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Denuncian penalmente a un promedio de dos integrantes de la Guardia Nacional diariamente en 2024

En 2024, 749 integrantes de la principal corporación encargada de la seguridad pública en México fueron denunciados penalmente, de acuerdo con un informe de la propia Guardia Nacional.

Durante 2024, en promedio se presentaron dos denuncias diarias contra elementos de la Guardia Nacional por presuntos delitos relacionados con sus funciones de seguridad pública.

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional presentó 286 denuncias penales en contra de 749 integrantes de esta fuerza de seguridad, por la probable comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones.

Las denuncias contra los elementos de la Guardia Nacional están contenidas en el Informe Anual de Actividades de la fuerza de seguridad, entregado al Senado de la República como parte de las obligaciones. La fuerza subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no precisa de qué delitos se trata. Tampoco cuenta con información sobre cuántos de estos agentes han sido sancionados penalmente por delitos realizados durante sus funciones.

Las denuncias penales contrastan con lo que reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en ese año emitió una sola recomendación por violaciones graves a derechos humanos, pero derivada de hechos ocurridos en 2023.

La CNDH determinó que elementos de la GN y del Ejército cometieron violaciones graves a los derechos humanos por tortura y por no garantizar el interés superior de la niñez en contra de dos menores de edad en San Luis Río Colorado, Sonora. 

Respecto a las acciones realizadas en 2024, el organismo de derechos humanos no emitió ninguna recomendación en contra de la Guardia Nacional. No obstante recibió 409 quejas por violación de derechos humanos. La Comisión determinó que la corporación no tuvo responsabilidad en 171 de los casos, mientras que 238 todavía están en proceso de investigación.

Las pocas recomendaciones de la CNDH hacia la Guardia Nacional han sido una de las principales críticas desde la primera gestión de la titular del organismo, reelegida en esta Legislatura por la mayoría del Senado.

Piedra Ibarra defendió en noviembre pasado que desde 2019, de los mil 899 expedientes que involucran a la Guardia Nacional, se han resuelto mil 624, es decir el 85 %. Los derechos más frecuentes vulnerados, añadió la funcionaria, no son por violaciones graves sino a la seguridad jurídica, la legalidad a la integridad y al trato digno.

La Constitución y la nueva ley recientemente aprobada por el Congreso señalan que los elementos de la Guardia Nacional tienen fuero de guerra para delitos y faltas concernientes a la disciplina militar. Sin embargo, si cometen un delito dentro de sus funciones de seguridad pública, como los reportados en las denuncias penales, se les juzgará bajo la justicia civil.

Guardia Nacional remueve a 22 elementos por indisciplina

En el último año, la Guardia Nacional removió a 22 elementos por indisciplina. Sin dar detalles, la corporación señala que 13 de ellos consumieron dentro o fuera de servicio drogas o sustancias ilegales, y dos de ellos consumieron bebidas embriagantes dentro de las instalaciones de seguridad o se presentaron bajo efectos etílicos a sus funciones.

Además, dos elementos no se condujeron con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; dos más realizaron actos relacionados con corrupción; dos fueron removidos por no fomentar la disciplina y profesionalismo en sí mismo o en el personal bajo su mando, y  uno incumplió  órdenes específicas.

La Guardia Nacional reporta también la suspensión temporal de 24 elementos. Tres de ellos incumplieron la ley y no respetaron los derechos humanos; nueve no fomentaron la disciplina y profesionalismo en sí mismos o en el personal bajo su mando; seis por consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones o presentarse a trabajar bajo efectos etílicos; tres consumieron drogas ilegales; uno utilizó fuerza desproporcionada en sus labores; otro por conductas que desacreditan la imagen de la Guardia Nacional y un elemento más fue suspendido por sustraer, ocultar, alterar o dañar información.

Bajas por indisciplina en la Guardia Nacional

La Guardia Nacional reporta que en el último año, respondieron a 262 ataques en los que murieron 126 personas civiles y 26 elementos de la corporación. 

El informe señala que en 2024, la Guardia Nacional detuvo a 10 mil 69 personas, de las cuales 2 mil 704 fueron puestas a disposición del ministerio público federal, 2 mil 746 al ministerio público del fuero común y 4 mil 619 que cometieron faltas administrativas.

Además del aseguramiento de vehículos, hidrocarburos, armas, sustancias ilícitas, divisas y equipo táctico.

Guardia Nacional: derechos humanos y estructura militar

El informe destaca que la Guardia Nacional capacitó y profesionalizó a 78 mil 15 de sus integrantes, con 2 mil 613 actividades académicas de formación inicial, formación continua, educación formal y certificación de competencias profesionales.

De forma complementaria, la Guardia Nacional colaboró con dependencias y organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos a través de 704 cursos para 18 mil 583 elementos, con la finalidad “de fomentar el respeto, la protección, la promoción y difusión de los derechos humanos”.

La Guardia mantiene un nivel de confianza ciudadano de 76.6 % entre la población mayor de 18 años en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, por arriba de las policías estatales y debajo del Ejército, la Fuerza Armada y la Marina.

La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza de mando civil para realizar labores de seguridad pública ante la extinción de la Policía Federal. Sin embargo, en septiembre de 2024, el Congreso incorporó a la propia corporación bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado de una iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.


El pasado 30 de junio, en el sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el Congreso formalizó su estructura militarizada y le otorgó nuevas facultades, entre ellas su participación en labores de inteligencia, operaciones encubiertas y como usuarios simulados, para la investigación preventiva del delito. Una de las principales críticas de activistas y legisladores opositores ante esas medidas es la participación de un cuerpo de la Sedena como principal ejecutor de las tareas de seguridad pública en todo el país.

En este lapso, 26 elementos de la Guardia Nacional murieron mientras realizaban tareas de seguridad pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AQUILAR.

Monreal adelanta revisión de la Ley de extradición en próximo periodo del Congreso

El Legislador Ricardo Monreal informó que el Congreso revisará la Ley de Extradición y tratados internacionales en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró ayer que priorizará la revisión de la Ley de Extradición durante el periodo ordinario que comienza el 1 de septiembre, el cual contempla el intercambio de reos y la colaboración entre países para la localización de presuntos responsables de delitos cometidos en uno o ambos territorios.

En conferencia de prensa realizada en San Lázaro, el legislador explicó que dicha decisión surge tras la reciente extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos al firmar un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de Donald Trump. Con ello, subrayó la importancia de establecer mecanismos de reciprocidad entre países. Esto con el fin de que México sea notificado sobre los procesos judiciales que enfrentan sus ciudadanos extraditados.

“Tiene que haber reciprocidad para que el Estado mexicano tenga información sobre los alcances del acuerdo de culpabilidad que se firma una vez que son extraditados, detenidos y, en razón de esta Ley, enviados a ser juzgados a Estados Unidos", indicó.


