El último año del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez cerró con un presunto daño patrimonial de más de 830 millones de pesos, derivado de obras con sobrecostos, deficiencias técnicas y mala calidad constructiva, de acuerdo con la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) en la revisión de la Cuenta Pública 2024.
El informe señala que cinco dependencias y 34 organismos públicos descentralizados incurrieron en pagos en exceso, obras inconclusas y gastos sin comprobar.
Las observaciones más graves se concentran en obras emblemáticas como el estadio Luis “Pirata” Fuente, el Nido del Halcón y el Acuario de Veracruz, que acumulan más de 300 millones de pesos observados.
El Orfis documentó un daño patrimonial de 160.3 millones de pesos en la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, donde se detectaron deficiencias técnicas, pagos en exceso y volúmenes no ejecutados.
En agosto último, Proceso publicó que dicha remodelación fue el proyecto emblemático del gobierno del morenista Cuitláhuac García, quien destinó mil 500 millones de pesos del erario para este fin y prometió que entregaría el inmueble para un equipo de primera, pero incumplió.
Las obras fueron asignadas en una primera etapa a la empresa Pegsa Construcciones, pero se detectaron irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación antes de que concluyera.
Para la segunda y tercera etapa del proyecto se adjudicaron contratos por más de mil millones de pesos a la empresa Grupo AEM México JF SA de CV, a la que en 2019 se incorporó el empresario Mario Manuel Guerra Mabarak, cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó Proceso en agosto pasado.
La remodelación del estadio que hasta hace algunas temporadas fue casa de los Tiburones Rojos del empresario y político priista Fidel Kuri Grajales fue entregada con retrasos y fallas estructurales que generaron críticas públicas de los aficionados. Ante las denuncias, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, anunció que no se realizarán los pagos pendientes a los constructores hasta concluir una auditoría técnica de la obra.
Durante las visitas de verificación realizadas en junio y julio de 2025 se constató el deterioro de estructuras metálicas, roturas en las membranas de las torres y tensores, oxidación en barandales, módulos comerciales sin servicios básicos y problemas de visibilidad en más de 600 butacas.
El informe también reporta filtraciones, desprendimiento de césped, tuberías expuestas, irregularidades en escaleras y gradas, y accesos insuficientes para mantenimiento, además de marcos oxidados y fallas estructurales.
En el Aquarium, el Orfis detectó un presunto daño de 81 millones 381 mil pesos, correspondiente a la inversión ejecutada entre 2023 y 2024.
Se identificaron pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, deficiencias técnicas, así como la falta del resolutivo de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El organismo advirtió fallas estructurales, desprendimiento de material y terminaciones deficientes en estanques y módulos de concreto.
En tanto, el Nido del Halcón, en Xalapa, presenta observaciones administrativas por atrasos que prolongaron su conclusión durante varios meses.
Dependencias con más observaciones
El Orfis, encabezado por Delia González Cobos, precisó que tres dependencias concentran la mayor parte del presunto daño patrimonial:
La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), con 273.8 millones de pesos; el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), con 201.7 millones de pesos, y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), con 83.6 millones de pesos.
Otras instancias que también registran irregularidades son el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, con 79.8 millones; la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con 27.7 millones; la Comisión Estatal del Agua (CAEV), con 24.7 millones; el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet), con 21.5 millones, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa) con 15.1 millones.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente concentra las mayores irregularidades por obras ambientales inconclusas o no realizadas, entre ellas figuran el rescate y remediación de la laguna San Julián en el puerto de Veracruz, con daño estimado en 12.2 millones de pesos; la limpieza del corredor acuático en la laguna Río Viejo, en Otatitlán, con 22 millones; la remediación y control de lixiviados en el tiradero municipal de Veracruz, con 41 millones, y la construcción del Centro de Transformación de Residuos Plásticos (CTR-PMA), con 54 millones de pesos.
El Orfis señaló que la suma de estas irregularidades supera los 273 millones de pesos, por pagos en exceso, obras sin operar y sobrecostos en materiales y servicios.
La PMA tuvo como titular a Sergio Rodríguez Cortés, con un largo historial político y señalamientos por presunta corrupción. Pasó del PRD a Morena, y fue uno de los funcionarios más controvertidos del gobierno estatal.
En 2020 el corporativo Walmart de México denunció públicamente que Rodríguez Cortés les exigió más de 10 millones de pesos en multas y pagos para adherirse al Programa de Certificación Verde, impulsado por la PMA. La empresa acusó al funcionario de presión económica y clausuras injustificadas, luego de negarse a pagar las cuotas que, según la Procuraduría, eran “voluntarias”.
Rodríguez Cortés fue dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz entre 2013 y 2014 y posteriormente diputado local.
Durante su gestión partidista protagonizó un escándalo mediático tras difundirse una fotografía en la que aparecía rodeado de fajos de billetes sobre una cama, imagen que generó acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras su salida del PRD, fue alcalde de Camerino Z. Mendoza, donde enfrentó críticas por presuntas irregularidades financieras. Más tarde se sumó a Morena, partido con el que ha ocupado cargos clave en la actual administración estatal.
Su papel fue determinante en mayo de 2022, cuando el gobierno estatal tomó el control del Acuario de Veracruz, rebautizado como “Aquarium”, mediante el Decreto publicado en la Gaceta Oficial.
Con ese movimiento, la PMA asumió la administración y manejo de un fideicomiso de 120 millones de pesos, que antes estaba bajo gestión privada.
Sector educativo en la mira
En los Servicios de Salud, donde el administrador es Jorge Sisniega, se observó un posible daño de 56 millones de pesos en la adquisición de un sistema fotovoltaico y planta de emergencia para los hospitales de Coatzacoalcos y Veracruz, contratados con la empresa Antber, SA de CV, constituida apenas en 2022.
El organismo detectó anticipos no amortizados y pagos sin comprobar, que permanecen bajo revisión.
Asimismo el Instituto de Espacios Educativos, a cargo de Zenzayen Escobar (exsecretario de Educación y actual diputado federal) acumula más de 200 millones de pesos observados por obras escolares inconclusas, mientras que en la CAEV se reportan proyectos de agua potable sin construir y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, más de 15 millones de pesos por caminos saca cosechas sin construir.
El órgano fiscalizador concluyó que las obras y contratos revisados presentan fallas estructurales, sobrecostos, falta de permisos ambientales y documentación incompleta, además de deficiencias técnicas y mala calidad constructiva.
Las observaciones fueron integradas en los Informes Individuales de Resultado, los cuales serán analizados para determinar responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales.
