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La CIDH advierte riesgos en reformas judiciales y transparencia en México

La vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, cuestiona que la reforma judicial no considera la eficiencia en la impartición de justicia ni aborda la crisis de impunidad. En entrevista, también critica la eliminación del INAI, un organismo que México había promovido como ejemplo en transparencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó al gobierno de México su preocupación por los cambios en la vida pública del país emprendida por los gobiernos de Morena, incluidos la reforma judicial y la desaparición del instituto que favorecía la transparencia de los asuntos públicos. También dio a conocer su inquietud por la subsistencia de la violencia contra la prensa.

La Comisión “está siguiendo con mucha preocupación algunas reformas constitucionales que tuvieron lugar en México, como por ejemplo la reforma Judicial. También la reforma del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es un tema que nos generó mucha preocupación”, dice la vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, en entrevista con Proceso.

“No solamente nos preocupa lo que hace o no hace el gobierno o lo que se controla o no se controla en relación con el gobierno, porque el sistema Interamericano, el sistema internacional habla de todos los poderes. Nos preocupa mucho la situación del gobierno, pero también la situación de los poderes judiciales y de los poderes legislativos”, que pueden causar responsabilidad. 

En el caso de la reforma al Poder Judicial en México, advierte que no se tomó en cuenta la eficiencia de la impartición de justicia al momento de reformar este poder. En su informe anual 2024, la CIDH registró sus observaciones sobre la reforma que permitirá la elección de jueces, magistrados y ministros, así como de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

La también relatora para Memoria, Verdad y Justicia; y Movilidad Humana de la Comisión Interamericana expresó:
La reforma tiene que incluir al Ministerio Público, a la Fiscalía. Por eso, teniendo en cuenta la impunidad que impera en México, nos preocupa que la reforma no haya incluido, por ejemplo, a la Fiscalía y que tampoco haya incorporado como un dato principal la impunidad de los casos, que eso es un tema que la Comisión Interamericana viene siguiendo hace mucho tiempo.
Abogada argentina, Pochak es la primera vicepresidenta de la CIDH, electa para el periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027. Además de ser relatora para México, lo es para Bahamas, Guatemala, Honduras y Uruguay.

Considera que “todas estas medidas han sido objeto de grave preocupación por parte de diversos actores que han cuestionado, sobre todo, la elección popular como método para la selección de autoridades judiciales idóneas e independientes, las posibles afectaciones a la garantía de inamovilidad del cargo y los derechos laborales de las autoridades judiciales salientes. 

“En esta línea también se puso de relieve ante la Comisión la relación entre la posible elección de autoridades judiciales inidóneas y el derecho de acceso a la justicia de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Algunos de estos temas fueron tema de pronunciamiento público de la CIDH”. 

En ese punto refirieren al comunicado de la Comisión de septiembre del año pasado: 

“La Relatora Especial sobre la independencia de personas magistradas y abogadas de Naciones Unidas señaló su preocupación por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos. 

“Por ejemplo, indicó que las consideraciones políticas podrían superponerse a los méritos objetivos en la selección de personas juzgadoras, y advirtió los riesgos en la estabilidad del cargo, así como afectaciones a la autonomía administrativa y disciplinaria de la judicatura”.

A un año de la elección que dio triunfo a la presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión presentó un informe en el que agrega la preocupación sobre la elección judicial, “en la audiencia pública convocada por la CIDH, el Estado reconoció no contar con un diagnóstico que haya determinado el modelo de reconfiguración de sus tribunales a través del voto popular”. 

Incongruencia mexicana

Otra de las preocupaciones es la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Para Pochak, “por un lado, en 2024 nosotros advertimos con preocupación la disolución de este organismo, no me puedo adelantar a cómo se va a implementar la política en 2025. 
Es algo que estamos monitoreando y que eventualmente va a ser motivo del informe”.

Sin embargo, hay un elemento que llama la atención en el informe de 2024, “es que nos preocupaba la disolución, la modificación abrupta de la institucionalidad en materia de acceso a la información, porque había sido el propio Estado mexicano el que en varias ocasiones había levantado el INAI como un modelo para garantizar el acceso a la información y
la transparencia. 
El propio Estado mexicano había mostrado el INAI como un modelo exitoso, de defensa del acceso a la información y la transparencia. 
Expuso que “en muchas otras oportunidades en que la Comisión Interamericana consultó sobre el acceso a la información y la transparencia, México reconocía como importante la estructura, la institucionalidad del INAI y tampoco nosotros conocemos y México no nos ha informado al respecto, de cuál fue el diagnóstico por el cual modificaron abruptamente la institucionalidad en materia de acceso a la información”.

