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Irrelevancia y corrupción de BC

Ciertamente la primera en salir a decir que no tenía conocimiento del operativo para detener a Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, y que su Agencia Estatal de Investigación nada había tenido que ver en la captura del capo del Cártel Arellano Félix, fue la fiscal general del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez. El segundo fue el General Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad de Baja California, quien al inicio confirmó que tal hazaña había sido ejecutada de manera exclusiva por el Gobierno de la República, y que ellos no tenían conocimiento; aunque después intentaría cambiar su versión y decir que sí hubo una notificación.

La realidad es que no, ni a la FGE ni a la SSPC de Baja California les informaron de la investigación que desde diciembre iniciaron -y desde hace cuatro meses obtuvieron resultados positivos- para detener al narcotraficante que, a pesar de tener su influencia criminal en Tijuana y otras áreas de la Zona Costa del Estado, no cuenta con una orden de aprehensión en esta entidad fronteriza.

Todo el operativo, ciertamente con información compartida de los Estados Unidos, fue llevado a cabo desde la Ciudad de México, específicamente en un grupo no numeroso, pero sí altamente especializado, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR por sus siglas), y cuando confirmaron la presencia del capo en una céntrica y pudiente zona residencial de Tijuana, arribaron en un avión especial para capturarlo.

No es gratuito que ni la fiscal ni el secretario de Seguridad de Baja California no fuesen informados sobre el operativo de captura del Flaquito; tampoco es casual que la encargada de la procuración de justicia haya sido la primera en deslindarse de la aprehensión. Por lo menos en dos o tres ocasiones anteriores, al capo lo dejaron ir autoridades locales en supuestos operativos para detenerle. La complicidad de corporaciones policiacas bajacalifornianas con el miembro del Cártel de los hermanos Arellano, era conocida.

El Flaquito ha sido señalado de haber ordenado asesinatos, secuestros, robos de droga con ayuda de oficiales de corporaciones policiacas y de seguridad; de encabezar una de las células fronterizas más prolífica, violenta e impune en Baja California; tan es así, que no cuenta con una orden de aprehensión en esta entidad federativa. De hecho, no lo estaban buscando ni la fiscalía ni la Secretaría de Seguridad; no era su prioridad ni de cerca, a pesar de haber sido nombrado uno de los principales “generadores de violencia”, como suelen llamar oficialmente a los narcotraficantes que asesinan, secuestran, cobran piso y cometen otros delitos.

Al momento de su aprehensión, que fue por la madrugada del martes 17 de junio, los agentes especiales que llegaron a aprehenderlo lo hicieron unas horas antes, el 16 de junio, para no dar tiempo a una nueva escapatoria del capo; en las imágenes de su traslado a la Ciudad de México, éste aparece no sólo relajado y con dotes de cinismo en su rostro, sino vestido para huir, enfundado en un pants de la marca de alto diseño de costura, Balmain, con detalles dorados en brazos y piernas y  logo en el pecho derecho.

La aprehensión, relevante por el personaje criminal del que se trata, se hizo sin la ayuda de las autoridades locales, de la fiscalía supuestamente autónoma, pero encabezada por una cercana a la gobernadora Marina Ávila Olmeda, ni de la Secretaría de Seguridad que está en el gabinete de la mandataria estatal. Para los efectos de la detención, ambas autoridades fueron irrelevantes debido a la corrupción que en el Estado se ha detectado en sus corporaciones, precisamente, a favor de la impunidad de Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flaquito.

Justo seis meses antes de su detención, el 17 de diciembre de 2024, las mismas autoridades norteamericanas que apoyaron con información para la captura el 17 de junio de 2025, habían proporcionado a las autoridades locales datos que indicaban la presencia de Huerta Nuño en el Casino Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon, donde de hecho se reuniría con personajes del Cártel de Sinaloa.

Pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California llegó varias horas tarde a la hora de la cita programada para el cónclave criminal. En un operativo vistoso, pero no efectivo, informarían más tarde que el elemento de interés que buscaban no se encontraba en el lugar, y por lo tanto no había habido detenidos.

Trascendería a Semanario ZETA que el Flaquito sí estaba en el lugar cuando los agentes de seguridad llegaron al casino de Hank, pero que éste ofreció -y le aceptaron- una dote de 300 mil dólares por dejarle huir. Y así sucedió. La información estuvo en conocimiento de autoridades tanto de los Estados Unidos como de la Ciudad de México, y aunque se hicieron cambios en los mandos de seguridad en Baja California, la confianza se perdió por completo, hasta terminar en el operativo estructurado y ordenado desde el centro del país, para que cayera el escurridizo capo de la droga.

Ya en diciembre de 2023 también le habían ayudado a huir, cuando el Flaquito sobrevivió a un atentado a balazos ordenado por otra célula criminal. La lentitud de las autoridades de Baja California para reaccionar y montar un operativo de captura, sabiendo que el sujeto estaba herido, le permitió no solo huir, sino curar sus heridas para continuar con su vida delictiva.

Cuatro años antes, en el 2019, Huerta sobrevivió a otro atentado armado, cuando su hermano, Ronaldo Alexis, fue ultimado en el estacionamiento de un céntrico hotel de Tijuana. El Flaquito, a sabiendas de su impunidad, salió caminando de la instalación hotelera y huyó sin que nadie lo persiguiera, a pesar de la alerta de un atentado a balazos en las inmediaciones.

Pero tal impunidad terminó la madrugada del 17 de junio de 2025, y fue posible al no dar aviso a las autoridades de Baja California del operativo encabezado y fraguado por un grupo de operaciones especiales de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, pues, de lo contrario, el escurridizo Huerta Nuño habría logrado huir de nueva cuenta; total, ya estaba vestido para la ocasión.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Advertencias desde Puebla, Campeche y el Tribunal Electoral

Lo que ocurre en Puebla, Campeche y ahora desde el propio Tribunal Electoral no es otra cosa que una escalada para criminalizar la crítica pública y la exigencia ciudadana. Para convertir las leyes penales y electorales en un muro de contención contra la opinión pública. Si no se detiene, otros estados seguirán el mismo camino, como de hecho ya sucede.

La censura no necesita dictaduras para operar. Basta con legisladores locales serviles, fiscales obedientes y jueces sin escrúpulos. Esta semana, Puebla, Campeche y ahora el Tribunal Electoral, nos recordaron con toda claridad que el autoritarismo también se legaliza.

En Puebla, el Congreso aprobó sobre las rodillas una reforma al Código Penal que criminaliza el “ciberasedio”, definido de forma tan amplia como alarmante: insultar, injuriar o vejar con insistencia a través de medios digitales. Las penas alcanzan hasta tres años de cárcel. Lo que suena a protección contra el acoso digital es, en realidad, un instrumento perfecto para perseguir la crítica en redes, castigar a periodistas incómodos y silenciar voces disidentes.

La ley, ya bautizada como “Ley Censura”, fue impulsada por el Gobierno estatal con el pretexto de frenar el grooming y los fraudes digitales. Nadie discute que esas conductas existen y deben combatirse. El problema es que los motivos legítimos se manipulan para lograr fines ilegítimos. Nadie en su sano juicio está a favor de la violencia en línea, ni del robo de datos ni del espionaje. El problema es legislar de manera que se afecte la manifestación de ideas protegidas por la libertad de expresión.

Artículo 19, la Red Puebla de Periodistas y otras organizaciones advirtieron desde el inicio que esta reforma vulnera principios básicos del derecho penal. Una Ley que castiga “agravios” en línea sin definirlos abre la puerta al abuso. Si un funcionario se siente “vejado” por un meme, un video o un hilo crítico, ya tiene el marco legal para castigar al autor.

