Insistió, como lo ha hecho en otros informes, que es necesaria una reforma más amplia de la política tributaria a fin de aumentar la recaudación.

“En el futuro se necesita una mayor reducción del déficit y medidas políticas para apoyar ese ajuste a fin de evitar nuevas subidas de la deuda pública y crear espacio fiscal para responder a posibles shocks”, sostuvo.

En su informe califica de positivo las últimas acciones de la administración del gobierno de Claudia Sheinbaum para mejorar las finanzas Pemex. Destacó la buena salud del sistema bancario mexicano, aunque recomendó que se refuerce la supervisión de los delitos financieros relacionados con el crimen organizado.

¿Qué pronósticos hay para la economía mundial?

La economía global crecerá este año 3 % en vez del 2.8 % pronosticado en abril, de acuerdo con el FMI. En América Latina y el Caribe se prevé un crecimiento económico de 2.2 % en 2025, es decir 0.2 puntos más que lo anticipado en abril, aunque es menos que el 2.4 % del año anterior.

El FMI estima que Estados Unidos crecerá 1. 9% (+0.1 puntos, es decir, bastante menos que en 2024 (+2.8 %). La Eurozona se prevé que progrese este año 1 % (+0.2).

Las previsiones para Francia (+0.6 %) y España (+2.5 %) se mantienen y la de Alemania sube solo 0.1 puntos porcentuales, lo justo para que evite una recesión (+0.1 %).

Por el contrario, el pronóstico para China mejora considerablemente hasta 4.8% (+0.8), con lo que se acerca al porcentaje de 2024 (5 %).

Hicieron un llamado a la fiscal de la CDMX, Bertha María Alcalde, a tomar “cartas urgentes en el asunto”, ya que los agresores se encuentran dentro de su comunidad.

“Asimismo, exigimos medidas precautorias para salvaguardar la vida y derechos humanos de nuestra vecina y su familia. Exigimos una investigación urgente de las probables colusiones dentro del organismo que encabeza para desarticular bandas dedicadas a estas conductas. Apelamos a la obligación del Estado Mexicano de la protección de una mujer víctima de violencia, así como a la protección urgente del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de su hijo menor”, indicó la Asamblea.

Vecinos del Multifamiliar de Tlalpan defenderán patrimonio

A ocho años del sismo, los damnificados del Multifamiliar Tlalpan indicaron que defenderán su patrimonio “a costa de lo que sea necesario, pues en la CDMX hay que luchar para sobrevivir”.

“Defenderemos con todos los medios a nuestro alcance a cualquier integrante de nuestra asamblea. Como se manifestó ante la desafortunada explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, con la cual nos solidarizamos con sus víctimas, parece que en la Ciudad de México la lucha es por la supervivencia más que por el bienestar; así que como la comunidad que somos haremos lo necesario para sobrevivir en una ciudad que nos desplaza”, añadió la organización.

Recordaron que el 19 de septiembre de 2017, iniciaron un movimiento en defensa del derecho a la vivienda, sacrificando su integridad, proyecto de vida, salud e ingresos, entre otros aspectos.

“Nuestra lucha logró que miles de personas volvieran a casa pese a la intención totalmente opuesta del Estado. Es decir, abandonamos nuestra propia cotidianidad con el fin de que nunca más otro habitante de la Ciudad de México se convirtiera en víctima del desplazamiento de sus viviendas por ninguna razón”.

Gentrificación, causa por no tener acceso a vivienda

Los damnificados señalaron que el desplazamiento y la gentrificación ocasionan la falta de acceso a una vivienda digna.

“Este fenómeno de desplazamiento no es una casualidad; es la consecuencia de políticas urbanas que benefician al capital y a la especulación inmobiliaria por encima de las necesidades de las personas. La gentrificación, que hoy vemos apoderarse de nuestros barrios, no es solo un cambio estético o demográfico; es una guerra silenciosa contra la clase trabajadora, las familias y las personas de bajos ingresos que han construido esta ciudad con su esfuerzo”, agregaron.

Precisaron que no permitirán que su lucha por vivienda digna y el derecho a permanecer en su comunidad se convierta en una moneda de cambio por los intereses de quienes buscan convertir su “historia y hogar en una mercancía”.

“No luchamos solo por un edificio, luchamos por la reconstrucción de nuestros hogares, por el arraigo y por la seguridad de llegar a casa”, concluyeron.

Funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), desplegaron las cédulas de localización en edificios públicos, marcando un hecho inédito en esta localidad que desde hace más de cuatro años ha sido escenario de un cruento enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. 

Testimonios de habitantes, señalan que nunca antes se habían instalado este tipo de fichas en espacios públicos, pese a la gran cantidad de personas que han desaparecido en este municipio fronterizo con Guatemala. 

“Esto nunca se había hecho, aunque ya llevamos años viviendo con miedo”, dijo una mujer que pidió el anonimato. 

El primero de los casos fue el de Irán Mérida Matamoros, alcalde de Frontera Comalapa por el PRI en el periodo 2008-2010, quien fue secuestrado en diciembre de 2023 por un grupo armado, cerca de su domicilio en la comunidad de Santa Polonia. Tenía 54 años. 

Meses después, el 27 de abril de 2024, fue privado de su libertad el entonces candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía, Rey David Gutiérrez Vázquez, de 43 años. Reapareció en un video el 1 de mayo, afirmando que se encontraba bien y que su presunta desaparición era parte de una campaña en su contra. Desde entonces, no se ha confirmado su paradero ni se le ha visto públicamente. 

El caso más reciente es el de Aníbal Roblero Castillo, alcalde electo por el PVEM, quien fue raptado el 3 de septiembre de 2024 en una cafetería de Tuxtla Gutiérrez. Desde esa fecha, nada se sabe de su situación ni ha habido exigencias públicas de rescate. 

Los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado, ha dejado un rastro de terror en Frontera Comalapa: cientos de desaparecidos, miles de desplazados y un número indeterminado de personas asesinadas. A pesar de ello, la respuesta institucional ha sido limitada y la población se queja que continúan bajo constante zozobra. 