La relatora Pochak reconoce que los Estados tienen la posibilidad de definir cómo garantizar el derecho de acceso a la información pública y los parámetros que deben seguir, lo cual, también, debe ser un trámite gratuito. 

Ataques desde el poder

El tercer elemento de preocupación para la CIDH son las desapariciones, la violencia en general. En lo específico habló de la violencia contra periodistas como “un fenómeno que lamentablemente se mantiene en los años, que no se ha reducido, ni se ha modificado; es una práctica que se está manteniendo”.

Además, recientemente los asesinatos se dieron en un entorno de estigmatización que en muchas ocasiones se propicia desde quienes ostentan el poder. De acuerdo con el informe Anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México se ubica como el país de la región con las cifras más altas de esta violencia durante el año pasado.

El Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indica que “continuó registrando con preocupación la violencia letal contra periodistas en México, con al menos ocho asesinatos, además de reportes de ataques armados, desapariciones forzadas, secuestros, detenciones arbitrarias y obstrucción de la labor periodística”. 

Agrega que “estos hechos se producen en un contexto de estigmatización hacia la prensa y una elevada tasa de impunidad, lo que contribuye a un ambiente de temor, autocensura y desprotección. Aunque el Estado ha informado sobre avances en el fortalecimiento del mecanismo de protección, persisten denuncias sobre las deficiencias y la falta de efectividad en las medidas de prevención y protección de dicha entidad”. 

La comisionada Andrea Pochak abordó el tema de manera general entre quienes son gobernantes: “Una cosa es criticar o revertir información, contradecir con nueva información y otra cosa es hostigar o tener discursos amenazantes o estigmatizantes contra las personas periodistas o defensoras. Eso no está protegido por la libertad de expresión”.

Impunidad en la filtración de datos personales

Dice a Proceso que este tipo de discursos “vulnera la libertad de expresión, porque puede generar por lo propio una situación de miedo o de autocensura por parte del comunicador. Entonces, la Comisión Interamericana también releva la situación de discursos estigmatizantes por parte de autoridades públicas”.

La Relatoría Especial “enfatiza que el asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura, y vulnera el derecho a la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, pues genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares, y afecta además el derecho de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

La Relatoría también denuncia la filtración de datos personales, contenida en las credenciales de elector del INE de reporteros registrados en la Presidencia de la República, para su ingreso a las conferencias matutinas del sexenio pasado. 

Recuerda que el Relator Especial para la Libertad de Expresión “señaló que las autoridades deben tomar contacto con afectados y ponderar el riesgo que esto pueda representar, así como dar cuenta sobre lo sucedido, indicar medidas para evitar repetición, e investigar y sancionar a los responsables”.

De manera contraria, la Fiscalía General de la República no ha mostrado seguimiento a quienes presentaron una denuncia y el gobierno mexicano no dio mayor información sobre las sanciones a los responsables de esta filtración que vulneró la seguridad de representantes de medios de comunicación. Algunos de los responsables, incluso, continúan en los más altos niveles de gobierno.

También registró más informes sobre la estigmatización a la prensa, la cual reconoce como “impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la sección diaria previamente conocida como “Quién es quién en las mentiras de la semana”, implementada desde junio de 2021 con el alegado fin de “analizar, verificar y aclarar las noticias imprecisas de interés general para la población”.

La relatora reconoce como positivo que en el informe se dé cuenta del fortalecimiento del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas; aunque “lamentablemente no es suficiente para prevenir estos hechos y también llamamos la atención no solamente en el caso de la violencia contra periodistas, sino en general en el caso de violencia en México, la impunidad, un hecho que favorece y que hace que se perpetúe la violencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Diputados corrigen error que cometieron al aprobar la reforma judicial

Los legisladores no verificaron que existieran contradicciones entre los artículos de la Constitución en cuanto a la forma de elegir al presidente de la SCJN y la duración del cargo.

Diputados oficialistas avalaron en comisiones un dictamen que deroga el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución, que estaba en conflicto con el artículo 97 y que habla sobre el procedimiento de elección y duración de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

El error se dio durante la aprobación de la reforma al Poder Judicial, al no verificar que existieran contradicciones entre los artículos de la Carta Magna. 

El párrafo sexto del artículo 97, que busca ser eliminado, establece que la elección de la presidencia de la SCJN se realizará por los miembros del Pleno cada cuatro años, mientras que el artículo 94, aprobado en la reciente reforma del Poder Judicial por Morena y sus aliados, establece que la presidencia se renovará cada dos años mediante un sistema rotatorio basado en el número de votos obtenidos.  