Según explicó Monreal, México no fue notificado oportunamente por Estados Unidos sobre el acuerdo judicial con Ovidio Guzmán, por lo que coincidió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al mostrar inconformidad con la falta de coordinación del país norteamericano con la Fiscalía General de la República (FGR).

"Respaldo, coincido con las afirmaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum que hoy, esta mañana, expresara con motivo de este Acuerdo de Culpabilidad que ha firmado uno de los más buscados presuntos responsables de delitos contra la salud, Ovidio Guzmán”, declaró.

Bajo este contexto, recordó que durante el inicio del sexenio de Sheinbaum ya se concretaron 29 extradiciones a Estados Unidos, por lo que "es urgente actualizar los marcos normativos para evitar que casos como el de Guzmán queden fuera del control del país".

“La Presidenta emitió la extradición de 29 personas en un sólo acto. Supongamos que a todos se les aplique el mismo procedimiento; México necesita estar informado”, indicó Monreal.

Además de la Ley de Extradición, se prevé la revisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Amparo, como parte de un paquete legislativo en materia de justicia, seguridad y relaciones exteriores.

Finalmente, Monreal reiteró el respaldo del Congreso a la Presidenta de la República y subrayó que, conforme a la Constitución, es ella quien conduce la política exterior, incluyendo los tratados de extradición. Sin embargo, aseguró que el Poder Legislativo tiene la facultad de revisar y actualizar las leyes correspondientes


“Es la Jefa del Estado y le corresponde conducir la política internacional, pero el Congreso tiene atribuciones para revisar los ordenamientos jurídicos. La Ley de Extradición será una de nuestras prioridades”, concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Confiamos en inocencia de Julio y en autoridades de México y EU, dice familia Chávez

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la detención de Julio César Chávez Jr., a quien señalan de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, fue detenido por autoridades estadounidenses, quienes lo acusan de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su familia emitió un comunicado en el que aseguró que confían en su inocencia.

La noticia sobre su detención fue dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), a través de un comunicado donde se indica que Chávez Jr. está siendo "procesando para su deportación acelerada".
"Chávez es un ciudadano mexicano que tiene una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos", apuntó el DHS en su publicación.
De acuerdo con el boletín, el pugilista mexicano, quien sostuvo una pelea el pasado 28 de junio en Anaheim, California, contra el youtuber Jake Paul, ingresó de manera regular a EU en agosto de 2023 con una visa de turista B2, cuya vigencia habría expirado en febrero de 2024.

Asimismo, se menciona que su detención se llevó a cabo el 2 de julio en Studio City, California, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestaron tras determinarse en junio que radicaba irregularmente en el país y que era "expulsable".
El Departamento de Seguridad explicó que "se cree que Chávez es un afiliado del Cártel de Sinaloa" debido a una solicitud de residencia permanente que presentó en abril de 2024, misma que "se basó en su matrimonio con una ciudadana estadounidense, que está conectada con el Cártel de Sinaloa a través de una relación previa con el hijo ahora fallecido del infame líder del cártel, Joaquín 'El Chapo' Guzmán".

En diciembre de ese mismo año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU alertó al ICE acerca de que el boxeador representaba "una amenaza atroz para la seguridad pública" del país; "sin embargo, una entrada en un sistema de aplicación de la Ley del DHS bajo la Administración de Biden indicó que Chávez no era una prioridad para la aplicación de la Ley de inmigración", detalló.

De dicha forma, se le permitió el reingreso a Estados Unidos; no obstante, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de sus políticas migratorias, así como su combate a los cárteles de la droga, a los que catalogó como organizaciones terroristas, derivaron en que el hijo de Julio César Chávez fuera detenido.

Chávez Jr. es referido en el comunicado del DHS como un "afiliado del Cártel de Sinaloa" que cuenta con una orden de arresto activa "por tráfico de armas, municiones y explosivos".
"Bajo la Presidencia de Trump, nadie está por encima de la Ley, incluidos los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier afiliado de un cártel en los EU es claro: lo encontraremos y enfrentará las consecuencias. Los días de la violencia desenfrenada de los cárteles han terminado", advirtió el Departamento.
Los antecedentes del Jr.

El DHS listó en su comunicado los antecedentes penales del boxeador mexicano, mismos que datan de 2012, cuando fue arrestado en California conducir sin licencia y bajo el efecto de alcohol/drogas. A raíz de tal hecho, fue sentenciado a pasar 13 días en prisión y 36 meses de libertad condicional.

Años más tarde, en 2023, se emitió una orden de arresto en su contra por el delito de delincuencia organizada "con fines de cometer delitos de tráfico de armas y delitos de fabricación, en la modalidad de quienes participan en la introducción clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos al país; y los que fabriquen armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente".

Finalmente, en enero de 2024, fue nuevamente arrestado por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles y fue acusado de posesión ilegal de "cualquier arma de asalto y fabricación o importación de rifles de cañón corto".

Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR), a raíz de la detención de Chávez Jr., informó que éste cuenta con una orden de aprehensión en México desde marzo de 2023 por el delito de "delincuencia organizada y tráfico de armas".

A través de redes sociales, la FGR mencionó que las autoridades estadounidenses le notificaron sobre el arresto, además de que se ha "iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega a México".
Familia Chávez confía en su inocencia

A través de un comunicado compartido en redes sociales, la familia Chávez pidió evitar hacer señalamientos apresurados y que las autoridades garanticen el debido proceso en el caso.

"Nuestra familia se encuentra profundamente consternada por la situación actual. En estos momentos difíciles, reiteramos nuestro total e incondicional apoyo a Julio. Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos, en quienes depositamos nuestra esperanza para que esta situación se aclare conforme a derecho y a la verdad", explicó la familia.

La familia sostuvo que César Chávez Jr. es, ante todo, un hijo, un padre y un ser humano "que ha enfrentado múltiples retos en su vida personal y profesional". Asimismo, pidieron que se garantice el debido proceso legal y que se eviten juicios anticipados "que vulneren su dignidad y la de quienes lo rodeamos", añadió.

"Agradecemos sinceramente el interés y la cobertura de los medios de comunicación, pero apelamos a su sensibilidad y comprensión para respetar nuestra decisión de no emitir más declaraciones en este momento. Creemos firmemente que el camino adecuado es permitir que las autoridades competentes lleven a cabo su labor sin presiones externas ni especulaciones", externó la familia.

"Rogamos por una pronta resolución que esclarezca los hechos en favor de Julio y reiteramos nuestro llamado a la prudencia, al respeto y a la objetividad", finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Ningún tribunal le ha dado la razón": Sheinbaum sobre impuestos de Salinas Pliego

Sheinbaum aseguró que, a pesar de todas las relaciones que mantiene, el empresario no ha logrado obtener un fallo a su favor para evitar el pago de impuestos que acumula desde hace 16 años.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que no hay ningún tribunal que haya dado la razón al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el litigio que mantiene para evitar el pago de 74 mil millones de pesos en impuestos.
"Hay unos que ya sabemos, uno en particular, que se enojó muchísimo el viernes pasado, muchisisísimo, por decir la verdad, que debe 74 mil millones de pesos, y que dice que se le está cobrando de manera injusta. Pero no hay ningún tribunal -y eso que tiene muchas relaciones, muchísimas relaciones- que le haya dado la razón.", dijo la mandataria.
Durante su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo destacó la molestia del dueño de Grupo Salinas, quien se ha negado a pagar sus contribuciones por 16 años.

