“No hay nada que celebrar”: consejo indígena señala discriminación por elección judicial

El consejo constituido por autoridades tradicionales de 70 comunidades de Michoacán señaló que a pesar del discurso oficial de la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros, la deuda histórica continúa con los pueblos originarios debido a que no consideraron su cultura, organización ni sus sistemas de justicia ancestrales.

Aseveró que la reforma al Poder Judicial no se consultó de forma apropiada con los pueblos indígenas en Michoacán, pues no hay una acta de Asamblea General para verificar que se llevó a cabo una consulta “previa, libre e informada sobre las implicaciones de las reformas constitucionales que restructuraron el poder judicial, transgrediendo el derecho a la consulta sobre medidas legislativas que nos afectan”.

Refirió que la reforma y la elección judicial discriminó a jueces nombrados por usos y costumbres al no considerar los sistemas de justicia ancestrales que existen en las comunidades originarias, como es el caso de Michoacán, donde hay más de 200 juzgadores tradicionales que no son reconocidos, pero que cada día resuelven diversos asuntos, entre ellos problemas territoriales, familiares, civiles y de delitos menores.

Añadió que alrededor de 20 comunidades no permitieron la instalación de casillas para el pasado 1 de junio como parte de su autonomía y libre autodeterminación.

“En perspectiva histórica, no hay nada que celebrar, la deuda con la justicia de los pueblos indígenas continúa”, concluyó.

Hugo Aguilar aparecía en acordeones distribuidos por Morena

Hugo Aguilar, un abogado mixteco, hizo campaña para ministro con la frase “ya nos toca” y se comprometió con la justicia ambiental y de las comunidades indígenas, pero desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) coordinó consultas para los megaproyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador sin cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Aguilar fue propuesto como candidato a la Corte por el Poder Ejecutivo y recibió el apoyo público de Claudia Sheinbaum.

El 22 de febrero, antes del inicio formal de las campañas, pero ya con las listas de candidatos publicadas por los comités de evaluación, la mandataria expresó su respaldo, sin decir su nombre. “Queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo. Hugo Aguilar Ortiz fue el único aspirante indígena.

Durante las campañas, su nombre y su número, el 34, coincidían en primer lugar en los acordeones impresos y digitales que fueron distribuidos de forma masiva para favorecer a candidatas y candidatos morenistas. La operación dio resultado.

Con el 99.89 % de las actas computadas, Hugo Aguilar sumaba este miércoles 6 millones 131 votos, mientras que la ministra Lenia Batres registraba 5.7 millones.

Al pueblo de San Miguel Xoxtla

A los Pueblos de la Región Cholulteca

A los medios de comunicación

El pasado 12 de mayo, la presidenta municipal de San Miguel #Xoxtla, Guadalupe Ortiz, traidora del pueblo, señaló públicamente la ratificación del convenio que su antecesora, Guadalupe Ziyancan Peregrina Díaz, firmó con el gobierno del estado de Puebla, SOAPAP y la Empresa traficante de agua Concesiones Integrales Agua de Puebla S.A. de C.V. El cual señala la rehabilitación del pozo número 4 para llevar según sus declaraciones, el 50% del agua a la Ciudad de Puebla, la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población.

A consecuencia de esas declaraciones, la comunidad del pueblo de San Miguel Xoxtla convocó a diversas asambleas públicas para aclarar la situación y exigir determinantemente la cancelación de dicho convenio. Al no haber una respuesta por parte del gobierno municipal y estatal, la asamblea tomó la decisión de realizar 2 cierres de la autopista México – Puebla.

La presión comunitaria permitió que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública en la cual se llegó al compromiso de que el próximo 2 de junio se realizara un cabildo abierto, para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa Concesiones Integrales Agua de Puebla, Gobierno del estado e instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad.

De la misma forma, se acordó que el pozo número 4 quedara inhabilitado y a resguardo de la comunidad. Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena.

A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua.

En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios.

Le recordamos al mal gobierno que como pueblos unidos nos apoyamos en la defensa del agua y que ante cualquier intento del mal gobierno y empresas criminales de despojarnos de nuestra agua los pueblos nos organizaremos siempre para defenderla y liberarla.

Les recordamos que en abril del 2024, el pueblo de Xoxtla cerró el pozo clandestino de la empresa Castores.