Peor aún, el Congreso de Puebla aprobó la Ley antes de abrir un debate público. No se escuchó a periodistas, no se consultó a especialistas, no se midió el impacto sobre la libertad de expresión. Así, se amplían las posibilidades de criminalización del periodismo en una entidad que ya registraba 22 casos de hostigamiento judicial a periodistas entre 2018 y 2024.

Mientras tanto, en Campeche, el periodismo crítico recibió otro golpe. El periodista Jorge Luis González Valdez fue vinculado a proceso por supuestamente incitar al odio contra la Gobernadora Layda Sansores. La acusación fue tan severa como absurda la sanción. Le prohibieron ejercer su labor periodística por dos años, le impusieron una multa millonaria y clausuraron su medio digital. Su “falta” fue exigir rendición de cuentas sobre presuntas irregularidades en el DIF estatal.

Ya no hablamos de leyes ambiguas, sino de la aplicación directa de la Ley por parte del aparato judicial para callar voces incómodas. El proceso contra González Valdez sienta un precedente peligroso. Basta una acusación de “odio” para neutralizar a un periodista por un político o política poderosa. Y ese precedente no ocurre en El Salvador ni en Nicaragua, sino en Campeche, México.

Pero el caso más alarmante es quizá el más reciente. En una decisión inédita, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que una ciudadana, Karla Ma. Estrella, incurrió en violencia política de género por una publicación crítica en redes sociales. ¿Su “falta”? Señalar en un tuit la posible influencia de Sergio Gutiérrez Luna en la candidatura de su esposa. Nada sexista, nada violento. Una crítica común sobre el nepotismo político.

Sin embargo, el INE le impuso medidas cautelares y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la sancionó con multa, disculpas públicas durante 30 días, un curso sobre género, lectura obligatoria de bibliografía, publicación del extracto de la sentencia en su perfil, y su inscripción por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.

Lo más grave es que la Sala Superior confirmó la sanción con una votación dividida, resuelta por el voto de calidad de la Magistrada presidenta. Así, el máximo órgano electoral del país avaló sancionar a una ciudadana por ejercer su libertad de expresión sobre un tema público.

Como ya lo dijimos en la entrega pasada, el modelo sancionador se ha convertido en una herramienta que facilita la censura ciudadana bajo el disfraz de protección de derechos. El efecto es claro, se inhibe el debate democrático.

Todo esto forma parte de un patrón sistemático. Ya lo vimos con las reformas en Aguascalientes y Michoacán, que también castigan la “apología del delito” con definiciones vagas, ahora usadas contra los narcocorridos. 

Ante todo esto, ¿dónde están los contrapesos? ¿Dónde están los medios de defensa institucionales de las libertades? En ese sentido el panorama es más desolador. Tenemos un Poder Judicial capturado, incapaz de revertir estas normas. Las comisiones públicas de derechos humanos, incluida la CNDH, están entregadas al poder. Por eso —ojalá me equivoque— no impugnarán estas reformas.

Lo que ocurre en Puebla, Campeche y ahora desde el propio Tribunal Electoral no es otra cosa que una escalada para criminalizar la crítica pública y la exigencia ciudadana. Para convertir las leyes penales y electorales en un muro de contención contra la opinión pública. Si no se detiene, otros estados seguirán el mismo camino, como de hecho ya sucede. Estamos en lo que parece una intentona censora bajo el denominado “autoritarismo legal”.

Es una nueva evidencia de la deriva autoritaria que vive México. Una que cualquiera puede ver… si todavía se atreve a mirar.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.

Sheinbaum asegura que la reforma a apps es flexible y busca proteger a los trabajador

El Gobierno de México dio a conocer que los trabajadores de plataformas digitales "no tienen nada que preocuparse" con la nueva reforma de trabajo, debido a que garantizará su acceso a las prestaciones del Ley.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que la nueva Ley Federal del Trabajo beneficiará a las y los trabajadores de plataformas digitales, a través de mecanismos que protejan sus derechos laborales sin modificar el esquema en el que son contratados.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que los trabajadores “no tienen nada de qué preocuparse”, debido a que la nueva legislación garantizará el acceso a las prestaciones de Ley, manteniendo, además, la flexibilidad del negocio.
"Esta reforma no cambia la manera en que el trabajador o trabajadora están laborando. Si deciden que van a trabajar cuatro horas a la semana, lo van a poder seguir haciendo", destacó en "la mañanera del pueblo".
Pese a las propuestas y dudas que han expresado algunos trabajadores, Sheinbaum explicó que la reforma busca que las personas sean reconocidas por su trabajo y cuenten con el acceso a un seguro social ante cualquier percance que se presente.


"Lo que se busca es que las empresas reconozcan los trabajadores como trabajadores. No tiene que temer en perder el empleo, al contrario, lo que buscamos es que tengan las prestaciones mínimas [...] porque están todo el tiempo en las calles", manifestó

El próximo 1 de julio entrará en vigor la reforma laboral en materia de trabajo en plataformas digitales —como Uber, Uber Eats, Rappi, Didi y Didi Food—, mediante la aplicación de un programa piloto, que beneficiará a unas 700 mil personas.

Con la nueva reforma, los repartidores gozarán de todo los derechos laborales reconocidos en la Ley, incluyendo la afiliación completa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que significa que estarán asegurados en cinco áreas fundamentales:
  • Riesgos de trabajo.
  • Enfermedades y maternidad.
  • Cesantía en edad avanzada y vejez.
  • Invalidez y vida.
  • Guarderías y prestaciones sociales.
Por su parte, Shaira Garduño Tovar, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, calificó la reforma como "histórica" , pues luego de 10 años de operación de las apps en el país, los repartidores dejarán de ser socios y comenzarán a ser trabajadores para las plataformas digitales.

También destacó que con esta iniciativa podrán obtener acceso a seguridad social y un mejor futuro como trabajadores junto a sus familias, así como estabilidad laboral, ya que no podrán ser penalizados por el algoritmo de las apps.

"Nos garantiza estabilidad laboral. Ya no más desconexiones ni bloqueos de cuentas, ni siquiera seremos ya más trabajadores de desechables para las aplicaciones", indicó.

Durante la presentación de la iniciativa en octubre de 2024, la Jefa del Ejecutivo destacó que el proyecto es resultado del trabajo que realizó durante meses la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en conjunto con IMSS, Infonavit, así como representantes de las plataformas y de los trabajadores.


“El objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán dos horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo; algunos otros trabajaran ocho horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado ¿para qué? Para beneficio de las y los trabajadores’’, anunció en aquella ocasión.

“Casi en ningún país existe esto, pero es algo obligatorio y es parte de lo que nosotros concebimos en la Cuarta Transformación. No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley, tiene que incorporarse necesariamente a la Ley Federal del Trabajo”, concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

RNR denuncia omisiones en refugios durante comparecencia mexicana ante CEDAW

En el marco de las audiencias sobre la sustentación del X informe periódico de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Red Nacional de Refugios (RNR) puso en relieve el diseño de un manual de operaciones para refugios que no cuenta con voces expertas y los recortes presupuestales que fueron invisibilizados por el Estado Mexicano, lo que interfiere con uno de sus compromisos para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

El pasado 17 y 18 de junio, representantes del Estado mexicano viajaron a Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su informe; sin embargo, México llegó con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.

Uno de los pendientes que México tiene ante la CEDAW es garantizar una vida libre de violencia para las mujeres; sin embargo, el Estado ha olvidado los Refugios, los cuales surgieron en el país en los años noventa como una iniciativa de la Sociedad Civil y del movimiento de las mujeres que buscaba la colaboración de diversos sectores de la sociedad para visibilizar la violencia machista contra las mujeres y crear espacios para las mujeres y sus hijas e hijos, que pudieran evitar los feminicidios.

