En la medida en que la información sobre los hechos del 1 de diciembre en San Lázaro y en el Centro Histórico ha ido fluyendo, la comunidad cultural fue separando la actitud violenta con la protesta pacífica de los jóvenes. Algunos de ellos fueron detenidos injustamente, y pertenecen a escuelas artísticas o de estudios sociales. Es el caso de estudiantes de la ENAH, del INBA y de la UNAM, entre otros planteles. Frente a las evidencias de la arbitrariedad, se exige su liberación inmediata.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con indignación, académicos, trabajadores administrativos, técnicos y manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como investigadores y artistas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), exigen a los nuevos gobiernos federal y del Distrito Federal la aclaración pública “de la presencia de civiles con guante negro que hacen presumible la evidencia organizada de una provocación oficial y de la represión, golpes y detenciones arbitrarias de los elementos policiacos contra la ciudadanía del 1 de diciembre”.

El historiador Felipe Echenique, secretario general del Sindicato de Profesores-Investigadores del INAH, determina que se trata de espantar a la sociedad para que no salga a marchar.

Los especialistas resaltan que el 1 de diciembre “la gente manifestaba en forma pacífica su repudio a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente, y lo hicieron dentro del marco legal que otorga la Constitución al derecho de libre expresión y manifestación a cualquier ciudadano”.

OAXACA, Oax. La directora del Registro Civil, Haydeé Reyes Soto, manifestó que en las oficialías de Etla, Ocotlán y Oaxaca de Juárez, acatarán el mandamiento judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se efectúen los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, adelantó que “si se presenta otra solicitud (de matrimonios entre personas del mismo sexo las van a rechazar) porque estamos imposibilitados, dado que el Código Civil vigente en su artículo 143 dice a la letra: un solo hombre y una mujer”.

La funcionaria estatal aclaró que “no es cosa de estar a favor o no (de las bodas gay), yo estoy a favor de que como instituciones respetemos la ley vigente; ya es una cuestión del legislativo; y confío en que ellos hagan el trabajo que les corresponde”.

Consideró que ahora el tema está en terreno de la LXI Legislatura local. Ahora, “simplemente confío en que puedan resolverlo y que el debate de la sociedad se lleve a cabo en el Congreso del estado y nosotros cumpliremos la norma.”

La dirigencia nacional del PRD exigió a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Miguel Mancera Espinosa, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sancionar a los policías federales y de la capital que incurrieron en abusos graves durante los disturbios del 1 de diciembre, entre ellos la utilización de balas de goma.

En el marco del Día Internacional de Derechos Humanos y una semana después de que el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano firmara el Pacto por México, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD emitió un comunicado en el que alerta sobre el talante represor del gobierno de Peña Nieto y hace un balance de la crisis en la materia que dejó el panista Felipe Calderón.

“Peña Nieto ha dado muestras de que reprimirá la protesta social y el ejercicio de las libertades”, se advierte en el comunicado firmado por Zambrano Grijalva y Lucio Borreguín González.

El jefe del Ejecutivo, se advierte en el documento, ha dado muestras de seguir “la ruta trazada por Calderón”, al proponer las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para concentrar las tareas de seguridad en Gobernación, así como su intención de que el Ejército siga en las calles, aparte de que los hechos del 1 de diciembre “lo muestran decidido a valerse de la violencia institucional”.

Luego de exigir investigaciones sobre los hechos ocurridos el 1 de diciembre, por los que 70 personas fueron detenidas y de ellas liberadas 56 apenas el domingo anterior, el PRD se refiere a la urgencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) indague a los policías federales que no acataron el protocolo para uso de la fuerza.

El gobierno del Distrito Federal (GDF) no está dispuesto a pasar por alto los actos vandálicos registrados el pasado 1 de diciembre antes, durante y después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

En declaraciones por separado, los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial de esta capital, Miguel Ángel Mancera y Edgar Elías Azar, subrayaron que la investigación sobre los desmanes ocurridos particularmente en el Centro Histórico, donde un grupo de jóvenes no identificados destrozaron vidrios de sucursales bancarias y hoteles, saquearon comercios, pintarrajearon monumentos históricos  y destruyeron mobiliario urbano, sigue abierta y que en cualquier momento habrá más detenidos.

Mancera subrayó que ha instruido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que con toda la evidencia de la que se dispone hasta ahora, se detenga a “aquellas personas que todos vimos, que todos observamos que realmente tuvieron conductas violentas contra la ciudad”.

En declaraciones a la prensa después de anunciar la puesta en marcha del operativo Villa Mariana 2012, Mancera añadió:

“Que sepan (los mexicanos) que vamos a investigar y que en su momento vamos a actuar contra aquellas personas que actuaron con una intención clara de dañar a la ciudad y a la paz pública”.