La oposición ve contracciones y trampas legislativas

La diputada del PRI, Nadia Navarro, resaltó que votarán en contra porque el dictamen representa un seguimiento a contradicciones y trampas legislativas que se realizaron al aprobar la reforma Judicial.  

“Ha sido una reforma que se costó sin consenso, sin debate real, y lo más grave, pues, sin una legitimidad democrática. Es por eso que hoy lo que se nos propone no es una simple corrección que abone a la solución de una antinomia que prevé para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que es el resultado de una reforma que fue plagada de inconsistencias, de contradicciones, de trampas normativas como las que hoy se intenta resolver”, explicó.  

Por su parte, la diputada del PAN, Paulina Rubio, también detalló que votarán en contra del dictamen porque representa una contradicción y no sólo una corrección técnica.  

“No podríamos tratar de avalar una contradicción con otra contradicción mucho más grande, con una contradicción del verdadero fondo que tiene esto, que fue la destrucción del Poder Judicial.  

“Me parece increíble, de verdad, que a estas alturas ustedes hablen de que con esto se enmienda algo, como si el daño a nuestras instituciones no hubiera sido tan profundo, que modificar hoy esto es de verdad irrelevante, lo que sí sería realmente relevante, lo que sí abonaría a enmendar, a remediar, a solucionar, a componer, sería que tuvieran el valor de reconocer hoy aquí y ahora que la elección para jueces, ministros y magistrados ha sido un verdadero fracaso, por el solo hecho de ser un verdadero fraude”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Exjuez responde a Morena: “Me utilizan para justificar la reforma judicial”

En entrevista con Proceso, el exjuez de Distrito Faustino Gutiérrez se defiende de legisladores morenistas que lo señalan de proteger mediante una red de jueces al exgobernador Francisco Cabeza de Vaca, quien es investigado por delincuencia organizada.

El exjuez de Distrito Faustino Gutiérrez Pérez afirmó que los legisladores de Morena no sólo mienten al acusarlo de favorecer y tener vínculos con el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino que lo están utilizando para justificar la reforma judicial.

En entrevista con Proceso, el exjuez respondió a los legisladores de Morena que el pasado 7 de mayo, en conferencia de prensa, afirmaron que dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) existe una red de juzgadores que supuestamente protegen al exmandatario estatal para que no sea procesado penalmente por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

De acuerdo con la información difundida por integrantes de las bancadas morenistas en las cámaras de Diputados y Senadores, en el año 2021 Faustino Gutiérrez Pérez era juez Octavo de Distrito en Reynosa y recibió el expediente 669/2021 del amparo tramitado por García Cabeza de Vaca contra cualquier orden de aprehensión.

La orden había sido solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada, pese a que en ese momento García Cabeza de Vaca aún se encontraba en el cargo y contaba con fuero.

“Se resolvió que la orden de aprehensión girada contra el gobernador en funciones era ilegal porque tenía fuero, así de simple, y eso fue ratificado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021; pretendían ejecutar una orden de captura contra un funcionario sin antes quitarle el fuero”, precisó el exjuez.

Luego de este amparo, al final de su mandato García Cabeza de Vaca tramitó otro juicio con número 2477/2022 que también conoció el juez Faustino Gutiérrez Pérez quien, de inicio, le concedió una suspensión para que no pudiera ser detenido mientras se resolvía el amparo.

Al respecto, el ahora juez retirado explicó que en ese expediente el exgobernador ya no contaba con fuero, pero al analizar el fondo del asunto determinó que la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/000039/2020 y las pruebas aportadas por la FGR eran insuficientes para sustentar la orden de aprehensión.

“Las pruebas eran insuficientes y los argumentos del fiscal eran inverosímiles, por ejemplo, decía que había una operación por una cantidad de dinero y que, como era un monto alto, me parece que como 60 millones de pesos, su origen era ilícito. En el amparo se dijo que el hecho de que fuera una cantidad grande, esa sola circunstancia no la hacía ilícita, porque incluso había una declaración ante el SAT aportada como prueba por una cantidad similar”, refirió Gutiérrez Pérez.

Los legisladores morenistas afirmaron que en este amparo el juez fue más allá de lo planteado en el juicio y ordenó que no fuera vinculado a proceso; sin embargo, el exjuez indicó que su resolución permitía a la FGR perfeccionar su investigación contra el exgobernador y, por tanto, sustentar la legalidad de la orden de captura.

“Nunca dije ni que fuera inocente, ni que ya la carpeta la cerraran, o sea, yo nada más dije que así como estaba la carpeta no sustentaba una orden de aprehensión. En ningún momento se dijo que ya no podían seguir investigando y recabar más pruebas, al contrario, la Fiscalía en todo momento podía seguir haciéndolo.

