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Exigen atención específica para defensores y periodistas ante violencia en Michoacán

Organizaciones civiles y de derechos humanos señalaron que las estrategias del gobierno federal para combatir la violencia en Michoacán deben reconocer y atender a los defensores y periodistas en la entidad «como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz».

En un comunicado, las organizaciones que integran el Espacio OSC enfatizaron que los defensores del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, son quienes enfrentan «los mayores niveles de riesgo en Michoacán», los cuales se agravan por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, «frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales».

«La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos», agregaron. Tan sólo en 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra defensores del medio ambiente.

Las organizaciones manifestaron su «profunda preocupación» frente a las formas de violencia que enfrentan los defensores y periodistas en la entidad, donde al menos nueve defensores fueron asesinados de 2016 a 2025 y ocho periodistas ultimados de 2006 al presente año. Además de asesinatos, precisaron que el entorno de agresiones a los que se enfrentan los defensores y periodistas incluye desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.

De acuerdo con el Espacio OSC, los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del comerciante Bernardo Bravo evidencian «la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán», la cual «ha sido denunciada durante años».

Frente a la violencia, se pronunciaron por que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció el gobierno federal, y que ha sido criticado por las comunidades indígenas del estado como «discriminatorio, unilateral y engañoso», atienda a los defensores y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, para lo cual «es indispensable» fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil.

Finalmente, el Espacio OSC urgió a la Fiscalía de Michoacán y al Poder Judicial a que establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra defensores y periodistas, «garantizando verdad, justicia y reparación», así como exigió la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales y las estatales con los defensores y periodistas, con el fin de monitorear las acciones de protección y robustecer las medidas de prevención, entre otras medidas.

COMUNICADO:

Las organizaciones que integramos el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) expresamos nuestra profunda preocupación ante la persistente violencia que enfrentan personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como periodistas en el estado de Michoacán. Entre 2016 y 2025, al menos nueve personas defensoras han sido asesinadas —una contaba con medidas del Mecanismo Federal de Protección y dos con medidas de la Fiscalía estatal—. Asimismo, entre 2006 y 2025 se han registrado ocho periodistas asesinados, tres de ellos ocurridos entre 2022 y la fecha, en presunta relación con su labor informativa. A ello se suma un entorno de agresiones que comprende desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.

Las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, enfrentan los mayores niveles de riesgo en Michoacán. Este riesgo se agrava por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales. La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos.

En 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra personas defensoras del medio ambiente. A ello se suman los ataques ocurridos recientemente el 6 de noviembre en el municipio de Madero, dirigidos contra personas defensoras ambientales, que reflejan la gravedad de la situación y la necesidad urgente de acciones efectivas de protección.

En cuanto a mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha documentado al menos 78 agresiones entre 2023 y 2025, destacando bloqueo informativo, uso desproporcionado de la fuerza pública, intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio. Las principales personas agresoras han sido funcionarios estatales de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales.

Los recientes asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del comerciante Bernardo Bravo evidencian la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán, una situación que ha sido denunciada durante años. A estos hechos se suman nuevas agresiones: Article 19 documentó tres ataques adicionales contra periodistas en Uruapan y Morelia entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025, que incluyen hostigamiento digital y actos de censura que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información.

En este contexto, Michoacán es además la tercera entidad federativa con el mayor número de personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, 158 personas están incorporadas: 75 mujeres, 124 personas defensoras y 34 periodistas.

Ante este panorama de violencia, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por el gobierno federal en cabeza de la Presidenta Claudia Sheinbaum debe reconocer y atender a personas defensoras de derechos humanos y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz.

Para eso es indispensable fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil, que permita respuestas oportunas y efectivas ante situaciones de riesgo.

Asimismo, es urgente que la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras y periodistas, garantizando verdad, justicia y reparación.

Finalmente, exigimos la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales —particularmente de la Secretaría de Gobernación— y las autoridades estatales, así como con personas defensoras y periodistas. Este espacio debe permitir el monitoreo de las acciones emprendidas, fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo, garantizar transparencia y robustecer las medidas de prevención y protección para quienes trabajan cada día por la justicia, la verdad y los derechos humanos en Michoacán.

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Otorga CIDH medidas cautelares a defensores nahuas de Ayotitlán, amenazados por la minería

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para 13 defensores nahuas de la comunidad de Ayotitlán, en Jalisco, por el «riesgo de daño irreparable» que enfrentan por su labor contra la explotación minera ilegal en su territorio ancestral y los «actos de intimidación, amenazas de muerte, violencia y desapariciones» perpetradas por el crimen organizado.

“De frente a la libertad”, programa de la ONU y Segob ante los reclamos periodistas y defensores

El representante adjunto de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios, recordó que, a petición de la Segob, en 2019 el organismo elaboró el Diagnóstico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, del que surgieron casi un centenar de recomendaciones.

Después de cuatro años de que la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hiciera una serie de recomendaciones al actual gobierno para atender la situación de riesgo contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración anunció el arranque de la campaña “De frente a la libertad”, patrocinada por la Unión Europea y diseñada con la colaboración de la ONU-DH.

Organizaciones internacionales exigen al Estado mexicano protección para el defensor Juan Carlos Flores

Organizaciones internacionales de derechos humanos llamaron al Estado mexicano a garantizar la seguridad e integridad del abogado y defensor Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala, quien este año ha sido víctima de «intimidación, hostigamiento, vigilancia y el probable intento de homicidio».