 FUENTE: PROCESO.

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó al secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, de la represión contra estudiantes y activistas que se manifestaron durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

El Sr. Chong es el principal responsable de la represión y del manejo de halcones para causar destrozos el 1 de diciembre. Reitero: nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico”, manifestó el excandidato presidencial izquierdista.

El posicionamiento de López Obrador es una respuesta a la columna “Bajo Reserva”, que publica el diario El Universal. En sus versiones periodísticas, el periódico acusó al tabasqueño de ser el autor intelectual de los actos vandálicos cometidos el pasado primero de diciembre:

Tres de los cuatro ex empleados de los Módulos de Licencias y Control Vehicular que presuntamente registraron de forma irregular 16 camionetas a nombre de “Televisa, SA de CV” obtuvieron sendos amparos para evitar ser detenidos, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) giróórdenes de aprehensión en su contra por el delito de ejercicio ilegal de servicio público.

Entre los vehículos que registraron se encuentran las seis camionetas tipo Van que fueron confiscadas en Nicaragua a un grupo de 18 mexicanos, quienes se encuentran en proceso de juicio en ese país, acusados de delincuencia organizada, tráfico de drogas y lavado de dinero.

El pasado 27 de noviembre, la procuraduría capitalina ordenó la detención de los servidores públicos que laboraban en los módulos de las delegaciones Álvaro Obregón, Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza. Sin embargo, el procurador Rodolfo Ríos dio a conocer que tres de ellos consiguieron ampararse, mientras que el cuarto ex trabajador continúa prófugo.

La actitud prepotente de Raquel Alatorre (supuesta líder de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua), el sigilo en que mantenía su supuesto trabajo y la dependencia que mostraron hacia ella el resto de sus acompañantes alertaron a los agentes policiacos nicaragüenses y motivaron la detención del grupo en el puesto fronterizo Las Manos el 20 de agosto pasado.

Lo anterior fue revelado ayer durante la primera jornada del juicio a los 18 mexicanos, que tiene lugar en la capital nicaragüense, informó el enviado especial de Noticias MVS, Juan Omar Fierro. Uno de los testigos protegidos, identificado como Código 3, declaró que la prepotencia de Alatorre fue su principal incentivo para indagar más al grupo, a pesar de que después la mexicana intentó suavizar su posición.

Los oficiales de inteligencia, identificados en el proceso como Código 1 y Código 2, refirieron que las autoridades nicaragüenses no se atrevían a inspeccionar a fondo las seis camionetas en las que viajaba el grupo, pues sus tripulantes les habían advertido que el equipo de televisión que llevaban valía 5 millones de dólares y podía dañarse con facilidad.

Por órdenes de Alatorre algunos miembros del grupo comenzaron a grabar a los agentes y se mantuvieron los vehículos encendidos, pues la líder del grupo arguyó que si los apagaban podrían perder la señal satelital.

Alatorre también realizó llamadas supuestamente a directivos de Televisa e incluso mencionó al periodista Joaquín López Dóriga en un intento por acreditar su pertenencia a la televisora.

Pero al ser interrogados, los mexicanos comenzaron a caer en contradicciones. Alatorre pasó de alegar secrecía periodística en una supuesta investigación de funcionarios de Nicaragua, a decir que investigaba a un empresario mexicano por lavado de dinero, quien tenía negocios en toda Centroamérica y había comenzado a construir hoteles en la región. Luego diría que ese empresario era Carlos Slim, a quien incluso relacionó con la cadena Wal-Mart.

Los agentes que dieron estos testimonios se presentaron encapuchados al juicio, como una medida de seguridad. El proceso judicial , que se suspendió a las 21 horas de ayer, se reanuda hoy a las 13 horas, y se espera que hoy comparezcan los nueve testigos restantes de los 17 que presentará la Fiscalía.

Una vez que termine el juicio, el juez Edgard Altamirano tendrá hasta seis días para anunciar la sentencia.

MANAGUA. En la jornada inicial del juicio que se ventila en Nicaragua contra los 18 mexicanos acusados de tráfico internacional de estupefacientes, “lavado” de dinero y crimen organizado, surgieron una vez más los nombres de dos destacados representantes de la cadena mexicana de Televisa: el de Amador Narcia Estrada y el de Joaquín López-Dóriga.

El oficial de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua, que sirvió como primer testigo oculto de la Fiscalía y que sólo se identificó como “Oficial Código Número 3”, aseguró que él tuvo a la vista los documentos originales de los seis vehículos incautados al grupo de mexicanos, los cuales estaban firmados y sellados por Amador Narcia Estrada, vicepresidente de Información de Noticias de Televisa.