En 2008, en Juan C Bonilla evitaron la perforación de dos pozos profundos que se emplearían para llevarse el agua a la ciudad de Puebla y dársela a los desarrolladores inmobiliarios.

En el año 2017, toda la Región Cholulteca incluida Xoxtla frenamos la privatización del agua que el mal gobierno pretendía hacer en el estado.

En 2021, los pueblos de la región frenaron el despojo de agua que la empresa traficante de agua Bonafont – Danone generaba en el territorio.

Para nosotras y para nosotros el agua no es una mercancía, el agua de nuestros pueblos se queda en nuestros pueblos y es destinada para seguir reproduciendo la vida, no para llenar los bolsillos de empresarios ambiciosos y criminales.

Una vez más los pueblos demostramos que la acción colectiva es la única vía para asegurar la vida en nuestras comunidades.

Es por eso que se convoca a todo el pueblo de Xoxtla y comunidades de la región a hacer presencia el próximo 2 de junio a las 3:00 pm. En el zócalo de San Miguel Xoxtla, para exigir la cancelación de todo tipo de acuerdos que pretenden llevarse el agua de nuestra comunidad.

¡Fuera traidoras y traidores de los pueblos que entregan nuestra agua!

¡Porque el agua es de Xoxtla y se queda en Xoxtla!

ATENTAMENTE

Consejo ciudadano, defensores del agua y la tierra de San Miguel Xoxtla

¡Fuera mal gobierno, fuera Alejandro Armenta fuera Agua de Puebla para Todos!

Ambas construcciones, además de una sede universitaria y una escuela de artes y oficios, forman parte de las medidas de reparación que la comunidad acordó con el gobierno michoacano tras la recomendación 42 VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que reconoce graves violaciones realizadas por policías municipales en contra habitantes de Arantepacua el 5 de abril del 2017. Ese año, la policía perpetró cuatro ejecuciones extrajudiciales, tortura y decenas de detenciones arbitrarias contra pobladores de la comunidad purépecha. La masacre de Arantepacua, lejos de infundir el miedo entre su población, fortaleció la organización comunitaria y su proyecto de autonomía, llevándolos a expulsar de su territorio a partidos políticos e instituciones estatales.

Al llegar y ver el operativo desplegado para fortificar la antigua residencia oficial michoacana, actualmente usada como oficina gubernamental, los comuneros de Arantepacua retiraron las vallas antimotines y con ellas bloquearon en su totalidad el Periférico Paseo de la República.

La exigencia fue firme: que el gobernador Bedolla atendiera personalmente a los consejeros purépechas y a víctimas de la masacre del 5 de abril. Ante la negativa del morenista, la protesta se intensificó y un vehículo fue usado para derribar la puerta principal de la Casa Michoacán. Simbólica y literalmente, la comunidad derribó las puertas que el gobernador les había cerrado.

Ante la presión, una delegación de autoridades se comprometió a que el gobernador firmaría la minuta de acuerdos. Durante tres horas, una veintena de habitantes de Arantepacua sostuvo una mesa de trabajo con varios funcionarios: el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Oceguera, el Secretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínes, y el Secretario de Salud, Lázaro Cortés.

También estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Michoacán, Josué Alfonso Mejía, y el Coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Axayácatl Marín Correa.

Todos los funcionarios se comprometieron a que el hospital de Arantepacua estará terminado el próximo 30 de noviembre y en completo funcionamiento el 16 de diciembre. Por su parte, en una conferencia de prensa que Bedolla realizó mientras se daban las negociaciones, reiteró que la obra se concluirá este año.

A las cinco de la tarde del lunes, la comunidad decidió en asamblea levantar el bloqueo que sostuvo durante varias horas, retirarse del lugar y designar a una pequeña comisión para esperar la minuta firmada por el gobernador.

Transcurrieron algunas horas más y la minuta no llegaba. En comunicación telefónica, los funcionarios argumentaron que la lluvia había demorado el proceso. La espera entonces fue interpretada por las y los purépechas como otra muestra del desinterés del gobernador Bedolla por atender a la comunidad y sus demandas.

