La propuesta que reformaría la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación también consideró industrias como la automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodoméstico, aluminio, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio.
El proyecto pretendería modificar diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), para “corregir distorsiones comerciales, garantizando condiciones justas de competencia para los productores nacionales frente a prácticas desleales y políticas de subsidios externos”.
“Se busca reducir la dependencia de ciertas importaciones de insumos, asegurando que la industria mexicana aumente su capacidad de integración productiva y valor agregado […] Se pretende elevar la participación de la industria mexicana en cadenas globales de valor, garantizando que al menos el 50 por ciento de la proveeduría estratégica sea nacional, promover la innovación y el desarrollo tecnológico y construir una economía más justa, competitiva y soberana”, destacó Sheinbaum Pardo.
La iniciativa destacó que se debería “incentivar la producción nacional de bienes intermedios y finales en sectores estratégicos, como transporte y movilidad, alta tecnología, semiconductores, equipos médicos, farmacéutica, y aeroespacial”.
“Los aranceles dejan de concebirse únicamente como un instrumento recaudatorio y se transforman en una herramienta estratégica de política económica y comercial”, indicó el proyecto enviado por Sheinbaum Pardo a San Lázaro, que también contempló exentar de cuota arancelaria artículos de exportación, como artículos de belleza e higiene personal, por kilogramo, frente a un 35 por ciento de impuesto de importación.
Los aranceles propuestos por la titular del Poder Ejecutivo Federal serían del 10, 20, 25, 30, 35 y 50 por ciento. Entre los productos a los que propuso propone imponer un arancel del 10 por ciento se encontraban los casetes y cartuchos para embobinar cintas magnéticas y sonido inferiores a 13 milimetros, mangos para maquinillas de afeitar, aluminio sin alear, aleación de aluminio, reconocibles para naves aéreas, accesorios para tendidos aéreos eléctricos y bobinas, así como carretes reconocibles como diseñadas exclusivamente para la industria textil.
Con una tasa del 35 por ciento se encontrarían las aguas de tocador, preparaciones para el maquillaje de ojos, polvos, incluidos los compactos, lacas para el cabello, champúes, dentífricos, hilo dental, sale perfumadas, productor para afeitar, duchas, bañeras fregaderos y lavabos, así como asientos y tapas de inodoros. Mientras que una tasa del 50 por ciento se propusieron productos como preparaciones para maquillaje de labios y viseras, forros de tablero y paneles de puerta para tractores.
Otros productos considerados en la reforma serían vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, puertas, ventanas y sus marcos, persianas, artículos de oficina y escolares, hormas para calzado, abanicos o sus partes y láminas perforadas o troqueladas de polietileno y/o polipropileno.
Asimismo, cajas de papel o cartón corrugado, pañuelos, toallas desmaquillantes, manteles y servilletas, hilados de seda, tejidos de mezclilla, distintos tipo de calzado, desperdicios y desechos de fundición, cerraduras para vehículos automóviles, guarniciones y herrajes para automóviles, frenos de motor, motores para trolebuses y limpiaparabrisas, entre otros.
Por otra parte, Sheinbaum Pardo envió, el mismo día, una iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con reformas a la ley aduanera, “para combatir la evasión, la elusión fiscal y aumentar la recaudación federal, sin crear otras cargas fiscales a la ciudadanía”.
En dicho proyecto se incorporó en el artículo sexto “una norma habilitante que permitirá a las autoridades aduaneras celebrar convenios en materia informática y de tecnologías de la información con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para la gestión tecnológica y el análisis de datos”.
“Se establece como requisito para obtener la respectiva autorización que los recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos cuenten con sistemas electrónicos de control de inventarios, videovigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías que ingresen, permanezcan o salgan del respectivo recinto”, abundó la presidenta.
“Se dará acceso remoto, continuo, a las autoridades aduaneras y cumplir con los demás requisitos que se establezcan mediante reglas”, agregó Sheinbaum Pardo, en el artículo 14 de la iniciativa, que indicó que las autoridades aduaneras podrían apoyarse de los sistemas, equipos tecnológicos, equipos de videograbación o “cualquier otro medio o servicio con que se cuente”.
“Para fortalecer el control aduanero y evitar prácticas ilícitas, se establece que para amparar la legal estancia y transporte de mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional, el comprobante fiscal digital por internet deberá contar con complemento carta porte”, abundó la mandataria nacional, en el documento.