Con todo, señalan que la colocación de estas fichas representa un primer paso, aunque tardío, en el reconocimiento oficial de las desapariciones en la región fronteriza, y evidencia la grave crisis humanitaria que vive esta zona del estado de Chiapas. 

Las desapariciones

El Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas señaló el 30 de agosto pasado que la entidad, es un "iceberg" de desapariciones.? El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza más de 8 mil 600 denuncias de desaparición en Chiapas, el Grupo de Trabajo destacó que estas cifras solo muestran la punta del iceberg.  

“Existe un gran número de familias que no denuncian por falta de confianza en las autoridades”.

Según el RNPDNO, hasta junio de 2025 se han registrado 612 denuncias de desapariciones en el estado, de las cuales 172 personas siguen desaparecidas y 12 han sido localizadas sin vida.

Paralelamente, la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó la suspensión de actividades de empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, ligadas al grupo. Estas medidas se ejecutaron tras detectar transferencias bancarias inusuales, movimientos financieros atípicos y presuntos esquemas de simulación fiscal. 

En un comunicado conjunto, Hacienda y Gobernación explicaron que el análisis de información financiera permitió identificar operaciones sospechosas que involucraban a sociedades mercantiles de la familia Bermúdez. 

Documentos del Registro Público del Comercio señalan que en el entramado empresarial de la familia participan al menos cinco integrantes: los hermanos Humberto, Eduardo y Elba Bermúdez Requena, así como Raúl y Gerardo Bermúdez Arreola, sobrinos del exfuncionario señalado como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”. 

El historial de los Bermúdez en el negocio de las apuestas comenzó en 2011 con la creación de Crown City Premium S.A. de C.V. en la Ciudad de México, con Humberto como socio fundador. 

Posteriormente, en 2012, se constituyeron Crown City Premium Mérida y Crown City Premium Corporativo en Villahermosa. Entre 2013 y 2014 expandieron su presencia con la sociedad “Con Suerte y Alegría” en Mérida, Yucatán, y Navojoa, Sonora. 

Destaca la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., fundada en noviembre de 2017 ante la notaría número 27 de Villahermosa, Tabasco, entonces a cargo de Adán Augusto López Hernández. Esta sociedad tiene como accionistas a Humberto Bermúdez Requena y Josef Alexander Arguedas Troyo, empresario costarricense residente en El Salvador. 

El 18 de julio de 2018, meses antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, la familia Bermúdez obtuvo un permiso federal para operar apuestas remotas a través del sitio crowncitybets.mx. Este documento, con clave DGJS/DGAAD/DCRCA/1276/2018, se expidió a nombre de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V. 

La red se extiende por Paraguay

El caso tiene un componente internacional centrado en Paraguay, donde opera Montego Trading S.A., empresa vinculada a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán. 

El diario “ABC” reportó que Gerardo habría sido clave para localizar y detener a su propio tío. Las autoridades paraguayas lo investigan por la operación de apuestas ilegales a través del sitio crowncityplay.com.py y seis locales físicos, en disputa directa con la firma Daruma Sam S.A., que ostenta la concesión exclusiva para apuestas deportivas en ese país. 

Montego Trading sostiene que sus permisos, otorgados en 2017, le daban derecho a operar. Sin embargo, el gobierno paraguayo adjudicó ese mismo año la exclusividad a Daruma Sam mediante la licitación pública 04/2017.  

La ley paraguaya permite únicamente una concesión nacional, que debe asignarse a través de un proceso competitivo.  

En ese contexto, fue que el fiscal Marcelo Saldívar imputó a cinco personas vinculadas a Montego Trading, entre ellas Bermúdez Arreola, por supuesta violación al artículo 17 de la Ley 4716/12. El Ministerio Público sostiene que operó apuestas deportivas sin autorización vigente, generando un presunto perjuicio al erario público. 

Actualmente, Gerardo Bermúdez enfrenta un proceso judicial en Paraguay y permanece bajo medidas sustitutivas para asegurar su estancia en el país, mientras se emite la conclusión procesal. 

Los lujos

Durante más de una década, los negocios de casinos y apuestas de la familia Bermúdez se expandieron, generando recursos que les habrían permitido acceder a propiedades y bienes de alto valor. 

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Humberto Bermúdez Requena adquirió recientemente un departamento en la exclusiva zona de North Miami Beach, con acceso directo a un muelle para yates.  

El inmueble, ubicado en el complejo Marina Palms Residences y valuado en 1.3 millones de dólares, fue comprado a través de la empresa MPN906 LLC, constituida en Florida el 8 de noviembre de 2024 por su esposa, Flor María de los Ángeles Moguel. 

De acuerdo con registros del condado de Miami, la compra se concretó el 26 de diciembre de 2024, un mes después de la creación de la empresa. Se trata del departamento 906, con una superficie de 200 metros cuadrados, tres recámaras, cuatro baños y una terraza con vista al Lago Maule. 

Los mismos documentos revelan que MPN906 LLC, controlada por la familia Bermúdez, solicitó un crédito hipotecario al Banco Bradesco por 700 mil dólares para cubrir parte del costo de la propiedad.

“Presentamos demanda de juicio político a la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y quien es acusada de haber favorecido y operado para el cártel de ‘Los Mayitos’ mientras era alcaldesa de Playa de Rosarito.  

“El fuero no puede ser el pretexto para que no se investigue a quienes traicionaron la confianza de la gente. Se necesita conocer la verdad sin impunidad”, compartió.  

El día de ayer, la diputada morenista Hilda Araceli Brown desconoció la acusación que el gobierno de Estados Unidos hizo en su contra por presuntamente tener relación con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Aunque la secretaría anuló el fallo inicial, anunció que la evaluación de impacto ambiental será reiniciada conforme a la ley, priorizando la protección de los ecosistemas costeros y marinos.

Será la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el área que se encargará de una nueva evaluación, conforme al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y demás disposiciones legales aplicables.

Organizaciones celebran decisión

En un comunicado, el CEMDA compartió que el 11 de septiembre, la Semarnat resolvió el recurso de revisión interpuesto contra la autorización del proyecto denominado “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero”, determinando que el resolutivo SGPA/DGIRA/DG-05859-21, de fecha 7 de diciembre de 2021, quede insubsistente.