"Lo más que han hecho es postergar y postergar y esos son temas que vienen desde antes del Gobierno de [Andrés Manuel] López Obrador. Ningún tribunal ha dicho que no debe pagar, lo que han hecho es postergar en un caso por 16 años", aseveró.
En ese sentido, celebró que los candidatos electos al Poder Judicial hayan recibido ayer su constancia de mayoría pro parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y confió en que harán cumplir el estado de derecho y acabarán con las corruptelas. Además, aclaró que no habrá "jueces carnales".

"Y repito nuevamente, porque también dicen que ahora son jueces carnales, que van a hacer lo que diga la Presidenta, que están puestos a modo, los decidió el pueblo de México, y lo que todo el pueblo de México desea es que haya un Estado de derecho, un verdadero Estado derecho, que haya justicia, que no haya las injusticias que hay ahora, y la corruptela que hay ahora, hay que decirlo con todas sus letras", aseveró.

Salinas acusa presiones y llama la mejor alumna de Goebbels a Sheinbaum

Luego de que el pasado viernes 27 de junio, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, revelara que Salinas Pliego ha interpuesto 32 juicios para eludir sus contribuciones por 16 años, las cuales ascienden a 74 mil millones de pesos; el magnate acusó "presiones políticas" y una intervención del Gobierno en el Poder Judicial.


"Esta es una muestra clara de la herencia del expresidente López Obrador, quien siempre operó con ataques, calumnias y consignas militantes desde la más alta tribuna del país en contra de un grupo empresarial exitoso y próspero con un sólo objetivo: amedrentar y silenciar a quienes critican al poder y presionar a juzgadores para que fallen en el sentido que les conviene", afirmó el consorcio en un comunicado de prensa.

Un día después y ante la ola de críticas en su contra, el accionista mayoritario de Elektra subió el tono contra la Presidenta Claudia Sheinbaum a quien llamó "la mejor alumna de Goebbels", el ministro de propaganda de Adolf Hitler, y adelantó que va a seguir luchando para evitar el pago de 74 mil millones de impuestos.
"Lo que dice la señora es que no pagamos impuestos. Mentira, sí pagamos, pagamos muchos. De este caso particular, tenemos una disputa que data de hace muchos años. Ella sabe perfectamente porque, no tengo que explicarlo. Pero para que veas como usa la técnica de la gran mentira. Es la mejor alumna de Goebbels, el Ministro de propaganda de Hitler y Goebbels decía 'tú repite una mentira mil veces y vas a ver que se convierte en verdad', entonces la señora está mintiendo, mintiendo mil veces, pero eso no lo hace verdad", aseveró en un video compartido en su cuenta de X, antes Twitter.
La Procuradora Fiscal detalló el viernes pasado que la deuda de Grupo Salinas ha dado un brinco de 11 mil millones de pesos en un año mientras su principal accionista, Ricardo Salinas Pliego, mantiene 32 juicios pendientes en tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Si Ovidio inculpa a alguien, Gobierno de EU tiene que probarlo, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió, el 4 de julio de 2025, que si tras el acuerdo que Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -de 35 años de edad-, firmó, el 30 de junio del mismo año -en el que aceptó declararse culpable y autorizó que su caso fuera resuelto en el Distrito Norte de Illinois, lo que también le permitiría cerrar el proceso penal que enfrentaba en el Distrito Sur de Nueva York-, el hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, decidía inculpar a alguien en México, el Gobierno de Estados Unidos estaría obligado a presentar pruebas para poder proceder.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal admitió que México desconocía los términos de la negociación de “El Ratón” con las autoridades estadounidenses.

“Si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del Gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República [FGR], para que haga su trabajo en nuestro país”, dijo la mandataria nacional.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, según los diversos tratados internacionales suscritos con EE. UU., el Gobierno encabezado por su homólogo Donald Trump estaría obligado a informar al país sobre el proceso penal, ya que en México fue detenido, extraditado y cuenta con orden de aprehensión.

“No conocemos el acuerdo, lo que sabemos es que se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en un juicio, pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado. ¿Qué decimos nosotros? Esta persona fue extraditado por México en un operativo que incluso causó muertes de soldados mexicanos”, enfatizó la presidenta mexicana.

“Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la FGR, que tiene la orden de aprehensión de esta persona, eso tiene que ser así y es la relación que tiene la Fiscalía frente a estos juicios y la secretaria del Departamento de Justicia de los Estados Unidos [Pamela Jo Bondi], pues eso es lo primero, eso es algo que está establecido en los acuerdos internacionales”, insistió la mandataria nacional.

Asimismo, Sheinbaum Pardo insistió en cuestionar la decisión del Gobierno de Estados Unidos de negociar con integrantes de una organización delictiva, que ellos mismos catalogaron como terroristas.

“Es esta posición que no se entiende muy bien del Gobierno de los Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas y si hay un acuerdo, pues entonces en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas”, cuestionó la presidenta.

“Tiene que quedar claro que en México hay una orden de aprehensión, que si decimos esto es porque nosotros también desde México combatimos a la delincuencia organizada y trabajamos todos los días para pacificar a nuestro país”, agregó la mandataria nacional.

La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la creciente violencia que se registraba en el estado de Sinaloa estaría relacionada con las posibles concesiones a “El Ratón” en Estados Unidos, luego del secuestro de Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”.

El 25 de julio de 2024, en una finca ubicada en Culiacán de Rosales, Sinaloa, “El Mayo”, de 76 años de edad, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad-, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Zambada García fue trasladado a Nuevo México, en Estados Unidos, y luego detenido por elementos de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), a las afueras de El Paso, Texas.

“Lo que está sucediendo hoy en Sinaloa tuvo que ver con la detención y la forma en que se dio esa detención de un miembro de la delincuencia organizada. Eso no se nos debe olvidar a nosotros, porque nosotros cooperamos, nos coordinamos, pero no estamos de acuerdo ni con el injerencismo, ni con la subordinación”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Aquí nadie va a defender a quien es responsable de un delito más que sus propios abogados, nadie digamos del Gobierno. Pero sí es muy importante justamente que haya coordinación y colaboración e información permanente”, abundó la presidenta.