El proyecto destacó que “esto permitirá a las autoridades aduaneras identificar a los operadores y los medios de transporte, así como reducir el contrabando, además de tener una mejor noción y trazabilidad de los productos que ingresan y circulan en el país”.
“Se propone disminuir el plazo de permanencia de 10 a cinco años de embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, carga, pesca comercial, recreo, deportivas, así como de casas rodantes que pertenezcan a residentes permanentes en el extranjero”, apuntó Sheinbaum Pardo.
Según la iniciativa, también habría un expediente electrónico que debería incluir los comprobantes fiscales digitales por internet, las facturas comerciales o documentos equivalentes, las transferencias electrónicas del pago o cartas de crédito, los gastos de transporte, seguros y servicios conexos.
“Además, los contratos relacionados con la transacción de la mercancía, los documentos que sustenten los conceptos que se suman al valor de transacción de las mercancías importadas, principalmente”, insistió la presidenta.
Asimismo, la iniciativa estableció que “la autoridad aduanera podrá utilizar, entre otros, bases de datos, estadísticas, mecanismos de cooperación internacional y consultas anticipadas como herramienta de referencia para la determinación o validación de los valores declarados”.
“Sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales de los que México sea parte”, se aclaró en el proyecto, que también convocó a “las empresas de mensajería y paquetería interesadas en efectuar el despacho aduanero deberán llevar un sistema de análisis de riesgo que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y de comercio exterior de las mercancías”.
“Esto, conservando la documentación e información relativa al valor, descripción, naturaleza y origen de las mismas y proporcionar a la autoridad aduanera acceso en línea al referido sistema”, apuntó la iniciativa, que explicó que la autorización se podría otorgar hasta por un plazo de dos años, “la cual podrá ser prorrogada por un plazo igual, previa solicitud del interesado ante la Agencia Nacional de Aduanas de México, cuatro meses antes de su vencimiento”.
Durante una conferencia de prensa respecto al tema del Paquete Económico 2026 -llevada a cabo el mismo día-, Carlos Lerma Cotera, titular de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda (SHCP), señaló que el objetivo principal era reducir los desbalances comerciales que se habían presentado durante los últimos años en algunos sectores.
El funcionario federal sostuvo que la Secretaría de Economía (SE) hizo un análisis bastante profundo en términos sectoriales y el impacto que los aranceles podrían traer en las cadenas de valor, mientras que la SHCP coadyuvó en el tema de los posibles efectos inflacionarios.
“La Secretaría de Economía ha revisado y ha hecho una estrategia que implica también un tema de aranceles. La propuesta que se presentará, a reserva que la Secretaría de Economía lo comente con más detalle, pues prácticamente implica todos los sectores más sensibles de nuestra economía, desde la parte automotriz, la parte de manufacturas y particularmente muchos sectores de la economía; se están contemplando más de mil 400 fracciones arancelarias”, reveló Lerma Cotera.
“Aquí estamos apoyando y coordinándonos con la iniciativa que presentará la Secretaría de Economía y que básicamente tiene ese objetivo: por un lado, incentivar más la producción nacional y, por otro lado, reducir los déficits que se incrementaron de forma sustancial particularmente en algunos sectores en los últimos dos años. En los últimos 12 meses el déficit se ha incrementado inclusive en algunos sectores muy particulares más allá del 100 por ciento. Entonces básicamente lo que busca también es cuidar esos desbalances que se están teniendo actualmente”, manifestó el funcionario federal.
“Y es parte relevante también para la Secretaría de Hacienda porque dentro del Presupuesto y las proyecciones de ingresos estamos contemplando recursos importantes. En los ingresos por importación estamos contemplando alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto y a los avances de 2025 que básicamente se derivan de las medidas arancelarias”, añadió Lerma Cotera.
Según los Criterios Generales de Política Económica, que formaban parte del Paquete Económico 2026, el Gobierno Federal proyectaba que los ingresos por importación aumenten en 73 mil 700 millones de pesos o 40.7 por ciento frente al estimado para el 2025, a 254 mil 800 millones de pesos.
“Se prevé que los ingresos tributarios totales en 2026 se ubicarán en 5 mil 838.6 millones de pesos y muestren un crecimiento real de 5.7 por ciento respecto al cierre estimado para 2025. El crecimiento de los ingresos se explica principalmente por un aumento en el componente de importaciones de 40.7 por ciento real”, mencionó el citado documento.
