José Luis Vargas Valdez pasó de ser titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la recta final del Gobierno de Felipe Calderón, pasó a ser un litigante cercano al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la administración de Enrique Peña Nieto
Exfuncionario en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ligado al priismo en la administración de Enrique Peña Nieto y con ciertos guiños hacia Morena en la actual gestión, como aseguró en su momento la oposición, Vargas Valdez siempre fue señalado como un personaje que buscó una cercanía con el poder en turno.
No obstante, fue en la actual administración que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces comanda Santiago Nieto Castillo, llevó a cabo una investigación en su contra por dinero mal habido. La Unidad de la Secretaría de Hacienda denunció a Vargas en 2020, justo cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos, pero la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró.
Fue el 15 de junio, días después de las elecciones más grandes de la historia, ciando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, determinó el no ejercicio de la acción penal contra Vargas, pero luego de que la UIF impugnó la decisión. Así, el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia ordenó una nueva investigación contra Vargas por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de 36 millones 487 mil pesos.
En una denuncia diferente a la de los 36 millones de pesos, la UIF acusó a Vargas Valdez, Mónica y Peter Bauer Mangelberg López, su esposa y cuñado, así como cinco empresas, de haber llevado transferencias por casi 107 millones de pesos en las que se presumió el uso de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con lo que investiga, de la que dio cuenta SinEmbargo en agosto de 2021, se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de Mónica Bauer Mengelberg López que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria. También, según las pesquisas, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.
Meses después, en enero de 2022, el diario El Universal dio a conocer que Mónica Bauer Mengelberg López había comprado una propiedad por valor de tres millones de dólares en el estado de Connecticut, en el noroeste de Estados Unidos.
Fueron precisamente todos estos señalamientos los que llevaron a que el 4 de agosto de 2021, cinco de los siete ministros del Tribunal Electoral lo removieran de sus funciones como presidente, un acto él desconoció en un principio pero que al final terminó por acatar con su renuncia cinco días después de ser removido.
En ese entonces, señaló: “Estoy convencido de que, para que haya una renovación legal y legítima de la Presidencia del Tribunal Electoral, debe hacerse a través de procedimiento establecido en la Ley. En consecuencia, al no haber una ausencia definitiva de la presidencia en funciones, esta se mantiene. Así, la única vía posible es presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la Sala Superior”.
EN LA FEPADE CON CALDERÓN Y MAGISTRADO CON PEÑA
Los mismos reportes indican que en 2015 integró la defensa del entonces candidato del PRI al Gobierno de Colima, Ignacio Peralta en una elección que sería invalidada. Vargas fue parte del equipo que defendió en tribunales el supuesto triunfo de Peralta, quien a la postre asumiría como Gobernador de esta entidad en una elección extraordinaria realizada en enero de 2016.
Además, según Reforma, ofreció sus servicios a otros priistas como Raúl Estrada Day, extitular de los Servicios de Salud de Zacatecas.
Luego de esta cercanía con el priismo, Vargas Valdez fue propuesto en 2016 por el entonces Presidente Peña Nieto para ocupar un puesto en la Sala Superior del Tribunal Electoral, instancia de la cual se volvió presidente en noviembre pasado para un gestión que concluiría en 2023, y de la cual fue removido este día en una sesión que el propio Vargas señaló como ilegal.
Desde la Presidencia del Tribunal Electoral, José Luis Vargas fue cuestionado por la oposición su supuesta cercanía al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que el propio Gobierno llevó a cabo una investigación en su contra por dinero mal habido.
Los primeros pasos de Vargas Valdez en el ámbito electoral los recorrió como asesor Jurídico en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) del Consejero Juan Molinar Horcasitas (1996-2000), un reconocido miembro del Partido Acción Nacional (PAN) que se desempeñaría años después, en el Gobierno de Felipe Calderón, como director del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y como Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De 2005 a 2006, se desempeñaría como asesor Jurídico del Consejero Luis Carlos Ugalde, quien en esas fechas presidió el IFE durante la realización de la elección presidencial, en la cual se daría el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa en medio de acusaciones de fraude por parte del entonces candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Ya en el calderonismo, José Luis Vargas Valdez sería titular de la Unidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 2007 a 2010 para después ocupar por dos años la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cargo que dejaría —según él mismo reconoció— luego de presiones por el resultado de la elección de la Gubernatura de Michoacán en 2011, donde la candidata del PAN, Luisa María Calderón, hermana del entonces Presidente Felipe Calderón, perdió.
En una entrevista con Reforma, del 24 de septiembre de 2013, Vargas Valdés reconoció que su salida de la Fepade se debió a presiones de la Presidencia de la República que le pidió recolectar evidencia de un supuesto fraude en la elección de Michoacán de 2011.
“Me lo pidió el Presidente de la República (dejar el cargo) y mi nombramiento él me lo había dado y pues entendí que ya no estaba contento con mi nombramiento (…) mi última actuación por lo cual puede, intuyo, que no estaba contento, fue por la elección de Michoacán”, dijo.
Cuestionado sobre qué generó esta molestia, Vargas respondió en ese entonces al diario que se presentaron diversos recursos “y querían evidencias que yo, pues yo no se las pude, yo no se las pude dar”.
Posteriormente llevaría a cabo su actividad como abogado hasta que en 2016 fue propuesto como Magistrado del Tribunal Electoral, cargo ocupó hasta este martes 31 de octubre y desde el cual enfrenta importantes acusaciones de dinero mal habido.
“Cuando un juzgador actúa en contra de su obligación de dar certeza y sus actos ponen en riesgo el desarrollo de la contienda electoral y la seguridad de los resultados, entonces sus pares tienen la responsabilidad de hacer que prevalezcan la Constitución y la democracia”, argumentó el 4 de agosto de 2021 la Magistrada Janine Otálora, quien fungió como presidenta por ministerio de ley por ser decana en la sesión en la que se removió a Vargas
No obstante, José Luis Vargas Valdez aseguró que no puede ser destituido porque en el Tribunal Electoral no existe la figura de revocación de mandato, por lo que desconoció a Reyes Rodríguez Mondragón como Magistrado presidente y aseguró que acabará su mandato como titular de esta instancia hasta este 2023, una postura ante la cual cedió días después.
Hoy culmina su gestión.
AUTOR: OBED ROSAS.
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