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Iniciativa de Ley General Aguas de la 4T profundiza la privatización y el acaparamiento: OSC

Advirtieron que la reforma simula la participación ciudadana, ya que se conservan los Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, dominados por grandes empresas: energéticas, mineras, embotelladoras y constructoras; excluyendo a comunidades y usuarios comunes.

Por considerar que profundizará la privatización, el acaparamiento, la mercantilización y la contaminación del agua, veinticinco Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Jalisco se pronunciaron en contra la iniciativa del gobierno federal de la nueva Ley General de Aguas (LGA) -presentada el pasado 8 de octubre-, denuncian que mantendrá el modelo de concesiones de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992, y demandan que se apruebe la propuesta de ley ciudadana en este tema, que se presentó hace una década. 

Los inconformes con el proyecto de reforma ofrecieron una rueda de prensa a las afueras de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guadalajara, indicaron que no sólo incumple el mandato constitucional de emitir una nueva ley general que regule el agua en todo el país, sino que conserva el espíritu privatizador del agua, responsable de las actuales crisis ambientales e hídricas en México.

Consideran que con la propuesta persistirá el acaparamiento y el mercado del agua, ya que se mantiene el sistema de compraventa de concesiones, de derechos de agua con autorización de la Conagua, organismo señalado por opacidad y corrupción, y se crea la figura de “reasignación”, beneficiando a grandes usuarios. 

"Esta ley mantiene el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la mercantilización y el despojo. La compra y venta de las concesiones en cuencas y acuíferos deficitarios ahora requerirá de la autorización de la Conagua. Esto es algo también muy peligroso, que la Conagua decida a quién le asigna, a quién no le asigna cuando sabíamos que la Conagua ha sido un organismo opaco y un organismo, digamos, con múltiples casos de corrupción. Esto solamente está siendo reemplazado por lo que la Ley de Aguas Nacionales como los bancos de agua y esto servirá como el espacio para conectar a los intereses que buscan comprar derechos con los potenciales vendedores, principalmente con los ejidos y las comunidades", expuso María Gonzalez Valencia, representante del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC). 

Las organizaciones sociales de Jalisco alertan que la iniciativa enviada por la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión mantiene el modelo privatizador y no garantiza el derecho humano al agua.  

Advierten que simula la participación ciudadana ya que se conservan los Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, dominados por grandes empresas: energéticas, mineras, embotelladoras y constructoras; excluyendo a comunidades y usuarios comunes.  
"Esta es la etapa en la que se debe cambiar el paradigma del agua en México, queremos una ley ciudadana, una ley que sí represente a los pueblos, a las comunidades, no una ley para el mercado, no una ley para los negocios, no una ley para el gran capital, que es tal cual lo que está presentando esta iniciativa y que está maquillada o simulada, con estas narrativas de que ‘el agua ya no se va a mercantilizar, a utilizar en este país, de que el agua es del pueblo, de que el agua es de la nación’, etcétera, lo cual es falso", puntualizó María Gonzalez. 
Los colectivos advierten que esta iniciativa beneficia a los "multimillonarios del agua", incluyendo refresqueras, cerveceras, empresas inmobiliarias, químicas y de agroexportación, y que el Consejo Consultivo del Agua, fundado por el expresidente, Vicente Fox Quezada, incluye a empresas como Coca-Cola y Danone.

"El Consejo Consultivo del Agua está integrado por intereses económicos del sector de agua integrado en su mayoría por empresas energéticas, mineras, embotelladoras, constructoras y empresas que promueven la privatización en los sistemas de agua en el país. Jalisco es el único estado en todo el país que hay un capítulo del Consejo Consultivo del Agua y que está integrado principalmente por los principales condensadores del agua superficial y subterránea de Jalisco", agregó la activista. 

Alertan que permite que continúe la privatización de servicios de agua y saneamiento, como ha ocurrido en Puebla, Saltillo, Veracruz y Quintana Roo.  

La iniciativa conserva el esquema de la LAN, que sentó las bases para la privatización de servicios de agua y saneamiento, citando ejemplos desastrosos en Quintana Roo, Puebla, Saltillo y Veracruz. También mantiene la privatización de mega obras hidráulicas.  