Datos de la RNR señalan que, de enero a noviembre de 2024 se atendieron 15 mil 827 mujeres, niñas y niños. Sin embargo, durante el sexenio de Andrés Manuel se recibieron a 190 mil 140 en los 76 espacios de la RNR. En promedio, cuatro mujeres al día piden ayuda a la RNR vía telefónica y en redes sociales. El 43% de los casos son mujeres víctimas de violencia machista, el 17% redes de apoyo y el 8% instancias públicas o privadas.

En 2024, los ingresos a los refugios de la RNR aumentaron un 12% en comparación al año anterior. Abril fue el mes con mayor ingreso de familias lo que representa un 39% en comparación al mismo mes de 2023. El 50% de los agresores tienen vínculos militares o políticos y usan armas de fuego. Pese a este panorama, que demuestra la necesidad de estos espacios, persisten varias problemáticas que lo rodean.

Diseño de manual de operaciones sin participación especializada

Durante las audiencias del Estado mexicano se dio a conocer que fue elaborado un nuevo manual de operación para refugios y albergues con el objetivo de unificar criterios de atención. Sin embargo, la RNR manifestó su preocupación, ya que para su elaboración la organización no fue convocada ni informada durante su diseño, consulta o redacción.

Según denunció la RNR, esto ocurrió a pesar de varios intentos de acercamiento de la organización con la Secretaría de las Mujeres para buscar el dialogo institucional, y en su momento con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) y el Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

«En reiteradas ocasiones hemos comentado de la urgente necesidad de actualizar el Modelo de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y en su caso, sus hijas e hijos, y a quienes les hemos ofrecido nuestra colaboración altruista para que esto sea posible», afirmó la organización.

Recortes presupuestales, una problemática que no acaba

De acuerdo con el PEF2025 para este año, el «Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos» contó con la designación de 484 millones 740 mil 910 pesos disminuyendo disminuyó 933 mil 088 pesos respecto al 2024. Además, al no tomarse en cuenta la inflación para realizar los cálculos, en realidad la disminución fue de 21.8 millones de pesos, según calculo la RNR y Fundar.

Frente a esta realidad, la reducción del presupuesto puede poner en riesgo la vida de las mujeres que huyen de sus casas por las violencias ejercidas contra ellas, la impunidad y el miedo. El 30% de las mujeres que han ingresado a un refugio vivieron hasta 5 años con su agresor y el 38% reportaron haber pedido ayuda al Estado sin tener resultados, según reportes de la organización, según datos de la RNR.

No obstante, en varias audiencias y declaraciones institucionales, el Estado mexicano ha afirmado que no existe ninguna disminución presupuestal para los Refugios. La RNR apuntó que la reducción presupuesta se ha visto reflejada desde el 2019, pero la repartición de recursos para 2025 agravó la situación, ya que, durante el año, los refugios estarán operando con u presupuesto apenas superior al 2022

Ligado a los recortes, existe un retraso en la entrega del recurso. Por ejemplo, la RNR denunció que apenas el pasado 18 de junio se repartió el presupuesto en los Refugios y Centros de Atención Externa de la RNR generando un retraso que afecta en su capacidad operativa y la atención integral que ofrecen.

De los 100 proyectos que resultaron ganadores de la convocatoria 2025, solo el 60% de refugios que pertenecen a la Sociedad Civil han recibido la primera ministración del PEF2025, siendo que los refugios gubernamentales están sin recibir el presupuesto.

Demandas de la Red Nacional de Refugios

La RNR solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la Liberación inmediata del presupuesto para todos los Refugios y sus Centros de Atención Externa, así como el pago íntegro de honorarios por los 10 meses de trabajo a las personas que sostienen los espacios de protección, como marcan los lineamientos del Programa.

A la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) que proporcione información sobre el contenido y el proceso del manual; que se asegure la participación activa de las organizaciones que trabajan directamente en el territorio; y la programación de las mesas de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, incluida la RNR conformando espacios de diálogo horizontal, que sea vinculante y construya en conjunto políticas públicas a favor del derecho a una vida libre de violencias.

Finalmente, instaron al Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los tres órdenes de gobierno que no se ponga en pausa la garantía de los derechos humanos; establecer que los refugios sean una Política de Estado, con financiamiento garantizado y progresivo, que se entregue de manera oportuna y que cubra los 12 meses del año, ya que la violencia machista no tiene fecha de caducidad.
“Reiteramos nuestro compromiso con la vida, la justicia y la dignidad de las mujeres. Seguiremos participando de manera crítica, activa y propositiva en los espacios de seguimiento a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil no solo son observadoras: somos actoras fundamentales en la construcción de un país más justo, igualitario y libre de violencias. Creo en la fuerza colectiva que transforma lo imposible, y que juntas no solo tejemos resistencia, sino caminos donde los derechos de las mujeres sean una realidad, no una inspiración”. Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).
FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Ex abogada de “El Chapo” será jueza penal en Chihuahua; le entregan constancia

El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua entregó, el 19 de junio de 2025, la constancia que acreditó a Silvia Rocío Delgado García, como jueza del Distrito Judicial Morelos, con cabecera en Cuauhtémoc, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, que abarca varios municipios, incluyendo Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Riva Palacio y Guerrero.

La ex candidata al Distrito 12 en la elección local, propuesta por el Poder Ejecutivo estatal, fungió como abogada de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa.

“A ti ya no te voy a contestar nada”, respondió la abogada, aparentemente molesta -según lo relató la agencia estadounidense The Associated Press (AP)-, a una periodista que le pidió comentarios respecto a su relación profesional con el capo sinaloense.

“Delgado atendió a la prensa después de un acto formal en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en el que se emocionó, sonrió y recibió abrazos tras obtener la constancia que certificaba su elección como jueza penal de Ciudad Juárez”, narró AP.

Al contestar a los medios, exigió que su rol como defensa legal de “El Chapo” dejara de ser mencionado como “vinculación” con el capo sinaloense y que se manejara el término “representación”, sin “amarillismo”. Ella, según recalcó, sólo hizo un trabajo como abogada, años atrás.

“Nosotros lo único que hacemos es un trabajo. Lo que yo quiero […] y la decisión de meterme a este proceso electoral fue muy simple: quiero consolidar mi carrera ayudando a la comunidad. Aquí he ayudado a unos cuantos, ayudando a la defensa”, explicó Delgado García, sobre su función como jueza en materia penal.

Durante la campaña electoral, la abogada ya había replicado a las críticas en su contra, con uno de los principios básicos del Derecho. “Cualquier persona tiene derecho a una defensa técnica adecuada”, dijo entonces. También recordó que sólo asistió a “El Chapo” en una audiencia en la que se fue la energía eléctrica y que su trabajo se limitó a visitarlo en el ahora cerrado Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9, de Ciudad Juárez.

El 19 de junio de 2025 también hizo alusión a aquel episodio y reprobó que ella hubiera sido cuestionada todo este tiempo por haber conseguido un amparo para que le entregaran una manta a “El Chapo”, porque tenía frío en la prisión. “¿Es malo que si una persona no estaba acostumbrada al frío tenga una cobija?”, preguntó irónicamente. “Yo he estado en el ojo del huracán por esta razón”, insistió.

“Hay personas que me conocen desde siempre” y hay gente, enfatizó, que “sabe la calidad moral que yo tengo como persona”. De ahí, según presumió la abogada, que hubiera recibido en días recientes, “cientos de mensajes” de toda la gente que votó para que ella ocupase un cargo como jueza penal en Ciudad Juárez, en el mismo circuito judicial en el que ejerció como litigante cuando representó a “El Chapo”.

“Estoy convencida que para ser juez no sólo se necesita preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: darle el valor que se merecen las personas”, afirmó la candidata a jueza penal, en su propaganda de campaña.

La organización no gubernamental Defensorxs advirtió que la candidata a juez penal en Chihuahua, aspirante al distrito 12 en la elección local, propuesta por el Poder Ejecutivo estatal, se integró al equipo de defensa de “El Chapo”, en agosto de 2016.

