Jorge Alberto Hank Inzunza, propietario del club Tijuana de la liga mexicana de futbol, aparece como accionista de dos empresas junto con Jesús González Lomelí, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa; él niega relación y desconoce acusaciones.
Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V. fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Además, en las empresas también es socio Jesús González Lomelí, señalado como presunto “operador financiero de alto rango” del Cártel de Sinaloa al lavar millones de dólares para “Los Mayos” a través de sus restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México, según las investigaciones norteamericanas.
Animal Político buscó a Jorge Alberto Hank Inzunza para solicitar postura al respecto y en la carta de respuesta reconoció que González Lomelí fue su socio al constituir las empresas, en mayo de 2021, pero únicamente por siete meses porque las compañías no prosperaron.
“Ante la falta de resultados comerciales, se tomó la decisión, en el mes de enero de 2022, de modificar la estructura societaria a los dos socios originales, sin la participación del Sr. Jesús González, quien, a partir de esa fecha, dejó de tener cualquier vínculo legal, societario o administrativo con dichas empresas”.
Sin embargo, las empresas aún aparecen legalmente como propiedad de Hank Inzunza y fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este 18 de septiembre, lo que desembocó en un “bloqueo administrativo” en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que realizar su propia investigación del caso.
Al respecto, según Hank Inzunza, no ha sido notificado oficialmente. “Hasta este momento, ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros. En caso de que ello ocurra, manifestamos nuestra plena disposición para proporcionar la información, documentación y aclaraciones que correspondan”, afirmó en la carta de respuesta a este medio.
Aunque Hank también dijo que las empresas están inactivas, no existen documentos en el Registro Público de Comercio sobre su inoperancia o extinción, ni tampoco de la supuesta separación de González Lomelí como accionista en el Registro Público de Comercio.
El empresario dijo que la separación de socios está respaldado con la “documentación pertinente”, pero al cierre de esta edición no proporcionó dichos documentos.
Sobre los presuntos vínculos de Jesús González Lomelí con el crimen organizado, dijo desconocerlos y aseguró que en ningún momento supo de esto.
“Carezco de información y cabe destacar que en ningún momento se tuvo conocimiento de cualquier tipo de actividad como las que ahora se mencionan, ni de los presuntos vínculos planteados en la investigación referida”, señaló el dueño del Club Tijuana.
Jorge Alberto Hank Inzunza es hijo de Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana entre 2004 y 2007 y propietario de Grupo Caliente, una empresa dedicada a las apuestas.
No es la primera vez que la familia Hank ha sido ligada al crimen organizado. En 1997, un informe de seguridad de Estados Unidos apuntó su presunta relación con el Cártel de los Arellano Félix.
En 2011, Hank Rhon fue detenido por el Ejército en su propiedad luego de una llamada “ciudadana anónima” en la que reportaron que poseía 88 armas de fuego y más de 9 mil cartuchos.
Empresas sancionadas por Estados Unidos
Las empresas Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V. fueron creadas al mismo tiempo en Baja California el 12 de mayo de 2021.
Las dos compañías fueron creadas con objetos sociales similares que les permitían, entre otras cosas, administrar hoteles, centros turísticos, condominios habitacionales y comerciales, restaurantes, bares y cafés, así como contratar artistas y espectáculos públicos.
Además de González Lomelí y Hank Inzunza, Jerónimo Javier Vera Ayala aparece como un tercer accionista de ambas compañías.
La OFAC también impuso sanciones a otras 12 empresas en las que Jesús González Lomelí aparece como accionista, y otra más propiedad de Candelario Arcega Aguirre, señalado por supuestamente ayudar al Cártel de Sinaloa a corromper el gobierno municipal de Rosarito, en el estado de Baja California.
En la investigación norteamericana se señala que Arcega Aguirre tendría una “estrecha relación personal” con Hilda Araceli Brown Figueredo, alcaldesa de Rosarito entre 2021 y 2024 y actual diputada federal de Morena, a quien también fue sancionada con el congelamiento de sus cuentas.
Brown Figueredo se sumó al movimiento de Andrés Manuel López Obrador desde su primera campaña presidencial en 2006. En 2018 fue coordinadora estatal de afiliación de Morena y coordinadora de la consulta con la que se canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ, NELDY SAN MARTÍN.
