Su análisis permitió descubrir 95 convenios con 16 compañías que facturaron 276.6 millones de pesos de recursos federales, y que pasaron desapercibidos para los auditores. Esta cantidad de dinero equivale a poco más de lo que cuesta construir y equipar un hospital regional en Veracruz para brindar servicio a 35 mil habitantes. 

La mayoría de estas empresas fachada eran veracruzanas, un par se constituyó en Puebla y una en Guadalajara; algunas tenían direcciones fiscales en viviendas de zonas populares, o socios de bajo perfil o ilocalizables; otras recibieron contratos al poco tiempo de haber sido creadas, pero todas tenían al menos una cosa en común: ninguna pudo refutar los señalamientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, por esa razón, fueron incluidas en la lista definitiva de EFOS. 

Los recursos entregados a las factureras procedieron, sobre todo, de secretarías estatales —Educación, Desarrollo Social, Salud—, entre las que destaca la de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que les destinó 237 millones de pesos.

Además, las empresas obtuvieron 81 millones de pesos adicionales por contratos con dependencias federales, principalmente con la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, y la Secretaría de la Función Pública, además de los gobiernos de Hidalgo, Morelos y Oaxaca. Firmaron también convenios con las siguientes administraciones, incluida la de Andrés Manuel López Obrador.

De áreas prioritarias a bolsas fantasmales

Los contratos de la SIOP debían servir para una cancha de usos múltiples en Tantoyuca, la remodelación del parque Reino Mágico en Veracruz, pavimentación de calles en Xalapa, un estudio para el manejo de la basura en municipios del sur, y 79 obras carreteras en todo el estado. 

Para estos proyectos se destinaron recursos federales, que tenían que invertirse en educación, salud, infraestructura social y seguridad pública.

La SIOP justificó en el papel su aplicación a proyectos de infraestructura, pero en la práctica, las transferencias federales fueron a parar a siete empresas fantasma: Infraestructura en Construcción, Inmobiliaria Gomgo, Grupo Inmobiliaria Frabersa, Consorcio de Ingeniería Petrolera, Comercializadora y Constructora Gora, Antep y Grupo de Servicios Gamyt.

El enorme parque inaugurado a finales de los ochenta era como un pequeño Chapultepec para los veracruzanos: tenía una gran zona arbolada con áreas de juegos infantiles, teatro al aire libre, un trenecito y toboganes, y albercas para enfrentar las épocas de intenso calor. De aquello queda muy poco.

Cuando Duarte gobernaba la entidad, la SIOP encargó a Infraestructura en Construcción que hiciera dentro de Reino Mágico una pista de patinaje de categoría internacional, destinada a ser sede de una competencia de velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014. La obra, que actualmente se encuentra deteriorada, costó 22 millones de pesos; de acuerdo con la prensa local, la administración duartista no pagó a la constructora.

Ambas registraron sus domicilios fiscales en casas de colonias populares en Coatzacoalcos; donde supuestamente alguna vez estuvo Gomgo ahora hay una barbería, cuyo dependiente dijo que no había escuchado hablar de la empresa. Tampoco contestaron al cuestionario que se les envió por correo electrónico.

Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que es una irregularidad común de las factureras que sus domicilios no tengan coherencia con el giro de la compañía: “Lo que muestran los antecedentes de empresas fantasma es que se utilizan viviendas de personas colaboradoras, de trabajadores cercanos, como prestanombres de vivienda de esta empresa”.

Las coincidencias entre las firmas tampoco son casualidad: pertenecen a la misma red —donde hay más de un centenar de contratistas o de EFOS—, formada por compañías que comparten accionistas, administradores, representantes legales o comisarios, según la reconstrucción hecha por Quinto Elemento Lab a partir de registros de comercio.

Una red que, de acuerdo con una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, obtuvo contratos en el sexenio de Duarte por más de 3 mil 600 millones de pesos.

