Dicho trámite requería 10 días para que la CRE admitiera la solicitud y 90 días más para analizarla, de acuerdo con el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos.

La empresa consiguió la autorización 15 meses después de su creación. Mientras que en diciembre de 2019 consiguió contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para proveer combustible en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, la Sedena le entregó 11 millones de pesos sin que existiera contrato que justificara la entrega de recursos públicos, lo que fue señalado en junio de 2022 como una irregularidad en la revisión de los gastos del AIFA, una de las obras prioritarias del expresidente López Obrador.

Siete meses después de la creación de Ecocarburante, en julio de 2019, fue nombrado como apoderado legal Miguel Castellanos Cruz, quien también fue representante de Petro Almacenes de Occidente, Mefre Fletes, Dalcrise; esta última también aparece como accionista de Impulsora de Productos Sustentables.

Dicha empresa es investigada por huachicol y tiene como socio a José Isabel Murguía Santiago, hermano de José Ascención Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.

Mientras que Eric Daniel Zamora Delgadillo, representante de Ecocarburante y apoderado de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó el pasado 20 de mayo que el expresidente municipal de Teuchitlán –quien ya está procesado y en la cárcel–, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ecocarburante forma parte de una red de empresas implicadas en el huachicol fiscal, es decir, la importación de diésel haciéndolo pasar por otro aditamento para no pagar impuestos, delito que ha sido investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Una de las carpetas de investigación derivó en la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —excomandante de la 12 Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, y sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda— por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada en puertos y aduanas, como reveló el periódico Reforma el 6 de septiembre.

La familia de Gael y Alexander respondió al llamado y fueron al ‘diamante’. Tras el partido, subieron a su camioneta para regresar a casa: los dos niños, su hermano adolescente de 17, y sus padres, Antonio y Miriam.

En la avenida Agricultores, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles, la rutina familiar se quebró. Antonio se dio cuenta de que hombres armados los seguían, muy seguramente para robarles el vehículo. Un caso más de los 7 mil registrados desde que inició la guerra. Pero, según los reportes policiales, el hombre no se detuvo. Aceleró en busca de proteger a su familia.

Los criminales, entonces, abrieron fuego.

Antonio murió al instante, alcanzado por varias balas.

Gael falleció un día después en un hospital.

Alexander lo hizo al día siguiente.

Miriam y su hijo adolescente sobrevivieron.

Antonio pasó a engrosar la estadística de 2 mil homicidios en Sinaloa durante el primer año de guerra interna del cártel. La muerte de los hermanos se sumó a otra cifra: 66 menores de edad han perdido la vida en esta disputa que no perdona ni a los niños. Apenas dos meses más tarde, la pequeña Dana también quedó atrapada en una balacera entre criminales. La trasladaron de urgencia a un hospital en un coche agujereado por las balas. Ahí murió poco después. Tenía 12 años.

 “Mi hija no merece vivir con miedo”

Son las 8:50 horas del 12 de septiembre. Los niños y niñas de entre 5 y 12 años ya están en sus salones de la primaria Sócrates, ubicada en el centro de Culiacán, a un par de cuadras del estadio de los Tomateros.

Vestido con una camisa azul clara de manga corta, jeans y tenis, el director del plantel, Víctor Manuel Aispuro, se coloca bajo un porche que lo resguarda del sol, todavía tibio pero a punto de volverse el habitual plomo fundido. A sus espaldas, una puerta con dibujos de cuatro pequeños da la bienvenida con un gran letrero. Junto al marco, unos trípticos enseñan a los alumnos qué partes de su cuerpo pueden ser tocadas y cuáles no.

—Todavía estamos en un proceso de reconstrucción que nos duele mucho —asegura apenas empieza la entrevista con los reporteros de Animal Político y Noroeste—. Llevamos un tratamiento tanatológico con los maestros y con los niños. Aún no superamos la pérdida de Gael y Alexander. Eran muy cariñosos, les encantaba venir a la escuela. Aunque estuvieran enfermos, querían convivir con sus amiguitos. Les gustaba hacer deporte.