“Durante su participación en el caso, promovió un amparo en diciembre de 2016 solicitando una cobija adicional para su cliente, argumentando que las bajas temperaturas en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9 de Ciudad Juárez afectaban su bienestar”, acusó la ONG.

“En enero de 2017, también denunció que un custodio del penal acosaba a Guzmán Loera durante las revisiones, aunque otro de los abogados del equipo desmintió que el narcotraficante hubiera denunciado haber sufrido acoso sexual”, indicó la organización no gubernamental.

Defensorxs aseguró que la aspirante trabajó con los abogados José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores, quienes también fueron los principales defensores de “El Chapo” en México, incluyendo su proceso de extradición.

“Bajo la coordinación de estos abogados, su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica”, apuntó la organización no gubernamental.

La ONG aseguró que la llegada de abogados con este perfil se debía a una elección judicial sin filtros reales. “En este momento, tal vez lo único que puede impedir que llegue al puesto es un litigio. En Defensorxs estamos buscando a los competidores de Silvia Delgado para que firmen un juicio contra su victoria por su inelegibilidad”, subrayó.

Delgado García es egresada en la Licenciatura en Derecho, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), además de que posee una Maestría por la Universidad de Durango y cuenta con una especialidad en Mediación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Sin embargo, no contaba con experiencia laboral en el Poder Judicial.

El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa admitió a trámite, el 6 de marzo de 2025, un amparo interpuesto, dos días antes, por la defensa de “El Chapo”, para impugnar la negativa del Gobierno de México a tramitar su repatriación desde Estados Unidos, donde estaba preso desde el 20 enero de 2017 y purgaba una condena de cadena perpetua.

El diario Reforma, que informó del hecho, recordó que la solicitud de repatriación fue presentada por los abogados del capo sinaloense, desde el 10 de enero de 2023, ante la Embajada de México en Estados Unidos.

Según el mismo rotativo, en la lista del Juzgado, se señaló como responsable a Antonieta del Rosario Osorio Morales, directora de Cooperación Penal Internacional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Reforma detalló que aunque admitió la demanda, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó una suspensión contra cualquier acción del Gobierno mexicano, a favor o en contra, en dicho caso.

Según el citado rotativo, “El Chapo” sí tendría el derecho legal a ser repatriado, ya que así lo preveían el artículo 18 de la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Tratado México-Estados Unidos sobre Ejecución de Sentencias Penales, firmado en 1977.

“Estas normas permiten la repatriación de reos ya condenados por sentencia inapelable, con al menos seis meses pendientes por compurgar, y han sido aplicadas en decenas de ocasiones para traer a México a delincuentes procesado en el país vecino”, indicó Reforma.

“Pero estos traslados requieren aprobación de ambos gobiernos, y en el caso de México, no solo la gestión de la SRE, sino el aval del Órgano de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridad responsable de las dos cárceles federales de las que ‘El Chapo’ se fugó en 2001 y 2015”, abundó el mismo diario.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 18 de enero de 2023, revisar la carta que José Refugio Rodríguez Núñez, abogado defensor de Guzmán Loera, envió, el día 10 del mismo mes y año, a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Embajada de México en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró que el tema ya era analizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asimismo, señaló que se trataba de un asunto de derechos humanos.

“Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de hacer la declaración el abogado, según me informan, con Ciro Gómez Leyva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al Embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes, entonces, Esteban envío la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a quien corresponde, el encargado de América del Norte [Roberto Velasco Álvarez] ya tiene está viendo este asunto, se va a revisar”, dijo el entonces mandatario nacional.

“Hay que ver, yo respeto mucho esa postura, pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías e instancias internacionales, entonces, no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, hay que ver si procede o no procede, si tenemos posibilidades de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico todo eso, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”, agregó el político tabasqueño.

Un reportero le preguntó al entonces presidente de la República cómo procedería el Gobierno mexicano frente a la petición del ex líder del Cártel de Sinaloa, ya que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón comentó que sería difícil intervenir, ya que Guzmán Loera estaba cumpliendo una sentencia en EE.UU.

“A cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, nada más hay que ver si procede, no procede, si tenemos como lo menciona Marcelo nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”, puntualizó López Obrador.

La Embajada de México en Estados Unidos confirmó, el 17 de enero de 2022, que Rodríguez Núñez, abogado defensor de “El Chapo”, hizo llegar, el día 10 del mismo mes y año, un mensaje de su cliente -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos-, a través de un correo electrónico.

La representación diplomática mexicana detalló que el mensaje electrónico no se trataba de una carta escrita por el ex líder Cártel de Sinaloa, como había dicho el litigante.

“El pasado 10 de enero, esta Embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes (aic), quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera. El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia”, escribió la Embajada mexicana -cuyo titular era Esteban Moctezuma Barragán-, en su cuenta de la red social Twitter.

Por otra parte, Marcelo Ebrard Casaubón, entonces titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró, también el 17 de enero de 2023, que no le veía posibilidades a la petición que realizó el capo sinaloense, para que el Gobierno Federal solicitara a su homólogo de Estados Unidos, el traslado del ex líder del Cártel de Sinaloa a México.

“Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces, no le veo posibilidades, francamente”, señaló el entonces canciller, durante una entrevista informal con medios de comunicación. Sin embargo, dijo que revisaría el tema con la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras que el titular de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, indicó que se analizaría la petición de Guzmán Loera, como cualquier otra, aunque detalló que la decisión correspondía al Poder Judicial de la Federación (PJF), como ocurría con todas las extradiciones.

Rodríguez Núñez, abogado defensor de “El Chapo”, hizo llegar, el 17 de enero de 2023, un mensaje de su cliente -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos- al Gobierno de México, en el cual solicitó intervenir jurídicamente para solicitar su regreso a México, ante las supuestas condiciones inhumanas en las que vivía en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el litigante explicó que a solicitud del ex líder del Cártel de Sinaloa, escribió una carta dirigida al presidente López Obrador, en la cual solicitó, además, que el Gobierno Federal reparara las violaciones cometidas durante la Administración de Enrique Peña Nieto, buscando que Guzmán Loeara regresara a una cárcel en México.

El abogado defensor describió que “El Chapo” fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en enero de 2017, sin siquiera haber tenido derecho a su garantía de audiencia.

Rodríguez Núñez agregó que, en ese momento, el capo sinaloense vivía en condiciones degradantes e inhumanas, ya que desde que fue trasladado a EE.UU. se encontraba totalmente aislado, sin siquiera ver la luz del Sol, ni la oportunidad de mantener comunicación con su abogada, sus hijas, su hermana o su madre.

Además, según describió el litigante defensor del capo sinaloense, durante los seis años que “El Chapo” llevaba en Estados Unidos, solo había podido recibir seis visitas y había recibido tres cartas, mientras que los demás presos recibían cinco o seis visitas al mes.

“En los 6 años que Joaquín se encuentra en los Estados Unidos, no ha visto el Sol. De marzo a la fecha le han autorizado seis o siete llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y madre. Ha recibido sólo tres visitas, ha recibido sólo tres cartas y él solo ha mandado una; a los demás presos les dan cinco o seis visitas al mes, él solo ha tenido cinco o seis desde que se encuentra detenido en Estados Unidos”, narró el abogado.

“De abril a la fecha lo han sacado un corralito que mide dos metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por 2 horas, pero no le pega el Sol. La comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita de derechos humanos, no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo, se las sacaron para que no estuviera molestando”, describió el litigante.

“No le permiten comunicación con los con los otros internos del lugar en donde se encuentra detenido, la situación de él se traduce en una en una tortura psicológica, porque se encuentra segregado en su celda, sí tiene una televisión, pero como no habla inglés, dice que realmente tiene acceso a dos canales en español y pues a él le duele esta situación”, agregó el abogado.