Ambas organizaciones recordaron que este resolutivo protege al Arrecife Villa Blanca y a los servicios ambientales que proveé. También recordaron que esta decisión consolida la obligación de las autoridades mexicanas de no autorizar proyectos fragmentados, deficientes o carentes de la mejor evidencia científica disponible.

El CEMDA también señaló que esta resolución es un precedente relevante para la defensa del derecho a un medio ambiente sano ya que, la Semarnat reconoce su decisión en principios ambientales como el principio precautorio, el principio de prevención y el principio in dubio pro-natura.

Además se basa en jurisprudencias y recomendaciones internacionales que colocan el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano autónomo, interdependiente y esencial para la vida y la dignidad de las personas.

Cozumeleños fueron escuchados

Noemí Guadalupe Martín, licenciada en Manejo de Recursos Naturales y presidenta de la asociación civil Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, A.C. (CIMAC) también celebró la decisión.

“Ganamos. Hicieron nula la resolución del Cuarto Muelle. Es algo increíble y es algo que esperábamos con mucha emoción. Es algo que me notifican y que no me puedo creer porque es sumamente importante y donde podemos decir que fue escuchada la voz del pueblo”, declaró Guadalupe Martín, presidenta de CIMAC, en entrevista para Animal Político.

Para Guadalupe Martín, esta notificación es una muestra de que las luchas sí se logran. Pero también es una enseñanza para no bajar la guardia cuando se denuncia el impacto ambiental que tendrá un megaproyecto en el territorio.

“Quien tiene el poder es el pueblo, no el empresario ni el político. Es el pueblo porque es la comunidad y la cantidad de gente. El gobierno son unos cuantos. El empresario son unos cuantos y si nosotros vemos en la ley de la selva, la selva misma nos dice quién tiene el poder y es la comunidad”, añadió.

Con manifestaciones pacíficas dentro de la isla y con pescadores y prestadores de servicios, habitantes de Cozumel denunciaron las afectaciones que el Cuarto Muelle traerá al Arrecife Villa Blanca si las obras seguían.

“No podemos bajar la guardia ni inclinarse ante nadie que nos esté quitando nuestro patrimonio, nuestro derecho de territorio. No podemos dárselo a nadie porque tenga dinero, porque es un empresario, porque tenga poder. El pueblo es el que manda”, reflexionó Guadalupe Martín.

El CEMDA reiteró que esta resolución se alinea con lo que ya habían establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la protección del medio ambiente como una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho al agua, a la salud,a la alimentación y a la cultura.

Incluso, se alinea con compromisos internacionales de los que México es Parte como lo es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ambos acuerdos fortalecen las obligaciones de los Estados para garantizar la participación pública, el acceso a la información ambiental y la justicia ambiental en la toma de decisiones que afecten a los ecosistemas.

Recordó que se reunió hace unas semanas con una comisión de colectivos para concluir el programa de reconstrucción

“Estamos en la etapa final. Es decir, vamos a concluir el programa de reconstrucción; de atender el derecho que tienen ustedes a una vivienda digna, después de haber sido afectados con un sismo. Se atravesaron muchas cosas, muchos temas; cambio de administración, en fin. Pero aquí estamos, para hacer un compromiso con ustedes y con todos los grupos de damnificados”, declaró.

Denuncian damnificados ser víctimas de despojo

En tanto, damnificados del Multifamiliar Tlalpan denunciaron que han sufrido acoso y amenazas, e incluso de muerte, para abandonar sus inmuebles por parte de grupos de choque, quienes presuntamente dicen tener una colusión con autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Los vecinos afirmaron que una integrante de la Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan, y su pequeño hijo, “se encuentran en peligro vital luego de que han sido víctimas de amenazas de muerte y de violencia” para que abandonen su hogar.

“Esta amenaza, de la cual se cuenta con un documento que dejaron los delincuentes y videos donde se muestra su rostro, es hecha con impunidad y total insolencia porque los agresores afirman tener una presunta colusión con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), así como la colaboración de abogados corruptos y grupos de choque contratados que han amedrentado a nuestra comunidad con el fin de desplazar violentamente a vecinos de sus viviendas”, acusaron los habitantes.

Hicieron un llamado a la fiscal de la CDMX, Bertha María Alcalde, a tomar “cartas urgentes en el asunto”, ya que los agresores se encuentran dentro de su comunidad.

“Exigimos una investigación urgente de las probables colusiones dentro del organismo que encabeza para desarticular bandas dedicadas a estas conductas. Apelamos a la obligación del Estado Mexicano de la protección de una mujer víctima de violencia, así como a la protección urgente del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de su hijo menor”, indicó la Asamblea.

8.1 millones de personas participaron en Simulacro Nacional en CDMX

Por la mañana, Brugada aseguró que 8.1 millones de personas participaron en el Segundo Simulacro Nacional en la CDMX.

La organización detalló que Canadá, México y Estados Unidos, en Norteamérica, concentran el 96 % de la carga regional de sarampión este año.

También indica casos en Bolivia (320), Brasil (28), Argentina (35), Belice (34), Paraguay (35), Perú (4) y Costa Rica (1).

La agencia atribuye el repunte a brechas de vacunación y a importaciones desde fuera y dentro de la región.

“El sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes”, afirmó el gerente del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, Daniel Salas.

“Fortalecer la vacunación -sabiendo que la vacuna contra el sarampión es muy segura y efectiva– es esencial para proteger a millones en las Américas”, añadió.

La actualización epidemiológica subraya que más del 71 % de los casos confirmados en la región no estaban vacunados y que otro 18 % no tenía registro de vacunación.

Por grupos etarios, los menores de un año muestran las tasas de incidencia más altas.

En este contexto, la OPS pide alcanzar y sostener una cobertura de al menos 95 % con dos dosis de vacuna para cortar la transmisión.

La cobertura regional mejoró ligeramente en 2024 (89 % para la primera dosis SRP1 y 79 % para la segunda, SRP2), pero solo un 31 % y un 20 % de los países superaron el umbral del 95 %, respectivamente.