Señala con la barbilla la pequeña explanada que lleva hasta la puerta principal. A un costado, cerca del busto de Sócrates, está la cancha de futbol. Allí, sus compañeros levantaron un altar con dulces, juguetes y hasta monedas para los hermanos asesinados. Lo retiraron al terminar el pasado ciclo escolar.

Víctor Manuel hace una pausa. Sonríe. No quiere que la emoción le gane.

—En su inocencia, los niños les dejaban moneditas para que fueran a la tiendita a comprar. Algunos, en su fantasía de dolor, dicen que los han visto jugar en el patio. Es su manera de expresar que sus compañeros no debieron irse tan pronto. No les tocaba.

Dentro de la escuela, una mujer de unos 60 años funge como veladora. Con polo rojo claro, cubrebocas negro y sentada en un pupitre, vigila la entrada y responde cuando alguien toca el timbre. Afuera, no hay patrullas ni retenes militares, a diferencia de otros puntos de la ciudad donde la presencia armada es muy cotidiana. El director dice que no es tan necesario: la escuela no es el problema en la seguridad de los niños. Aunque, de todos modos, tienen protocolos y practican simulacros en caso de un ataque armado en las inmediaciones de la primaria.

—Cuidamos la escuela entre todos. Y si llamamos, la autoridad llega rápido. Pero el riesgo no está aquí. El riesgo está en el camino de la escuela a la casa, y viceversa. No hay seguridad para nadie… Y en esta guerra hay niños que están muriendo.

Recuerda, por ejemplo, el caso de la madre de una alumna que vive en la colonia Las Coloradas. Hace poco lo llamó para decirle que pensaba dejar de llevar a la niña y salir de Culiacán. No es la única: en un año de guerra, al menos 142 familias –351 personas, en su mayoría de comunidades rurales como Tecolotes, Piedras Blancas o Caminaguato– han abandonado sus hogares, según un reporte de la Secretaría del Bienestar estatal publicado por la Revista Espejo.

—Me dijo: “Tengo mucho miedo. Todos los días hay balaceras por donde vivo. Todos los días escucho disparos y gritos. Mi hija no merece vivir así”.

A la Sócrates llegan a diario cientos de niños de hasta 100 colonias distintas: de Las Coloradas a Culiacancito, pasando por la Miguel Alemán, Loma de Rodriguera, Alturas del Sur, la Rafael Buelna o el centro.

—Es muy raro que un papá o una mamá no me avise por la mañana: “Hoy no llevaremos al niño porque hubo una balacera y las calles están cerradas”. O: “No llegamos porque balearon una casa en mi calle”. Todos los días pasa algo. Por eso, en los chats que tenemos con los padres, cuando veo que la situación está difícil les digo: ‘Hoy está muy peligroso, tomen precauciones”.

De hecho, ha habido jornadas en las que las balaceras, los asesinatos y las persecuciones han sido tan intensas que en ese chat con 300 familias piden activar la modalidad de “escuela en línea”, para que los niños reciban clases en casa mediante Zoom, Skype o Whatsapp. Como en los peores días de la pandemia de Covid 19.

—Las clases en línea no son lo ideal. Los niños aprenden menos y el horario es muy desgastante para el maestro, que empieza a las ocho y no sabe cuándo termina. Son cansadas y agotadoras. Pero ante esta situación, lo hacemos con gusto —admite resignado el director.

 “Tengo miedo”

Son las 9:30. De vez en cuando se abre la puerta de un salón y aparecen niños de pelo ensortijado y sonrisas traviesas. Corren por el pasillo, saludan a la cámara y desaparecen entre risas y jugando entre sí. El director baja la voz, les devuelve el gesto con la mano y una sonrisa, y espera a que se alejen para continuar con la entrevista.