El litigante explicó que existía un Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que obligaba al Estado mexicano vigilar cada seis meses, las condiciones en que se encontraba el capo sinaloense, esto por haberlo entregado a las autoridades de EE.UU., a través de un proceso de extradición. Sin embargo, esto no había sucedido.

Ante ello, el abogado defensor dijo que el “Chapo”, a través de su abogada en Estados Unidos, Mariel Colón y de su hermana Rosa Isela Guzmán Loera, le habían hecho llegar varios mensajes del ex líder del Cártel de Sinaloa, solicitándole luchar por su regreso a México.

“Joaquín fue lo que me pidió a través de mensajes verbales, porque no por escrito, que luchará por su regreso a México […] Yo sigo siendo su abogado de Joaquín Guzmán, tanto en los procesos penales, como en el procedimiento de extradición, con ese carácter yo voy a hacer un planteamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un fundamento legal”, explicó Rodríguez Núñez.

Asimismo, el abogado relató que las condiciones inhumanas y el trato que supuestamente recibe “El Chapo” en EE. UU., ya fueron denunciadas ante el titular de la Embajada de México en Estados Unidos, Moctezuma Barragán, a través de una carta que él mismo escribió y envió el 10 de enero de 2023, de la cual, hasta ese momento, no había recibido respuesta alguna.

“La carta que se la envié al señor embajador, es haciéndole hincapié en que condiciones fue entregado Joaquín Guzmán a Estados Unidos, también que está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico”, insistió el litigante.

“Lo que [Guzmán Loera] pide al presidente López Obrador es que ponga atención en esa conducta de violación de derechos humanos en que incurrió el Gobierno de Peña Nieto, y en especifico Videgaray, al entregarlo con flagrante violación a su garantía de audiencia, para ser juzgado en Nueva York, sin haberse defendido en México”, abundó el abogado.

Por ello, el litigante solicitó a Moctezuma Barragán “interceda en busca de un trato humano para su defendido, a efecto de que cese la tortura psicológica de que es víctima su representado, ya que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles inhumanos”.

“El señor Joaquín no sabe de derecho, pero sí sabe de sufrimiento, sí sabe lo que vivió en México y lo que está viviendo en Estados Unidos, si aquí en México se le trato mal y él pretende regresar a una prisión mexicana, es porque el trato es peor en Estados Unidos”, finalizó Rodríguez Núñez.

Guzmán Loera fue extraditado a territorio estadounidense desde México, durante el último día de la Administración del ex presidente Barack Obama -el 20 de enero de 2017-, luego, el febrero de 2019, fue encontrado culpable, por un jurado, de 10 cargos por narcotráfico, durante un proceso criminal en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

El 18 de julio de 2019, el juez Brian M. Cogan condenó a “El Chapo” a cadena perpetua. Desde entonces, el cofundador del Cártel de Sinaloa estaba encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

"No es de mi interés la autonomía de las fiscalías", dice Claudia y descarta reforma

Sheinbaum destacó que el trabajo de las fiscalías debe revisarse, pero descartó que sea de su interés influir en las Fiscalía General de la República.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, al menos por parte del Ejecutivo, no existe y no hay ninguna propuesta en la mesa para reformar la Fiscalía General de la República (FGR) ni para una gran reforma profunda a las fiscalías de los estados. No obstante, reconoció que sí es necesario analizar bien el funcionamiento de estos organismos de procuración de justicia, ya que, destacó que todas las fiscalías, incluyendo la FGR, tienen cosas que mejorar.

Hoy durante su conferencia matutina y cuestionada sobre diversas versiones que aseguran que Morena tiene un proyecto para reformar las fiscalías a fin de quitarles la autonomía a esos órganos, la mandataria respondió de manera tajante, lo que ya incluso había mencionado en meses anteriores, que no existe una propuesta de Gobierno sobre el tema.
“No es ningún interés nuestro, como no es interés la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, tampoco es interés de la Presidenta tener influencia en la Fiscalía para poder controlar lo que hace la fiscalía, pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos”, aseveró.
Aunque Sheinbaum insistió que no hay un plan para cambiar la Ley, sí resulta indispensable evaluar cómo operan las instituciones responsables de perseguir delitos.

“Es evidente que tiene que revisarse la autonomía de las fiscalías, y evidentemente pues ya en algunos estados tiene más tiempo , (la reforma que le dieron autonomía a las fiscalías) y a nivel federal desde 2019. Entonces tienen que analizarse, pero no es una propuesta del Gobierno federal, para poder quitar la autonomía de las fiscalías", puntualizó.

La Presidenta indicó que las fiscalías son “indispensables” para reducir la violencia, porque finalmente son los Ministerios Públicos quienes arman las carpetas de investigación y las presentan ante los jueces, en tanto que la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplen tareas preventivas y de apoyo pericial.

Sin embargo, a nivel nacional el desempeño de las fiscalías, dijo la mandataria, no es igual “algunas fiscalías locales funcionan bien, otras presentan rezagos; la FGR, dijo, “funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar”.

Por esos motivos dijo que sí es necesaria una revisión profunda: “Entonces creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y que otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no, es otra cosa, pero creo que es importante, mejorar en general en nuestro país la procuración de justicia."


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Sheinbaum evalúa “sensibilidad social” y dominio del inglés para nombrar cónsules

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 20 de junio de 2025, que para designar a los titulares de los consulados de México en el extranjero evaluó la sensibilidad social y el dominio del idioma inglés, sin importar si los seleccionados formaban parte del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la presidenta dijo que los perfiles fueron seleccionados con base en su capacidad para atender las necesidades de las comunidades mexicanas en el exterior, así como por su habilidad para comunicarse en inglés.

La mandataria nacional también reconoció la labor de algunos cónsules, como Carlos González Gutiérrez, en Los Ángeles, California, y anunció que en los próximos meses se realizará un cambio en algunos titulares para fortalecer la red consular, lo que requiere aprobación del Senado de la República.

Luis Rodríguez Bucio, ex comandante general de la Guardia Nacional-, y ex titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue designado, el 18 de junio de 2025, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como titular del Consulado General de México, en Dallas, Texas, Estados Unidos.

Según oficio firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez, la titular del Poder Ejecutivo Federal también designó a Carlos Iriarte Mercado -ex diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex presidente municipal de Huixquilucan, así como ex director general de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, como cónsul general en Boston, Massachusetts, también en EE. UU.

Otros titulares de consulados designados por la mandataria nacional mexicana, fueron Rafael Eugenio Laveaga Rendón, en Atlanta, Georgia; Marcos Augusto Bucio Mújica, en Nueva York; Donají Alba Arroyo, en Raleigh, Carolina del Norte; Marco Antonio Mena Rodríguez, en San Francisco, y Neftalí Said Pérez González, en San José, estos últimos dos en California, Estados Unidos.

Mientras que, según el oficio firmado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), otros titulares de consulados nombrados por Sheinbaum Pardo fueron Claudia Velasco Osorio, en Sao Paulo, Brasil; mientras que para Toronto y Vancouver, Canadá, fueron designados Iván Norberto Sierra Medel y Julián Adem Díaz de León, respectivamente.

En el oficio -que fue originalmente signado por la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y que se envió al canciller, con la petición de que se solicitara la aprobación de ese y otros nombramientos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- estaban los nombramientos de seis personajes sin ninguna experiencia diplomática.

Los otros cuatro de la lista son integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Además del ex comandante general de la Guardia Nacional, el nuevo titular del Consulado General de México en Nueva York tampoco cuenta con experiencia en cargos diplomáticos.

