“Hay una fijación obsesiva y enfermiza de los familiares de Juan Antonio Vera Carrizal contra María Elena”, indica en entrevista la penalista y académica.
En ese contexto, González Obregón explica que el pasado 25 de enero interpusieron el recurso de apelación con el que se busca revocar la prisión domiciliaria para el presunto agresor y piden al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, atender el caso de manera inmediata en una sala con perspectiva de género, además que se les permita una audiencia de alegatos aclaratorios o aclaraciones a los agravios.
La abogada es enfática, dice que el juez no actuó conforme a Derecho. “La audiencia fue irregular y atroz. Se debe aplicar la perspectiva de género, estamos hablando de un intento de feminicidio con ácido sulfúrico. Su resolución no solo fue desatinada, irregular y oscura”, denuncia.
La defensora relató que, durante esa larga audiencia de más de 60 horas, “más que el tiempo, lo que ofendió y ofende a la inteligencia y la integridad humana es la cantidad de irracionalidad, ilegalidad e ilicitud que se observó en la aplicación del sistema penal acusatorio”.
Como ejemplo menciona que se violentó el derecho de su representada a la secrecía y a la privacidad de sus datos personales. Cuenta que el propio coordinador del Mecanismo Federal de Protección, el cual brindó medidas de protección a María Elena, le mandó un oficio al juez donde le dice que no le puede dar los datos de la víctima porque son confidenciales.
La defensora agrega que durante la audiencia el juez admitió documentos de médicos privados que no cumplen con las reglas de legalidad y licitud. Dice que se debe cumplir con una cadena de custodia o un sistema de control que garanticen el valor probatorio, pero al juez, no le importó.
Como especialista y redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, Diana Cristal González señala que en el sistema penal acusatorio, es obligación de la contraparte informar sobre los documentos que se van a presentar en la audiencia y la defensa de Juan Vera lo que hizo fue descubrir solo un par de horas antes, más de 100 hojas que iba a utilizar en el debate. De acuerdo con la defensora, acciones como estas violentan el principio de igualdad en el proceso.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en una audiencia de ese tipo, el juez debe explicar la resolución. La defensa de la víctima tiene derecho a preguntar y el juzgador la obligación de dar el uso de la voz. Además, tiene que notificar por escrito la resolución y preguntar si quieren copia el audio y vídeo de la misma.
Sin embargo, según la abogada, el juez omitió todo lo anterior. Una noche antes de la fecha límite para la impugnación, les avisaron que el juez ya había notificado por escrito la resolución. “El sábado, después de las 60 horas y una jornada de noche y madrugada, el juez nos informó que iba a dar lectura a la resolución, pero que no iba a dar uso de la voz. Lo hizo y se fue sin notificarnos. Tampoco nos da copia del audio y video y nos dice que si queremos copia del video que se lo pidamos al encargado de sala y nos dicen que llevemos nuestros materiales”.
La defensora reprocha que eso es ajeno al procedimiento penal y es ilícito porque violenta los derechos de su representada. Expresa además que se le indicó al juez que no había las condiciones para modificar la prisión preventiva por el riesgo que representa para la víctima y para la sociedad ante el riesgo de fuga. Además de obstaculizar la investigación, el juez resolvió a favor del presunto agresor Juan Vera Carrizal.
Prisión temporal
Una resolución de la jueza Martha Santiago Sánchez del TSJO evitó que la medida cautelar fuera ejecutada, precisamente porque consideró que no había las condiciones para cumplir con prisión domiciliaria; el empresario y político continúa en prisión de manera temporal.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, con fecha del 25 de enero, interpuso la apelación en contra de la resolución del juez Teódulo Pacheco Pacheco. A la par, el nuevo fiscal, Bernardo Rodríguez Alamilla se comprometió a brindar acompañamiento integral a la víctima. También la Fiscalía General de la República anunció su cooperación, no obstante que el delito es de fuero común.
“Si se hubiera ejecutado la orden del juez, yo creo que si la matan y nos matan a todas porque hemos sufrido muchas amenazas, hay fotos que toman de nosotros, siguen a nuestra familia. A mí me envían fotos de mujeres parecidas a mí maniatadas, con una cinta gris en la boca. Esas fotografías ya están en una carpeta de investigación, no es algo sencillo, realmente María Elena corre peligro, él fue el actor intelectual, él fue quien mandó atacarla con ácido en septiembre de 2019, si tememos por nuestra vida”, enfatiza la penalista.
La apelación de María Elena podría resolverse en tres meses, pero ante el temor, ambas exigen que se dé seguimiento rápido y transparente a este caso y se inicie una investigación contra el juez que modificó las medidas cautelares para el presunto agresor.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ROCÍO FLORES.
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