—Hay niños que llegan llorando, no porque no quieran venir a la escuela, sino porque tienen miedo de que sus padres puedan ser asesinados o secuestrados. Todos tenemos miedo, la verdad. Los maestros también. Estamos cansados. Queremos vivir en paz. No queremos que nos arrebaten a un niño más —hace hincapié el director de la primaria, que el día de la entrevista acababa de llegar de Ciudad de México. Ahí viajó con otros ciudadanos y activistas para solicitar una audiencia con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien no los recibió, aunque sí fueron escuchados en el Senado de la República. Ahí plantearon, entre otras cosas, que más allá de los 6 mil soldados patrullando las calles, se necesita “una estrategia que utilice la tecnología y la inteligencia para detener esta guerra”.

El docente cuenta que apenas una semana previa se vivieron momentos de pánico por una balacera en las inmediaciones de otra escuela primaria, en la periferia de Culiacán.

—Atacaron a una persona. Y, de nuevo, los niños entraron en pánico. Todos estaban tirados pecho a tierra.

El 19 de septiembre, solo una semana después de esta entrevista, un grupo armado irrumpió en la Escuela Técnica Secundaria ‘Profesor Enrique Romero’, en el sector Bellavista. Incendiaron la biblioteca, causaron destrozos en la tienda escolar, la cocina y en la dirección general, y dejaron mensajes dirigidos a un grupo criminal. Eran las seis de la mañana, poco antes del inicio de clases.

Se trata de sucesos que se suman a una lista cada vez más larga y que se acumula en la memoria de niños y niñas atrapados en la guerra de un cártel. Nadie sabe todavía cuál será el impacto en su salud mental. A la violencia se añade otra pérdida: la orfandad. Entre las más de 2 mil personas asesinadas en un año de crisis de inseguridad en Sinaloa también hay madres y padres de familia.

De pronto, uno rompe en llanto. Viste uniforme, como el resto: pantalón azul marino, polo blanco. Llora con rabia, con la cabeza hundida entre sus brazos sobre el cuadernillo de Matemáticas.

Cuando se le pregunta a la maestra, ella acaricia maternal su pelo alborotado y explica que esa mañana llegó con un fuerte dolor de garganta.

Sin embargo, al preguntarle directamente al niño, éste levanta la cabeza, enjugándose las lágrimas, y responde.

—Tengo miedo.

También se solicitó la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos, que inició entrevistas con los custodios en turno para integrar una carpeta administrativa. 

El director del penal y los custodios responsables fueron presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Paralelamente, los oficiales realizan el análisis de cámaras de videovigilancia dentro y fuera del centro penitenciario, con el objetivo de ubicar al interno y determinar posibles omisiones en los controles de seguridad. 

El hombre evadido había sido detenido en febrero de este año y estaba imputado por tentativa de homicidio, por su presunta responsabilidad en lesionar a sus vecinos con un cuchillo de cocina y un tubo durante una riña, en la alcaldía Magdalena Contreras. 

La SSC adelantó que aplicará sanciones administrativas y medidas de reforzamiento, pero no precisó si se trató de una fuga, ni el tiempo transcurrido entre el pase de lista y la activación del protocolo.

Luego de que los efectivos desarrollaron acciones tácticas y estratégicas sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con la calle Francisco I. Madero, observaron al sujeto y le marcaron el alto para realizarle una revisión de seguridad.  

En dicha revisión le hallaron diversas dosis de cristal y cocaína, además, le aseguraron un teléfono celular y dinero en efectivo. Por lo anterior, Brayan “N” fue detenido, informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

En la actualidad, cada entidad y la propia Federación tienen normativas distintas. Por lo tanto, una de las principales problemáticas que busca corregir la reforma es la disparidad entre las normas federales y estatales en torno a este delito, ya que la extorsión está regulada con diferentes definiciones, modalidades, agravantes y penalidades en los distintos códigos penales.