La OPS recomendó, además, vacunar de inmediato a contactos de casos hasta los 39 años, así como administrar vitamina A a los casos confirmados para reducir complicaciones.

También pidió fortalecer la vigilancia en zonas fronterizas y vacunar a viajeros internacionales sin historial vacunal al menos diez días antes de visitar áreas con transmisión activa.

El 31 de octubre de 2023, Francisco Fernández Hasbun, hoy procurador interino y en ese entonces subprocurador de Delitos de Género Desaparición de Personas e Impacto, adquirió a crédito una Land Rover último modelo, tipo Range Rover Sport. El valor de la operación fue de 2 millones 314 mil 814 pesos.

Esta unidad se sumó a cuatro vehículos que ya pertenecían al garaje del funcionario: una Suburban 2021 (1 millón 648 mil 400 pesos), una Grand Cherokee Limited 4X4 (677 mil pesos) y un Audi A6 (707 mil 220 pesos). En todos, notificó que los casos los compró cuando eran último modelo en transacciones a crédito.

Además de la Land Rover, ya en el sistema de procuración de justicia hidalguense, Fernández Hasbun adquirió joyería (un reloj y una gargantilla) por las que pagó, al contado, 274 mil pesos el 7 de mayo de 2024.

Todas las operaciones referidas en esta entrega, tanto las que se realizaron a partir del inicio del actual gobierno, como los bienes que poseían previamente los funcionarios, fueron identificadas por EMEEQUIS tras una revisión a las declaraciones patrimoniales de los miembros gabinete: las de inicio en 2022, así como las modificaciones anuales de 2023, 2024 y 2025.

Además de la Land Rover, ya en el sistema de procuración de justicia hidalguense, Fernández Hasbun adquirió joyería (un reloj y una gargantilla) por las que pagó, al contado, 274 mil pesos el 7 de mayo de 2024.

Todas las operaciones referidas en esta entrega, tanto las que se realizaron a partir del inicio del actual gobierno, como los bienes que poseían previamente los funcionarios, fueron identificadas por EMEEQUIS tras una revisión a las declaraciones patrimoniales de los miembros gabinete: las de inicio en 2022, así como las modificaciones anuales de 2023, 2024 y 2025.

En joyas, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tenía previo a asumir ese cargo 2 millones 760 mil pesos, que se suman a bienes muebles como aparatos eléctricos y electrodomésticos por 253 mil pesos, muebles y accesorios de casa por 3 millones 200 mil pesos, al igual que obras de arte valuadas en 4 millones 890 mil pesos, compradas entre 2018 y 2019.

En febrero de 2020, cuando fungía como consejero administrativo y comercial en la empresa Comercializadora de Implementos Electrónicos, el hoy fiscal adquirió una casa de 414 metros de construcción, cuyo valor conforme a escritura pública fue de 20.5 millones de pesos.

Francisco Ángel Fernández Hasbun, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), llegó a la procuraduría hidalguense con el anterior encargado del despacho, Santiago Nieto Castillo: primero como director general de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (de septiembre de 2022 a junio de 2023) y después como subprocurador de Delitos de Genero, Desaparición de Personas e Impacto, hasta relevar al político queretano, cuando éste renunció el 4 de enero de 2024 para contender por una senaduría por su estado natal.

En su trayectoria laboral, el abogado nuevoleonés incluyó que de 1997 a 2004 fue director general de Hasbun–Canavati Inmobiliaria. Fue entre ese periodo cuando obtuvo su grado académico por la UANL, en julio de 2001.

Por su cargo como procurador interino, Francisco Ángel declaró una remuneración anual neta de 854 mil pesos durante 2024.

Además, es socio, con 50 por ciento de participación, de KG Consultores Legales, una firma en Nuevo León por la que declaró ingresos mensuales de 650 mil pesos; es decir, que le redituaron 7 millones 800 mil pesos el año anterior.

El 14 de diciembre de 2023, el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, compró al contado a Isva Constructora Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) dos lotes, cada uno con diez metros de construcción sobre terrenos de cien, en 400 mil pesos (200 mil cada uno y pago en una sola emisión). Asimismo, el 15 de febrero de 2024 incorporó a su patrimonio un terreno de 886 metros cuadrados por el que pagó al contado 260 mil 582 pesos.

Antes de llegar a la administración pública de Hidalgo con el gobernador Julio Menchaca, Cruz Neri, que ocupó cargos como delegado regional de la Policía Federal Ministerial en Oaxaca y Zacatecas poseía una casa de 110 metros cuadrados de construcción adquirida en junio de 2018 a un valor de 432 mil 84 pesos, y otro terreno con una superficie de 274 metros cuadrados por el que afirmó pagar en julio de 2020 57 mil 540 pesos, igualmente al contado.

En 2018, el 29 de octubre, se hizo del único vehículo que declara entre sus buenes: una Suzuki Vitara de 312 mil 990 pesos, a través de un crédito.

El 30 de octubre de 2024, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, pagó al contado 900 mil pesos por un Jeep Wrangler Unlimited Sahara Etorque modelo 2022. Mes y medio después, el 16 de diciembre, desembolsó 736 mil 400 pesos por otro Jeep Commander Overland 4×2 modelo 2025. La compra la hizo a Autos Elegantes de Pachuca S.A. de C.V.

En su declaración 2025, Henkel Escorza dio cuenta de ingresos por su actividad pública de 1 millón 13 mil 265 pesos, más 2 millones 400 mil pesos de Constructora Carekad, de la que notificó cinco por ciento de acciones conforme a escritura pública, y 600 mil de Infraestructura Henkel, empresa también del ramo de la construcción de la que posee 50 por ciento de acciones.

Él, además, es accionistas de H P Constructora y CE Inmobiliaria; en ambas, con el 50 por ciento de participación, aunque de éstas reporta no recibir recursos económicos.

Henkel incluyó en el documento que envió a la Secretaría de Contraloría el 5 de mayo de 2025 percepciones por otros 470 mil pesos, debido a la enajenación de un vehículo, y 135 mil más por un arrendamiento no precisado.