No obstante, la mandataria nacional negó que se fuera a reforzar el despliegue de fuerzas federales en Sinaloa, tras conocerse las decisiones procesales en el caso de Guzmán López en Estados Unidos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Generación de empleo en México sigue a la baja; se pierden 46,378 trabajos formales en junio

En junio pasado, la generación de empleo en México volvió a sufrir un descalabro al perderse 46 mil 378 puestos formales. Con ello, el país acumula tres meses con baja de empleo formal, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

La pérdida de empleo en junio es la segunda peor para un mismo mes desde 2015, sólo detrás de la ocurrida en junio de 2020, cuando se dieron de baja 83 mil 311 puestos debido a la pandemia de COVID-19.

En junio pasado, sumaron 17 entidades federativas con pérdida de empleos. Baja California, con una baja de -2.3% se ubicó en el sexto lugar a nivel nacional con más bajas de puestos de trabajo, detrás de Tabasco (-8.7%), Campeche (-6.3%), Zacatecas (-3.3%), Sinaloa (-2.7%) y Nayarit (-2.3%)

Al cierre del 30 de junio de 2025, se tuvieron registrados 22 millones 325 mil 666 puestos de trabajo, de los cuales 87.5% es permanente y 12.5% eventual.

La construcción tuvo la mayor pérdida de empleos con -8.2%; seguido de la industria extractiva (-4.6%), el sector agropecuario (-1.2%) y la industria de la transformación (-1.2%)

La creación de empleo durante el primer semestre del presente año fue de 87 mil 287 puestos. Esta cifra representó una variación marginal de 0.03% respecto a junio de 2024.

En contraste, los sectores económicos que tuvieron un incremento porcentual anual en puestos de trabajo son: comercio con 2.9%, eléctrica con 1.5% y transportes y comunicaciones con 1.4%

Alberto Alesi, director de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, destacó que la generación de empleo del primer semestre del año de 87 mil 287 puestos es la cifra “más baja en 20 años”. Además, notablemente inferior a los 295 mil 58 trabajos formales que se reportaron en el mismo periodo del año anterior.


De abril a junio de 2025 se observó una reducción considerable en el ritmo de trabajos formales.  Este segundo trimestre acumuló 139 mil 44 empleos perdidos, por lo que no se cumplió la expectativa de que se generaran 90 mil empleos en México.

La tendencia en el empleo se debe al clima conservador por parte de la iniciativa privada, por lo que está ocurriendo en el panorama global, en Estados Unidos y en nuestro país. “En el corto plazo es difícil revertir la tendencia de este año en la generación de oportunidades laborales. A mediano y largo plazos se requiere dar señales de certeza jurídica y estabilidad para generar confianza y atraer inversión”, consideró Alesi.

Durante junio, el trabajo permanente reportó cifras positivas con 18 mil 329 oportunidades laborales cubiertas, aunque insuficientes para compensar las 64 mil 707 bajas de trabajadores eventuales.

Así, la expectativa de contratación en México disminuye de cara al tercer trimestre de 2025. Se prevé que a lo largo de 2025 se creen entre 100 mil y 150 mil oportunidades laborales, añadió el ejecutivo


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: PATRICIA TAMAYO MELÉNDEZ.

Profesora denuncia despido de Universidad Centro tras proyectar documentales de Palestina

Además del despido, la investigadora denunció 'trato indigno a los docentes' y 'la anulación sistemática del derecho a la antigüedad laboral'.

La escritora, investigadora y docente Irmgard Emmelhainz denunció en sus redes sociales haber sido despedida injustificadamente de la universidad Centro, luego proyectar documentales que mostraban la perspectiva del pueblo palestino frente al conflicto y la ocupación de Israel.

Ante su salida, señaló que cada vez hay menos libertad de cátedra y tolerancia en la institución privada, ubicada en la Ciudad de México.

“En mi experiencia, actualmente hay dos temas tabú en Centro: el genocidio del pueblo palestino y la educación en la perspectiva de género. Por eso, hago un llamado a la comunidad académica de Centro a defender la libertad de expresión y la libertad de cátedra, y a hacer conciencia de que a raíz de la pandemia, ha disminuido la tolerancia y se ha enrarecido el ambiente en los salones de clases”, dice el comunicado de la académica.

Tras más de diez años impartiendo clases en el programa de cine documental de Centro, fue informada por el Comité de cine que —tras una “modificación del plan de trabajo”— la universidad no tenía horas para ofrecerle.

El despido tendría como antecedente directo un comunicado institucional del 4 de junio, que exigía a los estudiantes “no interrumpir las actividades del campus” y respetar las opiniones de los demás, “especialmente en Medio Oriente”. El comunicado surgió luego de que integrantes de la comunidad estudiantil pegaran calcomanías pro‑palestinas en el campus, retiradas inmediatamente.

Dos semanas después de ese comunicado, Emmelhainz fue convocada por el Comité para informarle que no contaría con horas para el próximo semestre, sellando su despido.

De la libertad de cátedra al despido

Emmelhainz detalla en su comunicado que entró a trabajar en Centro en enero de 2014 y ya desde su segundo semestre como profesora un alumno suyo se quejó por mostrar documentales que reflejaban la perspectiva palestina.

“Sin embargo, el entonces director de la carrera defendió mi libertad de cátedra“, dice la investigadora.

“Parte del corpus de mi materia de cine documental incluyó las películas de Jean-Luc Godard sobre la cuestión palestina, a veces mostraba Ruta 181 de Michel Khelife y Eyal Sivan, o Los hijos de Arna de Juliano Merkhamis. A raíz del incidente de 2014, cada vez que presenté este material, avisaba que mostraría películas desde el punto de vista palestino y expresaba mi apertura a que si alguien estaba en desacuerdo o tenía una postura distinta 1. O se ausentara durante esa sesión, 2. Presentara material y la otra versión del conflicto para expresar sus puntos de vista (sólo esa vez, el alumno quejoso me tomó la palabra)”.

En contraste con el actuar reciente denunciado por Irmgard, en 2019 Centro promovió el libro de su entonces docente, El cielo está incompleto: Cuaderno de viaje en Palestina, en el cual narra su experiencia viviendo itinerariamente en territorio palestino por 8 años. 


Irmgard también relata que a lo largo de los años se formó una red de estudiantes judíos propalestinos interesados en saber más sobre la historia de este pueblo.

Sin embargo, desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, tres estudiantes se quejaron ante el Comité de Centro acusando a la profesora de antisemitismo y de “woke”.

“El último semestre antes de que me corrieran, tuve dos alumnxs judíos en mi clase, uno no tuvo problemas con mi material de clases, y la otra se quejó de mí con el Comité. Accedió a presentar material desde su perspectiva en la clase, pero finalmente no lo hizo. En la evaluación que les pido a mis estudiantes al final de cada semestre, la alumna me acusó directamente de antisemitismo“, narra la investigadora.

“Le pedí consejo a un miembro del Comité de cómo contestarle. Preocupada, quise haber escrito algo así como ‘Siento no haber logrado crear un espacio seguro para que expresaras tu punto de vista’. La colega me contestó: ‘No le contestes nada’. En retrospectiva, debí de haber intuido en la reticencia de la colega en tratar de resarcir el diálogo con la alumna como una señal de lo que vendría. Dos semana después, me corrieron”, añade.

