Las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones aprobadas por el Congreso son consideradas por familiares de víctimas desde un logro, debido a que pudieron incidir en el proceso legislativo mediante las mesas de trabajo organizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta “una trampa” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que les recuerda otros acercamientos entre el Gobierno federal y las víctimas.

“Es un gran logro, porque en el sexenio [de Andrés Manuel López Obrador] no hubo oportunidad de dialogar ni de proponer”, asegura Martín Villalobos, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), quien busca a su cuñada Mónica Alejandrina Ramírez, desaparecida en 2004 en la Ciudad de México.

Para Patricia Manzanares, del colectivo Todos Somos Iguales de la Ciudad de México y de Nuevo León, el proceso fue “una trampa” de Sheinbaum. “Las mesas sirvieron para legitimar una modificación a la ley que la presidenta ya había mandado y que detuvo para hacer un circo mediático con las familias y [poder] decir después: las familias aceptaron”, señala la madre de Juan Hernández, policía federal desaparecido en 2011 en Nuevo León. 

La principal reforma a la ley es la creación de una Plataforma Única de Identidad que permitirá realizar búsquedas y obtener alertas en tiempo real al cruzar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas desaparecidas con bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Banco Nacional de Datos Forenses y la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La CURP, tras las modificaciones aprobadas a la Ley General de Población, se convierte en la “fuente única de identidad” en México; incorporará datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, y su uso será de carácter obligatorio para realizar trámites o contratar servicios.

El uso de la Plataforma Única de Identidad estará condicionado a la existencia de una ficha de búsqueda o un número de carpeta de investigación, y la consulta de los datos biométricos a la búsqueda, localización e identificación de una persona desaparecida. Para poder tener acceso al padrón del Instituto Nacional Electoral será necesaria, como hasta ahora, la firma de convenios de colaboración.

Jorge Verástegui, cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), una de las primeras organizaciones de familiares de víctimas constituida durante la “guerra contra el narcotráfico”, asegura que las reformas a la ley no solo reflejan el desconocimiento del Gobierno federal respecto a cómo abordar la crisis de desapariciones y el rezago forense, sino la intención de esta administración por montar “un sistema de vigilancia masiva”. 

“Se está utilizando la problemática de las desapariciones para montar este sistema. No hay nada lo suficientemente bueno en el dictamen para respaldarlo, es mucho más grave el resultado que los beneficios”, insiste el también representante de las familias organizadas en torno a la Glorieta de las y los Desaparecidos de la Ciudad de México, quienes habían solicitado un Parlamento Abierto para discutir las reformas. Verástegui busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009 en Coahuila.

Entre las modificaciones que incorpora el dictamen aprobado por el Senado el 27 de junio —que pasó sin cambios en la Cámara de Diputados tres días más tarde— se incluye el concepto de familia social, relativo a las redes afectivas, de cuidado, convivencia o acompañamiento solidario de una persona con las que no tiene un lazo consanguíneo. Esta disposición busca proteger a personas LGBTIQ+ y en situación de calle desaparecidas, considerando que suele ser la familia social —y no la biológica— quien encabeza su búsqueda.

Se incluyó también la obligación de asegurar el trato y resguardo digno de los cuerpos y restos humanos bajo custodia del Estado y, dentro de los transitorios de la ley, que todas las instituciones encargadas de dicho resguardo diseñen, en un plazo máximo de tres meses, programas específicos para la atención del rezago en las identificaciones. A nivel estatal, se obliga a las instituciones forenses a sistematizar sus bases de datos y registros en un plazo no mayor a un año tras la entrada en vigor de la ley.

¿Cómo modificar lo que todavía no se cumple?

Respecto al dictamen aprobado en el Congreso, Manzanares alerta sobre el riesgo que supone la nueva CURP con datos biométricos y su monitoreo en tiempo real. “No nos han explicado cómo lo van a trabajar y nos preocupa no saber cómo serán utilizados esos datos. No cualquier persona puede tener tu información y, de última, eso no sirve para buscar a desaparecidos”, comenta. 

Sobre este punto se pronunciaron más de cien colectivos del país, días antes de la aprobación del dictamen, insistiendo en la idea de que imponer un sistema de vigilancia no contribuye a la búsqueda de sus seres queridos. Contrario a lo sostenido por la Segob, aseguran que las reformas no partieron de una consulta amplia y pública, como sí sucedió con la Ley General en Materia de Desapariciones, aprobada en 2017 después de un proceso de tres años en el que participaron familiares, personas expertas, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades.

