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EU rompe acuerdo con México e impone cuota compensatoria al jitomate

Esta medida está “alineada con las políticas comerciales del presidente Trump y su enfoque hacia México”.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció el fin del Acuerdo de Suspensión de 2019 sobre jitomates frescos provenientes de México, lo que derivó en la imposición de aranceles antidumping del 17.09% sobre las importaciones mexicanas de este producto.

De acuerdo con la ficha informativa de la dependencia, esta medida está “alineada con las políticas comerciales del presidente Trump y su enfoque hacia México”.

El Acuerdo de 2019 consistía en suspender la investigación por prácticas de dumping en las exportaciones mexicanas de jitomate fresco, bajo la condición de que los exportadores mexicanos respetaran ciertos compromisos en materia de precios mínimos y reducción del dumping.

“El Departamento de Comercio se retira en virtud de la Sección XI.B del Acuerdo de 2019, que permite explícitamente a la dependencia tomar tal acción con un aviso por escrito de 90 días”, se lee en el documento publicado por el gobierno estadunidense.

Según la explicación oficial, los derechos antidumping se calculan para medir el porcentaje en el que los jitomates mexicanos han sido vendidos en el mercado estadounidense a precios considerados desleales, es decir, por debajo de su valor justo de mercado.

Las órdenes antidumping y compensatorias son definidas como herramientas fundamentales para que las industrias estadunidenses puedan buscar alivio frente a los efectos negativos de las importaciones con precios injustos, incluidas aquellas en las que las empresas extranjeras venden productos en Estados Unidos por debajo de sus costos de producción o de los precios vigentes en sus países de origen.

“México sigue siendo uno de nuestros mayores aliados, pero durante demasiado tiempo nuestros agricultores han sido aplastados por prácticas comerciales desleales que reducen los precios de productos como los jitomates. Eso se termina hoy”, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Jitomate mexicano y su paso por la Unión Americana

La industria nacional de jitomates frescos en Estados Unidos presentó una solicitud de protección el 29 de marzo de 1996, al considerar que estaba siendo materialmente perjudicada por importaciones mexicanas con dumping.

Desde entonces, se han firmado cinco acuerdos de suspensión: en 1996, 2002, 2008, 2013 y 2019. Cada uno de ellos tuvo como propósito evitar la imposición de cuotas compensatorias mediante compromisos voluntarios por parte de los exportadores mexicanos.

El Acuerdo de 2019 se suscribió bajo la Sección 734(c) de la Ley Arancelaria de 1930, en su versión enmendada, la cual establece que el acuerdo debe “eliminar el efecto perjudicial de las importaciones de jitomates mexicanos”.

Los signatarios mexicanos del acuerdo se comprometieron a vender el producto a precios mínimos predeterminados y a eliminar al menos el 85% del dumping identificado en la investigación subyacente, en cada entrada de jitomates.

Asimismo, el propio acuerdo contenía una cláusula de duración (Sección XI) que autorizaba al Departamento de Comercio, a un signatario individual o al grupo de signatarios, retirarse del convenio mediante notificación con 90 días de anticipación, mecanismo que fue activado recientemente.

Cuota compensatoria

El especialista en comercio internacional Jorge Molina explicó a Proceso que esta medida adoptada por el gobierno estadunidense constituye una cuota compensatoria, ya que se deriva de una acusación formal por dumping.

“Esto se llama una cuota compensatoria porque es una acusación de dumping”, precisó.

El analista agregó que incluso la tasa actual de 17.09% es menor a la que originalmente se manejó cuando, el pasado 14 de abril, se anunció la intención de salir del acuerdo.

“Se redujo del 20.9 al 17, pero demuestra el manejo político del asunto. No hay una investigación que demuestre que los productores mexicanos incurrieron en dumping u otras prácticas comerciales ilegales”, dijo Molina.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Candidata a Corte denuncia irregularidades en 34.5 % de casillas, pero Tribunal desecha demanda por presentarla 22 segundos tarde

Pese a supuestas irregularidades en más de 29 mil casillas durante la elección judicial, el Tribunal Electoral desechó el juicio de inconformidad promovido por la candidata Dora Martínez Valero con el argumento de que lo presentó de manera extemporánea, con 22 segundos de retraso.

Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció diversas irregularidades cometidas en el 34.5 % de las casillas instaladas durante la elección judicial, porcentaje que a su consideración es suficiente para invalidar el proceso electoral completo en el que se eligió a jueces, magistrados y ministros del país. 

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó por completo la demanda, bajo el argumento de que la excandidata presentó su denuncia 22 segundos después del plazo establecido, evitando así entrar al fondo del asunto para analizar las más de 29 mil casillas en las que supuestamente hubo sustituciones indebidas de funcionarios electorales. 

