Cuando se cumplía un nuevo aniversario del asesinato de 72 migrantes, las autoridades enterraron en la fosa común de Dolores a ocho de las nueve víctimas que todavía no han sido identificadas. Aún se desconoce a los autores de los crímenes, ya que los únicos condenados por estos hechos están presos por delincuencia organizada o portación de armas de fuego.
Ningún letrero anuncia la fosa común del Panteón Civil de Dolores. A diferencia de la señalizada Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansan figuras como el compositor Agustín Lara y la escritora Rosario Castellanos, este espacio permanece tan anónimo como sus ocupantes.
Es 21 de agosto de 2025. Hay otras nueve sepulturas en la tierra; aquí, quince años después de ser asesinados, van a depositar los cuerpos —de ocho hombres y una mujer— que aún no han sido identificados de los 72 migrantes víctimas de la masacre de San Fernando, en Tamaulipas. El deterioro que sufrieron por la negligencia de las autoridades, el deficiente manejo forense y la falta de cooperación entre los países han impedido conocer sus nombres y apellidos.
“De los nueve cuerpos pendientes de identificación, uno se quedó en el Incifo [Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México] por un error en el acta de defunción, pero los ocho restantes fueron inhumados en el panteón de Dolores; ya están perfectamente estudiados, eso no significa que no se puedan seguir identificando”, explicó en entrevista la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fabienne Cabaret.
Hasta la fecha, han sido restituidos 63 cuerpos a sus familias en Guatemala (13), Honduras (26), El Salvador (14), Ecuador (5), Brasil (4) y la India (1).
La noche del 21 de agosto de 2010, un grupo de 77 migrantes fue secuestrado al pasar por San Fernando, de camino a Estados Unidos. Hombres armados pararon los dos autobuses en que viajaban y los condujeron a una bodega del rancho El Huizache. Allí les propusieron unirse al crimen organizado; quienes se negaron fueron asesinados, con las manos amarradas y los ojos vendados, y apilados junto a una barda de piedra.
El gobierno mexicano se enteró de la matanza por Freddy Lala Pomavilla, un joven ecuatoriano que, tras recibir un disparo en la cara, se hizo pasar por muerto y luego caminó hasta un puesto militar. El 24 de agosto, los marinos, guiados por su testimonio, encontraron a 14 mujeres y 58 hombres asesinados. Al día siguiente por la noche, la presidencia de Felipe Calderón hizo público el relato del sobreviviente y responsabilizó al grupo criminal de Los Zetas. Nunca se explicó qué había sucedido con los cuatro migrantes que no aparecieron sin vida.
El 25 de agosto, los cuerpos comenzaron a ser trasladados a la Base Naval de Operaciones de San Fernando en camionetas pick up; debido al número de cadáveres, algunos permanecieron hasta cinco días expuestos, a cielo abierto, en pleno verano. Otros fueron llevados a una funeraria local y los dejaron tirados en el piso, por falta de espacio. Luego, el camión que los trasladó a la Ciudad de México no tenía refrigeración. Al llegar, pasaron nuevamente semanas a la intemperie antes de que fueran embalsamados.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 80/2013, emitida el 23 de diciembre de 2013, el personal de las procuradurías estatal y federal violó los protocolos de manejo de restos humanos y de la escena del crimen.
La masacre mostró la barbarie de la violencia de los grupos criminales y la vulnerabilidad de la población migrante. También permanece como un recordatorio de la impunidad que padecen las víctimas, pues hasta la fecha nadie ha sido condenado por estos asesinatos.
En la fosa común de Dolores han sido enterrados, de 2002 a 2023, más de 18,000 cadáveres y restos humanos no reclamados, pero la cifra total de cuerpos que albergan sus ocho mil metros cuadrados de extensión nadie la conoce, pues no existen registros anteriores a esa fecha.
Avances y pendientes
En diciembre de 2010 ya se habían repatriado 56 cuerpos, a los que se sumaron otros cinco en los años siguientes. Pero pronto surgieron dudas sobre la correcta identificación de los cadáveres, que el gobierno mexicano envió sin documentos, y cuyos féretros no pudieron ser abiertos por las familias por disposición de las autoridades locales. Las madres, hermanas y padres de las víctimas exigieron pruebas científicas que acreditaran su identidad. En México, la FJEDD cuestionó la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y acordó representar a 12 familias de las víctimas.