En el patrimonio del funcionario y empresario están una Honda Odyssey 2018 de 797 mil 900 pesos; un Kia Seltos 2022 de 460 mil 900 pesos; una Grand Ckerokee 2017 de 565 mil 299 pesos, y una motocicleta Itálika GT175, 2015, de 23 mil 799 pesos. Igualmente, reportó un vehículo Chevrolet del que no anotó más pormenores, pero valuó en 150 mil pesos e, indicó, lo recibió por donación el 16 de enero de 2023. Entre sus bienes, no incluyó propiedades ni muebles.

Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva –cargo homologado a nivel de secretario– reportó a la Contraloría ingresos de 1 millón 260 mil pesos en 2024 por la razón social Comida y Producción Madero S.A. de C.V,; de 1 millón 20 mil pesos por “servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías”, además de haber recibido 1 millón 370 mil 300 pesos en “donativos”.

Esos donativos, especificó en su declaración patrimonial del 30 de mayo de 2025, los recibe de una persona física de la “industria de restaurantes”; en este caso, a través de dos entregas monetarias mensuales de 123 mil 800 pesos y 14 mil 611 pesos.

El patrimonio de Tello Vargas incluye una casa de 3 millones 870 mil pesos comprada a Housing4u S de RL de CV en agosto de 2016, y una parcela de 70 mil metros de terreno valuada en 3.5 millones de pesos adquirida en diciembre de 2015; ambas operaciones, a crédito.

Al dar cuenta de su patrimonio, el político anotó que posee otra vivienda de 2.5 millones de pesos que recibió por donación en enero de 2015, así como un departamento de 9 millones 41 mil 335 pesos que le fue donado en abril de 2010.

Como vehículos reportó una Ford Maverick 2022, cuyo valor de adquisición fue de 699 mil 453 pesos, cuando hizo la compra a crédito en febrero de aquel año, así como joyas valuadas en 280 mil pesos, que posee desde julio de 2011.

En la cartera empresarial de Miguel Ángel Tello Vargas está participación en ocho firmas de diversos giros: Tedami Construcciones S.A. de C.V., dedicada a la construcción y de la que tiene el 20 por ciento de acciones; Strategic Digital Media S.A.S. de C.V., con 70 por ciento de acciones y cuyo móvil son los medios masivos; Servicios Logísticos y Energéticos del Centro S.A. de C.V., del giro logístico y con 70 por ciento de acciones; Servicios de Distribución y Comercialización Chuhuk S.A. de C.V. (comercio al por mayor), con 50 por ciento de acciones; Productora Agropecuaria Neek S.A. de C.V. (agricultura), 50 por ciento de acciones; MB Information and Digital S.A.P.I. de C.V. (medios masivos), con 50 por ciento de acciones; La Penca Salvaje S.A. de C.V. (restaurante), con 30 por ciento de acciones, así como Grupo Cammex S.A.P.I. de C.V., del ramo de agricultura, y del cual posee 50 por ciento de acciones. Todas estas empresas están asentadas en Hidalgo.

A su vez, el secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Sostenible, Alejandro Sánchez García, reportó que además del millón 13 mil 265 pesos que obtuvo por su cargo público en 2024, tuvo ingresos por actividad empresarial por 101 mil 59 pesos de Alsa Construcciones Civiles –empresa que obtuvo contratos gubernamentales en el sexenio priista de Omar Fayad Meneses y en la que Sánchez firmó como representante legal, aunque en la sección de partición en empresas, sociedades o participaciones anotó “ninguno”–, más 11 millones 300 mil pesos por la venta de un inmueble.

En sus propiedades incluyó una casa de 10 millones recibida por donación en diciembre de 2018 y otra vivienda de 15 millones también conseguida mediante donación, en julio de 2020, que fue la que puso a la venta.

En agosto de 2017, el también exdiputado local priista adquirió 74 unidades de ganado bovino por 1 millón 480 mil pesos pagados al contado, que se suman a muebles y accesorios de casa por 184 mil 926 pesos y 98 mil 246 que compró, con pagos en una emisión, en marzo de 2012 y agosto de 2015.

CON EMPRESAS Y GANANCIAS, PERO SIN AUTOS, CASAS, ELECTRODOMÉSTICOS…

Aunado al millón 25 mil 384 pesos que recibió el último año como secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez obtuvo 410 mil 909 pesos por la asociación civil Proyectos de Educación Superior, de la que tiene el 58 por ciento.

Se trata de la razón social de la Universidad Humanista, con sede en Pachuca. De esa institución, el político, antes adherido al Partido de la Revolución Democrática (PRD), obtuvo su doctorado en Desarrollo del Potencial Humano en agosto de 2020.

De igual forma, Natividad tiene participación accionaria en las empresas Soluciones Lusergi S.A. de C.V. (90 por ciento), Inversiones Inteligentes Sociedades de Inversión y Proys (uno por ciento) y Jaba Operadora de Alimentos (40 por ciento), ubicadas en Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo y dedicadas a los ramos de servicios corporativos, alojamiento y alimentos, respectivamente.

Además, el exasesor de Miguel Ángel Osorio Chong cuando este último ocupó el cargo de secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto indicó que tiene un porcentaje de participación de uno en la empresa Promotora Turística Mexicana S.A., asentada en Jalisco, pero, en lugar de acciones, como membresía.

En la declaración patrimonial que presentó ante la Secretaría de Contraloría el 6 de mayo de 2025, Castrejón Valdez afirma no tener propiedades, vehículos, muebles ni electrodomésticos…, en tanto que en adeudos refirió uno por 400 mil pesos por un préstamo personal que data del primero de marzo de 2024.

Ricardo Gómez Moreno, secretario del Bienestar e Inclusión Social desde junio de 2024, declaró un patrimonio sin muebles, inmuebles ni vehículos, con un ingreso de 617 mil 131 pesos de cargos públicos el año anterior (los primeros meses se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Político); en tanto, Neyda Naranjo Baltazar, quien funge como secretaria de Cultura también desde junio de 2024, igualmente afirmó no poseer ningún bien, pero haber ganado 1 millón 160 mil 851 pesos en 2024 por su función estatal.