El “Oficial Código Número 3”, que vestía de chaqueta blanca manga larga y portaba un pasamontañas negro, pasó al estrado un poco antes de las 15:00 horas de este lunes 10, en el Juzgado Penal número 9 de Managua, y aseguró que cada documento describía el vehículo circulando, la placa y los equipos de filmación, grabación y de comunicación incorporados a los supuestos vehículos de Televisa.

“Los documentos estaban dirigidos a las autoridades de cada país, así como también estaban referidos a la embajada de México”, dijo el “Oficial Código Número 3”, quien también admitió que desde hace más de 20 años es funcionario de Migración y Extranjería de Nicaragua, y desde hace siete años funge como jefe de Migración y Extranjería en el puesto fronterizo de Las Manos, vecino a Honduras.

Axel Didriksson, especialista en educación,  dijo al programa de Aristegui de CNN en Español, que una reforma educativa no se  puede lograr sólo  con el factor de la evaluación.  Consideró que el anuncio de Enrique Peña Nieto sobre la iniciativa de reforma educativa  no tiene novedad y parece que sólo se trata de un mensaje mediático.

Por sí mismo, el factor de la evaluación no significa una transformación  en el sistema educativo, sentenció, no hay nada nuevo. La autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  ya estaba anunciada desde hace tiempo.

Agregó que no se logrará una verdadera reforma si el enfoque sólo se centra en la evaluación magisterial  y no se enfoca en el interés en una verdadera revolución que abarque la infraestructura, los contenidos, profesores, condiciones de los estudiantes.

Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública,  afirmó a Noticias MVS   primera emisión,  que  para alcanzar  la reforma educativa  se tiene que escuchar a la sociedad y planteó como eje central de esta iniciativa a las escuelas.

Al interrogarle si los poderes fácticos que combatirá la reforma educativa se encuentran en  el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, respondió que no sólo ahí, sino también en grupos de docentes que se han resistido al cambio.

Evitó personalizar estos poderes  en la figura de Elba Esther Gordillo y sostuvo: “todo aquel que se oponga  a la rectoría de Estado tendrá que someterse a lo que la constitución diga”.

Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo, sostiene que en la masacre de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997, “las responsabilidades como secretario no existieron”.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el actual titular de la SEP afirmó: “Yo he acreditado plenamente que en Acteal no hubo omisión” y sostuvo que “en su momento”, compareció tanto en la Procuraduría General de la República y ante la Procuraduría de Justicia de Chiapas. No obstante, afirma estar dispuesto a comparecer ante una instancia internacional por este caso.

El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas del grupo Las Abejas, de la comunidad de Acteal,  fueron masacrados por grupos paramilitares. Tras estos hechos, Chuayffet recunció a la Secretaría de Gobernación en enero de 1998.

Durante la entrevista de esta mañana, admitió que el caso “es una  herida indeleble”. Dijo que lamentaría toda la vida que en su gestión hubiera ocurrido esa masacre.

El presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Porfirio Arias Hernández, afirmó que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, “debería estar en la cárcel y no en ese cargo, porque es uno de los autores intelectuales de la masacre” de 45 indígenas, ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 1997, publica el diario La Jornada.

Consideró que el titular de Educación “es responsable por omisión, ya que tenía la información de lo que estaba pasando” en el municipio de Chenalhó, donde se ubica Acteal, “y no hizo nada”.

WASHINGTON, DC. El banco británico HSBC pagará mil 900 millones de dólares pararesolver una investigación de lavado de dinero por parte de autoridades federales yestatales de los Estados Unidos, informó este lunes un funcionario policial.

De acuerdo con el funcionario, el banco pagará mil 250 millones de dólares en decomisos y otros 655 millones en multas civiles.

La aplicación del acuerdo de enjuiciamiento diferido lleva a HSBC a ser acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo”.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks, señaló  que la iniciativa de reforma educativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados es una medida de continuidad.

La reforma educativa no se corrige, sólo con un cambio constitucional; éste es el inicio de un proceso que nunca se va a acabar, ya que una reforma nunca se da por concluida, reproduce el diario La Jornada.

Agregó que la modificación que envía el Presidente tiene novedad  por el rango constitucional  con el que se dota al servicio profesional docente y a la evaluación educativa, pero no es nueva.

Investigadores opinan sobre reforma educativa

Profesores alertaron que existe un gran riesgo de que  el gobierno de Enrique Peña Nieto remplace a Elba Esther  Gordillo como interlocutora sólo para entregar concesiones a un grupo económico vinculado con Televisa.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se pronunció por desaparecer paulatinamente la figura del arraigo y otro tipo de medidas cautelares.

