La propaganda del presidente Andrés Manuel López Obrador, o al menos la intención de su narrativa diaria ante la inseguridad y la violencia en el país, tiene la intención de, a fuerza de palabras, minimizar los actos de terrorismo y acallar las estruendosas balas de la criminalidad organizada que, en el país, vulneran a la sociedad, prácticamente en las condiciones actuales, normalizar la violencia.

Como “propaganda” calificó el presidente de la República los bloqueos e incendios que entre el fin de semana del 12 y el 14 de agosto sucedieron en cinco municipios de Baja California, organizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Unos 47 incendios de unidades de transporte urbano, de carga y vehículos, con la intención de mostrar el “poderío criminal” de la organización aun encabezada por Nemesio Ocegueda “El Mencho”.

José Luis Abarca Velázquez, expresidente Municipal de Iguala, Guerrero, fue absuelto por un Juez ante falta de pruebas por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Jorge Guillermo García Suárez Campos, fue la autoridad que determinó la inexistencia de pruebas para vincular al exedil por la presunta desaparición de los normalistas, imputación mencionada en la causa penal 66/2014.

Un Juez federal otorgó prisión domiciliaria al exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, quien enfrenta delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el caso Odebrecht.

El Juez Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue quien concedió modificar la medida cautelar de Lavalle luego de que sus abogados argumentaran que su cliente tiene problemas de salud crónicos.

Una adolescente y una mujer fueron asesinadas y sus homicidas trataron de enterrar los cuerpos en una pequeña fosa en el patio de un domicilio de la colonia Santa Fe, en Ciudad Obregón, informó la Fiscalía de Sonora.

Los cuerpos de Diana Nataly, de 15 años, y Sara Gabriela, de 32, presentaron golpes contusos y heridas por impactos de arma de fuego.

Ante la presunción de que el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo fue torturado, según resultados obtenidos de estudios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y por indicaciones de un juez, la Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación para indagar los posibles malos tratos al preso desde el día de su detención hasta su estancia en centros penitenciarios.

En la Delegación Jalisco de la FGR, en junio del año en curso, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-IX-5, en Guadalajara, inició la carpeta FED/JAL/GDL/0001712/2022 por el delito de tortura por parte de servidores públicos, previsto en el artículo 24 fracción primera de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Un hombre de aproximadamente 50 años fue baleado y asesinado en calles de la alcaldía Benito Juárez.

La víctima viajaba en un vehículo Onix Chevrolet cuando fue alcanzada por sicarios que viajaban en una motocicleta.

Líderes del Partido Acción Nacional (PAN) han cuestionado a su dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés Mendoza, por no romper de una vez la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual —han dicho— sólo ha usado Va por México para su beneficio propio como ha sucedido en el pasado con el Pacto por México y otros momentos en los que el panismo ha dado vida al otrora “partidazo”.

Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, exhibió este miércoles el “chantaje” que hacía Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, pues denunció que éste obligaba a las y los gobernadores a firmar “contratos”, porque si no, no enviaba al Ejército a sus entidades.

“Un militar no vale más que un campesino, ¡exigimos cárcel a los militares!”, señalaron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes este martes protestaron frente al campo militar 35 en Guerrero para exigir que se ejecuten las órdenes de aprehensión contra los miembros del ejército implicados en la desaparición de sus hijos.

A casi un mes de la publicación del informe federal que concluyó que el Caso Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”, los padres y madres de los normalistas condenaron que a la fecha “no hay nada” en los avances para cumplir las 80 órdenes de aprehensión que existen, de las que 20 son contra militares.

El gasto per cápita en salud para la población sin seguridad social tendrá una caída de 2.1%, al pasar de 3 mil 733 pesos en 2022 a 3 mil 694 en 2023.

De acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) a lo solicitado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 para los sistemas de salud, el que crecerá será el gasto para la población asegurada.

La reportera Emmanuelle Steels, autora del libro El teatro del engaño: Buscando a los Zodiaco, la banda de secuestradores que nunca existió, sobre lo que ocurrió con Florence Cassez, acusó a la editorial Penguin Random House de “haber desaparecido” el libro que edito Grijalbo en 2015 y de promover el del reportero Pablo Reinah sobre los mismos hechos.

“Después de haber desaparecido mi libro de los estantes de las librerías, @penguinlibrosmx publicó esa basura que vierte mentiras sobre mí, donde me llama ‘mala periodista’”, escribió la reportera belga radicada en México en su cuenta de Twitter.

Morena propuso una reforma a diversos artículos de la Constitución con el fin de prohibir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar o “interpretar” los preceptos de la carta magna.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes, fue presentada por la diputada morenista, Reyna Celeste Ascencio Ortega, y sostiene que la Corte no tiene la facultad de invalidar los preceptos constitucionales, tal y como recientemente se buscó hacer al eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa.

El colectivo de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestó frente al cuartel de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, para condenar la participación activa de militares en la masacre de los estudiantes registrada hace ocho años en Iguala, Guerrero. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo que ocurrió en Orizaba, Veracruz, “no fue tan grave” y que se trató más de un asunto de propaganda en redes y que, al haber una transmisión en vivo, sus adversarios “se dan gusto”.

Ayer, un enfrentamiento entre autoridades de Veracruz y presuntos delincuentes en la zona centro de Orizaba provocó pánico entre ciudadanos, dejó un muerto y dos personas detenidas.

Desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió sacar a los militares de sus cuarteles para encabezar la “guerra contra el narcotráfico”, y hasta 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió mantenerlos en tareas de seguridad pública, la presencia del Ejército en las calles se ha más que duplicado en todo el territorio nacional sin que la violencia baje. Por el contrario, los homicidios se han disparado en 240.84%.

Así lo refieren datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregados vía transparencia, que indican que en 15 años el total de efectivos desplegados pasó de 37 mil 253 a 90 mil 023 elementos, un incremento de 141.65%. A la par, cifras del Inegi reportan que los homicidios pasaron de 10 mil 452 a 35 mil 625 en el mismo periodo.

El homicidio de la niña de cuatro años Heidi Mariana Pérez Rodríguez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se suma a cuando menos cinco presuntos ataques injustificados a civiles por parte del Ejército o la Guardia Nacional que han provocado en los últimos dos años el fallecimiento de otras tres personas y lesiones a seis en esa ciudad fronteriza. Además, desde 2011 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado 24 fallecimientos de civiles.

“Tamaulipas es la evidencia más clara de que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no funciona, y casos como el de Heidi Mariana —y 12 años antes Martín y Bryan Almanza Salazar— evidencian que quienes están pagando la factura de este proyecto de militarización son los inocentes, los niños y las niñas, las mujeres y los hombres, los estudiantes, y por el lado contrario, quienes están siendo menos castigados por la justicia en México son las Fuerzas Armadas”, asegura Raymundo Ramos, presidente del comité.

A la luz de los comentarios del presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre la ONU, la jefa del servicio de información de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci lo invitó a participar en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York a la que asisten jefes de Estado, pero en la que el mandatario mexicano ha descartado participar.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos designó como narcotraficantes significativos y sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a un grupo de empresas por su presunta relación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el Departamento de Justicia especificó que las dos personas designadas y las empresas sancionadas colaboran con el CJNG para el blanqueo de bienes procedentes de la venta de narcóticos.

Más aún, la prioridad del gasto en la política social y los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo defienden su proyecto de nación, sino que apuntan a la elección presidencial de 2024.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez criticó este martes el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de la Guardia Nacional.

El Centro Prodh afirmó que la CNDH ‘abdica de su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad‘ sobre la iniciativa que entrega la nueva corporación al Ejército.