Nutrióloga de formación egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), además de maestra en Administración Hospitalaria por el Centro Universitario Siglo XXI, la responsable de la política cultural en el estado se había desempeñado como oficial mayor en la presidencia municipal Zacualtipán de junio de 2018 a marzo de 2020 y antes, ahí mismo, como subdirectora del sistema municipal DIF, de septiembre de 2016 a marzo de 2019. Previo a ello, fue nutrióloga en los servicios de salud de estado, de 2010 a 2016.

Otro patrimonio sin activos materiales es el de Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de Turismo, quien el año anterior devengó en salario 1 millón 25 mil 384 pesos del estado.

También aseguró no contar con bienes muebles ni inmuebles, tampoco vehículos, Juana Vanesa Escalante Arroyo, quien ocupa el cargo de secretaria de Salud desde abril de 2024. Por su cargo, indicó por el que el año anterior tuvo una remuneración neta de 866 mil 746 pesos.

ACTUALIZAN MENAJE

El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, reportó que además del millón 25 mil 384 pesos que obtuvo por su cargo público el año anterior, obtuvo otros 77 mil 458 pesos por arrendamiento de inmuebles, más 26 mil 135 pesos producto de fondos de inversión. Aunado a ello, reportó otro ingreso por 550 mil pesos por la enajenación de un vehículo no especificado.

El primero de junio de 2024, Olivares adquirió muebles y accesorios de casa con valor de 50 mil pesos; esa es la única posesión que reconoce, junto con su SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) Volkswagen Tiguan 2019, que en mayo de aquel año, cuando era secretario técnico de la Comisión de Justicia que presidía el entonces senador Julio Ramon Menchaca Salazar, compró a crédito por 469 mil 990 pesos.

La relación laboral Olivares-Menchaca tiene más antecedentes: cuando el hoy gobernador fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) (de 1999 a 2005), su actual secretario de Gobierno fungió como su secretario particular, encargado de coordinar su agenda y asistirlo en sus actividades; después, con Julio Ramón como diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo fue secretario técnico de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por su jefe político (2005-2008).

En la declaración patrimonial que presentó al inicio de su actual cargo, en 2022, el responsable de la política interna en Hidalgo indicó que por actividad empresarial, por una llantera, tenía ingresos de 580 mil pesos, más otros 18 mil 780 pesos por arrendamiento de oficinas y locales.

Asimismo, manifestó que poseía dos automóviles: su Volkswagen Tiguan 2019 y una Suburban 2019 (un millón 176 mil, a crédito), que incluyó como venta en su declaración de 2024, por 900 mil pesos, a la empresa Autos Elegantes de Pachuca.

En noviembre de 2022, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Óscar Javier González Hernández, compró al contado muebles y accesorios de casa con valor de 70 mil pesos. Es la única actualización de bienes hasta la mitad del sexenio, ya que sus últimas adquisiciones habían sido de meses antes de incorporarse al gobierno de Menchaca: una casa entonces con valor de 902 mil pesos, en una operación a crédito en marzo de 2022, y una camioneta GMC Acadia 2017 por la que pagó de contado, en mayo de 2022, 500 mil pesos.

En aquel entonces, él era titular de la representación de la Secretaría de Gobernación en el estado de Hidalgo. 

El funcionario también posee otra casa adquirida en julio de 1991 por “80 mil pesos”, a crédito; un terreno comprado en “46 mil pesos” en 1992, y una cabaña que costó “11 mil 800 pesos” en 1998, más menaje de casa por 150 mil.

Ya en el gobierno, vendió en 80 mil pesos un Renault 2013 que había sacado a crédito en diciembre de 2012 por 278 mil 400 pesos, según la declaración de modificación patrimonial de 2023. Sus percepciones públicas en 2024 fueron de 906 mil 631 pesos.

MÁS INGRESOS, MISMOS BIENES

En su declaración patrimonial 2025, la secretaria de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, también afirmó que no ha adquirido bienes en lo que va de la administración, y que mantiene su Honda CRV EXL NAVI 2012 que en aquel año le costó 387 mil 900 pesos. En el apartado de vehículos también incluyó “rin 15” y un número de placa, tasado en 41 mil 120 pesos.

Por su cargo, el año anterior percibió 1 millón 380 mil 854 pesos después de impuestos y tuvo un ingreso de 150 mil pesos por una enajenación de vehículo que no precisó (tampoco estaba declarada una unidad de ese valor en sus notificaciones de patrimonio previas); de igual forma, el 23 de diciembre pasado adquirió un crédito de nómina por 410 mil pesos.

También sin actualización en su patrimonio desde que tomó el cargo al inicio del sexenio de Menchaca está la secretaria de Hacienda, María Esther Ramírez Vargas, quien es dueña de una casa de 480 metros de construcción que obtuvo a través de un crédito por 3 millones 616 mil 22 pesos en noviembre de 2005.

Igualmente es propietaria de tres terrenos: uno de 212 metros que compró a Pak Desarrollos S.A. de C.V. en 1 millón 800 mil pesos, mediante un crédito adquirido en abril de 2018, así como dos más de 216 metros valuado en 434 mil 998 pesos, y de 243 metros, a un costo de 621 mil 423 pesos, adquiridos a través de créditos en marzo de 2013 y enero de 2012, respectivamente.

En vehículos, ha registrado en todas sus declaraciones una Ford Explorer 2007, comprada en junio de 2013 en 105 mil pesos. En 2024, percibió 1 millón 20 mil 498 pesos por su cargo.

Como los anteriores miembros del gabinete, la abogada Mónica Mixtega Trejo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó no haber adquirido bienes en los últimos tres años, y que mantiene un departamento desde agosto de 2007 con valor de operación de 104 mil 806 pesos, así como un terreno de 52 mil 500 pesos adquirido en abril de 2018. A comodato, a partir de 2021, tiene un Volkswagen Teramont del mismo modelo.

En 2024, sus percepciones públicas ascendieron a 1 millón 25 mil 383 pesos.

Adicional al millón 25 mil 384 pesos que obtuvo por su cargo público el último año, Álvaro Martín Bardales Ramírez, secretario de Contraloría, dio cuenta de otros ingresos por 167 mil 130 pesos, derivados de arrendamiento de inmuebles.