Bucio Mújica fungió como vocero de Francisco Buenaventura Labastida Ochoa, durante la campaña presidencial del PRI en el año 2000, y, durante el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ocupó cargos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que Pérez González fue ex director del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por su parte, Mena Rodríguez ganó la gubernatura de Tlaxcala como candidato del PRI, entidad que gobernó del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2021. Tras ello, se volvió militante de Morena.

Mena Rodríguez también se desempeñó como director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), del 16 de agosto de 2023 al 11 de mayo de 2025, durante la Administración de López Obrador. Asimismo, Alba Arroyo, militante de Morena, fue candidata a la Secretaría General de dicho partido y es cercana de Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Liberan al Parra

La madrugada de este viernes 20 de junio, Óscar Parra Aispuro, recobró su libertad luego de dos audiencias que se llevaron a cabo la tarde del jueves, donde se decretó -primero- que la medida cautelar de prisión preventiva era desproporcionada a su acusación; y posteriormente se decretó la audiencia de no vinculación a proceso.

Alrededor de las 5 de la tarde se llevó la primera audiencia derivada de una demanda de amparo donde se obtuvo una revisión de la medida cautelar, toda vez que la defensa de Parra Aispuro consideró que había suficientes elementos, desde arraigo, ubicación y negocios, que pudieran ayudarlo para llevar su proceso en libertad.

Luego de una hora de juicio, el juez federal consideró que había elementos suficientes para ello y decidió modificar la medida cautelar y permitirle llevar su proceso, con el compromiso de acudir a firmar.

Horas después se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso donde la defensa presentó evidencia en video del momento de la detención y donde evidenció que la intervención militar no ocurrió como lo había anunciado la Fiscalía, según el parte otorgado por autoridades federales.

En videos, a los que también tuvo acceso ZETA, se pudo confirmar que el hallazgo del arma de fuego no se dio como se reportó por parte de la autoridad. Por el contrario, el arma fuego, supuestamente, le fue hallada al escolta del Parra entre sus pertenencias, lo que confirma que no se ubicaba en el portavasos.

Tras la evaluación de las pruebas presentadas por la defensa, el Juez federal consideró que no había elementos suficientes para considerar que el Parra estuviera armado ni llevara drogas al momento de la intervención.

Luego del análisis, se decretó la no vinculación a proceso por el delito de posesión de un arma y fentanilo, por lo que al no tener otro delito por el cual ser relacionado ni en el fuero común ni federal, se ordenó su liberación.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Grupo Salinas condena fallo que lo obliga a pagar 2 mil mdp por adeudo de Elektra

Grupo Salinas destacó que el Tribunal actuó "con sesgo y consigna política", por lo que buscará revisión constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Grupo Salinas se pronunció este viernes en contra de la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que ordena a Elektra pagar un total de dos  mil millones de pesos por adeudo de impuestos desde 2012.

Por medio de un comunicado, la compañía de Ricardo Salinas Pliego afirmó que la decisión del Tribunal muestra una de las consecuencias más graves de lo que llamó "farsa electoral judicial" ante las resoluciones guiadas por "intereses y presiones políticas" de las que se dijo "víctima" de ello.

De acuerdo con la compañía, el sesgo de los magistrados confirmó un "patrón alarmante" ante la postura a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando abusos y permitiendo "cobros abusivos y arbitrarios".
Grupo Salinas aseveró que, pese a los "actos de consigna judicial", defenderá sus causas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una revisión constitucional del caso.

Con ello, reiteró su intención de combatir cobros que consideran "ilegales, abusivos y desproporcionados" mediante los procedimientos correspondientes y permitidos por la Ley.
"Este caso no será la excepción. Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al Máximo Tribunal del país para solicitar su revisión constitucional. Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica. Seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas instancias", concluye el boletín.
Durante la tarde de ayer, los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado fallaron en contra de Elektra, lo que representa una nueva derrota para el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien mantenía un litigio por el pago de impuestos del consorcio desde hace 13 años.

Previo al fallo, la empresa quiso detener nuevamente la resolución del asunto, como lo ha hecho en la mayoría de sus juicios fiscales, presentado escritos de último minuto donde se cuestiona la imparcialidad de los juzgadores, sin embargo, estos fueron desechados por el Tribunal Colegiado al señalar que sólo pretendían dilatar el dictado de la sentencia.

Cabe mencionar que a inicios de 2025, el grupo de Salinas Pliego ha interpuesto 38 medios de impugnación, incluyendo 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y cuatro conflictos de competencia.


De estos, tres impedimentos y ocho recursos de reclamación han sido resueltos, mientras que cuatro conflictos de competencia fueron desechados, dejando 27 medios aún pendientes.

A raíz de ello, el empresario aseguró que ninguno de los litigios en los que está envuelto –más allá de los fiscales– “tendrá algún efecto adverso significativo en sus negocios o situación financiera”.

Sin embargo, las pérdidas de la empresa el año pasado alcanzaron alrededor de 11 mil 153 millones de pesos, casi un tercio de los 34 mil millones de pesos que adeuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en pagos de impuestos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Protesta colectivo feminista frente a Segob; escalan reja para exigir audiencia

Ante la inacción y afirmando ser ignoradas en otras vías de comunicación, el colectivo optó por manifestarse a las puertas de la Secretaría.

La tarde del jueves, mujeres integrantes del colectivo feminista Holy Yash, se manifestó frente a la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la alcaldía Cuauhtémoc, en denuncia contra un presunto caso de abuso sexual que no ha sido atendido.

Las manifestantes se ubicaron a las puertas del inmueble, escalando incluso la reja perimetral, para exigir una audiencia cara a cara con la titular, Rosa Icela Rodríguez.

Según las denuncias que llevaron a la movilización, en mayo de 2019 una menor de edad fue víctima de abuso sexual en un retén militar en Ixtapaluca, Estado de México; su caso, con ya casi seis años, no ha habido respuesta por parte de autoridades federales y se mantiene inmune.

Ante la inacción y afirmando ser ignoradas en otras vías de comunicación, el colectivo optó por manifestarse a las puertas de la Secretaría.

Videos compartidos en redes sociales, y fotos tomadas por agencias presentes durante la movilización, retrataron la escena en que dos de las mujeres escalaron por la reja del edificio. Fue especialmente por esta escalada en la protesta que se movilizó un equipo de seguridad integrado por personal de seguridad del inmueble, Protección Civil y Guardia Nacional; es importante destacar que no se reporto intervención de los anteriormente mencionados, así como choques o enfrentamientos con las manifestantes.

Al momento, y tras los hechos, no ha habido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido; tampoco el colectivo ha informado de una respuesta a sus demandas de audiencia con Rodríguez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

'El Guacho', yerno de 'El Mencho', se declarará culpable en EU por lavado de dinero

La sentencia de Gutiérrez-Ochoa está programada para el 7 de noviembre de este año.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, alias “El Guacho”, miembro de alto rango del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, se declaró culpable de un cargo de conspiración internacional de lavado de dinero.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, “Gutiérrez-Ochoa admitió que era miembro del CJNG conectado con el liderazgo superior del cartel”.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, desde al menos 2023 hasta su arresto en 2024, Gutiérrez-Ochoa y otros integrantes del CJNG emplearon métodos sofisticados de lavado de dinero que involucraron transacciones inmobiliarias, empresas fantasma y transferencias internacionales para blanquear las ganancias provenientes del narcotráfico.

El Departamento de Justicia detalló que, como parte de esas operaciones, “Gutiérrez-Ochoa y otros realizaron dos transferencias electrónicas por un total de 1.2 millones de dólares de ganancias del narcotráfico del CJNG para adquirir una residencia de lujo en Riverside, California, a nombre de una entidad mexicana controlada por el CJNG”. Al momento de su detención, ocurrida en noviembre de 2024, el señalado residía en esa propiedad bajo una identidad falsa.

