autonomía, con base en el derecho histórico, internacional y constitucional, los pueblos originarios han creado Consejos de Gobierno Comunal, Rondas Comunales (sistemas propios de seguridad) y Planes de Desarrollo Comunitario, todo ello, como una expresión de democracia directa y el poder de las asambleas generales. Fundadas en la memoria histórica, se han establecido más de 45 comunidades autónomas.

En este contexto, las 70 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanas que conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, exigimos a la #SCJN, que respete los derechos adquiridos y ejecutados de los autogobiernos en la entidad, que no ignoren lo establecido en el artículo 2 constitucional que instituye el derecho de los pueblos indígenas a recibir y administrar su presupuesto directamente, y que resuelvan según los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

Finalmente, convocamos atenta y respetuosamente a los pueblos y comunidades indígenas, a redoblar esfuerzos y continuar organizándonos, resistiendo y luchando por la defensa de la autonomía, la vida, el territorio y la madre tierra.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

FUENTE. DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El INPI pide a SCJN garantizar derecho de indígenas de Michoacán a ejercer recursos

El INPI consideró de suma importancia que el caso sea analizado a la luz el nuevo marco constitucional en materia de derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) pidió este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizar el derecho de las comunidades indígenas del estado de Michoacán a ejercer de manera directa los recursos provenientes de la hacienda pública municipal.

El exhorto se relaciona con las controversias constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, enlistadas para ser analizadas el martes 15 de julio por las y los ministros que próximamente concluirán su encargo en el máximo tribunal del país.

De acuerdo con un comunicado del INPI, las demandas fueron presentadas por la comunidad mazahua de Crescencio Morales, en el municipio de Zitácuaro, y la comunidad P'urhépecha de Jarácuaro, ubicada en Erongarícuaro, luego de que las autoridades locales interpusieran recursos legales para impedir que ejerzan de manera directa los recursos presupuestales provenientes del ámbito municipal.
El INPI recordó que el 30 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reformó el Artículo 2 de la Constitución, reconociendo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además, el segundo párrafo del citado apartado B obliga al Congreso de la Unión, a las legislaturas de las entidades federativas y a los ayuntamientos a “establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos, para que los pueblos y comunidades indígenas las administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia”.

"Esta base constitucional está estrechamente relacionada con el derecho que tienen los pueblos indígenas, en ejercicio de su libre determinación, a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas, como lo dispone el Artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas", se lee en el boletín.


Con estos argumentos, el INPI llamó a la SCJN a establecer un precedente que reconozca plenamente a las comunidades como sujetos de derecho público, permitiéndoles ejercer sus derechos conforme al nuevo paradigma constitucional.

El Instituto consideró que sólo una interpretación centrada en los derechos colectivos permitirá superar un modelo estatal paternalista, y avanzar hacia una relación equitativa entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano.

En este contexto, destacó que el fallo que emita la Corte debe hacer efectivo el Artículo 2 constitucional y exigir a los municipios de Michoacán cumplir con su Ley Orgánica, pionera en regular el autogobierno indígena y el manejo directo del presupuesto local.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La nueva Corte resolverá litigio por adeudo de Movistar; hay 4 mil 442 mdp en juego

El juicio fiscal que enfrenta Movistar será resuelto por las y los nuevos ministros que integrarán la SCJN a partir del 1 de septiembre, luego de que la actual Corte no alcanzara el quorum necesario.

La empresa de telecomunicaciones Movistar pidió que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera con celeridad el caso de su adeudo fiscal por cuatro mil 442 millones de pesos, pero el máximo tribunal lo turnó a la nueva Corte que iniciará funciones el próximo 1 de septiembre.

El Ministro Javier Laynez Potisek propuso que Movistar pueda deducir el monto tras una fusión corporativa en 2014 con la empresa de comunicaciones Pegaso, de acuerdo con la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

Pero en la sesión pasada de la Segunda Sala, donde se abordaría el proyecto, la Ministra Batres no acudió, rompió el quorum necesario para votarlo y solicitó que se debatiera en el pleno de manera pública, lo cual no fue aprobado por la mayoría de los ministros actuales.
Finalmente, los nueve ministros electos de la Suprema Corte abordarán el asunto de Movistar en el pleno, dado que la Reforma Judicial también eliminó las salas.