Un caso que se suma a la larga lista de irregularidades cometidas durante la elección judicial, como el uso indebido de acordeones, sin que hasta ahora las autoridades electorales hayan ejercido sus facultades para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables. Este asunto podría tener implicaciones en otro procedimiento aún pendiente, en el que la excandidata impugnó la sumatoria nacional y la declaración de validez de la elección de ministras y ministros del máximo tribunal del país.

Irregularidades en más de 29 mil casillas de la elección judicial

En su demanda, Martínez Valero impugnó los resultados de los cómputos distritales para la elección de ministras y ministros de Suprema Corte, al argumentar, entre otras cosas, la existencia de una “indebida integración de las mesas directivas de casilla”.

Lo anterior ocurrió, según la candidata, debido a que durante la jornada electoral del 1 de junio de 2025 faltaron varias personas previamente designadas como funcionarias de casilla por el Instituto Nacional Electoral (INE). Por este motivo, las y los funcionarios electorales recurrieron a personas de la fila para completar la integración de las mesas. Estas sustituciones están contempladas en la ley, sin embargo, según Martínez Valero hubo personas ajenas a la sección correspondiente.

“Esta integración fue viciada en casos donde quienes ocuparon diversos cargos en la mesa directiva fueron personas que no se encontraban inscritas en el listado nominal correspondiente a esa sección electoral, recibiendo votación estos órganos integrados de forma indebida […] configurando la causal de nulidad prevista en el artículo 75, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”, señaló Valero Martínez en su demanda. 

En dicho artículo de la ley se establece que será causa de la nulidad de la votación recibida en casilla cuando reciban la votación “personas u órganos distintos a los facultados” por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.


El 5 de junio de 2025, la excandidata solicitó al Consejo General del INE información específica del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), incluyendo nombres y cargos de las personas funcionarias de casilla que participaron en sustitución de los originalmente acreditados. 

El órgano electoral respondió que en dicho sistema no se reportan datos específicos de funcionarios, sino que solo registra la integración de las mesas según su origen, lo que a consideración de Martínez Valero le generó un estado de “indefensión” al impedirle su derecho al acceso a la información, necesario para acreditar las irregularidades sobre la integración de las mesas directivas. 

“Es precisamente el INE quien cuenta con toda la información relacionada con: las personas designadas originalmente, las personas suplentes acreditadas, las personas que efectivamente fungieron como funcionarios el día de la jornada electoral, y la verificación de si pertenecían o no a la sección electoral correspondiente”.

Aunque el INE le negó originalmente las actas de la jornada electoral y 25 días después de la jornada electoral le entregó la información en un formato “ilegible, sin orden y de difícil procesamiento”, Martínez Valero y su equipo pudieron identificar al menos 29 mil casillas con “sustituciones” que ella presume fueron ilegales. 

“Yo estoy segura, porque lo viví yo en mi casilla, que no necesariamente todos los funcionarios que llegaron a fungir de funcionarios pertenecían a la sección […] en un alto número de casillas, y eso tú lo puedes ver en las actas, hubo sustituciones de funcionarios, que yo asumo que no fueron legales, porque no eran gente de la sección […] Nosotros detectamos 29 mil casillas donde hubo sustituciones indebidas y esas son nulidades de facto”, señala en entrevista con Animal Político.

La excandidata acudió al Tribunal Electoral, buscando que la Sala Superior ordenara al INE proporcionarle toda la información completa sobre la real integración de las mesas directivas de casilla para que, de comprobarse su denuncia, se declare la nulidad de la votación recibida en esas casillas.


Tribunal Electoral desecha la demanda por extemporánea

En la sesión del 2 de julio de 2025, la magistrada Janine Otálora presentó el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad (SUP-JIN-17/2025) promovido por Dora Alicia Martínez Valero, en contra de los resultados de los cómputos distritales de la elección. 

A pesar de las irregularidades denunciadas, la magistrada Otálora propuso desechar de plano la demanda, sin entrar a estudiar el fondo del asunto, basándose principalmente en la supuesta extemporaneidad de la demanda, debido a que esta fue presentada el 10 de junio cuando los cómputos concluyeron entre el 2 y el 5 de junio, mientras que la ley establece que los juicios de inconformidad se deben presentar dentro de los cuatro días siguientes a la conclusión de los cómputos distritales. 

“Así, se tiene certeza de que, incluso en la situación que pudiera ser más benéfica para la actora, tomando en cuenta el día cinco de junio como fecha de conclusión de la totalidad de los 300 cómputos distritales, el plazo para impugnar la votación recibida en casilla por alguna de las causales de nulidad que invoca el artículo 75 de la Ley de Medios, transcurrió del seis al nueve de junio, mientras que su demanda se presentó hasta el día diez, tal y como se observa del acuse de recepción de su medio de impugnación”, señaló la magistrada Otálora.