El contingente regresó y bloqueó de nuevo el periférico de Morelia y otra puerta de la Casa Michoacán fue derribada. Dos camiones refrigerantes ardieron al exterior del recinto de gobierno y sólo entonces el gobernador Alfredo Bedolla firmó la minuta.

La indiferencia de las autoridades hacia Arantepacua ha obligado a que esta comunidad se movilice en los últimos meses; en el marco del octavo aniversario de la masacre, marcharon pacíficamente en la Ciudad de México para exigir que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones.

Esta demanda es fundamental para que se avance en el proceso para hacer justicia en el caso, pues en la fiscalía local hay un fuerte conflicto de interés que ha sido señalado por la comunidad: el actual titular de dicha dependencia, Adrián López Solís, fungía como Secretario de Gobierno durante la administración de Silvano Aureoles. Ambos son señalados por sus habitantes como los responsables políticos del ataque contra Arantepacua.

Habitantes de Tlaxcalancingo, Santa María Zacatepec, Nealtican, Cacalotepec, Ocoyucan, Malacatepec, Acuexcomac, San Pedro y San Andrés Cholula señalaron que sus pueblos no sólo han perdido territorio y disponibilidad de agua, sino que han sido contaminados por el basurero intermunicipal, padecen incremento en servicios e impuestos y ven amenazada su forma de vida, identidad, cultura y lengua.

En tanto que Grupo Proyecta, propiedad de los hermanos Posadas Cueto y de Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, se ha extendido por cientos de hectáreas con clúster de fraccionamientos e intensifica sus planes para seguir expandiéndose sobre sus tierras.

 “Por más 30 años Grupo Proyecta se ha enriquecido de manera abusiva despojando a los pueblos originarios de la región cholulteca de la tierra, el agua y el derecho a un medio ambiente sano con la construcción de miles de residencias y edificios que le han hecho ganar millones de dólares, desapareciendo territorios y caminos ancestrales de los pueblos originarios y con ello su forma de vida”, denunciaron.

Agregaron que estas formas de despojo no sólo han sido por parte de este grupo empresarial, que se ha sido favorecido por todos los gobiernos sin importar partidos, sino también por la autoridad estatal y de los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan y por otros fraccionadores.

El llamado Cártel Inmobiliario de Puebla, denunciaron, ha recurrido a la expropiación, a la compra forzada, al encarecimiento de impuestos, la ocupación ilegal de terrenos, a juicios amañados, a cerrar caminos y acceso a predios que quedan dentro de los clústers, al uso de la fuerza pública y privada, a corromper autoridades y a dividir a los pobladores.  

Organizaciones y habitantes elaboraron un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y un documento llamado “Estrategias de Planeación Territorial y Protección de los Pueblos Originarios”, este último dictaminado como viable por parte de académicos de la Ibero Puebla, de la BUAP y de la Udlap.

En estas estrategias, plantean diversas medidas entre ellas marcar polígonos de protección -no sujetas a venta- para que los pueblos sigan prevaleciendo como unidades comunitarias.

Los participantes en el cierre carretero aseguraron que existe un acuerdo con el Ayuntamiento de San Andrés y el gobierno estatal para que sus propuestas sean incluidas en el Programa de Desarrollo Urbano, pero hasta ahora esto no se ha cumplido.

Expusieron que si bien el gobernador Alejandro Armenta ha hecho críticas públicas contra Grupo Proyecta al señalar que compraron a los campesinos sus tierras por pocos pesos y después las vendeb en dólares, en la práctica sigue favoreciendo a ese grupo empresarial, pues promovió que se cambie la caseta de la autopista Puebla-Atlixco, lo cual les permitirá incrementar plusvalía de sus desarrollos.  

Hasta la tarde de este jueves, los probladores mantenían en el cierre de la carretera en espera de que la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, así como representantes del gobierno estatal, acudan a San Bernardino Tlaxcalancingo a establecer una mesa de diálogo en la que se acuerde la inclusión de las estrategias en el Programa de Desarrollo Urbano.  

En esta manifestación participan organizaciones como el Campamento de Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, Cholultecas Unidxs en Resistencia, el Comité en defensa del Agua de Santa María Acuexcomac, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en defensa del agua y el Congreso Nacional Indigena.

Preso político

En entrevista telefónica desde el penal de San Miguel, Emiliano Zambrano, líder del Campamento de Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alejandro Armenta, poner atención a su caso al asegurar que es un “preso político” al que le fabricaron una denuncia por órdenes de Grupo Proyecta.

