Casos como los de Digna Ochoa, Lesvy Berlín, Debanhi Escobar o Luz Raquel Padilla comparten haber tenido fallas de autoridades, revictimización y obstáculos al acceso a la justicia.
En las últimas dos décadas, miles de mujeres han sido asesinadas de forma violenta en México. Por el perfil de las víctimas o las circunstancias en que ocurrió el crimen, algunos casos han generado impacto en la opinión pública y la exigencia de ser resueltos. Pero en las investigaciones, ha destacado un común denominador: la decisión de las fiscalías de culpar a las propias muertas de lo que les pasó, sin pruebas y de manera errónea.
Ocurrió hace 20 años con el asesinato de Digna Ochoa, pero pasa aún en la actualidad: esta semana, la Fiscalía de Jalisco señaló que una de las líneas de investigación en la muerte de Luz Raquel Padilla es que ella pudo ser quien se autogredió, aunque existen denuncias previas de amenazas y una solicitud de medidas de protección; semanas antes, en Nuevo León, las autoridades dieron por hecho que Debanhi Escobar, joven reportada como desaparecida, había fallecido de manera accidental, hipótesis descartada con un peritaje independiente y la exhumación del cuerpo por parte de agentes federales.
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