Martínez Valero asegura que, aunque lo hizo de último momento, su demanda sí fue presentada en los últimos minutos de 9 de junio, lo que comprobó con fotografías y videos de la presentación de la demanda en línea. Incluso, explica que envió a la magistrada Otálora el acuse de recibo electrónico que muestra que la verdadera fecha de presentación de la demanda fue precisamente el último día que tenía para presentar dicha impugnación.


Pese a lo anterior, la mayoría de la Sala Superior votó a favor de desestimar las pruebas aportadas (capturas de pantalla y videos), asegurando que la evidencia criptográfica del sistema de juicio en línea -que mostró los supuestos 22 segundos de retraso- es “inmanipulable” y que Martínez Valero no refirió haber tenido problemas técnicos con la plataforma.


El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue el único en posicionarse en contra de que el Tribunal Electoral desestimar la demanda, al argumentar que esta debió considerarse como oportuna, ya que Martínez Valero tampoco tuvo conocimiento pleno de la documentación electoral necesaria para su defensa sino hasta una fecha posterior al plazo límite, debido a que la información que fue entregada por el INE fue remitida a ella hasta el 25 de junio de 2025. 

“A mi juicio, en el caso el medio de impugnación sí se presentó oportunamente en virtud de que el plazo para promover el juicio de inconformidad debió computarse a partir de que la promovente tuvo pleno conocimiento de la documentación electoral necesaria para hacer valer las causales de nulidad de casilla que invocó y, por tanto, estuvo en condiciones”, señaló el magistrado Rodríguez Mondragón al emitir un voto particular. 

La mayoría de la Sala Superior, integrada en este caso por las magistradas Mónica Soto y Janine Otálora y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, también votaron por desechar de plano la demanda debido a la “inexistencia del acto impugnado”, pues la declaratoria de resultados nacionales, necesaria para la nulidad de la elección, no existía al momento de la presentación de la demanda.

Ahora, Martínez Valero señala que la resolución de este caso puede afectar también la del expediente SUP-JIN-242/2025, pendiente de resolución, pues guarda relación directa con la demanda que fue rechazada por extemporaneidad con el visto bueno de la mayoría de las y los magistrados de la Sala Superior.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Sheinbaum se reúne con directivo de empresa cuyo ejecutivo rentó “casa gris” a hijo mayor de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió, el 14 de julio de 2025, en Palacio Nacional, a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense, contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuyo ejecutivo, Keith L. Schilling, rentó una mansión, en Houston, Texas, llamada “casa gris”, a José Ramón López Beltrán -hijo mayor del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador-, y su esposa, Carolyn Adams Solano.

“Recibimos en Palacio Nacional a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense con diversos proyectos de inversión en México y Estados Unidos. Hay confianza en nuestro país”. escribió la titular del Poder Ejecutivo Federal, en su cuenta de la red social X, en la cual anexó una fotografia, donde se observaba a Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (SENER).

El hijo mayor de López Obrador, exigió, el 10 de octubre de 2024, que Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -ex candidata a la Presidencia de la República, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integraban la coalición “Fuerza y Corazón por México”- se disculpara por el supuesto acoso que sufrió él y su familia, en su domicilio particular ubicado en Houston.

“Sería sano que ella pidiera una disculpa, pero bueno no lo van a hacer, espero que lo hagan”, declaró López Beltrán, durante una entrevista, en la que también apuntó que esperaba que hicieran lo mismo periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, y otras personas que, según dijo, “estuvieron metiéndose con este tipo de cuestiones”.

López Beltrán, de 44 años de edad, reprochó que opositores de su padre, incluida la ex senadora y política hidalguense, se apersonaron en la residencia particular, donde vivía con su familia, que fue conocida como la “casa gris”.

“Es molesto que lleguen a tu casa y que te estén molestando, a fin de querer provocar. Buscaban sacarnos de quicio, que les dijéramos dos o tres cosas, sacar de contexto algo, pero al final de cuentas, no sucedió nada”, señaló el hijo del político tabasqueño.

“Cuando vino la señora Xóchitl acá mandé un escrito para decirle que acá no se pueden hacer ese tipo de cosas, y no lo hagas. También en el entendido de que tenemos familia, tengo hijos. No se disculpó”, reprochó López Beltrán.

El 28 de junio de 2024, López Beltrán señaló que continuaba trabajando como asesor legal de desarrollo y construcción, en la empresa KEI Partners, ubicada en Houston, fundada por los mexicanos Érika e Iván Chávez, hijos del empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta -conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces de lujo-, quien además fungía como miembro del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno que encabezaba su padre, y que nombró “supervisor honorario” de la construcción del Tren Maya.

“La verdad me da flojera contestarte @CarlosLoret [de Mola Álvarez], pero bueno, te daré un poquito de mi tiempo… Siento mucho si me ves como un provocador por el simple hecho de desmentir todas las calumnias que dicen sobre mí, incluidas las que dices tú. ¿Sabes qué es realmente provocador? Que te creas un periodista serio y veraz”, comentó el hijo mayor de López Obrador.