“La sentencia fue revisada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno de Circuito, quien repuso el procedimiento porque consideró que no se había emplazado a un ministerio público, por ello, una vez que se realizó esto se dictó una nueva sentencia por la jueza que me sustituyó en ese juzgado, es decir, la resolución final de ese amparo ni siquiera la dicté yo, porque ya no estaba en ese juzgado”, aclaró.

“La sentencia de esa jueza está pendiente de revisión en el Primer Tribunal Colegiado porque resolvió en el mismo sentido que yo resolví, es decir, no fui el único que advirtió la ineficiencia de la Fiscalía y el recurso es el 54/2024”.

El asunto de los escoltas

En el año 2023 Faustino Gutiérrez recibió el expediente de amparo 1431/2023 en el que García Cabeza de Vaca, ya como exgobernador, impugnó la orden de rotar o sustituir los escoltas que tenía asignados.

Morena acusó que en su resolución el juez ordenó no sustituir a los escoltas para evitar que la Secretaría de Seguridad Pública o cualquier otro ente de gobierno dispusiera de ellos.

“La orden no estaba fundada ni motivada, sólo eso, nunca se dijo otra cosa. Desde mi punto de vista le faltó al gobierno del estado, particularmente al Secretario de Seguridad Pública, explicar cuáles eran las necesidades del servicio para justificar que iba a rotarle los escoltas. Eso fue todo lo que yo dije, No dije que no se los podían quitar, jamás dije eso en mi sentencia”, enfatizó el exjuez.

“En todo momento mi actuación como juez ha sido y fue siempre apegada a la Constitución, eso es precisamente lo que les molesta, por cierto, porque ellos quisieran que los jueces resolvamos como ellos quieren, que es lo que va a pasar con su reforma ilegal”.

Rechazó que luego de estar al frente del juzgado Octavo de Distrito en Reynosa hubiera sido removido a Matamoros por acusaciones públicas de coludirse con funcionarios para beneficiar a García Cabeza de Vaca, como indicaron los legisladores de Morena.

“Desde hace cuatro años han sido los mismos señalamientos, no hay nada nuevo. Ese asunto del exgobernador ya lo he explicado un montonal de veces. Y los diputados siguen con lo mismo, lo mismo. Nunca jamás han dicho un solo nombre de un funcionario con el cual me haya coludido”, indicó.
 
Señalamientos de legisladores

Los legisladores de Morena acusaron que una vez que Gutiérrez Pérez solicitó su jubilación se convirtió en abogado de García Cabeza de Vaca y que cometió tráfico de influencias con jueces y magistrados de Tamaulipas a favor del exgobernador.

“Yo me acabo de jubilar el 30 de diciembre y yo nunca, jamás en la vida ni me he ostentado, ni soy apoderado ni nunca he entablado una conversación con el exgobernador. Es más, lo conozco y sé quién es, pero jamás he platicado con él y menos he sido su apoderado.

“No sé de dónde sacaron que yo me ostento apoderado legal de él, yo jamás en la vida. Yo hacía mi función como juez y hasta ahí. Para empezar no puedo ser representante legal de ninguna persona ni de ninguna empresa en Tamaulipas porque la Constitución me lo prohíbe aquí”, enfatizó.
Reprochó que públicamente integrantes de Morena lo han acusado de lucrar con los supuestos vínculos que tiene con García Cabeza de Vaca y afirmó que si revisan sus declaraciones de impuestos no habrá ninguna irregularidad.
Destacó que en sus acusaciones Morena señaló que el Tribunal Colegiado que ha conocido de las impugnaciones en los amparos de García Cabeza de Vaca tiene entre sus integrantes a Piedad Carmen Hernández, secretaria en funciones de magistrada, a quien identificaron como su esposa.

“Yo tengo 12 años que me divorcié, entonces la licenciada que mencionan ahí tiene 12 años que no es mi esposa. Ella trabaja en un tribunal, yo no tengo nada que ver en su trabajo ni mucho menos”, señaló.
Es puro amarillismo por parte de los diputados. Ésa es la realidad, esto es nada más porque quieren justificar la ilegal reforma judicial, por eso están golpeando a los jueces para decirle a la sociedad ‘miren cómo estaba el Poder Judicial de podrido’. Son unos mentirosos, unos cínicos, eso es lo que son.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Jueces y magistrados denunciarán ante la ONU violaciones a la independencia judicial por elección de personas juzgadoras

La directora de la asociación de jueces y magistrados, la jueza Juana Fuentes Velázquez, informó que también denunciarán ante la ONU al gobierno federal y a Morena en el Congreso por violar las resoluciones que ordenan detener la reforma al Poder Judicial.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) denunciará ante las Naciones Unidas la anulación de la división de poderes en el país y las “graves violaciones” a la independencia judicial por la implementación de la reforma al Poder Judicial.