El caso se refiere a la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para permitir a Pegaso (Movistar) la deducción de gastos por la fusión realizada en 2014.

El adeudo fiscal fue confirmado en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero la compañía impugnó esa resolución.

En enero de 2023, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió a favor de la empresa de telecomunicaciones, por lo que el SAT recurrió a la Corte, que admitió el caso como el amparo 1172/2025.


Por su parte, Movistar interpuso el recurso de reclamación 158/2025 para impugnar la admisión del amparo, asunto que llegó a la ponencia del Ministro Laynez Potisek.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

SCJN revoca inhabilitación de Xavier Nava y frena extralimitaciones de congresos estatales

El origen del caso se remonta a la oposición de un comisario ejidal a la construcción de un puente vehicular sobre terrenos de un ejido en San Luis Potosí.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el juicio político promovido en 2021 por el Congreso de San Luis Potosí contra Xavier Nava Palacios, entonces presidente municipal de la capital del estado. Además, revocó la inhabilitación por 18 años que le fue impuesta al político. 

La decisión fue tomada por mayoría en la Primera Sala del Alto Tribunal al concluir que el Congreso local se excedió en sus atribuciones al sancionar con base en una supuesta violación a una suspensión de amparo, sin contar con una resolución judicial que acreditara dicho incumplimiento.

La sentencia corresponde al amparo en revisión 91/2024, cuya ponente fue la ministra Loretta Ortiz Ahlf, y fue resuelta el 25 de junio de 2025, aunque notificada apenas el pasado viernes.

El origen del caso se remonta a la oposición de un comisario ejidal a la construcción de un puente vehicular sobre terrenos de un ejido en San Luis Potosí. En el juicio de amparo promovido, se otorgó una suspensión para frenar las obras. Posteriormente, el Congreso estatal inició un procedimiento de juicio político contra Nava, con base en una denuncia del quejoso en el amparo, por el supuesto desacato a la medida judicial. El proceso concluyó con una resolución que inhabilitó al funcionario.

El exalcalde interpuso un juicio de amparo contra esa decisión, argumentando que era inconstitucional y que el Congreso no tenía competencia para valorar el cumplimiento de una suspensión federal. 

El caso fue atraído por la Suprema Corte, que determinó que el Congreso local había invadido facultades exclusivas del Poder Judicial Federal y vulnerando derechos fundamentales del servidor público, al violar los principios de legalidad, competencia y división de poderes.

La SCJN enfatizó que los congresos estatales no pueden asumir funciones jurisdiccionales, como interpretar o aplicar resoluciones judiciales, y recordó que la Ley de Amparo establece mecanismos precisos para atender posibles incumplimientos, como los incidentes de ejecución, medidas de apremio o la intervención del Ministerio Público Federal.

En consecuencia, la Primera Sala modificó la sentencia previa, concedió el amparo a Xavier Nava y ordenó dejar sin efecto la resolución legislativa que lo inhabilitó. Además, instruyó al Congreso local a emitir una nueva resolución en la que se declare la improcedencia del juicio político, por no cumplirse los requisitos constitucionales y legales.

Tras el fallo, Nava —actual presidente del Frente Cívico Nacional en San Luis Potosí— declaró en entrevista con Aristegui en Vivo que fue objeto de una persecución política impulsada por el actual gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Asimismo, expresó que trabajará para desbancar al Partido Verde y a sus aliados de la Cuarta Transformación en la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Sheinbaum pide a SCJN actuar con apego a derecho, sin presión externa y transparencia

La Presidenta aclaró que no se trata de actuar contra ninguna empresa, sino de garantizar justicia para todas las personas sin privilegios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuar con apego a derecho, sin presiones externas y con total transparencia, especialmente en temas pendientes relacionados con grandes empresas, como el caso de la devolución fiscal solicitada por Movistar por más de cuatro mil 442 millones de pesos (mdp).