“A lo que comentas de la casa que se rentó en un barrio de clase media a las afueras de Houston, ya fue aclarado con pruebas e investigaciones serias tanto norteamericanas como mexicanas. Por cierto, cuando sacaste ese cuento, perdón, “reportaje”, ya no vivíamos ahí desde hacía más de un año y medio. No veo la corrupción ni el conflicto de interés al rentar una casa con una alberca con dinero de nuestro trabajo honesto. No me la prestaron ni mucho menos me la regalaron”, expresó López Beltrán.

“Así que, por favor, ahórrate tus mensajes moralinos que no tienes ningún gramo de autoridad para darlos. Para aclarar una más de tus mentiras, sigo trabajando en KEI PARTNERS http://keipartners.com”, finalizó el hijo mayor del mandatario nacional.

El entonces presidente López Obrador afirmó, el 30 de marzo del 2022, que él no hubiera pagado 100 mil pesos de renta mensual por la mansión que arrendaron, su hijo mayor y a su nuera, en Houston, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de la empresa paraestatal PEMEX.

“Esto es lo que hicieron, una cuestión muy creativa, ¿no?, una casa rentada y todo. Estaba viendo algunos que decían que ‘nos debe una explicación’. Y pues nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría, pero él es independiente”, comentó el mandatario nacional.

“La rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense si le amplió contratos a una petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa, o sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón, ni conozco la empresa, ni nada absolutamente”, recalcó el político tabasqueño.

“Pero cuando dicen ‘nos debe una explicación’, me pongo a pensar y digo qué les molesta. Cuando aquí digo que [Felipe] Calderón [Hinojosa] nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho [Genaro] García Luna, y por qué no ha dicho nada sobre eso, y por qué aceptó que el Gobierno de Estados Unidos introdujera armas. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra, y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su Gobierno”, insistió.

El entonces presidente López Obrador informó, el 24 de febrero del 2022, que ordenó iniciar una investigación sobre el presunto conflicto de interés que podría involucrar a su hijo mayor y a su nuera, por el caso de la mansión que rentaron, en Houston, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de PEMEX.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional detalló que también pidió al entonces director general de la paraestatal mexicano, Octavio Romero Oropeza, entregara a la Fiscalía General de la República (FGR) la revisión interna, solicitada por la propia compañía estadounidense, con la finalidad de que se integre al expediente.

“Nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, yo estaba seguro que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas, el que nada debe nada teme”, afirmó el político tabasqueño.

“¿En la Secretaría de la Función Pública [SFP]?”, le preguntó un reportero. “En la Fiscalía. Y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen, mi instrucción al director de Pemex: preséntalo, que se integre a la investigación que tiene la Fiscalía”, respondió López Obrador.

Además, el mandatario nacional reprochó que el presunto caso de conflicto de interés que involucraba a su familia hubiera sido “inflado” por los medios de comunicación. También aseguró que uno de los autores de la publicación inicial ya había reconocido que se trataba de un asunto político.

“Fíjense, lo elemental de la acusación en cuanto a la casa rentada en Houston, pero cómo lo inflaron. Y ahora este periodista cínico, que según Carmen Aristegui [Flores] era un profesional, se atreve a decir de que no era una investigación, que era un asunto político, a reconocerlo”, insistió el presidente.

El informe del despacho R. McConnell Group PLLC., mismo que descartó un conflicto de interés por el tema de la casa en Houston y los contratos con PEMEX, era un trabajo serio y, para los que dudaban de sus conclusiones, en caso de que hubiera falsedades, esto tenía severas consecuencias para los trabajadores de la empresa y para la compañía en Estados Unidos, señaló Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes para México y América del Sur, en una entrevista con El Economista, publicada el 23 de febrero del 2022.

“El despacho externo que hizo el trabajo es McConnell Group. No encontró nada ilegal. Pueden decir que lo importante es que fue contratada por nosotros, pero yo quiero subrayar que las leyes estadounidenses establecen sanciones también para ellos, en caso de que no hicieran bien su trabajo. Además tiene una reputación que cuidar, ¿por qué arriesgar tanto por hacer un trabajo a modo”, afirmó Pérez.

“No es correcto decir que tuvimos un trato diferente al de otras empresas que venden servicios a PEMEX. Esto se puede verificar porque los datos son públicos y están a disposición de quien los quiera consultar”, agregó el presidente de Baker Hughes.

El 24 de febrero del 2022, en entrevista con El Universal, Pérez sostuvo que los resultados de la auditoría que encargó “nos permite tener la certeza de que no hicimos nada fuera de norma, ni encontramos irregularidades, y por eso vamos a seguir compitiendo y participando en las licitaciones que publique PEMEX”.

“PEMEX, como parte de su negocio, publica sus licitaciones y, si éstas caen dentro de nuestro dominio, vamos a seguir compitiendo y participando”, respondió al preguntarle si, dentro de su plan de negocios en México, hay próximas inversiones donde quieran o puedan participar.