Mediante un comunicado, la directora nacional de la asociación, la jueza Juana Fuentes Velázquez, dio a conocer que se encuentra en una gira de trabajo en Ginebra, Suiza, en el marco del 58º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde buscará reunirse con representantes de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con integrantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y el Centro para los Derechos Civiles y Políticos.

Dichos encuentros, dijo, tienen el objetivo de informarles acerca de “las graves violaciones a la independencia judicial” que ocurren en México por la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El objetivo central de la visita es sostener reuniones con representantes del sistema de Naciones Unidas para actualizarlos sobre las graves violaciones a la independencia judicial que están ocurriendo en México al implementar la regresiva reforma judicial impuesta desde el Poder Ejecutivo y su partido”, sentenció en el comunicado.

Añadió que planteará el despido masivo de personas juzgadoras a causa de la reforma judicial y que la elección mediante el voto popular que se llevará a cabo el 1 de junio próximo carece de garantías y gira en torno a “irregularidades, intromisiones y manipulación” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la jueza Fuentes Velázquez, quien refutó que la elección judicial se trate de una “modernización”, dijo que denunciará ante la ONU y otras instancias que el gobierno federal y la mayoría de Morena en el Congreso han violado las resoluciones que ordenan detener la reforma judicial.

“Venimos a Ginebra a encender las alarmas internacionales. La comunidad internacional debe saber que la democracia mexicana está siendo socavada desde adentro. Hoy más que nunca necesitamos una solidaridad activa con quienes defendemos la justicia desde los tribunales”, dijo Fuentes Velázquez.

Elección judicial, en medio de crisis de derechos humanos: Jufed

En su mensaje, la directora nacional de la Jufed agregó que la implementación de la reforma judicial ocurre en el contexto del descubrimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde localizaron un campo de adiestramiento del crimen organizado.

De esta manera, la jueza advirtió que la reforma al Poder Judicial se produce en medio de una crisis de derechos humanos en México y señaló que una elección de jueces, magistrados y ministros que ocurre en el “en el contexto del crimen organizado posibilita su infiltración” en los procesos de selección.

“Lo que está en juego no es solo la carrera 3 judicial, sino la seguridad, la justicia y la libertad de millones de mexicanas y mexicanos”, señaló.

Jueces y magistrados denuncian actos contrarios en elección judicial

Esta no es la primera vez que la asociación de jueces y magistrados denuncian ante un organismo internacional hechos relacionados con la elección de personas juzgadoras.

El pasado mes de enero, la Jufed denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en México se producen actos contrarios a la Constitución para “cooptar al Poder Judicial” a través de unas “elecciones viciadas”.

Desde Costa Rica, donde se ubica la sede del organismo, la directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, dio a conocer que sostuvo reuniones con integrantes de la Corte y de otras instituciones para fortalecer alianzas y defender la independencia del Poder Judicial.

“Día con día se acumulan violaciones a la ley de amparo y se producen actos contrarios a nuestra Constitución y a las convenciones internacionales, dirigidas a llevar a cabo el golpe de la independencia del Poder Judicial y su cooptación mediante elecciones no seguras y viciadas”, sostuvo la juzgadora a través de un mensaje.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con la reforma judicial, el caso de la tesis de Esquivel no podrá investigarse: magistrado

Conforme a la reforma judicial, el caso del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa no podría ser investigado por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) por no tratarse de un tema vinculado directamente con su actividad jurisdiccional.

Así lo consideró en entrevista para Proceso el magistrado Jaime Santana Turral, actual candidato a ocupar un lugar en el TDJ y quien durante la administración del ministro en retiro Arturo Zaldívar, al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF), fue secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El TDJ, junto con el órgano de administración judicial, será uno de los que sustituirá al CJF a partir de septiembre próximo, conforme a la implementación de la reforma judicial.

Por primera vez, dicho órgano tendrá facultades para investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes actualmente sólo pueden ser sancionados por algunas causales por la Contraloría del Máximo Tribunal.

Para Santana Turral, si las acusaciones contra Esquivel Mossa hubieran surgido después del inicio de funciones del TDJ, no sería procedente iniciar una investigación en su contra.