Con esta reforma, el Congreso podrá expedir una ley general sobre ese delito. La normativa estará enfocada en homologar el tipo penal y sus sanciones, además de establecer mecanismos de colaboración entre instituciones y articular las capacidades del Estado.

La iniciativa fue enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de julio, unos días después de que su gobierno presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en combatir el delito que ha ido a la alza en los últimos años, de acuerdo con la propia mandataria.

La reforma aprobada será enviada a los Congresos estatales para obtener su aval y que pueda ser promulgada, tras lo cual el Congreso tendrá un plazo de 180 días para emitir la ley general en la materia.

Esa ley, según adelanta la propia propuesta, deberá regular los programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia que combatan el delito, así como el uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.

La normativa tendrá que establecer estrategias para evitar que personas privadas de la libertad orquesta y realicen extorsiones desde el interior de los centros penitenciarios.

También deberá contener la ruta de canales seguros y eficaces de denuncia y las medidas de protección para testigos y víctimas.

“No tienen confianza en las autoridades”

Sólo hubo oradores para hablar a favor de la iniciativa, pero la oposición destacó los pendientes en seguridad que rodean a este delito.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, citó la Encuesta Nacional de Victimización para sostener que la extorsión tiene una cifra negra de 97 por ciento por la falta de denuncias ante la desconfianza autoridades.

“El delito crece en la oscuridad, se esconde en el silencio y golpea directamente la economía familiar”. 

La legisladora recordó que en lo que va del 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un crecimiento de 45.3 por ciento de la extorsión en lo que va de 2025.

“La extorsión telefónica representa el 85 por ciento, obviamente en los lugares donde tenemos delincuencia organizada hay cobro de piso, de manera directa en los negocios, en las regiones que controla el crimen organizado”, dijo.

La senadora Claudia Anaya, llamó a realizar una autocrítica y reconocer que hay omisión, corrupción y colusión en los delitos de extorsión, lo que deriva en costos más altos en los productos que terminan afectando a los consumidores. Ejemplificó con el caso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, presidida por el diputado de Morena Pedro Haces, que tiene denuncias de comerciantes de la construcción.

También, la legisladora advirtió que municipios y estados deberán contar con los recursos suficientes para enfrentar el delito de la extorsión, ya que se ha ido concentrando la administración de los recursos de seguridad a la Federación.

La panista Susana Zatarain, del PAN, destacó la coincidencia de todos los grupos para legislar contra la extorsión y llamó a trabajar en conjunto para poner penas severas.

“Pongamos penas severas, que hagamos que la ley se cumpla y que exijamos que el gobierno de México siga combatiendo con todas sus fuerzas a quienes vienen a quitarle la paz a las y los mexicanos, la seguridad es un derecho, no un privilegio”.

“Mientras en el ámbito federal la pena por extorsión va de dos a ocho años, en Chihuahua alcanza hasta 30 años y en Oaxaca apenas llega a tres años, esta disparidad no sólo es injusta debilita el sistema de justicia y abre márgenes de impunidad, por eso es urgente unificar y homologar”.

Araceli Saucedo, de Morena, reiteró el respaldo a la iniciativa presidencial y reconoció que las víctimas necesitan garantías de la denuncia sin riesgos. 

“Reconocemos y decidimos apoyar a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con esta iniciativa, además acompañar al pueblo mexicano; porque estoy segura que con ello vamos a avanzar”.

Al lugar llegaron militares y policías de diversas corporaciones, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes por el asesinato del jefe de farmacia.

Esto ocurrió casi a la par de un “intento de despojo de camioneta” —de acuerdo con el gobernador Rubén Rocha Moya—, en la que viajaba su nieta y por lo cual resultaron heridos agentes de seguridad asignados como escoltas.

Cabe destacar que los mencionados hechos sucedieron mientras el Gabinete de Seguridad federal, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, realizaba su quinta visita al estado para atender el tema de inseguridad.