Zambrano, un hombre indígena de 58 años de edad, es líder de pobladores que mantienen desde hace nueve años un campamento que han impedido la expansión de Grupo Proyecta sobre más de 245 hectáreas que abarcan los cerros de La Sombra y el Pando.

El activista explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha aprobado el proyecto de ese grupo inmobiliario llamado City Lomas, porque incluye terrenos de las reservas estatales el Tentzo y Valsequillo.

No obstante, refirió que hace días trabajadores de esa empresa derribaron “casitas” construidas en el campamento, y ya antes los han amedrentado e incluso atacado a balazos.

Emiliano explicó que fue acusado por una de sus vecinas de violación, pero aseguró que el caso fue fabricado para sacarlo de la lucha y que ya en prisión, representantes de la inmobiliaria y del gobierno lo han amenazado con mantenerlo encarcelado, si continúa la resistencia.

También, acusó que el grupo empresarial ha usado su poder económico para “sobornar” a integrantes del movimiento para que se retiren del campamento y traicionen la defensa del territorio.  

Cabe señalar que las organizaciones cholultecas han demandado la libertad de Zambrano, al sostener que las acusaciones en su contra fueron fabricadas y que el fondo es desarticular la resistencia contra el desarrollo inmobiliario.

Explicaron que la última vez que recibieron apoyo de la Secretaría de Protección Civil estatal fue el 13 de noviembre, día en que el personal de la dependencia se llevó una estufa, un tinaco, cilindros de gas, platos, ollas y otras cosas que les habían facilitado.

“Las autoridades nos han dicho que regresemos, porque ya está allí la Guardia Nacional y los militares, pero tenemos miedo porque no hay garantías de seguridad, pues no han hecho operativos ni han limpiado a Tzanembolom, allí siguen los hombres armados de Fracción Tzembolom”.

El pasado 20 de julio pasado, resguardados por policías estatales, un grupo de 108 tsotsiles se desplazaron y fueron instalaron en la Casa de la Cultura, de la cabecera municipal de Chenalhó, donde se juntaron con otras personas desplazadas previamente.

“Protección Civil nos mandaba víveres, pero desde que comenzó la nueva administración nada nos han dado. Sólo hemos recibido un poco de algunas iglesias que nos ayudan, pero estamos sufriendo porque ya no nos han traído. Al presidente municipal de Chenalhó le hemos pedido varias veces que nos apoye, aunque sea con maíz, pero tampoco nos ha dado nada”.

En conferencia de prensa, los desplazados dieron a conocer que desde enero pasado solicitaron por escrito la ayuda a la Secretaría de Gobierno y Mediación, pero no han tenido respuesta. “Le hemos preguntado a Protección Civil qué pasó y sólo nos dicen que ya están en eso, que ya está en la mesa la petición, pero nada. Estamos sufriendo, comiendo maíz picado con gorgojo”.

Los tsotsiles solicitan 25 toneladas de Maseca, 25 toneladas de frijol en grano, 25 toneladas de maíz en grano, 65 paquetes de aceite, 65 paquetes de jabón, 122 paquetes de arroz, 122 paquetes de azúcar, 65 cartones de huevos, 65 paquetes de sal, 267 piezas de colchonetas, 267 cobertores y 267 catres.

Además, una estufa para preparar sus alimentos, dos cilindros de gas, cinco ollas de peltre grandes, 5 sartenes grandes, 50 cucharas para comer, 6 cucharones, cuatro sartenes de tamaño mediano, 50 platos para comer, 50 vasos, 5 botes grandes para guardar agua, 40 cubetas con capacidad de 12 litros y un tinaco para guardar agua.

En total son 73 hombres, 88 mujeres, 58 niños y 48 niñas que “estamos sufriendo porque no estamos recibiendo el apoyo que hasta noviembre nos daba Protección Civil”.

Los niños y las niñas desde que salieron de Tzanembolom, no han recibido clases. De acuerdo a los inconformes, el secretario de Educación (Roger Mandujano Ayala) quiere mandar a los profesores de la comunidad, pero los maestros no han llegado a la Casa de la Cultura a dejar tareas para que estudien los niños.