“Con la reforma judicial lo que se va a proteger es la impartición de justicia, eso es lo que se tiene que ventilar. Entonces en una opinión inicial o de manera muy preliminar considero que si la circunstancia (del supuesto plagio) no hubiese estado vinculada directamente con su ejercicio profesional, pudiera ser que hubiera estado en entredicho la admisibilidad de una denuncia de esas características”, comentó.

Denuncia empantanada

La denuncia contra Esquivel Mossa se encuentra empantanada en una consulta sometida por la ministra presidenta Norma Piña a sus compañeros en la SCJN debido a que nunca había sucedido que un integrante del Pleno fuera denunciado por hechos ocurridos más de 30 años antes de ser designado ministro.

En dicho expediente también se encuentra la denuncia presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores acusados de presionar a juzgadores para emitir sentencias “a modo” y otra denuncia presentada contra Norma Piña por reunirse con magistrados electorales y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en diciembre de 2023.

Jaime Santana Turral detalló que en el CJF la Comisión que encabezó recibió diversas denuncias contra la administración del ahora ministro en retiro, Luis María Aguilar Morales, en el Poder Judicial, muy parecidas a la que fueron presentadas contra Zaldívar y sus excolaboradores.

Dichas denuncias eran anónimas y aunque relataban conductas escandalosas no acompañaban ninguna prueba, razón por la que dijo que, a diferencia de lo que ocurrió con la de Zaldívar, nunca se les dio trámite.

“Durante toda mi gestión, los cuatro años exactos en los cuales estuve al frente de esa responsabilidad nunca se pudo generar, nunca se inventó, ni se generó documento o denuncia falsa. Eso nunca existió. Todo está transparente, todo se puede ser revisable”, enfatizó.

“Este tipo de denuncias no son extrañas. En mi época como secretario ejecutivo en la Comisión de Disciplina hubo denuncias anónimas en contra de la administración del ministro Luis María Aguilar, en contra de mi antecesor también, pero tenían las mismas características: eran denuncias genéricas, anónimas, sin pruebas. De no haber sido anónimas el estándar de prueba es más bajo y el presidente del CJF podía ordenar las investigaciones, pero si no era así no se podía investigar, y así pasó con estas denuncias”.

El nombre Jaime Santana Turral fue mencionado en la denuncia contra Zaldívar porque supuestamente desde la Comisión que encabezaba se presionaba a jueces y magistrados para resolver casos conforme a los intereses del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien el entonces ministro presidente de la Corte siempre se mantuvo cercano.

La ministra presidenta Norma Piña ordenó admitirla a trámite e iniciar investigaciones en el CJF contra los excolaboradores de quien fue su antecesor en la presidencia del Poder Judicial.

Sin pruebas

Zaldívar no podía ser investigado porque no existe, hasta ahora, ningún mecanismo que permita sancionar a los ministros o ministros en retiro de la Corte por parte del CJF.

“Fue una denuncia anónima y en términos de la Ley General de Responsabilidades , aunque sí se permiten estas denuncias, y de la normativa que regula este tema en el PJF, requiere una condicionante que es que debe estar sustentada en pruebas y no cualquier prueba, sino pruebas de carácter documental, de lo que adolecía esa denuncia”, explicó Santana Turral.

“De manera irregular no se señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar de las múltiples conductas que se señalaron, ponía a todos en ciertos cajones como que todos extorsionaron, presionaron, se aliaron a cierto bufete o a algún personaje político, de tal manera que en cada uno de esos cajones hacían imputaciones de carácter genérico”.

El magistrado fue señalado por “hacerle la vida imposible” a la magistrada Isabel Porras, quien supuestamente se habría negado a resolver conforme a las exigencias de Carlos Alpízar, excolaborador de Zaldívar, un amparo tramitado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, procesado penalmente en la administración de López Obrador por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Sin embargo, Santana Turral afirma que esto nunca ocurrió e incluso se dijo amigo de la magistrada Porras.

“En el área en la cual yo me encontraba ella tenía algunos temas de procedimientos de responsabilidad, sin embargo, aunque en la normativa del Consejo no existe la figura del impedimento de los secretarios ejecutivos, yo solicité al entonces presidente que en todos los temas relacionados con la magistrada Porras se me excusara derivado de la amistad que tengo con ella. El presidente estuvo de acuerdo y lo sometió al Pleno del Consejo y me excusaron”, relató.

“Yo no tenía bajo ninguna circunstancia la posibilidad ni de favorecer, pero menos aún, de coaccionar, de presionar a mi amiga la magistrada Porras”.