Los nexos entre Gomgo y Frabersa son visibles a través de Yajaira Sánchez Hernández, quien en 2011 era una joven veinteañera con roles de administración y representación legal en Frabersa. Sánchez era parte de, por lo menos, otras nueve empresas con las que se tendía un puente hasta Gomgo. El suyo no es el único caso, pues otras personas están también simultáneamente vinculadas con muchas compañías.

“En general, las empresas fantasma funcionan en red. […] Si acaso sancionas a una,  no estás viendo todo el esquema”, afirma Janet Oropeza, especialista de Fundar, organización civil que analiza políticas e instituciones públicas.

AVC Noticias acudió al domicilio de Hernández, indicado en los registros comerciales de las empresas. Se encuentra en la colonia Formando Hogar, una zona de viviendas populares contigua al puerto de Veracruz. En la visita, realizada a principios de noviembre de 2024, uno de los vecinos dijo que no vivía ahí desde hacía años.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) contrató a cinco firmas que acabaron en la lista de EFOS definitivas. De los 25 millones de pesos de este rubro que se entregaron a factureras, Sistemas Avanzados Deportivos —constituida en Guadalajara— recibió 9.5 millones de pesos, mientras que Comercializadora Masa de Córdoba —cuyo domicilio es un local donde se venden dulces— obtuvo 5.9 millones de pesos. Fueron contratadas por la SEV para la compra de computadoras y artículos deportivos.

El sector salud estatal también utilizó de forma irregular las transferencias federales. En total, 5.9 millones de pesos que deberían haber sido utilizados para terminar un centro de salud en Cerro Azul, al norte de la entidad, y darle mantenimiento a una docena de clínicas en comunidades de la zona sur, acabaron en manos del Corporativo Administrativo Piraya, una EFOS conformada en Puebla.

Las dependencias mencionadas recibieron un listado detallado de preguntas vía Comunicación Social, pero no brindaron un posicionamiento sobre los hallazgos de este reportaje.

Uno de los extrabajadores de esta empresa es el actual subdirector de Programación, Seguimiento, Control y Evaluación Técnica de Obras Públicas de la SIOP, Jesús Eduardo Ruiz Bermúdez. La información fue proporcionada por el funcionario en su reseña curricular, como parte de las obligaciones de transparencia. Se buscó al funcionario vía telefónica y por correo, aunque no contestó el cuestionario enviado.

Para el académico de la Universidad Veracruzana, Víctor Andrade Guevara, experto en estudios políticos y sociales de la región, el problema de la contratación pública de empresas fantasma en Veracruz está lejos de haber terminado, pero destaca que “tuvo su punto más alto en el periodo de Javier Duarte, donde se convirtió en un verdadero mecanismo de extracción de recursos de la administración pública, totalmente planificado: este es un mecanismo sistémico de corrupción”.

Negocios sin consecuencias

Aunque la ASF tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales, ninguno de los 95 contratos detectados por Quinto Elemento Lab y AVC Noticias ha sido incluido en las denuncias que enfrenta la administración duartista, según la revisión de 45 informes del órgano fiscalizador que derivaron en 71 procedimientos penales. 

De estas denuncias, apenas 14 se han presentado ante un juez, en cuatro casos no se continuó la investigación, y 53 están en la etapa de integración.

Consultado para este reportaje, el exauditor del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, explica que es probable que no se hayan detectado los convenios del gobierno de Veracruz con las EFOS porque el personal es insuficiente para examinar todas las contrataciones. 

“Todo es a base de muestras”, aclara. “Tú no tienes una bolita de cristal para saber en qué auditoría te vas a encontrar una irregularidad”. Esto hace que obras o compras pequeñas “de 3 millones o de 4 millones” comúnmente queden fuera de la revisión, precisa Lozano. La mayoría de los contratos fantasma que el gobierno de Duarte otorgó con dinero de transferencias federales está por debajo de ese rango. 

La dependencia estatal que más dinero entregó a las EFOS, la SIOP, en respuesta a solicitudes de información de Quinto Elemento Lab y AVC Noticias, aseguró que no hubo ninguna sanción administrativa ni denuncias por los contratos con empresas fantasma. En cambio, hubo factureras que sí emprendieron demandas contra el gobierno estatal. 