Gálvez Ruiz, entonces senadora de la República que pertenecía al grupo parlamentario del PAN, en la Cámara alta del Congreso de la Unión, informó, el 22 de febrero del 2022, que la Comisión de Bolsa y Valores​ del Gobierno de Estados Unidos (en inglés, U.S. Securities and Exchange Commission, comúnmente conocida como la SEC), admitió su denuncia (con folio 16439-711-457-818). Ello para investigar un posible conflicto de interés de López Beltrán y de su esposa por el caso de la mansión que rentaron, en Houston.

“Quiero decirles que por más que Carolyn Adams exija que se respete su vida privada, pues al casarse con el hijo del presidente ella se convirtió en un personaje políticamente expuesto, es de interés público saber si la relación contractual”, indicó la senadora hidalguense.

“Que ya la conocemos porque hizo público la primera parte del contrato, si tuvo algo que ver con el incremento millonario que en ese momento se dieron a los contratos de Baker Hughes. Entonces quiero anunciar que la Securities and Exchange Commission ha admitido la denuncia que una servidora hizo para ser investigados”, señaló Gálvez Ruiz.

La legisladora panista agregó que el número de admisión de su denuncia era el 16439-711-457-818, en la que se encontraban todos los documentos y anexos, donde además se incluirían nuevas pruebas del contrato, para corroborar que “sí hay una relación contractual”.

Durante una conferencia de prensa, la senadora también llamó a Morena a “no comer ansias” en el tema, porque quien iba a determinar el conflicto de interés y posibles actos de corrupción era el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

“También la [Fiscalía General de la República] FGR me admitió [la denuncia]. Por lo tanto yo le diría a Morena que no coma ansías, sé que ellos están acostumbrados de manera autoritaria a resolver las cosas, pero quien va a determinar el conflicto de intereses y posibles actos de corrupción es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la SEC”, finalizó Gálvez Ruiz.

El 21 de febrero del 2022, el vicepresidente regional de Baker Hughes, Bob Pérez, dijo que la empresa revisó los contratos que tenía con PEMEX y aseguró que una investigación interna no encontró conflicto de interés en la renta de la casa en Houston, de su entonces alto ejecutivo Keith Schilling a López Beltrán y de su esposa.

Durante una conferencia de prensa desde las oficinas de PEMEX en la Ciudad de México -con la presencia del entonces titular de la empresa paraestatal mexicana, Romero Oropeza-, Pérez dijo, además, que, según la investigación interna ordenada al despacho estadounidense McConnell Group, los contratos de Baker Hughes con Petróleos Mexicanos se apegaban a las leyes mexicanas.

“Revisamos los contratos, que han salido en los medios, que hemos tenido con PEMEX y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés ni nada irregular”, informó Pérez, quien también dijo que la empresa que representaba solicitó una investigación a una firma independiente y especializada, misma que analizó las publicaciones relacionadas con el arrendamiento de un inmueble a Adams Solano.

“Baker Hughes no tuvo ninguna participación en la transacción de arrendamiento mencionado. La residencia en cuestión nunca ha sido propiedad, ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa”, señaló la investigación presentada desde las instalaciones de PEMEX.

Pérez afirmó que Baker Hughes nunca fue consultada, ni tuvo conocimiento de la transacción de arrendamiento de la mansión en Houston, y que se enteró del caso hasta que fue publicado en los medios de comunicación.

En referencia a Keith Schilling, a quien perteneció la casa que rentó el hijo mayor del presidente López Obrador, el empresario dijo que el ex alto ejecutivo dejó de trabajar en dicha empresa en 2019 y afirmó que no tenía relación con las ventas de Baker Hughes con México.

“Keith Schilling fue empleado de Baker Hughes durante 2016 y salió en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Baker él trabajó en el grupo de Norteamérica y México no está dentro de este grupo”, aseguró el empresario.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

El INPI pide a SCJN garantizar derecho de indígenas de Michoacán a ejercer recursos

El INPI consideró de suma importancia que el caso sea analizado a la luz el nuevo marco constitucional en materia de derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) pidió este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizar el derecho de las comunidades indígenas del estado de Michoacán a ejercer de manera directa los recursos provenientes de la hacienda pública municipal.

El exhorto se relaciona con las controversias constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, enlistadas para ser analizadas el martes 15 de julio por las y los ministros que próximamente concluirán su encargo en el máximo tribunal del país.

De acuerdo con un comunicado del INPI, las demandas fueron presentadas por la comunidad mazahua de Crescencio Morales, en el municipio de Zitácuaro, y la comunidad P'urhépecha de Jarácuaro, ubicada en Erongarícuaro, luego de que las autoridades locales interpusieran recursos legales para impedir que ejerzan de manera directa los recursos presupuestales provenientes del ámbito municipal.
El INPI recordó que el 30 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reformó el Artículo 2 de la Constitución, reconociendo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además, el segundo párrafo del citado apartado B obliga al Congreso de la Unión, a las legislaturas de las entidades federativas y a los ayuntamientos a “establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos, para que los pueblos y comunidades indígenas las administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia”.