Reconoció que al llegar a la Comisión de Disciplina advirtió a Zaldívar que dentro del PJF existían conductas graves que debían ser atendidas de manera urgente, como el acoso sexual, abusos, violaciones, sentencias irregulares, que permanecían ocultos en la institución o cuyos procedimientos disciplinarios llevaban años estancados.

Mal cálculo político

Para Santana Turral, la filtración de la denuncia contra Zaldívar a medios de comunicación pudo venir directamente de la ministra presidenta, Norma Piña.

“Si vemos el resultado de las cosas y cómo fue evolucionando este tema, pues yo tampoco podría dudar que ella (la ministra Piña) fue la que estuvo detrás de esta situación. Yo considero que eso pudo haber sido un tema de un mal cálculo político de la señora ministra de poder utilizar esta denuncia para tratar de perjudicar a Arturo Zaldívar quien ya estaba colaborando con Claudia Sheinbaum”, refirió.

“Yo creo que esto estaba más orientado a tratar de desprestigiar la campaña de la presidenta, ésa fue la lectura que yo le di en ese momento porque no encontraba justificación de por qué, esa denuncia refiere hechos de 2019 a 2022, cuatro años de conductas irregulares, donde nadie dijo nada”.

Recordó que en diciembre de 2023 la ministra Piña se reunió con los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, así como con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno.

El 16 de mayo de 2024, Proceso informó que dicha reunión tenía como objetivo realizar una transición tranquila en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la elección exprés de Mónica Soto en su lugar, pero que la presencia de Alito Moreno no fue requerida por Piña Hernández.

Sin embargo, para Santana Turral la presencia del priista en dicha reunión confirma la teoría de que Piña filtró la denuncia contra Zaldívar para evitar que Claudia Sheinbaum llegara a la Presidencia de la República.

“Yo no veo otra finalidad distinta. En diciembre previo a este año se realizaron reuniones entre la ministra presidenta y otros actores políticos que no eran acordes al partido de la presidenta Sheinbaum”, apuntó.

La denuncia contra Zaldívar y sus excolaboradores fue desechada el pasado 4 de diciembre de 2024 por mayoría de votos de los consejeros de la Judicatura afines al gobierno federal: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Sergio Javier Molina Martínez y Eva Verónica de Gyvés Zárate.

Esto, al resolver un recurso presentado por Carlos Alpízar, exsecretario técnico del CJF, en el que consideraron que la ministra Piña no debió admitir a trámite la denuncia por ser anónima y no traer pruebas.

Simpatizante de la 4T

El candidato a magistrado del TDJ se considera partidario de la 4T, aunque no está afiliado a ningún partido político, pero reconoció que comparte muchos de los ideales morenistas.

“El tema de los excesos, el tema de la prepotencia del servidor público, me parece que es inconcebible, es inaceptable”, indicó.

“Toda mi mi vida ha estado dedicada a que el servicio público se transforme y sea un servicio público cercano a la gente. No es un discurso, es la vida que yo he desarrollado durante ya 30 años en el Poder Judicial”.

Por ello, aunque él viene de la carrera judicial y reconoce que tiene beneficios, afirma que este mecanismo de designación de juzgadores no resolvió los problemas internos del PJF que lo tienen hoy en plena implementación de la reforma judicial impulsada por Morena.

“La soberbia que manejó al Poder Judicial durante décadas fue lo que nos puso un estado de desventaja donde la sociedad no estaba empatizada con nosotros. En cuanto se propuso a esta reforma al Poder Judicial de la Federación pues no había sociedad que pudiera respaldarnos, porque el Poder Judicial siempre estuvo alejado de la gente”, sentenció.

“Soy de carrera judicial, pero la carrera judicial no lo resolvió todo. La carrera judicial sí nos dotó de ciertas capacidades técnicas, pero no nos dotó de ninguna capacidad operativa ni ninguna capacidad de acercamiento con la sociedad. Nos deslegitimamos y por eso creo que el tema de la elección a través del voto popular nos puede dar la posibilidad de poder recuperar esa legitimación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

La reforma judicial es un primer intento y es perfectible: Yasmín Esquivel

En el contexto de una próxima campaña y elecciones judiciales, la ministra Yasmín Esquivel estuvo presente este viernes 21 de febrero en Mexicali como parte de su agenda de trabajo, donde fue cuestionada sobre la reforma al Poder Judicial Federal que pretende someter a votación popular la elección de jueces, magistrados y ministros. La ministra consideró que este ejercicio es perfectible y que debe incluirse a los sectores prioritarios.

Tras una conferencia privada en la que habló sobre las necesidades del nuevo Poder Judicial que se pretende instaurar con la elección judicial, la ministra ofreció una atención a los medios de comunicación, donde fue cuestionada sobre diversos temas, entre ellos, la integración de las boletas, la forma de votar y las carencias del planteamiento inicial del primer ejercicio electoral en la materia.