«Hemos recibido información por parte de Juan Carlos Flores Solís sobre los ataques a su integridad física, las amenazas de daño físico, repetidos allanamientos, y los actos de vigilancia, intimidación y hostigamiento que ha sufrido a lo largo de este año», señalaron las organizaciones, entre las que se encuentran las Brigadas Internacionales de Paz – PBI México, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front line Defenders y Amnistía Internacional.

Ponen en marcha “Alerta” para proteger a defensores de derechos humanos en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO: La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) anunció la puesta en marcha de una Alerta Defensa DH para defensores de derechos humanos de Guerrero, misma que comenzará con misiones de observación en Chilapa y Chilpancingo.

El propósito, según un comunicado, es emprender acciones que protejan especialmente a las organizaciones que forman parte de la Red TDT en ese estado: Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlapa), así como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

ONU urge a México garantizar seguridad de activista, Mariclaire Acosta

La organización internacional señala que la directora de Freedom House en el país, ha sido blanco de una campaña de desprestigio en medios de comunicación.

Una Junta de Síndicos de alto nivel de la ONU expresó su alarma ante una serie de ataques verbales y amenazas contra uno de sus miembros, la conocida defensora y activista de derechos humanos mexicana, Mariclaire Acosta.

“Expertos de la ONU urgen al Gobierno de México para que asegure la protección de defensores de derechos humanos en vista de la campaña de descrédito que enfrenta una reconocida activista”, señaló el organismo internacional.

La ONU agregó: “La Sra. Acosta has sido repetidamente el blanco, en los medios de comunicación mexicanos, de declaraciones difamatorias que alientan implícitamente la violencia contra ella”.

Así lo dio a conocer la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) que se adhirió al texto de la ONU .

“CADHAC pide al Estado mexicano garantice la seguridad e integridad de la reconocida defensora de Derechos Humanos, Mariclaire Acosta, directora de la oficina de Freedom House en México”, señaló la agrupación humanitaria en un comunicado.


Además la CADHAC publicó en su sitio de internet el comunicado íntegro de la ONU sobre Acosta:

Expertos de la ONU urgen al Gobierno de México para que asegure la protección de defensores de derechos humanos en vista de la campaña de descrédito que enfrenta una reconocida activista.

GINEBRA (30 de mayo de 2016) –  Una Junta de Síndicos de alto nivel de la ONU expresó su alarma ante una serie de ataques verbales y amenazas contra uno de sus miembros, la conocida defensora y activista de derechos humanos mexicana, Mariclaire Acosta.


La Sra. Acosta has sido repetidamente el blanco, en los medios de comunicación mexicanos, de declaraciones difamatorias que alientan implícitamente la violencia contra ella.

La Sra. Acosta tiene una larga trayectoria como defensora de los derechos humanos en México y actualmente es miembro de un órgano consultivo de derechos humanos de la ONU, nombrado por el Secretario General Ban Ki-Moon, para proporcionar asesoramiento sobre el fortalecimiento de la asistencia  a los Estados para la efectiva promoción y protección de los derechos humanos en el terreno. Fue nombrada en 2013 como uno de los cinco expertos eminentes mundiales de derechos humanos de un órgano, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos y del Fondo Voluntario para la Asistencia Financiera y Técnica para el seguimiento del Examen Periódico Universal. El servicio que prestan estos expertos mundiales pro-bono  en este órgano de la ONU, ha sido altamente reconocido por la comunidad internacional.

“La Sra. Acosta es una prominente defensora con una reputación mundial debido a su integridad, profesionalidad y compromiso. Si ella puede ser sometida a este tipo de ataques y amenazas indignantes, entonces los defensores de los derechos humanos con un perfil menos visible deben vivir en constante temor por sus vidas “, dijo la Presidenta de la Junta, Sra Lin Lim en nombre de los cinco miembros de este órgano. “El Gobierno de México debe garantizar la protección y el apoyo a la Sra Acosta y para todos los defensores de los derechos humanos, y darles el espacio y las condiciones para trabajar en seguridad, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado.”

“El Gobierno debe garantizar, en particular, que los defensores y las defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a amenazas de violencia física, a ataques a su integridad y otros intentos intimidatorios, tienen una protección adecuada. Esto incluye a estudiantes, agricultores, pueblos indígenas y defensores de los derechos de los trabajadores, entre otros. La Junta de Síndicos espera que el Gobierno de México ejerza su gran voluntad soberana para salvaguardar la reputación de este gran país y la integridad de su vibrante sociedad civil”.

La Sra. Lin Lim dijo que los ataques contra la Sra Acosta se han producido en el contexto de una campaña más amplia contra los defensores de derechos humanos en México desde la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

La Junta tomó nota de las declaraciones públicas del Gobierno de México sobre sus esfuerzos para mejorar la situación. La Junta hizo hincapié en que el Gobierno debe asumir seriamente la responsabilidad de resolver los desafíos de derechos humanos y relativos al estado de derecho en el país y de manera urgente tomar medidas para mejorar la situación.

FIN


La Sra. Acosta, con una gran trayectoria como defensora y activista de los derechos humanos en México, es actualmente la Jefa de la Organización Freedom House en México. Fue Embajadora Especial para los Derechos Humanos y Democracia (2000) y la Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México (2001-2003). Durante diez años presidió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y fue fundadora y directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3005/mexico/onu-urge-a-mexico-garantizar-seguridad-de-activista-mariclaire-acosta/