Durante el arresto, las autoridades encontraron en su posesión dos armas de fuego ilegales y no rastreables, aproximadamente 2.2 millones de dólares en efectivo obtenidos del narcotráfico del CJNG, así como numerosos artículos de lujo comprados con dinero ilícito, incluyendo joyas, relojes y vehículos.

Asimismo, se informó que la sentencia de Gutiérrez-Ochoa está programada para el 7 de noviembre y que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez federal determinará la condena considerando las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

“CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas, influyentes y despiadadas que amenazan nuestra seguridad pública y nacional. Cada líder y asociado del CJNG que enfrenta justicia en Estados Unidos nos acerca un paso más a desmantelar esta organización terrorista”, señaló el administrador interino de la DEA, Robert Murphy.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El Chepa”, cuñado de “El Mencho” y ex líder de “Los Cuinis”, sentenciado a 30 años de prisión en EU

José González Valencia, alias “La Chepa”, “Camarón” o “Santy”, señalado junto a sus hermanos como uno de los líderes de “Los Cuinis” -operadores financieros de su cuñado, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, fue sentenciado, el 20 de junio de 2025, en Estados Unidos, a 30 años de prisión, “por su papel en una importante conspiración de tráfico de drogas”.

“Según documentos judiciales, José González Valencia, de 49 años y originario de Michoacán, México, fue uno de los principales líderes, junto con sus hermanos Gerardo González Valencia y Abigael González Valencia, de Los Cuinis, un importante cártel mexicano de la droga responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hacia Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), en un comunicado.

“Los Cuinis financiaron la fundación y el crecimiento de la organización Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que trafica cientos de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos y otros países, y es conocido por su violencia extrema, asesinatos, tortura y corrupción”, recordó el Gobierno estadounidense.

“En febrero de 2025, el presidente Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera. Según documentos judiciales, el máximo líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como ‘El Mencho’, es cuñado de los hermanos González-Valencia. Estrechamente aliados, Los Cuinis y el CJNG forman una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas y prolíficas del mundo, responsable del envío de enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y de ejercer una violencia extrema para lograr dicho objetivo”, detalló el DOJ.

“Hoy, la División Penal asestó dos golpes devastadores más al CJNG y Los Cuinis con la sentencia de José González Valencia y la condena de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa”, declaró Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU., citado en el comunicado.

“Estos hombres y los cárteles que dirigieron son responsables de una muerte y destrucción inconmensurables en Estados Unidos y México. El Departamento de Justicia continuará desmantelando al CJNG, Los Cuinis y todas las demás organizaciones criminales transnacionales que inundan nuestras calles con drogas peligrosas y recurren a la violencia extrema para controlar sus operaciones”, abundó Galeotti.

“El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas, influyentes y despiadadas que amenazan nuestra seguridad pública y nacional. Cada líder y socio del CJNG que comparece ante la justicia en Estados Unidos nos acerca un paso más al desmantelamiento de esta organización terrorista. La DEA seguirá utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero del CJNG y destruir sistemáticamente su red”, dijo, por su parte, Robert Murphy, administrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“Según documentos judiciales, al menos entre 2006 y 2016, José González Valencia dirigió y coordinó numerosos cargamentos de varias toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos por aire, tierra, mar y submarinos. En 2007, la Guardia Costera estadounidense incautó un cargamento de un semisumergible que transportaba al menos 4.000 kilogramos de cocaína desde Colombia a México para su posterior distribución a Estados Unidos”, destacó el Gobierno de EE. UU.

“Como uno de los principales líderes de Los Cuinis, José González Valencia dirigió actos de extrema violencia para promover sus actividades de narcotráfico, incluyendo el asesinato de un individuo que presuntamente robó un cargamento de aproximadamente 1,000 kilogramos de cocaína de Los Cuinis, según documentos judiciales. José González Valencia portaba personalmente armas de fuego para promover sus actividades de narcotráfico y suministraba armas y municiones al CJNG”, reveló el DOJ.

“En 2015, José González Valencia se ocultó en Bolivia -país que no extraditó a nadie a Estados Unidos entre 2001 y 2023, a pesar de la existencia de un tratado de extradición- y residió allí durante más de dos años bajo una identidad ficticia. En 2017, José González Valencia fue arrestado en Brasil durante sus vacaciones y posteriormente extraditado a Estados Unidos. El tratado de extradición de Brasil exige que el Gobierno estadounidense no recomiende una condena superior a 30 años”, explicó el Departamento de Justicia.

“La sentencia de hoy de González-Valencia […] siguen a varios ataques recientes al círculo más íntimo del CJNG. El hermano mayor de El Mencho, Antonio Oseguera Cervantes, y Erick Valencia Salazar, presunto cofundador del CJNG y asesor cercano de El Mencho, estaban entre los 29 líderes de cárteles buscados que fueron puestos bajo custodia en Estados Unidos el 27 de febrero de 2025”, enfatizó el Gobierno de EE. UU.

“Poco después, el 7 de marzo de 2025, el hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años consecutivos y se le ordenó confiscar más de 6 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico. Antes de su arresto, Oseguera González era el segundo al mando del CJNG y lo dirigió durante casi siete años. Es responsable del tráfico de más de 50 toneladas métricas de cocaína y de supervisar laboratorios de drogas que produjeron más de 1,000 toneladas métricas de metanfetamina en México”, insistió el DOJ.

“En 2013, fue uno de los primeros en contribuir a la epidemia de fentanilo en Estados Unidos, prometiendo ‘hacerlo a lo grande’ y construir un imperio a partir de pastillas de oxicodona falsificadas mezcladas con fentanilo. Como lo demostraron las pruebas del juicio, también cometió atroces actos de violencia. Según declaraciones realizadas en el tribunal y testimonios durante el juicio, Oseguera-González ordenó el asesinato de más de 100 personas, algunas de las cuales asesinó él mismo”, comentó el Gobierno de EE. UU.

“La DEA y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal han desmantelado sistemáticamente la cúpula del CJNG y Los Cuinis al más alto nivel. Hasta la fecha, la investigación en curso ha resultado en la imputación de aproximadamente 30 objetivos de alto valor del CJNG y Los Cuinis, incluyendo siete Objetivos de Organización Prioritaria Consolidada (CPOT), los principales líderes del narcotráfico. Hasta junio de 2025, 12 acusados ​​habían sido condenados, dos de ellos en juicio”, indicó el DOJ.

“Varios líderes del CJNG y Los Cuinis acusados ​​permanecen prófugos, incluyendo a El Mencho, cuya recompensa por captura se incrementó recientemente a 15 millones de dólares en virtud del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado. Abigael González Valencia, otro alto líder de Los Cuinis y cuñado de El Mencho, fue arrestado en 2015 por las autoridades mexicanas en virtud de la acusación estadounidense, pero desde entonces ha luchado contra su extradición a Estados Unidos”, agregó el Gobierno de EE. UU.

“La División de Campo de la DEA en Los Ángeles investigó los casos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia crucial para obtener evidencia extranjera y lograr la extradición de José González Valencia a Estados Unidos. Los abogados litigantes Lernik Begian y Douglas Meisel de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando los casos”, finalizó el DOJ.

El 12 de febrero de 2018, “La Chepa” exigió que el Gobierno Federal mexicano solicitara a su homólogo brasileño su extradición a México. Fue detenido el 27 de diciembre de 2017, en la ciudad de Fortaleza, por elementos de la Policía Federal de Brasil.

A través de un amparo, el hermano de Abigael González Valencia, “El Cuini”, reclamó que el Gobierno de México había sido omiso, porque no había solicitado su extradición. La demanda de garantías fue interpuesta por “La Chepa”, en el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

El juez Jorge Antonio Medina Gaona solicitó a las autoridades federales mexicanas, información de las acciones que se habían realizado para reclamar al connacional, entre ellas, a la entonces directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Mónica María Antonieta Velarde Méndez.