Además, adelantan que con el modelo propuesto se conservarán mecanismos para inversión privada opaca en obras como presas y acueductos (El Zapotillo, Chapala-Guadalajara, Presa Solís).  

Los colectivos denuncian que la iniciativa solo menciona una vez el derecho humano al agua y pretende garantizar en un plazo de hasta 60 años, a través de seis etapas, lo que se considera una visión acotada y a largo plazo.  

Además, limita el cumplimiento a la provisión de agua potable y saneamiento, sin priorizar en asignaciones y concesiones. Mientras favorece la participación de grandes empresas —embotelladoras, mineras, constructoras— en los órganos de decisión. 

Apuntan que establece un reconocimiento limitado a sistemas comunitarios y pueblos originarios: Los “reconoce” sin otorgarles personalidad jurídica, derechos plenos, ni tarifas diferenciadas, subordinándolos a los municipios.  

No les ofrece mecanismos para obtener volúmenes de agua ni modifica sus tarifas, que actualmente son industriales. Además, los vincula a los ayuntamientos, lo que podría afectar su autonomía. 

En el documento planteado por el Poder Ejecutivo federal, refieren que se mantiene la permisividad en la contaminación, debido a que continúa el esquema de pago de derechos por contaminar, que ha agravado la crisis ambiental en cuencas como Lerma-Chapala-Santiago. 

"Esta iniciativa sigue proponiendo mantener el sistema autorregulado del pago de derechos por el por contaminar, es decir, la situación en este país de desastre ambiental de yo contamino y te pago 3 pesos o no te pago, pero tengo el derecho a seguir contaminando porque te puedo seguir pagando. Si el río Santiago está contaminado en su porción de El Salto y Juanacatlán es porque los industriales en total impunidad siguen vertiendo residuos tóxicos al río sin que la Conagua haga un adecuado proceso de inspección para cerciorarse de que tengan plantas de tratamiento de aguas residuales", apuntó González. 

La iniciativa mantiene el sistema autorregulado de pago de derechos por contaminar, lo que ha permitido que cuencas como la Lerma-Santiago Pacífico se conviertan en zonas de sacrificio y emergencia sanitaria y ambiental.  

"No podemos pensar que siempre va a haber agua y darla sin ton ni son privatizándola a cualquiera que pague. Se tiene que regular esto se tiene que garantizar primero a los ciudadanos, primero al pueblo, que es precisamente el poseedor de esos bienes, porque el agua es un derecho no es una mercancía, es un derecho de todos y cada uno de los que habitamos en esta ciudad", manifestó el representante del colectivo Únete Huentitán, Arturo Mendoza Montaño. 

La iniciativa contempla "fondos de reservas de agua" que reemplazan a los "bancos de agua" de la LAN, sirviendo como espacio para conectar a compradores y vendedores de derechos, principalmente con ejidos y comunidades, María González sostuvo que "la iniciativa que contradice la narrativa presidencial de que el agua dejará de verse como mercancía, se eliminará la privatización y evitará su acaparamiento cuando en realidad representa múltiples riesgos". 

Se extiende el plazo de la cuota de garantía, permitiendo a los concesionarios conservar volúmenes sin usarlos por hasta seis años, lo que se considera un "gran negocio" para bufetes gestores del agua.  

"La cuota de garantía es un gran negocio de los bufetes gestores del agua con grandes oportunidades de corrupción. Permite que el concesionario conserve sus volúmenes concesionados sin usarlos durante 2 años. Así está la ley vigente en esta reforma eh le les extiende el plazo. O sea, si tú no has usado el agua, pues yo no te quito, no te toco tu concesión, pero pues si no la estás usando por 2 años, que es como ahorita está la ley, pero te voy a extender seis por 6 años", sostuvo la directora del IMDEC. 

Impacto en Jalisco

Se destacó la situación del Lago de Chapala, que sufre de contaminación y sequía, afectando a las comunidades que dependen de él. Se mencionó que la proliferación de desarrollos inmobiliarios en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que garantizan agua a sus residentes mientras otros ciudadanos reciben agua de mala calidad o no la reciben.  

