La Contraloría General de Veracruz presentó una denuncia por posible daño patrimonial en la Secretaría de Salud del estado por más de 1,600 millones de pesos durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez.
En gira por la entidad, el líder del blanquiazul dio a conocer que presentará un punto de acuerdo solicitando la destitución del funcionario para que enfrente el proceso derivado de las denuncias en su contra presentadas por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, por presunto desfalco mediante contratos con empresas fantasma.
Afirmó que México y Veracruz necesita gobernantes que realmente pongan primero a las y los ciudadanos, y no funcionarios que utilicen el poder para enriquecerse.
“Veracruz merece más. Merece salud, merece justicia y gobernantes honestos”, demandó.
El líder panista también expresó su preocupación por la crisis en los servicios médicos y añadió que con los recursos presuntamente desviados por el exmandatario estatal, se pudieron haber salvado muchas vidas.
Romero también reiteró el llamado al gobierno federal y estatal para garantizar la integridad de quienes participan en el proceso electoral.
La denuncia contra Cuitláhuac García
A inicios de mayo, la Contraloría General de Veracruz presentó una denuncia por posible daño patrimonial en la Secretaría de Salud del estado por más de 1,600 millones de pesos durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez , tras las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2023.
La denuncia es por el presunto mal manejo financiero en la administración del exgobernador morenista y por presuntas irregularidades relacionadas, principalmente, con contratos otorgados a empresas de reciente creación, sin los debidos procesos administrativos y con proveedores vinculados a casos de corrupción.
En mayo de 2024, Animal Político publicó una investigación en la que reveló que el gobierno de Cuitláhuac García copió el mismo mecanismo que, hace seis años, empleaba el priista Javier Duarte para desviar recursos públicos y que lo llevó a la cárcel. El modus operandi: contactar a personas de escasos recursos y engañarlos para que firmen los papeles necesarios que les permitan crear empresas fantasma; luego les dan contratos millonarios para obras de educación, salud e infraestructura y los recursos desaparecen, porque las obras no se hacen.
Para esta investigación, Animal Político revisó los contratos entregados a empresas de nueva creación y a personas físicas, de 2018 a 2023. Luego, los integrantes de esas empresas fueron buscados en los padrones de beneficiarios de programas sociales y las coincidencias fueron confirmadas por su RFC, la edad que se registraba al momento de recibir el programa social y el municipio. Después se buscaron en las direcciones fiscales registradas y por teléfonos. Se entrevistó a los supuestos dueños y se confirmó que las obras nunca se realizaron.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
