Da lo mismo, Procuraduría o Fiscalía: el nombre no hizo la diferencia. Esas 346 denuncias por tortura tuvieron averiguaciones previas o carpetas de investigación, y ya. Se guardaron. No hubo investigaciones. Muchas veces ni siquiera entrevistaron a los presuntos responsables, y es más: ni intentaron buscarlos.
Estos fallos involucran a la Fiscalía General, las fiscalías especiales y los ministerios públicos porque no investigaron con la debida diligencia, ni en los plazos correspondientes, lo cual, fue en detrimento de las personas sobrevivientes a estos tratos, revela la misma información.
La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) encontró que, en 346 denuncias por tortura, la Fiscalía y antes Procuraduría General de la República (PGR) ya habían iniciado desde hace una década averiguaciones previas y carpetas de investigación, pero las indagatorias no continuaron su debido curso ya que ni siquiera se entrevistaron a los presuntos responsables.
“Están abiertas desde hace más de 10 años sin que la Fiscalía haya hecho absolutamente nada, más que lo que coloquialmente llamamos ‘investigación de escritorio’, es decir, todo lo quieren resolver con constancias, es decir, que los ministerios públicos sólo piden información al juzgado, constancias o copias, pero no entrevistan a los presuntos responsables, ni los intentan buscar”, explicó Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Secretario Técnico de Combate a la Tortura, en entrevista con SinEmbargo.
El funcionario detalló que desde el año 2019 crearon herramientas para el monitoreo y la identificación de posibles casos de tortura de personas que se encuentran en un proceso penal y a partir de eso realizaron las denuncias ante las autoridades investigadoras correspondientes.
Dentro de esa labor, explicó, lograron ubicar al menos 8 mil casos de los cuales se presentaron, entre junio de 2019 a diciembre de 2021, al menos 4 mil 601 denuncias por posibles actos de tortura en México, ocurridos desde el año 2011 a diciembre de 2021. De esas, al menos 2 mil 10 se presentaron ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, por tratarse de hechos presuntamente cometidos por elementos federales.
Sin embargo, al denunciar ante la FGR se percataron que, de esas 2 mil denuncias, en al menos 346 casos ya había una investigación abierta.
Al respecto, la Secretaría Técnica ha presentado al menos 230 juicios en los que se reclama al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a la Fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y al Fiscal especial en la investigación del delito de tortura, Juan Carlos Chávez, así como a las y los ministerios públicos a cargo de esas investigaciones, la dilación injustificada y la falta de debida diligencia.
Como resultado de esos 230 amparos, se han obtenido al menos 19 sentencias en las que tribunales han confirmado que la FGR “no investiga con la debida diligencia, ni en el plazo razonable, todo esto en detrimento de personas sobrevivientes de tortura”.
Otro aspecto destacado de las sentencias, es que los colegiados ordenaron dar vista al órgano de control interno de la Fiscalía General de la República para que abran investigaciones administrativas en contra de la Fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, porque “no puede ser posible que la Fiscal en materia de Derechos Humanos esté violando derechos humanos”.
LA TORTURA EN MÉXICO
La tortura es una grave violación a los derechos humanos generalizada en México, es decir, que se aplica en la mayor parte del territorio y por casi todas las autoridades y en todos los contextos, como han podido constatar organizaciones civiles, la propia ONU, y como se refleja en las estadísticas.
Entre septiembre de 2019 y julio de 2020 habían más de 5 mil investigaciones por tortura, de las cuales, sólo se judicializaron dos, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De las más de 4 mil 601 denuncias presentadas por la Secretaría Técnica, al menos mil 193 fueron actos que se registraron desde el año 2014 a diciembre de 2021: 374 se habrían cometido en el año 2014; 219 en el 2015; 103 en el 2016; 100 en el 2017; 158 en 2018; 439 en 2019, 395 en 2020 y 359 cometidas durante el año anterior.
Además, es una grave violación de derechos humanos en la que la impunidad es casi absoluta y, por lo que ha encontrado Secretaría Técnica, ni siquiera se investiga.