También se denuncia la contaminación del río Santiago por descargas industriales, lo que ha provocado un alto índice de enfermedades renales en la región. 

"Nosotros vemos como el servicio del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de muy mala calidad, es pésimo, su estabilidad es realmente muy cuestionable. Nosotros creemos que vendría siendo el zarpazo que se le daría al SIAPA para que sea privatizado ya de una manera formal y realmente profundizando en este aspecto", apuntó Raúl Argáez Olivera, integrante de la Asamblea por la Defensa del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (ADA-AMG). 

Los emisores del pronunciamiento hicieron un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al director de la CONAGUA y al Congreso de la Unión para que aprueben una ley verdaderamente ciudadana y transformadora.   

También hicieron un llamado a los diputados federales para que cumplan el mandato del pueblo y deroguen la LAN, votando por una Ley General de Aguas ciudadana. 

Las organizaciones exigen:
  1. Abrogación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992. 
  2. Aprobación de una nueva Ley General de Aguas Ciudadana, que garantice gestión pública, equitativa y participativa. 
  3. Parlamento Abierto y dictaminación conjunta de las iniciativas, incluyendo la ciudadana. 
  4. Desprivatización, transparencia y acceso equitativo al agua. 
  5. Reconocimiento jurídico pleno a los sistemas comunitarios y de pueblos originarios.
Organizaciones de la sociedad civil que firman el pronunciamiento:
  • Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) 
  • Agua para Tod@s, Agua para la Vida 
  • Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) 
  • Contraloría Nacional Autónoma del Agua 
  • Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST) 
  • Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala 
  • Red Mujeres y Aguas en Movimiento  
  • Colectivo Tonalá 
  • Foro Socio Ambiental GDL 
  • Sociedad de Amigos del Lago de Chapala  
  • Red del Lago de Cajititlán 
  • Saneamiento Integral del Río Santiago 
  • Foco Tonal 
  • Únete Huentitán 
  • Arcos de Guadalupe, Defiende sus Áreas Verdes 
  • Por Amor a los Bosques 
  • Sí a la vida y conservación del Lago, No tercer Acueducto 
  • Vida Instituto 
  • Asamblea por la Defensa del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (ADA-AMG) 
  • Colectivo Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto Jalisco 
  • Mujeres Ecologistas, La Huizachera 
  • Defendamos el Cerro de la Reina 
  • Contraloría Ciudadana del Agua 
  • Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna 
  • Colectivo Unidos por Jardines de la Paz
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Gobierno de Quintana Roo niega privatización del agua; revela irregularidades de Aguakan

La secretaria de Gobierno de Quintana Roo destacó que, el 16 de mayo de 2024 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, luego de haber identificado posibles irregularidades relacionadas con la concesión de Aguakan.

La secretaria general de gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, negó las acusaciones de criminalización hacia la empresa Aguakan, encargada del servicio de agua potable en cuatro municipios de la entidad.

En entrevista para ‘Aristegui en Vivo‘, Torres explicó los antecedentes de la concesión y las acciones legales que el gobierno del estado ha tomado para abordar irregularidades en la administración del servicio.

La privatización del servicio de agua en Quintana Roo, dijo, data de los años 90, cuando el gobierno otorgó la concesión a la empresa Aguakan, y señaló que en 2014 se prorrogó este contrato hasta el año 2053, a cambio de un pago de mil cincuenta y cinco millones de pesos.


Además, Torres destacó que, el 16 de mayo de 2024 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de haber identificado posibles irregularidades relacionadas con este acuerdo.

La denuncia se basa en el hecho de que los pagos que Aguakan realizó al estado no estaban facultados a hacerse, dado que, conforme al artículo 115 de la Constitución, el agua debe ser administrada por los municipios, que a su vez pueden delegar la operación a un organismo estatal como la Capa (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado).

La secretaria detalló que, tras las investigaciones, se encontraron elementos que sugieren posibles delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que llevó a que un juez federal emitiera órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan.

“El gobierno del estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque se encontraron elementos que sugieren corrupción y lavado de dinero. Estos pagos no debieron haberse realizado al Estado, sino a los municipios correspondientes. Y se realizaron sin que se cumpliera con el debido proceso administrativo”, afirmó.