Consideró que dentro de la reforma judicial no se contemplaron las cuotas electorales derivadas de acciones afirmativas, salvo el tema de paridad. Sin embargo, a diferencia de los comicios de diputados, senadores, alcaldes, dirigentes de partidos e incluso gobernadores, en este proceso no se contempla la inclusión de personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, juventudes, comunidades indígenas, entre otros elementos a considerar.

Aseguró que este es un primer ejercicio y que este tipo de elementos deben considerarse en los próximos procesos de votación. También destacó que el plan es realizar procesos de selección cada tres años.

Comentó que, de los más de 260 aspirantes a cargos en el Décimo Quinto Circuito, que corresponde a Baja California, hay jueces y magistrados con experiencia dentro del Poder Judicial, y la ciudadanía tendrá el derecho de decidir si los respalda o prefiere nuevos perfiles.

“Los trabajadores del Poder Judicial deben confiar en que el segundo transitorio respetará todos los derechos y prestaciones de las condiciones generales de trabajo. Inclusive, eleva las condiciones laborales. Las condiciones generales de trabajo están en el transitorio”, refirió ante las inquietudes de trabajadores de la institución que temen perder sus cargos y la carrera judicial.

Respecto a la posibilidad de que funcionarios de administraciones estatales puedan competir sin experiencia en el cargo, aseveró que hay una serie de evaluaciones que deberán cumplir. Si logran pasar y concluyen en la lista final, y son designados, tendrán el derecho de ocupar el cargo, siempre y cuando sean respaldados por el voto popular.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Ricardo Monreal respalda denuncia a jueces que otorgaron suspensiones a reforma al Poder Judicial

“Es importante destacar que con esta resolución simplemente se deja a la organización electoral fluir de manera correcta y que no habrá obstáculos", señaló Monreal.

Luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los dos jueces que autorizaron las suspensiones para frenar la reforma al Poder Judicial, Ricardo Monreal respaldó la denuncia ya que afirmó que la Corte actuó de forma indebida.

En conferencia de prensa, el legislador morenista explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni los juzgados, ni tribunales debieron conceder suspensiones a la reforma electoral, ya que sólo le compete al Tribunal Electoral.

“Para nosotros en el Poder Legislativo, la mayoría legislativa interpreta la Constitución que esta le concede al Tribunal Electoral facultad exclusiva para resolver temas electorales. Toda la materia electoral tiene que resolverla como única instancia el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tiene toda nuestra confianza y respaldo institucional.

“La Corte no debió haberse involucrado en este tipo de resoluciones. Ni juzgados de distrito, ni tribunales colegiados de circuito o unitarios debieron haber concedido suspensiones sobre la reforma en materia electoral; al único que le compete, al único que la Constitución le faculta, es al Tribunal Electoral… Creo que la Corte actuó de manera indebida, se entrometió, actuó de manera injerencista y desobedeció a la Constitución”, explicó.  

El diputado morenista resaltó que lo importante es que se deja a salvo que la elección para elegir juzgadores, funcionarios judiciales y está en proceso para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice y el Tribunal dirima cualquier diferencia que se suscite sobre el particular.

“Es importante destacar que con esta resolución simplemente se deja a la organización electoral fluir de manera correcta y que no habrá obstáculos, ni por jueces, ni por magistrados, ni por ninguna autoridad para obstaculizar. No habrá pues obstáculos para llevar a cabo la elección de juzgadores”, finalizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

El Consejo de la Judicatura Federal denunciará ante la FGR a jueces que han frenado la reforma judicial

Magistrados federales acusaron que los consejeros Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés, Celia Maya y Sergio Javier Molina, quienes integran la “mayoría oficialista”, acordaron dar vista a la FGR contra los jueces de Michoacán y Jalisco que dictaron esos fallos.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces que han otorgado suspensiones y amparos para frenar la reforma judicial. 

Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF), magistrados federales acusaron que los consejeros Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés, Celia Maya y Sergio Javier Molina, quienes integran la “mayoría oficialista”, acordaron dar vista a la FGR contra los jueces de Michoacán y Jalisco que dictaron esos fallos.

“Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias tanto materiales como de recursos humanos para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones que además adoptan en ese libre albedrío”, señaló la magistrada Julia María del Carmen García González. 

La conferencia de este viernes fue la última que realizarán los juzgadores pues consideraron que el fallo emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) implicó la muerte de la República porque dio vía libre a la implementación de la reforma judicial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.