El no contar con los suficientes recursos humanos, ni capacidad técnica, ni estrategia son parte de los problemas estructurales en la FGR, señaló Leyva citando los fallos de los jueces y magistrados, pero, sobre todo, dijo, destaca la falta de voluntad.
“Hay falta de voluntad, de querer hacer estas mega investigaciones […] porque si no tienes la capacidad, ya tendrías que haber hecho —como titular o como responsable— las gestiones administrativas para crecer a tu equipo, para capacitarlo y para formarlo”.
EL PROCESO DE IDENTIFICAR
Salvador Leyva explicó que las defensoras y defensores públicos por lo general no denunciaban la tortura y mucho menos se presentaban quejas ante las comisiones de derechos humanos y tampoco ante la Fiscalía federal y las estatales, mucho menos en las fiscalías especializadas.
“Un primer paso para saldar un poco esta deuda fue la creación de la Secretaría Técnica y a partir de ahí se empezó a construir un mecanismo permanente de monitoreo de posibles casos de tortura, en donde se empezaron a documentar y ubicar todos los posibles casos de tortura que hubiesen sido realizados desde el año 2011”, narró el funcionario.
Detalló que primero solicitaron a las 987 defensoras y defensores del país los posibles casos de tortura. De 8 mil casos que se obtuvieron aproximadamente, estos se remitieron a la Secretaría técnica, y de ahí resultaron en 4 mil 601 denuncias.
Del total de las denuncias, 2 mil 500 se presentaron ante las fiscalías locales y 2 mil 10 ante la Fiscalía Especial de investigación del delito de Tortura de la FGR.
“Estas denuncias fueron presentadas entre junio de 2019 y diciembre de 2021, es decir, hoy por hoy no tenemos rezago”, abundó.
Fue entonces que, a raíz de ese proceso, encontraron que 346 de las denuncias ya contaban con una “carpeta de investigación en la FGR”, pero que nunca fueron investigadas debidamente.
“Cuando tuvimos conocimiento de estas investigaciones sin que la Fiscalía haya hecho absolutamente nada, más que lo que coloquialmente llamamos como investigación de escritorio, comenzamos a presentar juicios”.
En total se presentaron 230 demandas de juicio en contra de autoridades de la FGR y, las menos, contra autoridades estatales.
“Tenemos juicios en todo el país y estos son en beneficio de 304 personas, las cuales entran en esos 346 casos que sabemos que existía una investigación”, abundó Leyva.
Otra de las omisiones en que ha incurrido la FGR es que a más de tres años de la entrada en vigor de la Ley General para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas degradantes no existe el Registro Nacional del delito de Tortura (RENADET) y la consecuente falta de inscripción de las personas sobrevivientes de tortura en el mismo.
Frente a ello se iniciaron 150 juicios en contra de autoridades federales por la falta de instalación y operación del RENADET y su uso como herramienta de información estadística y de investigación.
“Ese registro se debió haber creado 180 días después de publicarse la Ley General para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas degradantes, en junio de 2017″, dijo.
Tras dos años de litigio, se han emitido 19 sentencias por parte de juzgados y tribunales colegiados federales que han determinado la responsabilidad del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de la Fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y del Fiscal especial en la investigación del delito de tortura, Juan Carlos Chávez, así como de los ministerios públicos.
“Es decir los cuatro son responsables y sus omisiones, una tras otra, han originado que el último eslabón, que es el Ministerio Público a cargo de la investigación, genere esta dilación que ha permitido que los casos lleven más de 10 o 12 años”, abundó el especialista.
No obstante, las sentencias no implican una sanción penal o administrativa contra el Fiscal General.
“El juicio de amparo no es una sanción penal. Lo que determinó es que existieron esas omisiones y los efectos del amparo son para que cumplan con sus obligaciones de supervisión y coordinación; y al Ministerio Público, le da un plazo de 10 días para informarle al juez de distrito cuáles son las diligencias pendientes de desahogar y a partir de esos 10 días, cuenta con 30 días más para que determine si va a llevar ese caso a juicio o cuál va a ser la determinación, pero que ya resuelva esa investigación”, destacó el defensor.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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