Por otra parte, Édgar Abraham Amador Zamora, titular de la SHCP, reconoció que estas medidas formaban parte del entorno de las conversaciones comerciales con los socios de Norteamérica: Canadá y Estados Unidos.
“No ignoramos, por supuesto, que esta estrategia y estas medidas en materia de política arancelaria se inscriben dentro de la discusión y dentro de las futuras conversaciones comerciales con nuestros socios de América del Norte y seguramente forman parte del entorno. Pero la motivación primaria es la estrategia del Plan México: la estrategia de fortalecer la producción y el consumo doméstico”, reconoció el titular de la SHCP.
El funcionario federal expresó que en la actualidad había una modificación de los parámetros de la política comercial en el mundo y uno de los resultados había sido la introspección económica en términos de que muchos países estaban buscando fortalecer sus mercados y su producción doméstica de cara a los próximos años.
“Los aranceles hay que verlos dentro de la lógica general y dentro de la estrategia general del Plan México. ¿Cuál es el objetivo del Plan México? Fortalecer la industria nacional, reindustrializar sectores que han perdido competitividad debido a la competencia no siempre justa, no siempre pareja, de otras economías, de otros países, en particular de aquellos países con los que México no cuenta con tratados comerciales, quiere decir que no hay reglas claras y, al no haber reglas claras, podemos caer en situaciones en donde nuestra industria compita en situaciones de desventaja”, destacó Amador Zamora.
“Entonces dentro del Plan México este es uno de los ejes, de nuevo, no ignorando que es un factor que se inscribe en la actual coyuntura, en la actual discusión”, aceptó el titular de la SHCP, quien también aseveró que los aranceles estarían dirigidos a países con los que México no tenía tratados comerciales, en el marco de los parámetros del principio de la Nación más Favorecida (NMF), de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
“Efectivamente son aquellos países con los cuales no tenemos unas reglas bilaterales claras y, por lo tanto, se inscriben dentro de los parámetros de Nación Más Favorecida, de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Esto fue el marco en el cual nos movimos para calibrar las tasas y para calibrar las tarifas”, explicó Amador Zamora.
“Lo que tomamos en consideración fue, número 1, países con los cuales no tenemos tratado comercial, las reglas de OMC, los parámetros fijados por Nación Más Favorecida, pero también cuidamos mucho los impactos productivos y potencial sobre el nivel de precios”, dijo el funcionario federal, quien también afirmó que el impacto sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) sería de una sola vez.
“Buscamos con mucho cuidado, junto con los compañeros de la Secretaría de Economía y la Cancillería, calibrar aquellos sectores para los cuales, por ejemplo, no tenemos sustitutos nacionales, donde hay una elasticidad de sustitución baja en términos de producción nacional, aquellos que pudieran tener ponderaciones muy importantes en el INPC, que no nos vayan a pegar”, expresó el titular de la SHCP.
“No vemos que [la medida] tenga efectos permanentes y no supera las 2-3 décimas (del aumento del INPC o inflación), dependiendo de muchos factores. Entonces no tiene un impacto relevante, por diseño, porque lo cuidamos. Aquellos artículos, aquellas fracciones arancelarias que pudieran tener un efecto mayor en el INCP, los cuidamos en términos de los factores. Fue un trabajo que nos ha tomado bastante tiempo para calibrar”, agregó Amador Zamora.
El lunes 8 de septiembre de 2025, tras presentar el Paquete Económico 2026, la SHCP señaló, en un comunicado, que el objetivo de los aranceles era crear un entorno más justo de competencia.
“Con la finalidad de crear un entorno más justo de competencia, se implementarán medidas fiscales en materia de comercio exterior, tales como la aplicación de aranceles estratégicos a países con los cuales no existen acuerdos vigentes”, destacó la SHCP.
El Paquete Económico 2026 incluyó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, entre las cuales se proponía adicionar una fracción al artículo 105 de éste, para establecer como delito que se sancionaría con las mismas penas de contrabando, cuando un importador de mercancías certificara falsamente su origen, con el objetivo de obtener un trato arancelario preferencial.
“Teniendo el carácter de importador de mercancías, certifique falsamente su origen con el objeto de que se importen al país, bajo trato arancelario preferencial, desde un país con el que México tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional”, estipularía la nueva fracción XVIII, del Código Fiscal de la Federación.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