Además de al entonces titular de la SRE, Luis Videgaray Caso, así como al titular de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto de Icaza González, y al subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana.

Según las autoridades, González Valencia escapó de México a Bolivia en 2015, después de la captura de su hermano “El Cunini”. En territorio boliviano expidió una credencial falsa con el nombre de Jefett Arias Becerra, y luego, el 22 de diciembre 2017, ingresó a territorio brasileño, acompañado de su familia.

Según la Policía Federal brasileña, González Valencia fue detenido “en un lujoso” complejo turístico, ubicado en la región metropolitana de Fortaleza, al noreste del país sudamericano, con base en una orden de arresto expedida por el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, ante una petición de extradición hecha por el Gobierno Estados Unidos, en donde se le acusaba de narcotráfico.

“La extradición fue solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos bajo la acusación de haber practicado el crimen de tráfico de drogas en ese país y en México, así como de integrar el Cartel de Jalisco Nueva Generación”, según un comunicado de la Policía Federal de Brasil, que también indicó que el capo mexicano, quien no se resistió al arresto, estaba con su familia de vacaciones en una residencia alquilada en la exclusiva playa de Taíba, donde era vigilado por las autoridades brasileñas.

Según el comisario de la Policía Federal brasileña, Aldair Rocha, uno de los responsables de la captura de González Valencia, el mexicano fue conducido a las celdas de la sede de la Superintendencia de la corporación en Fortaleza, en donde quedó a disposición de la máxima Corte brasileña, que tenía que pronunciarse sobre su extradición.

El 23 de enero de 2018, la Corte Suprema de Brasil se negó a tramitar en sigilo el proceso de extradición que seguiría contra González Valencia. El STF informó, a través de un comunicado, que rechazó la petición hecha por los abogados del mexicano, para proteger con el sigilo judicial el proceso de extradición a Estados Unidos del supuesto capo.

La defensa de González Valencia había solicitado que el proceso fuese tramitado bajo secreto, para “poder preservar la intimidad del extraditando y de sus familiares que se encuentran en Brasil”, ante “la fuerte repercusión que su detención tuvo en el país”.

Según la agencia española EFE, la propia presidenta de la Corte Suprema brasileña, Carmen Lucia Antunes, la magistrada encargada de resolver los asuntos urgentes durante el actual receso judicial, alegó que “la regla del proceso judicial es la publicidad” y que “no había cualquier situación excepcional que justificara el sigilo en este caso”.

La máxima corte de Brasil también rechazó la petición hecha, tanto de la Policía Federal brasileña, como de la defensa del mexicano, para que González Valencia fuera trasladado desde las celdas de esa institución en Fortaleza, a un presidio en la misma ciudad, mientras respondía al proceso de extradición.

La Policía Federal brasileña alegó que sus celdas eran “deficientes” para albergar por varias semanas a un extraditable, pero la magistrada Antunes respondió que dicha institución no presentó cualquier documento que comprobara dicha situación. La defensa alegó, además, la “flagrante precariedad” de las celdas de la PF, al pedir la transferencia del mexicano a un presidio de Ceará, estado del que Fortaleza es capital.

Según el diario La Jornada, con fuentes de mandos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), “La Chepa” pertenecía al “Estado Mayor” del CJNG, y era el encargado de las finanzas de toda la organización, así como el jefe de una estructura de seguridad que opera en los estados de Jalisco y Colima, misma que protegía a “El Mencho”.

Informes del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), a los que el referido diario afirmó haber accedido, “La Chepa”, era cuñado de “El Mencho” y sustituyó a su hermano “El Cuini” -detenido el 28 de febrero del 2015, en Puerto Vallarta, Jalisco- en las operaciones financieras, las alianzas con grupos criminales en Asia y Europa, lugares a donde el CJNG enviaba cargamentos de drogas sintéticas.

González Valencia -originario de Aguililla, Michoacán- también se encargaba de la relación con los grupos de traficantes de armas que operaban en Estados Unidos y Centroamérica, y se le consideraba responsable de los ataques contra policías estatales, federales y efectivos del Ejército.

“La Chepa” contaba con el apoyo de otro lugarteniente del CJNG, identificado como Rogelio Guízar Camorlinga, alias “El Doctor”, originario de Aguililla, Michoacán, quien, según fuentes policiacas de otro diario, Excélsior, era el responsable de los operativos para eliminar enemigos y matar a policías.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Riesgo de reforma electoral, tras elección del Poder Judicial: Integralia

En su Noveno Reporte Electoral, difundido este jueves 19 de junio, Integralia Consultores estableció que tras la elección del Poder Judicial, en la que se eligió jueces, magistrados y ministros, existe riesgo de que se promueva una reforma con efectos en la integración del Consejo General del INE y la forma de elegir a los consejeros electorales.

La empresa consultora, dirigida por Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del Instituto Federal Electoral, observó que a inicios de año la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que una vez celebrados los comicios del 1 de junio enviaría una segunda propuesta de reforma electoral, en materia de plurinominales, financiamiento público a partidos, costos de organización electoral, entre otros conceptos.

“La postura crítica de varias consejerías electorales respecto a la baja integridad de la elección, que Morena y el gobierno rechazan, podría estimular que la eventual iniciativa incluya una nueva conformación del Consejo General del INE o incluso una nueva forma de elegir a sus integrantes”, reportó.

El 15 de junio el Consejo General del Instituto Nacional Eelectoral declaró la validez de la elección de ministros con base en una votación divida, en la que apenas 6 consejeros se pronunciaron a favor de validar y cinco, en contra.

Durante la sesión correspondiente el consejero Jorge Montaño remarcó que, si bien se permitió que los votantes elaboraran sus propias guías de votación, estaba claro “que no se podía inducir al voto”. De manera que “seremos firmes en sancionar esta conducta en los casos que así lo ameriten”, subrayó.

El consejero Martín Faz dijo hacer “votos para que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo del Poder Judicial sino del modelo electoral mismo, el cual ha costado décadas de construcción y esfuerzos ciudadanos”. Sostuvo que “de ser así se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema”.

La consejera Dania Ravel señaló que en la primera Elección Judicial, celebrada con fundamento en la Reforma Electoral decretada el 15 de septiembre de 2024, hubo “casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual al 100% de su listado nominal”. Explicó que “en una elección con una participación ciudadana del 13% a nivel nacional parece poco creíble que eso ocurra”.

Igualmente habló de “casillas que tuvieron una participación ciudadana de más del 100%”, circunstancia a propósito de la cual recalcó: “no puede ocurrir”.

Integralia Consultores indicó que “la elección judicial federal estuvo marcada por una muy baja participación y una alta inducción del voto”. Detalló que “las 16 personas que aparecían en los acordeones ‘oficiales’ y que competían para cargos del ámbito nacional (Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala superior) obtuvieron triunfos” y que tratándose de las Salas Regionales del Tribunal Electoral “se observó el mismo efecto” con una integración idéntica a la que concentraban las guías de votación que se difundieron, con excepción de la Sala Regional Toluca.

La empresa de consultoría refirió sobre otro riesgo: “que en nombre de la austeridad se asignen menos recursos para las elecciones de 2027 y con ello se obligue al INE a reducir el número de casillas, la calidad del material electoral o a modificar la legislación para que los votos se cuenten en los Consejos Distritales del Instituto –tal cual sucedió en el caso de la Elección Judicial”.

En 2027 se elegirán cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la mitad que falta por renovar de los cargos de Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

En el ámbito del Poder Ejecutivo se elegirá gobernador en 16 entidades federativas, presidentes municipales, en tanto que en el del Legislativo, la totalidad de diputados federales.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO ANDRADE URIBE.