Debido a la desconfianza en las autoridades, se propuso crear un grupo independiente de expertos. En 2013, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la PGR, primero, y posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR), integraron la Comisión Forense. Para entonces, en México ya habían ocurrido dos matanzas de migrantes: San Fernando, en Tamaulipas, y Cadereyta, en Nuevo León; también se habían hallado 196 cuerpos en 47 fosas clandestinas de San Fernando en abril de 2011, víctimas de las llamadas “masacres de los autobuses”.
El primer resultado de la comisión en el caso de los 72 migrantes ocurrió en 2017. En septiembre arribó al departamento de Comayagua, en Honduras, el cuerpo de Marvin Leodán Euceda Aguilar. Trece meses después, Haidé Posadas recibió el cuerpo de su hijo Wilmer Gerardo Núñez Posadas, también hondureño. Él había sido identificado los días posteriores a la masacre por credenciales en su mochila y su cartera. Pero los documentos no importaron, el gobierno mexicano no lo envió junto con los cadáveres de los sobrinos con los que viajaba, y estuvo enterrado en la fosa común de Dolores durante ocho años.
Previo a la conmemoración de los quince años de la matanza de los 72, la comisión pudo dar tranquilidad a la familia de Juliard Aires Fernandes, una de las cuatro víctimas de Brasil. El 1 de octubre de 2010, los parientes recibieron un ataúd que contenía una bolsa con lo que parecía arcilla. La duda de si eran los restos del joven de 20 años se prolongó más de una década.
“Se confirmó la identificación de un caso de Brasil. Hubo buena coordinación, las autoridades brasileñas aceptaron la solicitud de México para que la Comisión Forense pudiera acudir a territorio brasileño y llevar a cabo conjuntamente la exhumación y revisión del cuerpo”, refirió Cabaret sobre el caso, ya que el gobierno mexicano no entregó pruebas científicas que corroboraran la identidad de Aires Fernandes.
La situación contraria se dio en Guatemala. Su gobierno impidió el ingreso de los peritos de la comisión para entregar el cuerpo correcto de una víctima y exhumar el cadáver erróneo que había enviado la PGR. “Todavía falta que Guatemala pueda regresar el cuerpo equivocado a México”, lamenta la directora de la FJEDD.
“Las personas que murieron allí acompañados de mi hermano no eran animalitos, eran seres humanos con derechos igual que todos, y se les violó uno de los derechos más grandes, que es el derecho a la vida”, lamentó Orlin, hermano mayor de Marvin Leodán Euceda Aguilar, en entrevista.
Sin sentencias por homicidios
A quince años de la masacre de los 72, las preguntas que surgieron en los días posteriores al hecho continúan sin respuesta: ¿quiénes, por qué y para qué los mataron?, ¿cuáles fueron los mecanismos de impunidad que protegieron a los perpetradores?
Entre 2010 y 2013, la PGR detuvo a 17 presuntos integrantes de Los Zetas que controlaban San Fernando, a quienes acusó de la muerte de los migrantes y de las víctimas halladas en las fosas clandestinas de la población. Además, 17 policías municipales fueron aprehendidos acusados de trabajar para el grupo criminal; después de un año en la cárcel, fueron liberados sin cargos.
La versión que la presidencia de Calderón dio a los medios no correspondió con la realidad jurídica. Los agentes del Ministerio Público federal no aportaron pruebas contra los supuestos líderes de Los Zetas vinculados a la masacre.
Martín Omar Estrada Luna, el Kilo; Édgar Huerta Montiel, el Guache, y Salvador Alfonso Martínez Escobedo, la Ardilla o Z-85, mandos locales y regionales del grupo criminal, no fueron consignados en la carpeta de investigación abierta por la masacre de los 72, a cargo del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Tamaulipas.
Lo mismo sucedió con Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, entonces líder máximo de Los Zetas. Extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 —junto con su hermano Omar, el Z-42—, enfrenta cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. No por cada homicidio y desaparición que cometieron.
“Creemos que la justicia ordinaria mexicana no ha dado respuesta a esos casos y difícilmente la va a poder dar en los contextos que estamos viviendo”, consideró la directora de la FJEDD. “Estamos observando que las cabezas mismas de Los Zetas ya fueron entregadas a Estados Unidos. Eso también ha generado mucha duda para los familiares de las víctimas, porque finalmente se va a seguir debilitando la posibilidad de acceso a la justicia en México”.