"Esta base constitucional está estrechamente relacionada con el derecho que tienen los pueblos indígenas, en ejercicio de su libre determinación, a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas, como lo dispone el Artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas", se lee en el boletín.


Con estos argumentos, el INPI llamó a la SCJN a establecer un precedente que reconozca plenamente a las comunidades como sujetos de derecho público, permitiéndoles ejercer sus derechos conforme al nuevo paradigma constitucional.

El Instituto consideró que sólo una interpretación centrada en los derechos colectivos permitirá superar un modelo estatal paternalista, y avanzar hacia una relación equitativa entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano.

En este contexto, destacó que el fallo que emita la Corte debe hacer efectivo el Artículo 2 constitucional y exigir a los municipios de Michoacán cumplir con su Ley Orgánica, pionera en regular el autogobierno indígena y el manejo directo del presupuesto local.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CSP culpa a Juez por fuga de Zhi Dong Zhang: "Dio prisión domiciliaria sin argumento"

La mandataria mexicana señaló al Poder Judicial como responsable del escape de Zhi Dong Zhang tras ordenar que se mantuviera en prisión domiciliaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) habló esta mañana de la fuga de Zhi Dong Zhang, ciudadano chino detenido en México el año pasado, y elemento clave para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el cambio de sus medidas cautelares.

De acuerdo con los reportes, la fuga habría ocurrido luego de que un Juez ordenara un cambio de prisión preventiva, en el Reclusorio Sur, a prisión domiciliaria, en un inmueble de la colonia Héroes de Padierna, en la Alcaldía Tlalpan, bajo custodia de la Guardia Nacional (GN).

A raíz de ello, la Jefa del Poder Ejecutivo aseguró que el criminal es buscado por el Gabinete de Seguridad, aunque dijo que parte de la culpa de este escape es del Juez a cargo de su caso.
“Se está en la búsqueda [...] Lo que es más relevante es que el Juez, sin ningún argumento, le dio prisión domiciliaria", destacó en "la mañanera del pueblo" desde Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum señaló que una persona ha sido detenida por la fuga de Zhi Dong Zhang. No obstante, consideró que la huida pudo haberse evitado y responsabilizó al Poder Judicial, al que acusó de corrupción por haberle otorgado dicha medida cautelar.
“No debería de haber tenido esa resolución por parte de un Juez, pues nosotros hemos estado insistiendo en la corrupción del Poder Judicial. ¿Cómo es posible? Inclusive se estuvo buscando por parte de la Fiscalía al Consejo de la Judicatura por la importancia de que esta persona estuviera detenida y el Juez le da esta liberación", manifestó.
Zhi Dong Zhang fue arrestado en un inmueble ubicado en Lomas de Santa Fe, en la Alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, luego de que las autoridades monitorearan sus desplazamientos entre el Estado de México (Edomex) y la capital.

El traficante chino cuenta con una orden de captura en Estados Unidos, emitida en Atlanta, Georgia, por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero en varios países de América, Europa, China y Japón.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum presentará una demanda contra el abogado de Ovidio Guzmán por difamación

La mandataria mexicana calificó las declaraciones del abogado como irrespetuosas y aseguró que no establecerá diálogo con defensores de criminales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que presentará una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, alias "El Ratón" e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que el litigante acusara al Estado mexicano de proteger a otros líderes del narcotráfico.
“Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante; número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque no se puede dejar pasar, a través de la Consejería Jurídica; y tercero, lo que dijo sobre el caso [Salvador] Cienfuegos y otros temas es importante que la Fiscalía [General de la República] lo aclare”, dijo durante su conferencia matutina.
Sheinbaum Pardo reaccionó así a las declaraciones de Lichtman, quien durante una audiencia en Chicago consideró al Gobierno federal como “brazo de relaciones públicas” del cártel de Ismael “El Mayo” Zambada, y cuestionó por qué México no fue incluido en el acuerdo de culpabilidad alcanzado por su cliente.


En respaldo a la Presidenta mexicana, la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo este fin de semana que las afirmaciones del abogado son “absolutamente falsas e inverosímiles” y subrayó que “merecen el repudio nacional”.