Además, entre las investigaciones se reveló la presencia de contaminantes en el agua, cuyas concentraciones exceden los límites permitidos por las normas oficiales mexicanas, representando un riesgo para la salud de los quintanarroenses.

Los peritajes también detectaron niveles elevados de bacterias, como E. coli y coliformes fecales, en las aguas residuales de la región.

“No es solo un tema de la competencia en la prórroga de la concesión. Se encontraron niveles peligrosos de contaminantes en el agua, lo cual compromete la salud pública y justifica las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno del estado”, agregó.

Asimismo, la funcionaria negó las acusaciones de que el gobierno estaría buscando privatizar nuevamente el servicio del agua entregando la concesión a una nueva empresa, como se ha especulado.
Nosotros, el gobierno del Estado, no privatizamos ni pondremos en venta el agua. Buscamos un servicio adecuado y conforme a la ley. No estamos buscando concesionar el agua a ninguna empresa privada. Es falso que busquemos privatizar el servicio.
Torres también desmintió que los trabajadores que han invertido en la empresa Aguakan, a través de fondos de pensiones como Sura, Principal y Pensionista, estén en riesgo de perder su dinero.

Según explicó, el gobierno del estado ha garantizado que las inversiones de los trabajadores quedarán protegidas, incluso si la concesión se revoca.

“Las inversiones de las y los trabajadores están completamente garantizadas. En caso de que se retirara la concesión a Aguacán, el gobierno tomará todas las medidas legales para garantizar que esos recursos no se vean afectados“, explicó.

En cuanto a la duda sobre cómo se manejarían las inversiones de los trabajadores en caso de un cambio en la concesión, Torres detalló que dentro de los procesos jurisdiccionales se está llevando a cabo una valoración de los activos de Aguakan, que incluye una revisión de los inventarios de la empresa y sus compromisos financieros.

Aseguró que los trabajadores no tienen que preocuparse por la seguridad de sus fondos.

“El gobierno del estado tomará todas las medidas necesarias para proteger las inversiones y garantizar que el patrimonio de los quintana roenses no se vea afectado. Los juicios están en curso, y estamos seguros de que los tribunales nos darán la razón”, expresó Torres.

Hasta el momento, mencionó no existe un monto de lo que vale Aguakan y el de las afectaciones que reclama el gobierno estatal, pero se encuentra en revisión.

Cristina Torres, secretaria general de gobierno, aseguró que el gobierno de Quintana Roo no está cerrado a ninguna opción de conciliación con Aguakan, siempre que no sea onerosa para la ciudadanía.

Explicó que se han realizado análisis de los activos y las condiciones financieras de la empresa, señalando que, aunque aún no se tiene una propuesta de la compañía como indemnización, están dispuestos a escucharla.


Torres destacó que las reuniones entre el gobierno del estado y los representantes de Aguakan se han llevado a cabo de manera legal y transparente, esto respecto a las negociaciones que se han sostenido con Cuitláhuac Bardán, un asesor del gobierno del estado, quien participó en la mesa de discusión entre el gobierno y los representantes de los ayuntamientos.

Aclaró que Bardán forma parte de los asesores legales del gobierno y no tiene una relación directa con la empresa Aguakan, como lo señaló el abogado de la empresa en entrevista para este informativo.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno del estado de Quintana Roo con la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos.

El gobierno no busca privatizar el agua, y todas las acciones emprendidas se realizan para corregir las irregularidades detectadas en la concesión de Aguakan y mejorar el servicio de agua potable para su ciudadanía.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Coca-Cola, Pepsico y Danone chupan el equivalente al abasto de millones de familias

Aunque el sector agrícola ocupa casi el 80 por ciento del agua en el país, las trasnacionales Coca-Cola, Pepsico y Danone también han obtenido concesiones en las últimas tres décadas para embotellar y vender agua, jugos y refrescos asociados con diabetes y contaminación plástica.

