El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades correspondientes, el 23 de mayo de 2025, implementar medidas para la protección de la periodista Adela Navarro Bello, codirectora general del semanario ZETA -”una de las revistas de investigación más respetadas de México”, según dijo-, medio con sede en Tijuana, Baja California, así como de todo su equipo de trabajo y colaboradores.

“Las autoridades mexicanas deben investigar de inmediato una serie de llamadas telefónicas amenazantes dirigidas a Adela Navarro, directora editorial de la revista semanal ZETA, con sede en Tijuana, y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de ella y de su equipo, dijo este viernes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)”, indicó, a través de un comunicado, la organización no gubernamental, con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial.

“Las amenazas contra Adela Navarro, en un contexto de aumento de la violencia contra periodistas en México desde principios de año, son profundamente preocupantes. Las autoridades mexicanas no pueden quedarse de brazos cruzados y dejar a periodistas como Navarro vulnerables ante este tipo de amenazas”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, citado en el comunicado.

“Navarro, quien fue reconocida por el CPJ con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa en 2007, por su labor al cubrir temas de crimen y corrupción en Tijuana, dijo al CPJ que la revista ha recibido un total de ocho llamadas entre el 29 de abril y el 16 de mayo. En cada ocasión, un sujeto masculino no identificado llamó a la recepción de la revista y únicamente dijo ‘dile a Adela Navarro que se cuide’, antes de colgar, según relató”, agregó el Comité para la Protección de los Periodistas.

“Navarro afirmó que cree que las llamadas podrían estar relacionadas con un artículo publicado por ZETA el 28 de abril, tanto en línea como en su versión impresa, en el que se sostiene que autoridades estatales ocultaron información sobre una fosa clandestina en Tijuana presuntamente utilizada por el crimen organizado para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas”, narró el CPJ.

“Navarro y ZETA, una de las revistas de investigación más respetadas de México, son blanco frecuente de ataques, amenazas y hostigamiento tanto por parte de autoridades como del crimen organizado. En enero, la revista reportó haber recibido amenazas a través de una llamada ‘narcomanta’, un mensaje colgado en el barrio La Libertad de Tijuana. La policía atribuyó el mensaje, que contenía una advertencia sobre la reputación de Zeta, al crimen organizado”, señaló la ONG.

“Varios periodistas de la revista han sido asesinados, entre ellos el cofundador Héctor Félix Miranda en 1988, el editor Francisco Ortiz Franco en 2004, y el fotógrafo Margarito Martínez en 2022, mientras que el otro cofundador de Zeta, Jesús Blancornelas, sobrevivió a un intento de asesinato en 1997”, recordó la organización no gubernamental.

“El CPJ contactó a Laureano Carrillo Rodríguez, secretario estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, a través de una aplicación de mensajería, pero hasta el momento no ha recibido respuesta”, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos manifestaron su inquietud por le eventual desaparición del fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues lo anterior podría en riesgo a comunicadores y activistas, en un entorno que ya es especialmente peligroso para ellos. 

En un comunicado conjunto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) señalaron que “han tomado nota con preocupación” de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados con respecto a la extinción del citado fideicomiso.