A través de un mensaje en redes sociales, Godoy aseveró que los señalamientos representan un “grotesco e imperdonable quebrantamiento de los límites éticos y jurídicos de la profesión”.
“La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es una persona respetada, admirada y que cuenta con más del 70 por ciento de la aprobación por parte del pueblo mexicano por su compromiso con la justicia y la transparencia”, expresó la funcionaria.
Añadió que “México se respeta aquí y en cualquier parte del mundo”, y exigió respeto no sólo para la titular del Poder Ejecutivo, sino para todas las instituciones mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) también rechazó las declaraciones de Lichtman, las cuales tachó de “injustas e irresponsables” y producto de un “oportunismo mediático”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las reformas a la ley de desapariciones: Del diálogo al desencanto

Familiares de víctimas que participaron en las mesas de trabajo con la Segob consideran que su realización fue un pretexto para legitimar las modificaciones a la ley propuestas por Sheinbaum y la creación de un “sistema de vigilancia masiva”, mientras otras voces aplauden la posibilidad de participar en el proceso y señalan que fue una respuesta al caso Teuchitlán.

Las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones aprobadas por el Congreso son consideradas por familiares de víctimas desde un logro, debido a que pudieron incidir en el proceso legislativo mediante las mesas de trabajo organizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta “una trampa” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que les recuerda otros acercamientos entre el Gobierno federal y las víctimas.

“Es un gran logro, porque en el sexenio [de Andrés Manuel López Obrador] no hubo oportunidad de dialogar ni de proponer”, asegura Martín Villalobos, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), quien busca a su cuñada Mónica Alejandrina Ramírez, desaparecida en 2004 en la Ciudad de México.

Para Patricia Manzanares, del colectivo Todos Somos Iguales de la Ciudad de México y de Nuevo León, el proceso fue “una trampa” de Sheinbaum. “Las mesas sirvieron para legitimar una modificación a la ley que la presidenta ya había mandado y que detuvo para hacer un circo mediático con las familias y [poder] decir después: las familias aceptaron”, señala la madre de Juan Hernández, policía federal desaparecido en 2011 en Nuevo León. 

La principal reforma a la ley es la creación de una Plataforma Única de Identidad que permitirá realizar búsquedas y obtener alertas en tiempo real al cruzar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas desaparecidas con bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Banco Nacional de Datos Forenses y la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La CURP, tras las modificaciones aprobadas a la Ley General de Población, se convierte en la “fuente única de identidad” en México; incorporará datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, y su uso será de carácter obligatorio para realizar trámites o contratar servicios.

El uso de la Plataforma Única de Identidad estará condicionado a la existencia de una ficha de búsqueda o un número de carpeta de investigación, y la consulta de los datos biométricos a la búsqueda, localización e identificación de una persona desaparecida. Para poder tener acceso al padrón del Instituto Nacional Electoral será necesaria, como hasta ahora, la firma de convenios de colaboración.

Jorge Verástegui, cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), una de las primeras organizaciones de familiares de víctimas constituida durante la “guerra contra el narcotráfico”, asegura que las reformas a la ley no solo reflejan el desconocimiento del Gobierno federal respecto a cómo abordar la crisis de desapariciones y el rezago forense, sino la intención de esta administración por montar “un sistema de vigilancia masiva”. 

“Se está utilizando la problemática de las desapariciones para montar este sistema. No hay nada lo suficientemente bueno en el dictamen para respaldarlo, es mucho más grave el resultado que los beneficios”, insiste el también representante de las familias organizadas en torno a la Glorieta de las y los Desaparecidos de la Ciudad de México, quienes habían solicitado un Parlamento Abierto para discutir las reformas. Verástegui busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009 en Coahuila.

Entre las modificaciones que incorpora el dictamen aprobado por el Senado el 27 de junio —que pasó sin cambios en la Cámara de Diputados tres días más tarde— se incluye el concepto de familia social, relativo a las redes afectivas, de cuidado, convivencia o acompañamiento solidario de una persona con las que no tiene un lazo consanguíneo. Esta disposición busca proteger a personas LGBTIQ+ y en situación de calle desaparecidas, considerando que suele ser la familia social —y no la biológica— quien encabeza su búsqueda.

Se incluyó también la obligación de asegurar el trato y resguardo digno de los cuerpos y restos humanos bajo custodia del Estado y, dentro de los transitorios de la ley, que todas las instituciones encargadas de dicho resguardo diseñen, en un plazo máximo de tres meses, programas específicos para la atención del rezago en las identificaciones. A nivel estatal, se obliga a las instituciones forenses a sistematizar sus bases de datos y registros en un plazo no mayor a un año tras la entrada en vigor de la ley.

¿Cómo modificar lo que todavía no se cumple?

Segob informó que recibieron 570 propuestas de los 450 colectivos, redes y plataformas de familiares de personas desaparecidas que participaron en 84 mesas de trabajo realizadas entre abril y junio. Sus propuestas se tradujeron en 30 modificaciones a la iniciativa de reforma de la ley.  

Las mesas de trabajo, apuntan familiares y organizaciones acompañantes, no estuvieron exentas de problemas, en un principio por la falta de difusión de la convocatoria, y después por trabas administrativas de la dependencia que impidieron la participación de algunos colectivos. 