Finalmente, Irmgard Emmelhainz expone que a raíz de la pandemia la tolerancia en Centro ha disminuido y el ambiente en los salones de clase se ha “enrarecido”. Acusa al Comité de la universidad de haber fracasado en su labor de “resolver conflictos más allá de complacer a estudiantes quejosos sin investigar a fondo y sin establecer procesos de resarcimiento y diálogos efectivos”.

“A esto se suma un trato indigno a los docentes que ejercemos nuestro trabajo en la precariedad absoluta y en la anulación sistemática del derecho a la antigüedad laboral en violación a la ley del trabajo”, cierra el comunicado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

¡Fuera gringos! Protestan contra la gentrificación en la CDMX

Al grito de ¡Fuera gringos!, “¡Gringos, go home!”, “Gentrificación no es progreso, es despojo”, colectivos se reunieron este viernes en el Foro Lindbergh del Parque México en la colonia Condesa para visibilizar la problemática.

Cientos de personas realizaron la primera protesta y marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México.

Al grito de ¡Fuera gringos!, “¡Gringos, go home!”, “Gentrificación no es progreso, es despojo”, colectivos se reunieron este viernes en el Foro Lindbergh del Parque México en la colonia Condesa para visibilizar la problemática.

Las personas resaltaron que la presencia de extranjeros ha provocado un incremento sostenida en las rentas, el costo de vida y la transformación comercial de las colonias de la capital del país.

Denunciaron el desplazamiento que han vivido por el aumento de precios en vivienda, servicios y alimentos en colonias como Roma Norte y Sur, Del Valle, Santa María la Ribera, San Pedro de los Pinos y Escandón.

Asimismo, demandaron a las autoridades de la CDMX para que regulen en materia de vivienda y evitar desplazamientos, alza de precios y que personas se queden sin hogar.

También, algunos participantes vandalizaron una cafetería ubicada Sonora y Ámsterdam y una taquería.

Gringo no es amigo: protesta contra la gentrificación en Oaxaca

En Oaxaca las paredes hablan y son una muestra del sentir de la sociedad respecto a la gentrificación que crece cada día en la ciudad capital.

Entre carteles que ofrecen servicios, bienes raíces y anuncian galerías o talleres, principalmente en inglés, se encuentra arte urbano que denuncia el encarecimiento de servicios, la falta de agua que viven pobladores locales, el encarecimiento del alquiler y vivienda, entre otras causas de este fenómeno social que ha ido cambiando el contexto de la ciudad.

Propuesta contra la gentrificación

La Gentrificación no es nueva en Oaxaca, y para muestra los barrios de Jalatlaco y Xochimilco sin contar el centro histórico donde rentar un cuarto o vivienda supera los 30 mil pesos.

En el Congreso de Oaxaca ya hay una iniciativa de Ley con 22 artículos que busca “Prevenir la Gentrificación y Proteger las Comunidades Locales de Oaxaca”.

La propuesta reconoce la gentrificación como una amenaza a la identidad y bienestar, por lo que propone medidas, sanciones y regulaciones para reivindicar y revalorizar la vida comunitaria.

La iniciativa busca imponer límites a los aumentos de alquiler para proteger a los inquilinos existentes de subidas repentinas de precios o excesivos.

También, exige que un porcentaje de las nuevas unidades de vivienda sean asequibles para personas con bajos ingresos, y evitar desplazamientos arbitrarios, y se implementen medidas que eviten los desalojos sin causa justificada.

En esta iniciativa también se regulan las plataformas digitales que ofrecen el servicio de alojamiento. Busca crear un padrón de anfitriones de plataformas de alojamiento, quienes deberán registrarse y obtener una licencia o permiso específico para operar, con una serie de requisitos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Edomex: Cinco personas lesionadas tras ataque armado en Nezahualcóyotl

Testigos refirieron que los responsables se dieron a la fuga, tras la agresión.

Cinco hombres resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego, la noche de este jueves sobre la avenida Chimalhuacán, esquina con la calle El Barrilito, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La agresión ocurrió frente a una panadería, en una zona identificada por algunas fuentes como la colonia La Esperanza, aunque otros reportes la ubican en la colonia Benito Juárez.

Según información publicada por Reporteros en Movimiento, las víctimas se encontraban conviviendo cuando sujetos armados que viajaban en una camioneta abrieron fuego contra ellos sin previo aviso.

Testigos refirieron que los responsables se dieron a la fuga, tras la agresión.

Paramédicos del Servicio de Urgencias Atención Táctica (SUAT Medical) acudieron al sitio para brindar atención médica a las personas lesionadas y trasladarlas a hospitales cercanos.

La policía municipal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, ni se ha ofrecido información oficial al respecto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CNTE logra reintegro salarial y nuevo encuentro con la SEP tras protesta en CdMx

Maestros logran acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reintegrar descuentos salariales tras paro nacional. La próxima reunión será el 10 de julio con autoridades.

Integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron ayer una "toma pacífica" del edificio de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México, para exigir el pago de los días descontados por su participación en el paro nacional de mayo y junio.

Desde las 11:00 horas, cientos de docentes partieron en marcha desde la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hacia el edificio de la SEP, ubicado en la calle Isabel la Católica, como forma de presión, luego de que las autoridades cancelaran una reunión previamente agendada con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

De acuerdo con el profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9, al menos a cinco mil 485 docentes de su sección se les descontaron más de 10 millones de pesos. Las deducciones individuales varían entre 595 y tres mil 828 pesos.
Como medida de seguridad, el personal de la Dirección General de Recursos Humanos fue desalojado por las escaleras de emergencia, mientras los docentes mantenían presencia dentro y fuera del edificio por más de cinco horas.

En respuesta a la presión, integrantes de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (Aefcm) sostuvieron una reunión con una comisión magisterial, donde acordaron la devolución de los descuentos aplicados por las inasistencias derivadas del paro.

El representante de la Aefcm, Juan Carlos Cummings, indicó que el Secretario Mario Delgado autorizó el reintegro del salario, aunque no precisó la fecha exacta en que se realizará el pago.

Además, se reprogramó una reunión entre los docentes y funcionarios federales para el jueves 10 de julio a las 11:00 horas, con la presencia del titular de la Aefcm, Luciano Concheiro, en la cual se espera una respuesta formal al pliego petitorio de la CNTE.

Como parte de sus acciones, los docentes también se movilizaron hacia el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Obrera, donde entregaron una queja firmada por casi 200 representantes de la sección 9. En el documento denunciaron la falta de reconocimiento por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hacia dirigentes electos desde el año pasado.

Ante las protestas, la Secretaría de Educación Pública compartió en el Diario Oficial de la Federación el aumento salarial del 10 por ciento para el personal docente, anunciado en mayo por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.


Del total del incremento, el cuatro por ciento se aplicará al sueldo base, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2025, para todos los niveles de educación básica, especial e inicial. Este beneficiará a todas las categorías incluidas en el tabulador de sueldos del personal docente de educación básica, especial e inicial, así como a docentes de servicios educativos, de misiones culturales y de tiempo completo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian prácticas de control social en CURP biométrica incluída en reforma a ley de desaparición en México

En un proceso de apenas cuatro meses, el Gobierno Federal reformó la Ley General de Desaparición Forzada, que había permanecido ocho años sin cambios sustantivos. Las familias organizadas participaron de una manera cosmética en el proceso, siendo invitadas a una serie de eventos apodados “diálogos en Gobernación”, los cuales fungieron como un gran desahogo de múltiples problemáticas que atraviesan las familias en búsqueda, pero no como espacio de consulta sobre estas modificaciones importantes. Sobre todo, porque las familias tendrían muchas cosas que agregar sobre lo que no funciona en la búsqueda de las más de 120,000 personas desaparecidas en México. 

La urgencia gubernamental por el cambio surgió del impacto mediático que en marzo de este año tuvo la denuncia sobre la existencia del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, como un posible espacio de reclusión, entrenamiento o inhumación clandestina de personas. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se conocen avances en la investigación ministerial del predio o sus posibles víctimas, salvo por el anuncio del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, que rechazó la hipótesis del crematorio clandestino, pero eso fue todo. 

La atención mediática de marzo fue perdiendo fuerza con el anuncio presidencial sobre la  “prioridad nacional” que tenían entonces las personas desaparecidas en México, y fue menor para fines de mes, cuando el Ejecutivo envió la propuesta de reforma de las leyes de desaparición y de población. Este lunes 30 de junio, la cámara de Diputados aprobó las modificaciones que ya venían avaladas del Senado, que integraron los datos biométricos y la fotografía a la clave única de registro de población, buscando convertir al documento general de identificación en el país, conocido como CURP, en una “herramienta” para la búsqueda. 

“Una de las críticas centrales a la reforma es que no toca lo más importante que es la búsqueda, fortalecer el sistema nacional y las comisiones. Lo que nosotros decimos es que es una simulación, un caballo de Troya para imponer un sistema de vigilancia masivo de la población, lo cual es muy riesgoso y poco útil para la búsqueda”, dijo en entrevista, Jorge Verátesgui, uno de los familiares movilizados, quien busca a su hermano Antonio Verástegui González y a su sobrino, Antonio Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos desde el 24 de agosto de 2009, en Parras, Coahuila.

CLAUSURA SIMBÓLICA

En la mañana del miércoles 2 de julio, familias de personas desaparecidas hicieron una clausura simbólica en la puerta dos de la sede del legislativo en San Lázaro, en la Ciudad de México, como una forma de mostrar rechazo por las modificaciones legales mencionadas. “Estamos en la cámara de Diputados haciendo esta acción, para dejar constancia de que fue un proceso simulado”, apuntó Verástegui durante el evento. 

La fuente apuntó que la creación de la Plataforma única de identidad, -que en la ley pasa a ser considerada una “plataforma primaria de consulta permanente”- a partir de la modificación de la ley general de población que incluye los datos biométricos de cada persona en su CURP, “registrará todo lo que se hace ante entes privados o públicos”, apuntó. 

La reforma implica la obligatoriedad para los tres niveles de gobierno de hacer un registro “administrativo y consultable en tiempo real”, del CURP de cualquier persona como “mecanismo de identidad oficial”; también se obliga a los privados a generar y compartir información referente a servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, paquetería o “todos aquellos que tengan información útil que sume a las acciones de búsqueda”, según la información oficial publicada por Presidencia. 

“Si vas a comprar al Oxxo, al súpermercado, o hacer una compra en internet, el empresa está obligada a pedirte tu CURP y eso se va a registrar en una plataforma. Igual si vas a una oficina de gobierno a que te presten un servicio. Todo eso queda en manos del Gobierno Federal, sin que se necesite una orden judicial o que exista una investigación criminal para acceder a esos registros. Este tipo de cosas sirven para espiar a las personas, y que no sólo vulneran las privacidad sino también la seguridad, de las personas desplazadas en el país”, sostuvo Verástegui. 

Sus palabras revelan una desconfianza de las familias en búsqueda hacia las instituciones estatales: “el gobierno no ha dado muestras para confiarle todos nuestros datos de manera irrestricta, y la negativa a tener controles judiciales, genera más dudas. Así como no saber realmente quién va a utilizar la plataforma”, apuntó. Según la ley, ésta deberá ser desarrollada en un plazo no mayor a 90 días naturales. 

SIN MEJORAS

Colocando carteles con los rostros y nombres de personas desaparecidas y pintando en el piso, con grandes letras blancas la frase “Sin las familias no, espiar no es buscar”, dejaron plasmada su posición frente a las medidas del nuevo gobierno. Entre ellas, estuvo María Coronado, quien busca a su esposo Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido desde el 27 de mayo de 2011, en Córdoba, Veracruz, quien redobló la desconfianza: “creo que esto es muy peligroso porque de por sí, las familias ya están en riesgo por buscar, ¡imagínate! Con esto van a saber todo lo que hacemos, dónde estamos, dónde nos movemos, si tenemos una reunión. Todo esto es para ponernos en bandeja de plata”, contó en entrevista a Desinformémonos. 

Para la buscadora, la desconfianza ha sido la tónica en la relación con el poder público, la cual se ha nutrido, en sus palabras, por la falta de un diálogo genuino con quienes viven este flagelo: “creo que las reuniones del gobierno con las familias sobre este tema han sido una farsa, porque no invitó a todas. Ellos dan una cifra de que recibieron a más de 500 colectivos y familias que estuvieron de acuerdo con los cambios, cuando eso es una mentira. Desde ahí vuelven a engañar a la sociedad, pero nosotros sabemos que nos siguen poniendo trabajas para encontrar a nuestras familias”, analizó. 

En su caso, considerado de “larga data” en los ámbitos gubernamentales, dado los 14 años y un mes, -según contó Coronado- que lleva en búsqueda: “al gobierno no le importa mi caso, ni los presos políticos hacia atrás y mucho menos los de esta época. Entonces, en la actualidad, día a día, seguimos viendo las desapariciones y no podemos encontrarlos. Somos las familias quienes ponemos a los ministerios públicos, toda la información sobre sus familiares”, apuntó una situación que es común a las buscadoras, quienes además de cargar con el dolor que las embarga, deben cargar con el peso de las investigaciones. “En el caso de mi esposo, lo que ellos tienen es porque yo investigué y lo puse sobre la mesa. Pero cuando voy a verlos, me presentan lo mismo que les dije y les reclamo ¡dime algo que yo no sepa! ¡que tú hayas investigado!”, acusó. En su caso, han pasado tres funcionarios ministeriales encargados de su carpeta, sin mayores avances. 

El día de su desaparición, su esposo salió de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y en el trayecto por el municipio de la Concepción, “él venía en coche y se lo tragó la tierra”, contó. “Iba a recoger a mi hijo, que iba a hacer unas prácticas de fútbol en Querétaro, en segunda división, pero ya no llegó. Yo vivía entonces en Coahuila y quise poner la denuncia allá, pero me dijeron que tenía que ir a Veracruz y cuando llegué, los mismos policías me decían: ¡ah! ¡es que fue atravesando el triángulo de las bermudas! ¡ahí todo el mundo desaparece!”

La aceptación de la desaparición sin la mayor conmiseración que les mostraron los funcionarios públicos, obligó a las familias a afrontar la difícil situación por su cuenta: “tú sola tienes que ver los medios, para moverte, para buscarlos. En ese tiempo, mi hijo enfermó de cáncer y yo corría del hospital, a la marcha, a fiscalía. Era una locura. Y no te das cuenta que tu familia se desintegró, porque el papá está desaparecido, pero la mamá prácticamente también, porque desde temprano sale de la casa y llega hasta la noche, por andar de un lado a otro. Desgastada emocionalmente, físicamente. Ha sido todo muy difícil para nosotros como familia. Y no quiero siquiera ya pensar en cómo está él, en qué condiciones. Todo eso no nos deja en paz, por eso, hoy estamos aquí”, concluyó.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.

Han localizado 197 bolsas de plástico con restos humanos en la fosa Las Agujas, en Zapopan

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco detectaron más indicios de restos humanos en el lugar, por lo que continuarán con las excavaciones.

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron este viernes 16 bolsas de plástico negras con restos humanos en un terreno en Las Agujas, en Zapopan. Con este nuevo hallazgo suman 28 bolsas con restos, ya que el pasado martes encontraron tres y el jueves nueve. 

El hallazgo anterior fue junto a un terreno donde las autoridades locales habían encontrado 169 bolsas con restos humanos de al menos 35 personas desde febrero pasado. En total, suman 197 bolsas negras de plástico con restos humanos. 

La fundadora del colectivo, Indira Navarro Lugo, informó que los trabajos de excavación y análisis en el sitio continuarán este sábado de manera minuciosa, debido a que el terreno es muy extenso y hay evidencia visible de más bolsas en la zona. 

"El día de hoy se continúa el procesamiento de descarte y prospección de la fosa en el camino a Las Agujas en Zapopan. Hoy se extrajeron un total de 16 bolsas, lo que en total suma 28 desde el martes en esta misma fosa, que es muy grande. Además, en el lugar también hay los 169 restos que ya no nos corresponden, porque esas bolsas fueron extraídas por el gobierno del estado y el trabajo en esa fosa fue dado por terminado. Sin embargo, seguimos en el predio, ya que hay indicios claros de que hay más cuerpos, y mañana continuaremos con el procesamiento”, explicó Navarro Lugo. 

Una de las compañeras en el sitio señaló que se percibe algo negro, que podrían ser más bolsas, y que no hay cinchos por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); debido a esto, querían dejar el trabajo de procesamiento para el lunes, pero están buscando la manera de descartar esta hipótesis, pues en días anteriores han sacado nueve bolsas y hoy 28. Destacó que la fosa es muy grande y que aún hay mucho por investigar en el lugar. 

Navarro Lugo resaltó que el pasado martes se extrajeron otras tres bolsas en el lugar, y que la actual es aproximadamente a 15 metros de distancia. “Este predio, además de ser enorme, contiene una fosa muy grande también”, afirmó. 

El colectivo también descubrió una fosa con huesos calcinados, piezas dentales y posibles indicios de un crematorio ilegal en una finca en obra negra y abandonada en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco. 

“El cateo del lugar donde se ubicó el crematorio todavía está pendiente, así como la investigación del sitio donde el martes se sacaron restos humanos. Algunas partes óseas quedaron en el lugar y hoy se terminaron de extraer. Continuamos con los trabajos de procesamiento, todavía queda un cateo pendiente y seguiremos trabajando”, indicó Navarro Lugo. 

La identificación de este lugar fue posible gracias a una denuncia anónima que llevó a los activistas hasta allí. 

En 2025 han hallado 33 fosas con 111 víctimas

Cabe recordar que la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que en lo que va de 2025 se han procesado 33 fosas clandestinas con restos humanos en la entidad. Según registros oficiales, este año se han localizado en total a más de 111 víctimas en el territorio jalisciense, de las cuales aproximadamente solo 34 han sido identificadas. 

Hasta el 31 de mayo de 2025, el reporte indica que la fosa con mayor número de cuerpos es la ubicada en el camino a Las Agujas, en Zapopan, donde se encontraron los restos de 35 personas, de las cuales 17 han sido identificadas (16 hombres y una mujer). 

De las fosas descubiertas en 2025, 11 siguen en investigación, mientras que en 16 casos ya se han concluido los trabajos de búsqueda, localización y rescate de restos humanos. 

El fiscal Salvador González declaró previamente que en la fosa de Zapopan, donde ya se han localizado restos de 35 personas, 17 han sido identificadas mediante tatuajes u otros indicios, y que están a la espera de los resultados de las pruebas de ADN para su confirmación. 

"Respecto a las fosas, algunas están en proceso de estudio. La última, en Zapopan, continúa en investigación; ya no se han hallado más restos, pero se ha logrado identificar aproximadamente a 35 personas, de las cuales 17 han sido reconocidas mediante tatuajes u otros medios. Solo estamos esperando los resultados de ADN para confirmarlo", explicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

La detención del defensor Renato Romero es para intimidar a quienes luchan por el agua: activistas

De acuerdo con el abogado y activista Juan Carlos Solís, el caso contra el luchador tiene un tinte político, pues la FGE actuó con prontitud por hechos recientes y porque los delitos que se le adjudican a Romero no son graves, por lo tanto, él considera que no ameritaban la detención.

La detención del luchador social Renato Romero es un mensaje del gobierno de Alejandro Armenta, que busca intimidar la lucha de los pueblos contra del saqueo de agua de la región cholulteca y beneficiar así a la empresa concesionaria Aguas de Puebla, acusó el abogado y activista Juan Carlos Solís. 

En un mitin realizado a las afueras de la Casa de Justicia de Cholula, el integrante del Frente de Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala reveló que la empresa –ligada a los Hank Rhon– fue la que presentó la denuncia contra Romero Camacho y otros dos pobladores de la localidad de Xoxtla, quienes participan en la resistencia contra entregar más agua de esa localidad a la empresa que presta el servicio a Puebla capital.

Aseguró que es evidente que el caso contra Romero Camacho tiene un tinte político, pues no sólo la Fiscalía General del Estado (FGE) actúo con rapidez para integrar la carpeta y pedir las órdenes de aprehensión por supuestos hechos que ocurrieron apenas el 28 de mayo, sino que los delitos que se le adjudican no son graves y por lo tanto no ameritaban su detención. 

El abogado sostuvo que lo que procedía al ser acusado de despojo y daño en propiedad ajena, es que la FGE hubiera citado a Romero Camacho para que compareciera sobre esos hechos, pero en lugar de eso, se procedió a detenerlo la mañana del 1 de julio. 

“Eso muestra una intención del gobierno del Estado de criminalizar la defensa del agua y la tierra, en ese sentido es evidente el mensaje para la defensa del agua en la región cholulteca, al detener a Renato Romero justo el día que se celebra el Cabildo Abierto en la comunidad de Nealtican que está exigiendo que no se renueve la concesión al SOAPAP y a Agua de Puebla”, señaló Solís. 

“Eso significa que el gobierno del estado está claramente a favor de la privatización del agua y de las empresas y en contra de la defensa del agua”, agregó al recordar que esto contradice la postura que hizo pública durante su campaña el actual mandatario morenista, quien había prometido que buscaría revertir esa concesión. 

Las organizaciones de Xoxtla y Nealtican acusan que la empresa concesionaria lucra con el agua de esas localidades, al ponerla a disposición de nuevos proyectos inmobiliarios y de la industria, cuando los lugareños padecen cada vez más por la escasez del líquido. 

En el acto, decenas de organizaciones firmaron un pronunciamiento para exigir la libertad de Romero a quien ubicaron como un luchador social que no sólo ha defendido el agua y territorio de la región de Libres Oriental, sino que se ha solidarizado con el movimiento en Xoxtla y Nealtican. 

También tomaron la palabra la esposa, la madre y el hermano de Romero Camacho, quienes advirtieron que el detenido es un campesino del municipio de Coatepec, quien realmente está comprometido con las luchas en defensa del agua desde hace décadas. 

La madre del detenido, de 82 años, tomó la palabra para pedir al gobernador Armenta por su seguridad ya que desde su detención no había podido verlo. 

“Renato Romero no es un delincuente, es un campesino, es una persona humilde y no es de tres o cuatro años, él inició desde su juventud, ha sido un luchador social, un verdadero luchador social que lo hace por convicción, no por conveniencia”, expresó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T

La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir delitos, más bien puede facilitarlos.

En un periodo extraordinario que concluyó el 1 de julio de 2025 el Congreso de la Unión, dominado por Morena y sus aliados, aprobó un paquete de reformas legales que constituye el más ambicioso sistema de vigilancia y espionaje en la historia de México. Ese andamiaje jurídico, presentado bajo el pretexto de fortalecer la seguridad pública y combatir la delincuencia, representa en realidad una amenaza sin precedentes a la privacidad, los datos personales y los derechos fundamentales de los mexicanos.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobada en el Senado con 67 votos en favor, 29 en contra y tres abstenciones, otorga al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) facultades de acceso irrestricto a toda la información contenida en la Plataforma Única de Identidad. Esta ley establece en su artículo 12, fracción III, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá solicitar a instituciones públicas y privadas el envío de información contenida en cualquier registro administrativo.

Los datos que quedan a disposición de las autoridades incluyen información vehicular, biométrica, telefónica, registros de propiedad, comercio, catastros, fiscales, bancarios, de salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales. Más alarmante aún, la ley establece que pueden incorporarse “todos aquellos datos de los que puedan extraerse indicios, datos e información” útiles para investigaciones.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada con 88 votos en favor en el Senado, complementa este esquema al ordenar la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. 
Esta interconexión permite que las autoridades accedan a información sin los controles tradicionales que protegían la privacidad ciudadana.
La reforma a la Ley General de Población, aprobada por 345 votos en favor en la Cámara de Diputados, impone la CURP biométrica como única fuente de identidad para todos los mexicanos y extranjeros con estancia legal. Esta nueva CURP incorpora fotografía, huellas dactilares y datos de identidad completos extraídos de todas las bases de datos convirtiéndose en el documento oficial obligatorio para todos los trámites en el país, y desplazando la credencial para votar del INE.

La magnitud de esta medida es que todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP biométrica para la realización de trámites y servicios. Desde comprar un teléfono hasta solicitar servicios médicos u hospedarse en un hotel. Cada transacción será registrada y vinculada a la identidad biométrica del ciudadano.

La Plataforma Única de Identidad creada por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada permitirá consultas en tiempo real y estará interconectada con bases de datos públicas y privadas. Esta plataforma realizará búsquedas continuas y seguimiento en tiempo real de las actividades realizadas con la CURP.

La Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada con 63 votos en favor en el Senado, crea la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP. Esta herramienta permitirá eliminar 75% de los trámites presenciales, pero a costa de centralizar toda la información personal en una sola plataforma gubernamental, con los riesgos que ello implica en términos de ciberseguridad.

El artículo 72 de esta ley establece que la Llave MX podrá asociarse a fotografía y huellas dactilares contenidas en registros administrativos. Además, contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano que permitirá la interoperabilidad entre bases de datos, registros y sistemas para integrar, consultar y compartir información.

La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada con 369 votos en favor en Diputados, preserva y amplía el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales de la ley de 2014. 

El artículo 183 establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las instancias de seguridad en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales.

Esta disposición permite que cualquier ciudadano con celular (prácticamente todos) pueda ser geolocalizado en tiempo real sin orden judicial. Los operadores deberán conservar los datos por dos años y las autoridades podrán consultarlos sin control judicial. Esto afecta a más de 100 millones de mexicanos que utilizan teléfonos móviles.

Resulta particularmente preocupante que estas reformas ignoren por completo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de las Nación. En marzo de 2025, la Primera Sala declaró inconstitucional el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contemplaba la entrega de datos conservados sin control judicial previo.

La SCJN determinó que los datos conservados ameritan una protección constitucional fuerte y que su acceso requiere autorización previa de la autoridad judicial.

La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. Los promotores de estas reformas argumentan que son necesarias para combatir la inseguridad y el crimen organizado. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir delitos, más bien puede facilitarlos. 
La falta de controles independientes, supervisión judicial y mecanismos de rendición de cuentas convierte este sistema en una herramienta perfecta para el abuso de poder. 
La extinción de organismos garantes de derechos fundamentales como el INAI, el IFT y la renovación del Poder Judicial por voto popular agudizan los riesgos y la politización. En un país donde las instituciones de seguridad han sido infiltradas por el crimen organizado, entregarles acceso irrestricto a información personal de todos los ciudadanos representa un peligro mayúsculo.

El andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T constituye una grave amenaza a la democracia mexicana. Al eliminar los controles judiciales, centralizar la información en manos del Ejecutivo y crear mecanismos de vigilancia masiva sin contrapesos, este sistema transforma al Estado mexicano en un aparato de control social, vigilancia y espionaje incompatible con los principios democráticos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE BRAVO.