La secretaria de Gobierno de Quintana Roo destacó que, el 16 de mayo de 2024 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, luego de haber identificado posibles irregularidades relacionadas con la concesión de Aguakan.
En entrevista para ‘Aristegui en Vivo‘, Torres explicó los antecedentes de la concesión y las acciones legales que el gobierno del estado ha tomado para abordar irregularidades en la administración del servicio.
La privatización del servicio de agua en Quintana Roo, dijo, data de los años 90, cuando el gobierno otorgó la concesión a la empresa Aguakan, y señaló que en 2014 se prorrogó este contrato hasta el año 2053, a cambio de un pago de mil cincuenta y cinco millones de pesos.
Además, Torres destacó que, el 16 de mayo de 2024 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de haber identificado posibles irregularidades relacionadas con este acuerdo.
La denuncia se basa en el hecho de que los pagos que Aguakan realizó al estado no estaban facultados a hacerse, dado que, conforme al artículo 115 de la Constitución, el agua debe ser administrada por los municipios, que a su vez pueden delegar la operación a un organismo estatal como la Capa (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado).
La secretaria detalló que, tras las investigaciones, se encontraron elementos que sugieren posibles delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que llevó a que un juez federal emitiera órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan.
“El gobierno del estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque se encontraron elementos que sugieren corrupción y lavado de dinero. Estos pagos no debieron haberse realizado al Estado, sino a los municipios correspondientes. Y se realizaron sin que se cumpliera con el debido proceso administrativo”, afirmó.
Además, entre las investigaciones se reveló la presencia de contaminantes en el agua, cuyas concentraciones exceden los límites permitidos por las normas oficiales mexicanas, representando un riesgo para la salud de los quintanarroenses.
Los peritajes también detectaron niveles elevados de bacterias, como E. coli y coliformes fecales, en las aguas residuales de la región.
“No es solo un tema de la competencia en la prórroga de la concesión. Se encontraron niveles peligrosos de contaminantes en el agua, lo cual compromete la salud pública y justifica las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno del estado”, agregó.
Asimismo, la funcionaria negó las acusaciones de que el gobierno estaría buscando privatizar nuevamente el servicio del agua entregando la concesión a una nueva empresa, como se ha especulado.
Nosotros, el gobierno del Estado, no privatizamos ni pondremos en venta el agua. Buscamos un servicio adecuado y conforme a la ley. No estamos buscando concesionar el agua a ninguna empresa privada. Es falso que busquemos privatizar el servicio.
Torres también desmintió que los trabajadores que han invertido en la empresa Aguakan, a través de fondos de pensiones como Sura, Principal y Pensionista, estén en riesgo de perder su dinero.
Según explicó, el gobierno del estado ha garantizado que las inversiones de los trabajadores quedarán protegidas, incluso si la concesión se revoca.
“Las inversiones de las y los trabajadores están completamente garantizadas. En caso de que se retirara la concesión a Aguacán, el gobierno tomará todas las medidas legales para garantizar que esos recursos no se vean afectados“, explicó.
En cuanto a la duda sobre cómo se manejarían las inversiones de los trabajadores en caso de un cambio en la concesión, Torres detalló que dentro de los procesos jurisdiccionales se está llevando a cabo una valoración de los activos de Aguakan, que incluye una revisión de los inventarios de la empresa y sus compromisos financieros.
Aseguró que los trabajadores no tienen que preocuparse por la seguridad de sus fondos.
“El gobierno del estado tomará todas las medidas necesarias para proteger las inversiones y garantizar que el patrimonio de los quintana roenses no se vea afectado. Los juicios están en curso, y estamos seguros de que los tribunales nos darán la razón”, expresó Torres.
Hasta el momento, mencionó no existe un monto de lo que vale Aguakan y el de las afectaciones que reclama el gobierno estatal, pero se encuentra en revisión.
Cristina Torres, secretaria general de gobierno, aseguró que el gobierno de Quintana Roo no está cerrado a ninguna opción de conciliación con Aguakan, siempre que no sea onerosa para la ciudadanía.
Explicó que se han realizado análisis de los activos y las condiciones financieras de la empresa, señalando que, aunque aún no se tiene una propuesta de la compañía como indemnización, están dispuestos a escucharla.
Torres destacó que las reuniones entre el gobierno del estado y los representantes de Aguakan se han llevado a cabo de manera legal y transparente, esto respecto a las negociaciones que se han sostenido con Cuitláhuac Bardán, un asesor del gobierno del estado, quien participó en la mesa de discusión entre el gobierno y los representantes de los ayuntamientos.
Aclaró que Bardán forma parte de los asesores legales del gobierno y no tiene una relación directa con la empresa Aguakan, como lo señaló el abogado de la empresa en entrevista para este informativo.
Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno del estado de Quintana Roo con la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos.
El gobierno no busca privatizar el agua, y todas las acciones emprendidas se realizan para corregir las irregularidades detectadas en la concesión de Aguakan y mejorar el servicio de agua potable para su ciudadanía.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