Durante la actual administración no reporta adquisiciones. Su patrimonio consiste en un edificio de 427 mil 336 pesos, con mil 276 metros cuadrados de terreno y 560 m2 de construcción, así como de un local comercial de 78 mil 838 pesos (una construcción de mil 200 metros cuadrados sobre una superficie de mil 576 m2), que datan de octubre de 2010 y abril de 2009, respectivamente.

Tiene una casa que, afirmó, adquirió en 25 mil pesos en junio de 1997. Es una propiedad de mil 100 metros cuadrados de terreno y 600 m2 de construcción. En tanto que el vehículo Suzuki 2022 que compró al contado en febrero de aquel año costó 309 mil 990 pesos.

Cuatro meses antes del inicio del actual gobierno, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez, pagó 766 mil 500 pesos por una Ford Lobo 2016 que en su declaración 2025 reportó como vendida por 600 mil pesos. En ese mismo informe patrimonial da cuenta de su participación en una huerta de aguacates hass por la que mensualmente tiene un beneficio o ganancia de 300 mil pesos. El año pasado ganó 1 millón 25 mil 381 pesos de la administración pública hidalguense.

MENCHACA: INGRESOS EXTRA

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, no reporta adquisición de bienes en lo que va de su mandato, al que llegó con una casa y un edificio. La primera la posee desde noviembre de 1988 y cuenta con 400 metros de construcción sobre un terreno de 430 metros cuadrados. El valor de compra que reportó fue 11 mil 410 pesos, al contado.

El edificio, a su vez, es una construcción de 473 metros en una superficie de 580 metros cuadrados y el mandatario afirmó que lo recibió como herencia en diciembre de 2021, cuando era senador.

En noviembre de 2020 compró el único vehículo declarado: una Nissan NP 300 Pick Up 2011, en 60 mil pesos.

Sin dar a conocer el valor de las piezas, el gobernador notificó a la Contraloría que es dueño de dos colecciones: una de monedas antiguas de México y de diversos países que obtuvo por donación, y una de timbres postales que pagó al contado, aunque no incluyó el monto. En ambas, anota la misma fecha a partir de que las posee: enero de 1978

De acuerdo con sus declaraciones públicas, en 2022 Menchaca percibió 567 mil 723 pesos por cargo público (entró en funciones en noviembre y de enero a febrero ejerció como senador), en 2023 –el primero completo como mandatario– percibió por esa labor 1 millón 301 mil 851 pesos, mientras que en 2024 sumó 1 millón 453 mil 398 pesos más.

De ingresos del año anterior añadió otros 2 millones 364 mil pesos producto de “fondos de inversión” y 420 mil pesos más por arrendamiento.

Narrativa de hechos, según expedientes judiciales 

Ana Gómez abandonó el hotel Hard Rock poco después de las 15:00 horas del 18 de diciembre de 2020, según la sentencia. 

No salió de su centro de trabajo en el autobús de personal, que disponen los grandes hoteles de la Riviera Maya para ingresar y sacar trabajadores, pues se retrasó al acudir a recoger vales de despensa navideños. Faltaban seis días para la Navidad de 2020. 

En vez de eso, salió por el acceso sur del hotel, una vereda paralela a la carretera federal que va rumbo a Cancún. El caminito en aquel momento estaba lleno de maleza y apenas con una cámara de seguridad que, se lee en la sentencia, brindó una imagen borrosa de ella cuando caminaba por el lugar. 

Un hombre la alcanza y platica con ella. Se pierden ambos entre los matorrales. El sujeto vuelve a salir, pero de ella ya no se vuelve a saber nada. Se inicia así su búsqueda horas después, y hasta que el domingo 20 de diciembre de 2020 se descubre su cuerpo sin vida. 

“Un policía le dijo que ya había encontrado el cuerpo de la señorita, momentos después se realizó el levantamiento del cadáver”(sic). 

El caso generó una enérgica protesta frente al Hard Rock Riviera Maya por varios días, que se intentó politizar en su momento por la CROC ante su rivalidad con la CTM, que en aquel momento mantenía el control sindical del hotel. 

Hasta ahora los agentes de la Fiscalía de Quintana Roo no han impugnado la absolución mediante el amparo directo, según revisiones en estrados estatales y federales. 

De acuerdo con la sentencia, en determinado momento el acusado le dijo a un testigo: “Jefe, no sé qué me pasó, sólo se me metió el diablo”. 

Lima Carvajal determinó: “Como tampoco es suficiente que el testigo (...) diga que el acusado le dijo que no sabe que le pasó que se le metió el diablo, ello no implica una aceptación de los hechos acusados (sic)”.

El testigo de la FGR identificado, con las iniciales C. T. D. R., quien fue secretario particular de Bermúdez Requena, detalló ante el ministerio público federal que una vez que el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández lo nombró Secretario de Seguridad en la entidad, repartió el territorio entre diversos lugartenientes para controlar las actividades ilícitas en los mismos.

Según sus declaraciones, Ulises Pinto Madera “El Mamado” recibió el control de los municipios de Huimanguillo, Paraíso, Cunduacán, parte del Centro, Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique.

Daniel Hernández Montejo “Prada” recibió Cárdenas, Nacajuca, parte de Comalcalco, parte del Centro, Centla y parte de Macuspana.

Gabriel Gómez Vázquez, “Indeco”, recibió parte de Comalcalco, parte del Centro, parte de Macuspana.

El testigo recibió el control de parte de Comalcalco, Jalpa de Méndez, parte del Centro, Jalapa, parte de Teapa, parte de Jalcotalpa, parte de Macuspana y Jonuta.

Cada uno le entregaba semanalmente a Bermúdez Requena la cantidad de dos millones de pesos en su domicilio particular, como producto de la venta de droga, robo de gas LP, venta de huachicol, cobro de piso a escorts, tráfico de migrantes y de armas.

Sin embargo, C. T. D. R. afirmó que el 28 de febrero del año 2022, Bermúdez Requena le pidió salirse de la organización y entregar los municipios que le asignó para la venta de droga y huachicol dejándole tres o cuatro meses de explotación de huachicol, es decir, siguió vendiendo combustible robado entre marzo y mayo de ese año.