Tan solo este martes, en la entidad se registraron tres carpetas por homicidio doloso, dos por feminicidio, diez robos de vehículo y tres denuncias por privación de la libertad, de acuerdo con la FGE.

Desde septiembre de 2024, la entidad atraviesa una crisis de violencia derivada de disputas entre Los Mayos y Los Chapos, facciones internas del Cártel de Sinaloa, que ha dejado 2,048 homicidios dolosos, más de 2,000 personas privadas de la libertad, 7,329 vehículos robados, 1,756 personas detenidas y 116 abatidas.

El caso remonta a una sesión del Consejo General del INE que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2021, en la que una mayoría de seis consejeros –incluyendo a su entonces presidente, Lorenzo Córdova Vianello– decidió posponer temporalmente la organización de la consulta sobre la revocación de mandato.

Justificaron su decisión con el argumento de que el recorte presupuestario de cerca de 4 mil millones de pesos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cámara de Diputados habían impuesto al INE para el año siguiente haría imposible organizar una elección en los términos requeridos por la ley

El acuerdo del INE provocó una reacción airada de López Obrador y de Morena, que no duró mucho: apenas una semana más tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo y dio luz verde para la elección, ideada e impulsada por el expresidente. La consulta se llevó a cabo el 10 de abril de 2022: como era de esperarse, tuvo una tasa de participación muy baja –apenas el 17.77%–, y el 91.36% de los votantes puso en la urna la boleta “Que siga (López Obrador) en la Presidencia de la República”.

Sin embargo, en un hecho inédito, días después de la sesión del Consejo General, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja ante el OIC del INE contra los seis consejeros que votaron a favor del acuerdo, y contra el entonces secretario ejecutivo del árbitro electoral, Edmundo Jacobo Molina.

El día siguiente, el Consejo General del INE condenó en bloque el ataque de Gutiérrez Luna contra seis de sus miembros por una decisión tomada de manera colegiada; señaló que existen vías institucionales, como el TEPJF, para cuestionar sus decisiones.

La reforma también establece lenguaje inclusivo en su redacción de los artículos 76 y 78 de la Constitución en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. La reforma será enviada a los estados y se busca sea aprobada en al menos 17 de estos para que sea constitucional. 

Oposición acusa pifias legales y ratificación de la militarización

La diputada del PAN, Noemí Luna, afirmó que, con esta reforma, los diputados oficialistas solucionan pifias legislativas, sin embargo, no así con las instituciones como la Guardia Nacional, por ello, afirmó que votaran en contra.    

“Las pifias legislativas se pueden solucionar. Lo que lamentablemente no tiene solución, y por eso en el Partido Acción Nacional vamos a votar en contra, es el gravísimo daño que ustedes le están haciendo a todas las instituciones, incluyendo al Ejército Mexicano y la confianza ciudadana. Dicen que introducen los contrapesos y que la ratificación es un mecanismo de control. Control, contrapesos y rendición de cuentas son mecanismos que ustedes no conocen”, detalló.  

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Ruiz Massieu, resaltó que este dictamen es resultado de una omisión en la reforma que constitucionalizó la militarización de la Guardia Nacional, así que afirmó que respaldarlo implicaría respaldar la esencia misma de aquella reforma. 

“No es un simple acto de armonización, es el reconocimiento constitucional expreso de la existencia de una nueva corporación de las Fuerzas Armadas. Con mando con integrantes, con formación, con fuero y con un sistema de ascensos militar. 

“Sí hay una omisión, producto de las prisas y el desaseo, sí falta armonizar, porque en su prisa dejaron descobijados a los mandos de la Guardia Nacional. Pero no nos dejemos engañar, esta propuesta no fortalece el control parlamentario del Senado sobre la Guardia Nacional. Lo que hace es seguir legitimando la militarización de la seguridad pública”, enfatizó.

Este incidente se suma a la controversia, ya que la casa ha sido cuestionada no solo por su irregularidad legal, sino también por contradecir el discurso de austeridad de Morena.

Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien.

— Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 24, 2025

“Parece que están tapando a sus mismas instituciones, hemos presentado denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Naciones Unidas determinó que en este caso en particular, así como en otros 773, existen indicios de posible complicidad u omisiones de las autoridades”, dijo.

Los padres también hicieron un llamado a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y a la comunidad internacional para presionar a México a que garantice la seguridad de los jugadores y turistas que vendrán a la Copa Mundial de 2026 tendrá como una de las sedes a México, en estadios ubicados en entidades donde las desapariciones son marcadas como el Akron en Jalisco.

Ricardo García afirmó que “el presidente de la FIFA tiene que hacer algo para exigirle a México que aparezcan las personas que no están con nosotros hoy en día y que garanticen la seguridad de todos los visitantes a nuestro país. Si quieren que vengan y si no quieren, que no vengan, que no vengan por su propia seguridad”.

La versión del IMSS

En una tarjeta informativa difundida el martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que “no se tiene registro de un ‘hackeo’, ‘ciberataque’ o vulneración a los sistemas del instituto que haya comprometido sus datos”. Además, aseguró que “los sistemas del Instituto cuentan con mecanismos robustos de seguridad y análisis de prevención de vulnerabilidades, así como procesos de asignación de roles y responsabilidades conforme a los protocolos establecidos, la normatividad y mejores prácticas en la materia”.

De acuerdo con la institución, “las investigaciones preliminares indican una posible filtración por el uso indebido de acceso a información institucional por parte de personal”. Sobre las acciones que se están llevando a cabo, precisó: “Actualmente, se trabaja con las autoridades competentes para las investigaciones y acciones conducentes, incluyendo en su caso la aplicación de sanciones que procedan”.

El Seguro Social subrayó que “el compromiso del Seguro Social es continuar fortaleciendo permanentemente las medidas de seguridad para proteger la información institucional y de sus usuarios”.

MÉXICO: ¡Libertad para Kenia Hernández ya! Es la única reparación posible para el daño causado contra ella y su familia.

Kenia Hernández Montalván es una abogada, feminista y defensora de derechos humanos indígena amuzga que desde octubre de 2020 se encuentra injustamente privada de su libertad en México por ejercer su legítimo derecho a la protesta y a defender derechos humanos.

El pasado 7 de septiembre falleció su madre, quien desde el inicio de la reclusión asumió el cuidado de sus hijos menores de edad. Kenia recibió la noticia en el penal Neza Sur, ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México. Ante esta pérdida, la defensora solicitó a las autoridades penitenciarias el permiso humanitario para poder asistir al funeral de su madre y abrazar a sus hijos, quienes acaban de perder a su principal cuidadora. Sin embargo, su solicitud de permiso fue rechazada de manera arbitraria bajo argumentos infundados, como la distancia del traslado. 

Esta decisión injustificada, arbitraria e inhumana de las autoridades penitenciarias no sólo representa una grave violación a los derechos de Kenia y a lo estipulado en el Capítulo IV de Permisos Humanitarios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece que «la persona privada de su libertad, podrá solicitar al Juez de Ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o descendiente de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario, o socioconviviente»; además de ello, también ha generado graves impactos emocionales tanto en la propia defensora, que ha sido privada de despedirse de madre, como en sus hijos, quienes han enfrentado el encarcelamiento injusto de su madre y ahora enfrentan el duelo por la pérdida de su abuela, la persona que durante todo este tiempo se había cuidado de  ellos. El sólo uso del pretexto de la distancia para no conceder el permiso es otra prueba de la concatenación de actos arbitrarios y violaciones a derechos que vive Kenia; puesto que esta situación es consecuencia de la omisión del Estado al no garantizarle el derecho a ser recluida en un penal cercano a su entorno familiar, lo que vulnera no sólo su integridad emocional, sino también el vínculo con sus hijos y redes de apoyo. 