Durante la "mañanera del pueblo", Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre presuntas presiones de la empresa Movistar hacia la Corte, con el fin de que se le otorgue un beneficio fiscal. Un periodista también planteó que, según versiones, se estaría presionando para que se sustituya a la Ministra Lenia Batres, quien se ha opuesto públicamente a dicha devolución, justo cuando se aproxima el relevo del máximo tribunal del país el próximo 1 de septiembre.

“Que actúen conforme a derecho. Ellos son los que hablan mucho del Estado de Derecho, pues que actúen como tal y que no sean los vínculos de interés los que estén asociados a una resolución. Y si no hay posibilidad, que se lo dejen a la nueva Corte”, respondió la mandataria mexicana.


Y es que la mandataria también advirtió que a las y los ministros “no les faltan ganas” de concretar acuerdos que – insinuó– pudieron haber sido pactados con anterioridad. No obstante, advirtió que hoy todas sus resoluciones están bajo la mirada del pueblo: “Hoy están más visibles todas las decisiones que toman y el pueblo sabe una u otra decisión”, sentenció.

“Pues ganas no les faltan… de resolver a lo mejor acuerdos que hicieron en algún momento con alguien. Pero hoy están más visibles todas las decisiones que toman y el pueblo sabe una u otra decisión”, contestó al ser cuestionada sobre si existe el riesgo de que la Corte actual aproveche sus últimas semanas para tomar decisiones controvertidas.

Por otra parte, también al ser consultada sobre una intención de exclusión de una Ministra con el fin de modificar una votación, Sheinbaum consideró que justo los Ministros tienen que explicar públicamente este tipo de decisiones:.

“Esto de excluir a una ministra para poder sacar una votación como que no tiene mucha explicación. Que expliquen públicamente por qué consideran una u otra votación, porque son cuestiones del pueblo, impuestos que se dirigen a beneficios, a programas de bienestar, obras de infraestructura para el pueblo”, señaló.

Agregó que las ministras y ministros deberían ser transparentes y explicar públicamente las razones de su voto: “Y segundo, que actúen conforme a derecho y, si no pueden, que le dejen el paso a la nueva Corte”.

La Presidenta aclaró que no se trata de actuar contra ninguna empresa, sino de garantizar justicia para todas las personas sin privilegios.

“Nadie dice que actúen mal o que actúen contra una empresa. Todos tenemos derecho a la justicia: las empresas, la gente pobre, todos. Nadie por encima de la ley. Pero que expliquen, así como Lenia explicó públicamente —la ministra explicó públicamente— cuáles son las razones que ella plantea para no estar de acuerdo con esta devolución, pues que otros lo planteen también”, concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Ministras y ministros electos alistan la transición y el plan de trabajo para la SCJN

En su primera reunión, ministras y ministros electos coincidieron en la necesidad de hacer más eficiente y transparente el sistema judicial.

Las ministras y los ministros electos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron anoche el inicio de sus actividades tras recibir las constancias de mayoría emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Ministro Hugo Aguilar Ortiz compartió el comunicado conjunto a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también destacó la importancia de este momento para el Poder Judicial del país.

En el mensaje, las y los integrantes de la nueva Corte informaron que el pasado 23 de junio llevaron a cabo su primera reunión de trabajo “en un ambiente de unidad y concordia”.

Durante el encuentro, intercambiaron opiniones, delinearon actividades clave para la etapa de transición y comenzaron a definir el plan de trabajo institucional.
“El espacio fue propicio para conocernos, intercambiar opiniones y planear las actividades que son indispensables atender durante la etapa de transición”, detallaron.
Además, coincidieron en “reconocer la trascendencia de este momento histórico” y la necesidad de construir una Corte “cercana al pueblo a fin de ganar la confianza de la ciudadanía”, así como en que su prioridad será garantizar justicia para todas las personas.
Asimismo, expresaron su disposición a colaborar con la Comisión de Transición, integrada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la actual SCJN, que tiene el mandato de organizar la transferencia de funciones, recursos y atribuciones hacia esta nueva etapa.

El anuncio de la nueva Suprema Corte cierra con un mensaje directo al pueblo de México: "Refrendamos nuestro compromiso de construir una justicia inclusiva, humana y abierta para todas y todos".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.