Esto, debido a las peleas que había entre los lugartenientes de “La Barredora”, por lo que, una vez que cumplió la orden de Bermúdez Requena, el testigo dijo que decidió irse a vivir a Mérida, Yucatán donde permaneció hasta diciembre de 2023.

“En diciembre de 2023 recibió varias llamadas de Ulises Pinto Madera, en las que le decía que ‘papá’ (refiriéndose a Hernán Bermúdez Requena) ya había dado la indicación de eliminar a Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’”, indica la solicitud de orden de aprehensión contra todos los implicados, que presentó la FGR el pasado 15 de septiembre ante el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez.

Por ello, indicó que Pinto Madera le pidió regresar a Tabasco para reincorporarse a sus actividades.

Para el 21 de diciembre de 2023 C. T. D. R. regresó a Tabasco y al día siguiente, Bermúdez Requena le pidió que llevara a Hernández Montejo a su domicilio particular en el fraccionamiento Campestre, calle La Venta número 132, colonia Tabasco 2000, en Villahermosa, afuera del cual ambos fueron emboscados pero lograron escapar con vida.

“Que entró por la parte del gimnasio, estuvo en la sala que está abajo del gimnasio lugar en el que le reclamó a Hernán Bermúdez Requena alias ‘El abuelo’, estando el declarante lleno de sangre por las heridas que había recibido a las afueras del domicilio (…), permaneciendo en dicha área un lapso de cuatro horas aproximadamente, hasta que después lo llevaron a un hospital los guaruras de Hernán Bermúdez Requena alias ‘El abuelo’”, citó la FGR.

Ese 22 de diciembre de 2023 también desaparecieron dos elementos de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, cuyas cabezas aparecieron en Chiapas en enero de 2024.

C. T. D. R. indicó a la Fiscalía que el atentado fue orquestado por Bermúdez Requena y Ulises Pinto y que cuando Daniel Hernández se enteró de ello, comenzó a crear disturbios en la ciudad mediante la quema de tiendas Oxxo, bloqueos en avenidas y quemas en lugares en los que pudiera estar “el Mamado”.

“Hernán Bermúdez Requena, alias ‘el Abuelo’ le ordenó al declarante que hablara con Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’, para que se calmara y dejara de estar haciendo la quema del Estado de Tabasco, porque Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’, no le recibía la llamada a Hernán Bermúdez Requena porque estaba muy encabronado porque era claro que Hernán Bermúdez Requena y Ulises Pinto Madera eran los que se habían puesto de acuerdo para matarlos”, refirió la FGR.

“En una llamada que tuvo el declarante con Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’, este le comentó que el día del atentado, cuando él estaba escapando del fraccionamiento campestre donde está la casa de Hernán Bermúdez Requena (…), la gente que él llevaba de seguridad y que estaba a las afueras de dicho fraccionamiento, vio también que estaba la gente de Ulises Pinto Madera, entre ellos, Isabelino García de la Rosa a quien le decían ‘Chabelo’ y José Zapata Jiménez a quien le decían ‘Pepe Zapata’; eran policías en activo y que estaban bajo el mando de Ulises Pinto Madera, le contó que él, es decir Daniel Hernández Montejo alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’ aprovechó el momento y había levantado (llevado) en ese momento del atentado a Isabelino y a José”.

Según el testigo, Hernández Montejo le contó que ambos policías confesaron que ellos le dieron la información sobre la hora, lugar y vehículo en el que ingresarían tanto “Prada” como C. T. D. R. al fraccionamiento.

Por ello, Daniel Hernández le dijo a C. T. D. R. que le enviaría las cabezas de los policías a Hernán Bermúdez y a Ulises Pinto.

El testigo dijo a la FGR que informó de esto a Bermúdez Requena, quien le pidió tranquilizar a Hernández Montejo porque el gobernador interino, Carlos Manuel Merino Campos, le encargó controlar la violencia en la entidad para la visita del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien iría a pasar las fiestas decembrinas a Chiapas y regresaría a Tabasco a inicios de 2024 para inaugurar un evento en Villahermosa.

“Hernán Bermúdez Requena alias ‘el Abuelo’ le pidió a C.T.D.R., que le dijera a Daniel Hernández Montejo alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’ que no les convenía que el estado estuviera con tanto desmadre porque él, es decir Hernán Bermúdez Requena, ya tenía encima al ejército, a la fiscalía y a la guardia nacional; que si les tenía que dar para bajo (matar) a los policías (…), que lo hiciera, que estaba bien, que inclusive el autorizaba que los matara pero que no lo hiciera en esos días, que solo le pedía que los cuerpos aparecieran en otro lado, después de que el presidente estuviera en Tabasco, y que además no los fuera a dejar en Villahermosa, que los aventara a Chiapas o Campeche, pero que no los dejara en Tabasco porque no le convenía a nadie”, refirió el testigo.

Días después de la visita del expresidente, en enero de 2024, en el municipio de Pichucalco, Chiapas, apareció la cabeza de uno de los policías y Daniel Hernández le llamó a C. T. D. R. para enviarle un mensaje a Hernán Bermúdez.

“Ahí ya les dejé su basura a los culeros de Hernán (Bermúdez Requena alias ‘el Abuelo’ y Ulises (Pinto Madera)”, fue el mensaje.

Previo al hallazgo, el 3 de enero de 2024, Hernán Bermúdez, el testigo y Daniel Hernández sostuvieron un encuentro en una explanada a campo abierto camino a Jalapa, a la que “Prada” llegó con cerca de 300 personas armadas.

En dicha reunión, el testigo afirmó que Bermúdez Requena le pidió a Hernández liberar a los policías estatales así como regresar a los elementos, patrullas, equipo táctico y armas de la policía en activo que le fueron puestas bajo sus órdenes para que pudiera cometer delitos en los municipios que le fueron entregados por el propio exsecretario de Seguridad.

Para entonces el gobernador interino, Merino le pidió la renuncia a Bermúdez Requena, por lo que requería todo el equipo para entregar sus informes en orden. Sin embargo, Daniel Hernández no regresó nada y las rencillas entre él y Ulises Pinto arreciaron hasta la detención de este último ocurrida en julio pasado.