“Hoy por hoy, ninguna organización, ninguna plataforma, puede decir que habla por todas las víctimas o por todos los colectivos”, apunta Meyatzin Velasco Santiago, coordinadora del área de educación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Con estas mesas, afirma la defensora, no se agotan las demandas y propuestas de quienes viven día a día la crisis de desapariciones, familias que no están representadas por los colectivos, redes y plataformas con los que Segob se reunió.

Velasco considera que una de las limitantes de las mesas de diálogo fue la centralidad de la Ciudad de México. Aunque la Segob facilitó algunas reuniones virtuales, insiste en que la dependencia debería apostar por descentralizar la atención institucional, por ir a los territorios —donde tienen lugar las desapariciones— y escuchar a las víctimas, de la mano de organizaciones de la sociedad civil locales que llevan años, incluso décadas, acompañándolas.

La defensora menciona también la falta de claridad sobre la metodología para sistematizar o canalizar las propuestas, que incluían la renuncia de las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. 

“La mayoría [de las familias] estábamos en la postura de que, por dignidad, tienen que renunciar”, sostiene Manzanares. 

Tampoco hubo claridad en cómo se seleccionaron las propuestas de colectivos que se tradujeron en las 30 modificaciones a la ley. 

Un tema del que no se quería hablar

Las reuniones con Peña Nieto estuvieron reservadas a las madres y padres de los normalistas desaparecidos, actitud similar a la que mantuvo López Obrador, a pesar de que el mandatario se había comprometido a mantener un diálogo permanente con los familiares de víctimas.

“[Su llegada] fue un retroceso, pasamos prácticamente un sexenio sin ser atendidas”, dice Rodríguez. “Nunca he podido aceptar tanta indiferencia, apatía, cerrazón de puertas. No hubo manera de abrirlas, así, de a cachito”.

Villalobos recuerda los primeros meses del gobierno de López Obrador, que comenzaron “fuertes”. Tras la designación de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2019, se crearon dos instancias destinadas a atender el rezago en la identificación forense: el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en 2019, y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en 2022. “Lamentablemente, todo eso lo desmantelaron al final de su sexenio”.

Ya en el gobierno de Sheinbaum, las mesas con la Segob, insiste Verástegui, fueron “una forma de administrar un problema que les explotó en la cara, del que no querían hablar”. También es un logro de las familias, acota Velasco, del Centro Prodh, para quien estas reuniones son el resultado de “un contexto que nunca dejó de existir”.  

Al grado de que, dos días después de que la Segob comenzara a reunirse con familiares y personas buscadoras, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció la activación del artículo 34, por considerar que las desapariciones forzadas ocurren en México “de manera generalizada o sistemática”. La Presidencia, el Senado y otras instituciones del Estado rechazaron la afirmación. 

“Más de 127,000 personas no desaparecen solo por el crimen organizado”, respondió Tania Ramírez, integrante de H.I.J.O.S. México —hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1977 durante la llamada “guerra sucia”—, durante una de las mesas de trabajo.

Tan solo en los meses de abril y mayo, mientras se desarrollaban las mesas, se reportó el hallazgo de fosas clandestinas en Tijuana y Tecate, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Madera, Chihuahua; Colima, Colima; León e Irapuato, Guanajuato; Aquila, Michoacán; Valle de las Salinas, Nuevo León; Palmar de Bravo, Puebla; Culiacán, Mazatlán, Elota y El Dorado, Sinaloa; Hermosillo y Cajeme, Sonora; Río Bravo, Tamaulipas; Santiago Sochiapan, Veracruz, y Villa de Cos, Zacatecas.

Algunos de estos hallazgos se realizaron sin el adecuado acompañamiento de las autoridades, como sucedió en Zacatecas, donde la Guardia Nacional se negó a dar asistencia al colectivo Escarabajos, mientras en la capital funcionarios de la Segob se reunían con familiares de víctimas. Olimpia Montoya, fundadora del colectivo Proyecto de Búsqueda de Guanajuato y una de las asistentes a las mesas —quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en 2017 en Celaya—, recuerda ese momento: “Les dijimos, ¿cómo es posible que estemos sentadas cuando eso está pasando con las compañeras?”.

“Esto no es un show, no es actuado, no fingimos nada, es la realidad. Todos los días está pasando, se están llevando a personas de todas las edades, de todos los sexos”, señala Adriana Ornelas Gutiérrez, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, y madre de Paulo Gabriel Sánchez Ornelas, desaparecido en 2024 junto a los hermanos Xavier y Fernando Zaragoza en Guadalajara. Ornelas fue una de las primeras buscadoras en entrar al rancho Izaguirre, el pasado enero.

Villalobos espera que el diálogo del Gobierno federal con las familias continúe, incluso más allá de las reuniones de seguimiento previstas con la Segob para revisar temas relacionados con la implementación de las reformas, su reglamentación y presupuesto. “Seguiremos pidiendo [desde el MNDM] una reunión con la presidenta, porque creemos que el empuje que debe tener este tema [las desapariciones en México], tiene que darse desde el más alto nivel”, asegura. 

Para poder “imaginarnos un país en donde no haya más desapariciones”, acota Velasco, es necesario que cualquier proceso que busque proteger los derechos de las víctimas tenga un genuino interés en escucharlas, y que garantice su participación y consentimiento en cada paso, consultándoles y recibiendo retroalimentación constante. De otra forma, asegura, se perderá una vez más la oportunidad de atender “de manera real, profunda, esta crisis”.

En un proceso de apenas cuatro meses, el Gobierno Federal reformó la Ley General de Desaparición Forzada, que había permanecido ocho años sin cambios sustantivos. Las familias organizadas participaron de una manera cosmética en el proceso, siendo invitadas a una serie de eventos apodados “diálogos en Gobernación”, los cuales fungieron como un gran desahogo de múltiples problemáticas que atraviesan las familias en búsqueda, pero no como espacio de consulta sobre estas modificaciones importantes. Sobre todo, porque las familias tendrían muchas cosas que agregar sobre lo que no funciona en la búsqueda de las más de 120,000 personas desaparecidas en México. 

La urgencia gubernamental por el cambio surgió del impacto mediático que en marzo de este año tuvo la denuncia sobre la existencia del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, como un posible espacio de reclusión, entrenamiento o inhumación clandestina de personas. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se conocen avances en la investigación ministerial del predio o sus posibles víctimas, salvo por el anuncio del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, que rechazó la hipótesis del crematorio clandestino, pero eso fue todo. 

La atención mediática de marzo fue perdiendo fuerza con el anuncio presidencial sobre la  “prioridad nacional” que tenían entonces las personas desaparecidas en México, y fue menor para fines de mes, cuando el Ejecutivo envió la propuesta de reforma de las leyes de desaparición y de población. Este lunes 30 de junio, la cámara de Diputados aprobó las modificaciones que ya venían avaladas del Senado, que integraron los datos biométricos y la fotografía a la clave única de registro de población, buscando convertir al documento general de identificación en el país, conocido como CURP, en una “herramienta” para la búsqueda. 

“Una de las críticas centrales a la reforma es que no toca lo más importante que es la búsqueda, fortalecer el sistema nacional y las comisiones. Lo que nosotros decimos es que es una simulación, un caballo de Troya para imponer un sistema de vigilancia masivo de la población, lo cual es muy riesgoso y poco útil para la búsqueda”, dijo en entrevista, Jorge Verátesgui, uno de los familiares movilizados, quien busca a su hermano Antonio Verástegui González y a su sobrino, Antonio Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos desde el 24 de agosto de 2009, en Parras, Coahuila.

CLAUSURA SIMBÓLICA

En la mañana del miércoles 2 de julio, familias de personas desaparecidas hicieron una clausura simbólica en la puerta dos de la sede del legislativo en San Lázaro, en la Ciudad de México, como una forma de mostrar rechazo por las modificaciones legales mencionadas. “Estamos en la cámara de Diputados haciendo esta acción, para dejar constancia de que fue un proceso simulado”, apuntó Verástegui durante el evento. 

La fuente apuntó que la creación de la Plataforma única de identidad, -que en la ley pasa a ser considerada una “plataforma primaria de consulta permanente”- a partir de la modificación de la ley general de población que incluye los datos biométricos de cada persona en su CURP, “registrará todo lo que se hace ante entes privados o públicos”, apuntó. 

La reforma implica la obligatoriedad para los tres niveles de gobierno de hacer un registro “administrativo y consultable en tiempo real”, del CURP de cualquier persona como “mecanismo de identidad oficial”; también se obliga a los privados a generar y compartir información referente a servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, paquetería o “todos aquellos que tengan información útil que sume a las acciones de búsqueda”, según la información oficial publicada por Presidencia. 

“Si vas a comprar al Oxxo, al súpermercado, o hacer una compra en internet, el empresa está obligada a pedirte tu CURP y eso se va a registrar en una plataforma. Igual si vas a una oficina de gobierno a que te presten un servicio. Todo eso queda en manos del Gobierno Federal, sin que se necesite una orden judicial o que exista una investigación criminal para acceder a esos registros. Este tipo de cosas sirven para espiar a las personas, y que no sólo vulneran las privacidad sino también la seguridad, de las personas desplazadas en el país”, sostuvo Verástegui. 