En enero de 2025, la FGR comunicó que Estrada Luna; Román Palomo Rincones, el Coyote, y Juvenal Burciaga Venegas, el Alacrán, habían sido condenados por los delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de menores, relacionados con el asesinato de los 72 migrantes. Uno de los presuntos implicados que evitó ser procesado fue Martiniano de Jesús Jaramillo, el Pata de Queso, quien murió en prisión tres días después de su captura en noviembre de 2017.
La masacre ocurrida en El Huizache es procesada en dos causas penales, por las que han sido consignadas 14 personas. La fundación documentó las sentencias contra Jesús “N” y Manuel “N”, a 15 años y 6 meses, y a 19 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Ambos reconocieron ser “halcones” de Los Zetas y haber escuchado de la matanza por el radio de comunicación del grupo criminal.
“Eso se ha convertido finalmente en sentencias centradas en el delito de delincuencia organizada o portación de armas, pero lo que tiene que ver en sí con los secuestros y la muerte de los migrantes, en concreto, no tenemos sentencias y menos aún de manera individualizada”, apuntó Cabaret.
En Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y la India, las familias de las víctimas siguen preguntándose qué pasó la noche del 21 de agosto de 2010 en el rancho ubicado a 30 minutos de la cabecera municipal de San Fernando.
“Ya pasaron muchos años y nosotros seguimos con el dolor, como si fuera el día uno. Necesitamos exigirle a México que cumpla, porque nos han seguido engañando”, afirmó Mirna Solórzano, madre de Glenda Yaneira Medrano, de El Salvador, una de las 72 víctimas.
Acaso el único avance en el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es la negociación para la reparación de las familias. El proceso para determinar la indemnización económica se retomó después de que el Instituto Nacional de Migración, por instrucciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), procediera a pagar la reparación del daño a familiares de las 40 personas que murieron, y a las 27 lesionadas, en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez en 2023.
“Eso permitió colocar nuevamente los pendientes en los casos de las masacres de San Fernando. Como fundación no representamos a todas las víctimas, pero tratamos de que eso sirva para todos. En estos momentos estamos integrando los expedientes de víctimas de Guatemala y El Salvador, pronto vamos a [trabajar en los de] Honduras y en la víctima brasileña”, explicó Cabaret.
Para Guillermina Vega Sagastume, de Guatemala, la posibilidad de concretar la reparación significa cumplir el sueño de su nuera Nancy Pineda Lacan. En 2010, antes de partir a Estados Unidos junto a su papá, hermano, prima y tío, la joven madre prometió que mandaría dinero para construir una casa para sus hijos, entonces de tres y cinco años.
“Usted sabe que el dinero en todo momento sirve y prácticamente para ellos, pues qué felicidad sería decir `yo le voy a comprar su casita para que ellos vivan y no vayan a andar rodando el día que yo falte o algo así’, ¿verdad?”, dijo en entrevista la abuela Guillermina, que espera el regreso de su nieto, que migró a los 17 años a Estados Unidos. La hija de Nancy, de 18 años, vive casada en Guatemala.
Preocupación por nuevos jueces
La renovación del Poder Judicial en México es una nueva preocupación para las familias y el equipo legal que las representa.
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, que concentra la investigación de lo ocurrido en el rancho El Huizache, no fue disputado en los comicios. Por ahora, la jueza Mabel Cortez Navarrete continuará al frente del proceso penal contra los presuntos responsables.
No obstante, el viraje en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) preocupa a la fundación, ya que el acceso a los expedientes de las masacres —de los 72 migrantes, de las víctimas de las fosas clandestinas de San Fernando, de Cadereyta y de Güemez— y el reconocimiento de las familias extranjeras como víctimas indirectas se ha dado vía amparos resueltos por el máximo tribunal.
La aceptación de que la masacre es una violación grave a los derechos humanos ha sido parte esencial de la estrategia legal, pero la FJEDD desconoce si la nueva corte respetará la jurisprudencia que les permitió tener acceso a los expedientes judiciales.
En su propuesta electoral, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que los derechos humanos son la base para la impartición de justicia. Pero la falta de resultados de la FGR hace sentir a las familias de los migrantes que la verdad y la justicia se alejan cada agosto.
FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: LUCÍA FLORES, CARLOS MANUEL JUÁREZ.