En respuestas enviadas por Transparencia, el Gobierno de Veracruz —en el periodo de Cuitláhuac García Jiménez— reconoció que Infraestructura en Construcción exigió el cumplimiento de un adeudo por 16.4 millones de pesos relacionado con 20 obras contratadas entre 2009 y 2015. Según un oficio entregado por la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad, la administración no había pagado a la empresa fantasma. La dependencia no respondió al cuestionario por escrito que se le envió.

Infraestructura en Construcción siguió obteniendo contratos con recursos federales: el último, en la administración de López Obrador a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la firma ya no pudo cobrar el dinero ni iniciar la obra porque el SAT la había inmovilizado tras catalogarla como empresa fantasma.

Otra compañía que logró subsistir, aunque con distinto nombre, fue E&E Production. Esta facturera recibió 3.9 millones de pesos de la SEV para organizar eventos culturales en 2014, cinco años antes de que el SAT la clasificara como EFOS. 

Posteriormente, su socio fundador, Ernesto Carvajal del Puerto, se mantuvo activo como contratista gubernamental.

En respuesta a esta investigación, Ernesto Carvajal dijo vía telefónica que E&E Production era una microempresa sin trabajadores, donde solo se encontraban él y otro socio. “De ahí en fuera todo, todo lo subarrendábamos”. Por el impedimento para facturar, explicó que actualmente trabaja como persona física, pero opera como tal como lo hacía con la empresa: “Hacemos lo mismo (…).  Bueno, hemos crecido, hemos comprado algunas cosas, tenemos activos y todo”.

El Gobierno de Veracruz lo contrató en 2019 para conseguir a los artistas musicales de las Fiestas Patrias y obtuvo casi 30 millones de pesos por adjudicaciones directas para la realización del Festival de la Salsa en 2022 y para la instalación de los escenarios en la edición de 2023. En 2024 se encargó —también por adjudicación directa— de montar un escenario en el fuerte de San Juan de Ulúa para festejar los 200 años del Congreso de Veracruz y para el Sexto Informe de Gobierno de García Jiménez.

Dentro del contrato con el Congreso de Veracruz, en el apartado de los datos del proveedor se menciona la página web de la empresa inmovilizada. Sobre esto, Carvajal mencionó: “No tengo nada que ocultar de la empresa. Nos quedamos con el nombre comercial, así quedamos. Y las páginas y  las redes sociales siguen siendo las mismas”. Respecto al hecho de haber recibido la mayoría de los contratos por adjudicación directa, argumentó que es porque prestaba un servicio especializado, “no es que yo tenga un amigo, un compadre, un familiar o nada de eso”.

Carvajal también fue proveedor de al menos 15 eventos políticos de Morena para la campaña de Rocío Nahle García por la gubernatura de Veracruz y para las visitas al estado de Claudia Sheinbaum durante la carrera presidencial. Documentos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral permitieron comprobar que el empresario no figuraba en la lista del SAT como contribuyente que simula operaciones. 

El actual gobierno del estado contestó brevemente por escrito a una lista de preguntas enviadas para este reportaje. Negó conocer la información de las contrataciones previas con E&E Productions y confirmó que Carvajal fue contratado en la campaña electoral de Nahle con las facturas correspondientes, sin embargo, indicaron que “no conocíamos los antecedentes que se mencionan de Ernesto Carvajal”.

Casos como este son posibles gracias a que no existe un supuesto legal que invalide a los socios de una facturera, explica Denise Tron, experta fiscal de la organización Justicia Justa, aunque por los antecedentes que llevaron a que una compañía fuera enlistada como EFOS considera que el SAT “tendría que investigar a las otras empresas en las que participan los mismos accionistas o representantes legales”.

Frente a este panorama, el académico Víctor Andrade concluye que, a pesar del transcurso de los años, poco ha cambiado la situación en Veracruz. Cuando lo dice, está por terminar el primer gobierno morenista del estado, con García Jiménez. “Es algo similar en muchos sentidos. Retornamos a las prácticas a las que se recurría en el periodo de Javier Duarte”.