Esta no es el primer trato indigno que reciben la defensora y su familia desde su encarcelamiento. Tal y como hemos venido denunciando numerosas organizaciones e instancias internacionales de derechos humanos, Kenia ha enfrentado un patrón sistemático de vulneraciones y violaciones a sus derechos. Entre éstas destaca su reclusión en un penal de máxima seguridad bajo condiciones inhumanas que pusieron en riesgo su salud física, psicológica y emocional. Estas condiciones incluyeron la  negación de acceso a atención médica y a agua potable, control de su correspondencia y situaciones extremas de aislamiento, así como restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de sus hijos. Frente a este trato indigno, Kenia, quien nunca dejó de alzar la voz por sus derechos ni por los de sus compañeras de reclusión, se declaró en huelga de hambre en dos ocasiones. Gracias a su firmeza, al trabajo incansable de su equipo jurídico y al acompañamiento de organizaciones comprometidas con su causa, se logró su traslado a un centro penitenciario con condiciones menos lesivas para su integridad. 

Cabe recordar que Kenia fue arbitrariamente detenida la noche del 18 de octubre de 2020 en una caseta de peaje del Estado de Puebla y, tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informará sobre su situación durante horas, fue trasladada a un penal del Estado de México. Seis días después, el 24 de octubre, tan sólo una hora después de que una jueza del Estado de México le concediera libertad bajo medidas cautelares, Kenia fue detenida de nuevo, esta vez por orden de un juez federal. Se la acusaba por supuestos de delitos de “robo con violencia armada” y “ataques a las vías de comunicación” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. Desde entonces Kenia ha estado presa y ha enfrentado procesos judiciales, de ámbito estatal y federal, por once delitos cuyas penas acumuladas suman más de veinte años de cárcel. 

A poco menos de cinco años de su injusto encarcelamiento, el daño producido por el Estado mexicano sobre Kenia Hernández y su familia es invaluable. Kenia lleva cinco años separada de sus hijos, menores de edad, bajo condiciones de privación de libertad que han generado afectaciones sobre su salud integral, no ha podido despedir a su madre y ahora  enfrenta la incertidumbre de qué pasará con sus hijos tras la pérdida de la persona que los cuidaba. Los daños causados a éstos aún son más flagrantes y exponen la crueldad e inhumanidad de un sistema que persigue a quienes lucha por un mundo mejor y que impone modelos de (in)justicia patriarcales, racistas, clasistas e individualizados y que no tienen en cuentan los impactos colectivos de sus medidas, afectando a familias enteras y comunidades y generando un mayor daño que el que pretenden subsanar. 

Las organizaciones firmantes acuerpamos a Kenia y a su familia, reconocemos la fuerza y los aportes de la defensora, quien aún bajo las peores condiciones de privación de libertad nunca ha dejado de luchar por sus derechos y los de sus compañeras internas; así como la fuerza de su familia y sus hijos, quienes también mantienen de manera incansable la demanda de justicia y libertad para su madre. 

Denunciamos la persecución y el trato cruel e inhumano al que el Estado mexicano ha sometido a la defensora, con cinco años de injusto encarcelamiento, con una condena sumamente larga que no satisface el principio de proporcionalidad ni permite la posibilidad de reinserción a su familia y a la sociedad, con reiteradas violaciones a sus derechos y tratos inhumanos y arbitrarios como negarle la posibilidad de despedir a su madre fallecida y abrazar el dolor de sus hijos. 

Ahora mismo, la única reparación posible a todo el dolor y sufrimiento causado a Kenia Hernández y a su familia es su inmediata liberación. Liberarla supone un acto de justicia y humanidad propio de un  gobierno que afirma estar inmerso en un proceso histórico de transformación. El sistema de justicia debe aplicarse sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad del pasado, o de los miles de asesinatos, feminicidios, desapariciones forzadas y otras violencias que permanecen impunes, y no sobre una mujer indígena que defiende sus derechos y los de su pueblo. 

Organizaciones firmantes: