La sargento Adarely F.J. denunció a un mando superior de haberla agredido sexualmente y en lugar de justicia encontró revictimización del Ejército. Los testigos le dieron la espalda. El presunto agresor cayó en contradicciones. El abuso sexual fue encubierto. 

El pasado 19 de septiembre, la jueza militar de control de la Séptima Región determinó la no vinculación a proceso por el delito de abuso sexual del teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Dorian P.T., superior jerárquico de la sargento, por no encontrar datos de prueba que acreditaran la presencia del militar en el cuartel el día y lugar de los hechos, el 23 de abril de 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para reforzar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el que se busca que la canasta de 24 productos se quede en un costo de mil 39 pesos hasta el 28 de febrero de 2023.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, consideró que durante la primera quincena de septiembre de 2022 la inflación se ubicó en 8.8%, aunque en gasolinas se ha logrado neutralizar los costos.

A dos años de la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), hoy Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, «no ha habido respuesta del gobierno local y federal a nuestras demandas», denunció la comunidad otomí residente en la Ciudad de México.

En la invitación a celebrar el segundo aniversario de la toma, el próximo 12 de octubre, los otomís señalaron que a pesar de que el gobierno de Claudia Cheinbaum se comprometió a expropiar el predio Roma 18 – Londres 7 en la colonia Juárez, sólo ha habido «puras simulaciones», y que si bien se expropió el edificio Zacatecas 74, «en dos años no hay el mínimo avance en la construcción de una vivienda digna y decorosa, mucho menos lo habrá con relación al trabajo, salud, alimentación, educación, democracia, libertad y justicia».

Organizaciones de la sociedad y víctimas del programa Pegasus durante la administración de Andrés Manuel López Obrador presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de intervención ilegal de sus comunicaciones.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, afirmó que hay desconfianza a la FGR porque no ha esclarecido el espionaje denunciado contra periodistas y activistas desde 2017.

La defensa particular del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo remitió un escrito vía electrónica al Juez de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco que conoce de su demanda de garantías por tortura psicológica para reclamar el incumplimiento a la suspensión de plano que fue concedida al capo y ofreció algunas documentales como prueba.

Entre esas pruebas resaltan aspectos de interés como el señalamiento de la Fiscalía General de la Republica (FGR) que la empresa que proporcionó el brazalete electrónico para el monitoreo del ex líder del Cártel de Guadalajara “no cuenta con permiso”, lo que echaría por tierra la versión de que el dispositivo no funciona.

Cuando un hombre, a bordo de una camioneta tipo pick up, se encontraba en los carriles centrales que conducen a la garita de San Ysidro, fue asesinado a tiros la mañana de este lunes 3 de octubre.

De acuerdo a información obtenida por ZETA refiere que alrededor de las 05:32 horas se reportó a la central de emergencias detonaciones por arma de fuego sobre la Vía Rápida a la altura de la calle Romero en la Zona Río.

El Ejército no detuvo sus labores irregulares de espionaje en el actual Gobierno. Un cúmulo de comunicaciones electrónicas que fueron extraídas por un grupo de hackers llamado “Guacamaya” ha revelado cómo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha continuado con esta práctica, aún cuando va en contra de lo que ha ordenado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha llevado a activistas y organizaciones de derechos humanos a advertir de un posible acto de desobediencia dentro de esta institución.

La Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señaló al Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los creadores del fentanilo arcoíris, una nueva presentación de fentanilo común, con el propósito de atraer a consumidores más jóvenes hacia esta droga.

Un Juez sentenció a 30 años de prisión a un hombre identificado como Erath “N” por el delito de violación en agravio de una víctima de identidad reservada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo a través de un comunicado.

La tarde de este domingo se registró una balacera en la zona comercial de Zapopan, Jalisco, que dejó una persona muerta y seis heridos. 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que cerca de las 5:30 de la tarde un grupo armado intentó ingresar a la Plaza Andares buscando a un objetivo que presuntamente estaba en el lugar, al llegar agredieron a balazos a un coche escolta generando la reacción de un grupo del Ejército que estaba patrullando la zona.

La Secretaria de Educación Pública (SEP) aseguró que presentará un recurso que queja contra la decisión del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que concedió una suspensión provisional para frenar la entrada en vigor del programa piloto en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional y que analizará la constitucionalidad del nuevo modelo educativo.

Sin embargo, advirtió que mientras continúa el proceso legal, “seguirá la implementación del Programa Piloto del nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas del país”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa realizando labores irregulares de espionaje en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como lo demuestran los casos de dos periodistas y un defensor de derechos humanos, cuyos teléfonos celulares fueron intervenidos en la actual administración con el programa Pegasus para monitorear llamadas y mensajes, acusaron este lunes en conferencia de prensa las organizaciones Artículo 19, el Centro Prodh Agustín Juárez y la R3D.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) monitorea actividades de dirigentes de organizaciones sociales, así como de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, y los informantes las reportan a sus mandos. Los propósitos de estos reportes no son del dominio público.

El espionaje actual, que no es abiertamente reconocido por la institución, se pone en evidencia con documentos filtrados por el grupo de hackers “Guacamaya”, que son parte de los miles de archivos que sacó del sistema de la Sedena.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escondió un contrato para un "servicio de monitoreo remoto de información" que celebró en abril de 2019 con una empresa que tenía la representación exclusiva para vender la tecnología de NSO Group, la empresa israelí que desarrolla el spyware Pegasus.

En 2017, a un año de estallar el escándalo Gobierno Espía, que exhibió los ataques del gobierno de Peña Nieto contra los celulares de cientos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos con Pegasus, NSO Group canceló los contratos que tenía en México con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Contrario a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno que él encabeza no ha dejado de utilizar el spyware Pegasus de manera ilegal: los celulares de por lo menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos fueron infectados con el poderoso sistema intrusivo entre 2019 y 2021.

El Citizen Lab, el laboratorio de expertos de referencia sobre Pegasus, con sede en la universidad de Toronto, confirmó que los celulares del periodista Ricardo Raphael, de un colega de Animal Político –quien prefirió guardar el anonimato-- y del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez fueron atacados con Pegasus durante la presente administración.

Aunque nunca tuvo facultades legales para intervenir telecomunicaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un amplio historial con el spyware Pegasus: aparte que fue su primer cliente en el mundo, ha sido uno de sus usuarios más compulsivos.

Tan solo entre mitades de 2016 y 2017, la institución castrense ingresó más de 6 mil números en su plataforma del sistema de espionaje.

El reportero de Taxco, Jorge Luis Chew Cervantes, fue localizado con vida esta madrugada, luego de que había sido reportado desaparecido desde la noche del viernes después de acudir a cubrir un reporte de un presunto enfrentamiento a balazos en el barrio del Campamento.

Abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, son algunos de los delitos y violaciones a derechos humanos que ha registrado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en estos años, pero que había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlas, de acuerdo con la filtración masiva de correos del Ejército mexicano a la que tuvo acceso el diario El País.

El texto firmado por las periodistas Georgina Zerega y Elena Reina detalla que el medio español ha revisado mil archivos, los cuales muestran casos que no habían salido a la luz hasta ahora, y que retratan el día a día de los cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos miembros del Ejército enviados a zonas rurales.

El grupo de hackers autodenominado “Guacamaya” que extrajo seis terabites de información confidencial de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apela al feminismo, el anarquismo y la historia precolombina para luchar contra la militarización, la represión y las élites patriarcales que imponen el servicio militar a los jóvenes de la región.