A escasos dos años de haber dejado el poder, el balance de los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto es demoledor: dos exsecretarios de Estado presos, Rosario Robles y Salvador Cienfuegos; el que era responsable de la política interna, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene expediente abierto por daño patrimonial; el extitular de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, involucrado en sobornos de la brasileña Odebrecht y bajo acusación de “traición a la patria”; el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, testigo protegido en varios procesos penales; el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, investigado –junto con el fiscal prófugo Tomás Zerón– por negligencia y complicidad en la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa.
Desconsolado e incrédulo ante el desmoronamiento por actos de corrupción del que fuera su gabinete, el expresidente Peña trata de alejarse lo más posible de esta tragedia que lo persigue a donde quiera que va. Con residencia en España, en donde vive angustiado, solo y enfermo, el exmandatario espera el resultado de la encuesta en donde los mexicanos podrán votar para exigir que los últimos cinco expresidentes sean juzgados por actos de corrupción.
Con expedientes abiertos por delitos graves (corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, sobornos, fraudes, desvíos de recursos públicos y hasta vínculos con el crimen organizado) en todas las secretarías de Estado, empresas paraestales y órganos descentralizados, sólo es cuestión de tiempo para conocer al próximo exfuncionario que podría vivir en prisión.
