Las comunidades próximas al municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente en Michoacán, continúan bajo el asedio de los grupos del crimen organizado, cuyos enfrentamientos siguen generando el desplazamiento de personas que huyen de los ataques armados, los drones con explosivos, y de las minas antipersona que han convertido los senderos de terracería de la zona en verdaderos ‘caminos del horror’.
El pasado mes de abril, Animal Político publicó una serie de reportajes sobre el ‘éxodo masivo’ de ciudadanos que huyeron en masa de las comunidades de El Guayabo y El Alcalde, a unos 40 minutos en vehículo de la cabecera municipal de Apatzingán. Ahora, el Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán alertó que el miércoles 2 de julio se produjo otro enfrentamiento armado en Chandio, una pequeña localidad de 1 mil 083 habitantes, que se encuentra ubicada a tan solo 5 minutos en coche de la cabecera municipal.
Al parecer, el cártel de Los Caballeros Templarios realizó un ataque con explosivos a bordo de un dron que tendría como finalidad destruir una casa que, presuntamente, era utilizada por grupos criminales rivales como “polvorín”, aunque el dron no acertó en su objetivo.
“A raíz de este ataque con explosivos, que se registró sobre las 16.30 horas, un menor de edad de tan solo 2 años sufrió lesiones en sus extremidades inferiores, y al menos 2 familias con una decena de personas salieron de la localidad”, explicó en entrevista con Animal Político un integrante del Observatorio que, por medidas de seguridad, pidió mantenerse en el anonimato.
“Ha sido el evento con explosivos más cercano a la cabecera municipal de Apatzingán del que tenemos registro a la fecha”, señaló la persona activista, que recalcó que “la zona continúa altamente inestable”.
Por medio de un escrito fechado el 4 de julio, y dirigido al gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, a la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Lissette Arreola, y al secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oceguera, el Observatorio alertó de esta nueva situación de desplazamientos forzados en la región, para que se tomen medidas.
Sin embargo, las autoridades solo confirmaron de recibido el escrito, pero no hubo mayor comunicación, dijo la persona activista.
En las comunidades de El Guayabo y El Alcalde, que este medio visitó en abril pasado tras una incursión de grupos armados la noche del 15 de marzo que dejó ambas localidades vacías, fantasma, se han producido nuevos hechos violentos, reportó el Observatorio.
El 25 de junio se registraron “fuertes enfrentamientos” en el perímetro del ‘Puente del pitayo’, tras el derrumbe de otro puente en el extremo sur de El Guayabo provocado por las fuertes lluvias y el crecimiento del caudal del Río Grande en fechas recientes.
Al parecer, integrantes del Cártel Jalisco y de Los Caballeros Templarios se disputan a balazos y ‘dronazos’ el paso a las comunidades por el único puente que queda de pie, provocando, dijo la persona activista del Observatorio, “el desplazamiento de algunas familias de ambas localidades, aunque desconocemos si ya pudieron regresar”.
Además, el pasado fin de semana fueron desactivadas por elementos del Ejército mexicano dos minas antipersona en la comunidad de El Alcalde, “gracias a que los pobladores las identificaron antes de ser víctimas”. Apenas el pasado 15 de abril, un joven agricultor de 29 años resultó herido tras pisar una mina en una parcela de limón de Loma de Los Hoyos, a muy pocos kilómetros de El Alcalde y El Guayabo. Y el 2 de abril, otro agricultor de limón murió tras pisar otra mina antipersona mientras trabajaba en otra parcela en la comunidad Puerta de Alambre, también muy cerca de El Alcalde y El Guayabo.
El Observatorio de Seguridad Humana señaló en entrevista que desde 2022 comenzaron a registrar los primeros casos de civiles muertos por minas explosivas, así como casos de militares y policías. Aunque ha sido entre 2024 y cuatro meses de 2025 cuando el número de incidentes por minas se ha disparado, sumando una decena de muertos en la región.
Producto de los enfrentamientos y de las minas antipersona, el Observatorio ha identificado que en la actualidad se están modificando las modalidades de desplazamiento forzado interno.
“Muchas personas que huyen no se refugian en albergues, y tienen miedo a ser identificadas durante el periodo que dura el desplazamiento. Y por eso es difícil documentar hacia dónde se dirigen, o si toman la decisión de regresar a su lugar de origen, o de abandonarlo de manera definitiva”, expuso la persona integrante del Observatorio, que hizo hincapié que cada vez es más frecuente el concepto de “desplazamiento forzado intermitente”.
“Este tipo de desplazamiento consiste en que las personas van y vienen en periodos cortos de tiempo a su lugar de origen, ya sea para revisar el estado de sus propiedades, o para tratar de regresar y permanecer pese a las condiciones de precariedad”.
Más casos de desplazamiento forzado en Michoacán
Además de los casos en comunidades muy próximas a Apatzingán, el Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán alertó por medio de escritos a las autoridades de más situaciones de desplazamiento en otras localidades de Michoacán.
Por ejemplo, el 24 de junio, el Observatorio envió un escrito dirigido al gobernador y otras autoridades locales para advertir de eventos de desplazamiento forzado de personas ocurridos entre el 16 y el 22 de junio en el municipio de Zitácuaro.
El 19 de junio, sobre las 15 horas, ocurrieron actos de violencia generalizada en al menos seis puntos de la cabecera municipal y bloqueo de tránsito vehicular de las principales vías carreteras de la localidad.
“Esa jornada violenta ha sido ampliamente documentada, con el condenable resultado de un niño de 5 años fallecido por el fuego cruzado y su madre y dos hermanos, también menores de edad, heridos por arma de fuego, lo que debe alertar a las autoridades responsables de posibles nuevos desplazamientos en ese municipio del oriente de Michoacán”, señaló el Observatorio en el escrito.
Asimismo, el 20 de junio, la población Francisco Villa del municipio de Tuzantla quedó completamente deshabitada por hechos de violencia.
“El éxodo se reportó desde el pasado 15 de mayo, informó Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD desde la tribuna del Congreso del Estado”, se lee en el escrito del Observatorio, que cita también a medios locales que informaron de estos desplazamientos de personas.
“Este fenómeno ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares, buscando refugio en otras zonas del país o incluso en el extranjero, muchas veces bajo la apariencia de migración económica, lo que invisibiliza su condición de víctimas”, agrega el comunicado, en el que se pide a las autoridades estatales que reconozcan formalmente ambos casos de desplazamiento forzado, que se garanticen los derechos de las personas desplazadas, y que se investiguen los hechos que provocan los desplazamientos y se castigue a los responsables.
Semanas antes, el 8 de mayo, el Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán publicó otro escrito alertando que, de acuerdo con notas periodísticas, pobladores de la Sierra del Capulín, colindante con la capital Morelia, fueron desplazados por un grupo de criminales armados que les exigían una fuerte cantidad de dinero a cambio de no asesinarlos o, en su caso, sumarse a las filas delincuenciales. Como resultado, alrededor de 68 personas fueron desplazadas a la fuerza.