Las embotelladoras de bebidas de Coca-Cola, Pepsico y Danone (Bonafont), que generan basura plástica, han obtenido concesiones para extraer al menos 81 mil 976 millones de litros de aguas nacionales desde 1994 a la fecha, muestran los datos disponibles de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La cifra equivale al uso promedio de 819 millones 765 mil personas al día, es decir, a lo que todo el país usaría durante una semana sin tandeos.

Kimberly Clark encabeza las 10 empresas acaparadoras de agua en Querétaro

En Querétaro, 10 empresas dedicadas a la producción de papel, telas, cartón, agroquímicos, neumáticos, embotelladoras y desarrollos inmobiliarios acaparan más de 39 millones de metros cúbicos de agua al año, revelan datos de la Conagua. La lista es encabezada por Kimberly Clark, presidida por el empresario Claudio X González Laporte. Querétaro se encamina al llamado “día cero”, que implica una severa escasez del vital líquido.

Kimberly Clark, Manufacturas Kaltex, Bienes Raíces Juriquilla, Cartones Ponderosa, Michelín, Agrogen, Grupo Constructor ABDI, Fuentezuelas Agrícola, Ingredión México y Fomento Querétaro –vinculada a la refresquera Coca Cola– son las 10 empresas que más agua consumen en Querétaro, revelan datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con un uso anual de 39 millones de 721 mil 356 de metros cúbicos en total.

El estado, gobernado por el panista  Mauricio Kuri, se encuentra entre las cinco entidades del país que podrían llegar al llamado “día cero”, es decir a una crisis severa de agua, según datos del Atlas de estrés hídrico Aqueduct del Instituto de Recursos Mundiales de Estados Unidos.

Inician privatización del agua en Querétaro

La privatización del agua en Querétaro se legalizó a través de la llamada popularmente como ley Kuri –promovida por el actual gobernador– que entrega a particulares los organismos operadores del servicio de agua potable. Dichos organismos están facultados desde el pasado 19 de mayo a suministrar y cobrar por el vital líquido, así como suspender su entrega a quienes no paguen a tiempo sus cuotas.

La privatización del agua en Querétaro se legalizó a través de la llamada ley Kuri, que permite a los organismos operadores para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento (OPSA) dotar de servicios a la ciudadanía, cuando el rector debe ser la administración estatal.

Desde el pasado 19 de mayo, los OPSA están legalmente facultados para cobrar directamente por el suministro de agua potable. También, para suspender la entrega del vital líquido a quienes no paguen a tiempo sus cuotas, lo que deja de lado la obligación de la Comisión Estatal del Agua para suministre el recurso, indican especialistas.

Hay complicidad de tres diputados del PRI para privatizar el agua en Querétaro: Defensores

El Congreso de Querétaro puede promover acción de inconstitucionalidad con ocho firmas de los 25 diputados, pero hasta ahora sólo están dispuestos a firmar los seis que votaron en contra.

Tres legisladores se han negado a respaldar un recurso legal denominado “acción de inconstitucionalidad”, que podría frenar la privatización del agua en Querétaro, cuyo plazo para interponerlo vence este lunes.

Aunque en la votación evitaron definir su voto a favor o en contra de la llamada “Ley Concesiones”, ahora impiden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise el tema, señalaron ciudadanos defensores del agua.

Pueblos se pronuncian contra privatización del agua

Pueblos, comunidades y organizaciones defensoras del territorio en México se pronunciaron contra la privatización de los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se ha promovido en México «desde que la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, permitió la participación privada en dichos servicios».

En un comunicado, la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida señaló que actualmente operadoras privadas en seis organismos de cinco estados del país controlan el servicio del agua potable, ya sea a través de Asociaciones Público-Privadas (APPs) o por medio de concesiones, lo que ha acarreado consecuencias como la urbanización desmedida y el lucro con los territorios.

Al cotizar el agua habrá presión sobre el recurso: Conagua

Ante el hecho de que el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, sostuvo que se entra a una nueva época y que ello pondrá mucha presión en el recurso.

El agua abarca desde lo más básico hasta la posibilidad de comercialización, en el mercado de cotizaciones “es un precio, este sentido es cuando hay una actividad económica, pero cuando hablamos del derecho humano debemos hablar del valor”, explicó.