Sus palabras revelan una desconfianza de las familias en búsqueda hacia las instituciones estatales: “el gobierno no ha dado muestras para confiarle todos nuestros datos de manera irrestricta, y la negativa a tener controles judiciales, genera más dudas. Así como no saber realmente quién va a utilizar la plataforma”, apuntó. Según la ley, ésta deberá ser desarrollada en un plazo no mayor a 90 días naturales. 

SIN MEJORAS

Colocando carteles con los rostros y nombres de personas desaparecidas y pintando en el piso, con grandes letras blancas la frase “Sin las familias no, espiar no es buscar”, dejaron plasmada su posición frente a las medidas del nuevo gobierno. Entre ellas, estuvo María Coronado, quien busca a su esposo Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido desde el 27 de mayo de 2011, en Córdoba, Veracruz, quien redobló la desconfianza: “creo que esto es muy peligroso porque de por sí, las familias ya están en riesgo por buscar, ¡imagínate! Con esto van a saber todo lo que hacemos, dónde estamos, dónde nos movemos, si tenemos una reunión. Todo esto es para ponernos en bandeja de plata”, contó en entrevista a Desinformémonos. 

Para la buscadora, la desconfianza ha sido la tónica en la relación con el poder público, la cual se ha nutrido, en sus palabras, por la falta de un diálogo genuino con quienes viven este flagelo: “creo que las reuniones del gobierno con las familias sobre este tema han sido una farsa, porque no invitó a todas. Ellos dan una cifra de que recibieron a más de 500 colectivos y familias que estuvieron de acuerdo con los cambios, cuando eso es una mentira. Desde ahí vuelven a engañar a la sociedad, pero nosotros sabemos que nos siguen poniendo trabajas para encontrar a nuestras familias”, analizó. 

En su caso, considerado de “larga data” en los ámbitos gubernamentales, dado los 14 años y un mes, -según contó Coronado- que lleva en búsqueda: “al gobierno no le importa mi caso, ni los presos políticos hacia atrás y mucho menos los de esta época. Entonces, en la actualidad, día a día, seguimos viendo las desapariciones y no podemos encontrarlos. Somos las familias quienes ponemos a los ministerios públicos, toda la información sobre sus familiares”, apuntó una situación que es común a las buscadoras, quienes además de cargar con el dolor que las embarga, deben cargar con el peso de las investigaciones. “En el caso de mi esposo, lo que ellos tienen es porque yo investigué y lo puse sobre la mesa. Pero cuando voy a verlos, me presentan lo mismo que les dije y les reclamo ¡dime algo que yo no sepa! ¡que tú hayas investigado!”, acusó. En su caso, han pasado tres funcionarios ministeriales encargados de su carpeta, sin mayores avances. 

El día de su desaparición, su esposo salió de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y en el trayecto por el municipio de la Concepción, “él venía en coche y se lo tragó la tierra”, contó. “Iba a recoger a mi hijo, que iba a hacer unas prácticas de fútbol en Querétaro, en segunda división, pero ya no llegó. Yo vivía entonces en Coahuila y quise poner la denuncia allá, pero me dijeron que tenía que ir a Veracruz y cuando llegué, los mismos policías me decían: ¡ah! ¡es que fue atravesando el triángulo de las bermudas! ¡ahí todo el mundo desaparece!”

La aceptación de la desaparición sin la mayor conmiseración que les mostraron los funcionarios públicos, obligó a las familias a afrontar la difícil situación por su cuenta: “tú sola tienes que ver los medios, para moverte, para buscarlos. En ese tiempo, mi hijo enfermó de cáncer y yo corría del hospital, a la marcha, a fiscalía. Era una locura. Y no te das cuenta que tu familia se desintegró, porque el papá está desaparecido, pero la mamá prácticamente también, porque desde temprano sale de la casa y llega hasta la noche, por andar de un lado a otro. Desgastada emocionalmente, físicamente. Ha sido todo muy difícil para nosotros como familia. Y no quiero siquiera ya pensar en cómo está él, en qué condiciones. Todo eso no nos deja en paz, por eso, hoy estamos aquí”, concluyó.

A cinco años de que se concretaran los esfuerzos de familias buscadoras para que en México entrara en vigor la ley en materia de desaparición forzada de personas, diversos mecanismos contemplados en esta siguen pendientes, mientras que la cifra oficial ya rebasa las 109 mil personas desaparecidas.