“Necesitamos con urgencia tener elementos suficientes para poder demostrar culpabilidades e inocencias con la plenitud tal que no requiramos ni siquiera usar las medidas cautelares como el arraigo o algunas otras que tendremos que ir desechando poco a poco conforme vayamos creciendo”, expresó en un breve discurso con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Agregó que para lograrlo es necesario dotar a la institución a su cargo de los instrumentos necesarios para cumplir con su tarea, así como de personal con “talento”.

La economía mexicana crecerá 3.8 por ciento este año y 3.5 por ciento en 2013, de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2012, dado a conocer este martes la Cepal afirmó que los países de la región se vieron afectados por la recesión europea, la desaceleración china y el moderado crecimiento de Estados Unidos.

En cuanto a las perspectivas para el próximo año, la Cepal apuntó que “un menor crecimiento en los Estados Unidos afectaría en mayor medida a México, Centroamérica y el Caribe”.

Explicó que con este fenómeno varios países “pudieron aumentar sus exportaciones” a Estados Unidos y, en algunos casos, a Europa y China.

La Cepal indicó que el PIB por habitante de México pasó de 2.7 por ciento en 2011 a 2.6 por ciento este año, mientras que la inflación está en torno a un 4.2 por ciento, 1.2 puntos porcentuales sobre la meta oficial.

El juicio en Nicaragua en contra de 18 mexicanos acusados por supuestos delitos de crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico se celebrará este lunes bajo estrictas medidas de seguridad.

En esta ocasión, habrá “más seguridad que en las jornadas anteriores” del proceso en contra de los extranjeros que se identificaban como personal de la cadena de televisión mexicana Televisa, dijo el portavoz del poder Judicial, Roberto Larios.

Ninguno de los familiares de los indiciados ha solicitado autorización para asistir a la audiencia de juicio.

La abogada defensora Johanna Fonseca afirmó que los familiares no viajarían aManagua, al menos en la presente etapa del proceso.

Abogados nicaragüenses asistirán en calidad de observadores y en representación deTelevisa, que ha negado que esas personas sean sus empleados ni las seis camionetas vans con logotipos de la empresa sean de su propiedad.

La Fiscalía nicaragüense acusó a los detenidos por supuesto tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y crimen organizado, luego de su detención en una frontera del norte del país con 9.2 millones de dólares, el pasado 20 de agosto.

El juez Edgard Altamirano está a cargo del sonado caso y ha considerado al grupo “de alta peligrosidad” por supuestas relaciones con el grupo delictivo de los Zetas de México.

La Fiscalía Nacional de Nicaragua pidió a laProcuraduría General de la República (PGR) de México que examine las cartas que hallaron a la caravana conformada por 18 mexicanos detenidos en aquel país, quienes se hacían pasar por trabajadores de Televisa y transportaban 9.2 millones de dólares; las misivas tienen la supuesta firma del vicepresidente de información de la televisora,Amador Narcia, quien negó su relación con el caso.

De acuerdo con Reforma, en su edición impresa del domingo, el inspector general de la Fiscalía, Armando Juárez, solicitó que se realicen peritajes dactiloscópicos a la firma de las cartas para confirmar si corresponde a la rúbrica del periodista.

“Supuestamente (Narcia) firma en representación de un área de trabajo de Televisa. Pero nosotros necesitamos aclararlo básicamente por lo que vamos a pedirle a la honorable Procuraduría mexicana que nos supla ese requerimiento especializado”, mencionó en entrevista con el corresponsal del diario mexicano.

“Es urgente y primario aclarar si en realidad existía ese vínculo (entre Televisa y los detenidos)”, señaló el inspector.

 FUENTE : ARISTEGUI NOTICIAS

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa confirmó que decidió donar 27 millones este sábado a la Fundación Teletón, su primer ahorro del programa emergente de austeridad aplicado durante los 10 meses que lleva su gobierno.

“El donativo realizado por el mandatario priista ocurre en medio de la crisis financiera que vive Michoacán debido al endeudamiento que dejó la anterior administración estatal, encabezada por el perredista Leonel Godoy Rangel”, informó La Jornada.

El diario de circulación nacional informó que el pasado 3 de octubre, las bancadas del PRI y PAN en el Congreso local, aprobaron la construcción de un CRIT-Teletón en Morelia, el cual costará al erario estatal 40 millones de pesos al año, además de la donación del terreno y la construcción del inmueble, que se espera inicie en 2013.

Los legisladores del sol azteca argumentaron que el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), dependiente de la Secretaría de Salud estatal, atiende 90 mil pacientes al año en sus más de 67 unidades, mientras que el CRIT dará servicio apenas a mil pacientes en el mismo periodo. Por esa situación la fracción perredista se abstuvo de emitir el voto del proyecto, luego que los legisladores prisitas se negaron a duplicar el presupuesto de 13 millones de pesos anuales para el CREE.