“Nosotros no sabíamos de esas reuniones”, asegura Héctor Flores, cofundador de Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, quien busca a su hijo Héctor Daniel Flores, desaparecido en 2021 en Guadalajara. 

Un periodista le compartió el correo al que su colectivo tenía que escribir si quería sumarse a las mesas. Tras contactar a la Segob, fue invitado a una reunión presencial en el último minuto —“a quemarropa”, dice Flores— y no pudieron acudir; después, dice que la dependencia canceló su participación en una reunión virtual por no haber reconfirmado su asistencia.

Otro problema de las mesas tuvo que ver con el formato, explica Blanca Estela Ramírez, secretaria de la Red de Desaparecidos en Colima, quien busca a su sobrina Joana Isabel López, desaparecida en 2019. Específicamente, con el reducido tiempo de las intervenciones. “En cinco minutos no puedes dar a conocer la problemática que tiene tu colectivo”. 

Manzanares señala un problema más de fondo, relacionado con la complejidad del fenómeno de las desapariciones y con procesos de búsqueda que, como el suyo, comenzaron hace más de una década: “Algunas familias fuimos a defender una ley que fue creada por nosotros. Yo le decía a la secretaria de Gobernación [Rosa Icela Rodríguez]: ‘¿Cómo se va a modificar [la ley] cuando ni siquiera ha sido utilizada, respetada?’”.

Edgar Cortéz Morales, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, advierte también sobre el peligro de aprobar reformas cuando lo dispuesto en el texto original aún no se cumple. “El riesgo es que ahora se condicione todo a montar la Plataforma [Única de Identidad] y a la CURP, y que eso condicione y postergue todos los pendientes de la ley [original]: el Programa Nacional de Búsqueda, el Programa Nacional de Exhumaciones, la mejora en la calidad de la información en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o completar el Banco Nacional de Datos Forenses”.

Respecto al dictamen aprobado en el Congreso, Manzanares alerta sobre el riesgo que supone la nueva CURP con datos biométricos y su monitoreo en tiempo real. “No nos han explicado cómo lo van a trabajar y nos preocupa no saber cómo serán utilizados esos datos. No cualquier persona puede tener tu información y, de última, eso no sirve para buscar a desaparecidos”, comenta. 

Sobre este punto se pronunciaron más de cien colectivos del país, días antes de la aprobación del dictamen, insistiendo en la idea de que imponer un sistema de vigilancia no contribuye a la búsqueda de sus seres queridos. Contrario a lo sostenido por la Segob, aseguran que las reformas no partieron de una consulta amplia y pública, como sí sucedió con la Ley General en Materia de Desapariciones, aprobada en 2017 después de un proceso de tres años en el que participaron familiares, personas expertas, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades.

“Hoy por hoy, ninguna organización, ninguna plataforma, puede decir que habla por todas las víctimas o por todos los colectivos”, apunta Meyatzin Velasco Santiago, coordinadora del área de educación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Con estas mesas, afirma la defensora, no se agotan las demandas y propuestas de quienes viven día a día la crisis de desapariciones, familias que no están representadas por los colectivos, redes y plataformas con los que Segob se reunió.

Velasco considera que una de las limitantes de las mesas de diálogo fue la centralidad de la Ciudad de México. Aunque la Segob facilitó algunas reuniones virtuales, insiste en que la dependencia debería apostar por descentralizar la atención institucional, por ir a los territorios —donde tienen lugar las desapariciones— y escuchar a las víctimas, de la mano de organizaciones de la sociedad civil locales que llevan años, incluso décadas, acompañándolas.

La defensora menciona también la falta de claridad sobre la metodología para sistematizar o canalizar las propuestas, que incluían la renuncia de las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. 

“La mayoría [de las familias] estábamos en la postura de que, por dignidad, tienen que renunciar”, sostiene Manzanares. 

Tampoco hubo claridad en cómo se seleccionaron las propuestas de colectivos que se tradujeron en las 30 modificaciones a la ley. 

Un tema del que no se quería hablar

Fue hasta el pasado 5 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó sobre el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación operaba un centro de adiestramiento en el que se hallaron fragmentos de restos óseos calcinados, que la presidenta Sheinbaum posicionó el tema de las desapariciones en la agenda pública y tomó acciones concretas. Ese mismo mes, el día 27, envió al Senado las iniciativas de reforma a la ley, y el 2 de abril la Segob emitió una convocatoria para reunirse con colectivos de búsqueda en mesas de trabajo. 

“El rancho Izaguirre y la presión internacional obligaron a la Presidencia a responder ante un tema que para nada había sido del agrado [del oficialismo] desde el sexenio de Andrés Manuel”, asegura Juan Carlos Trujillo, cofundador de la Red de Enlaces Nacionales, una plataforma que aglutina a más de 200 colectivos de familiares en todo el país. 

La apertura del Gobierno federal  obedece a un proceso de contención del caso Teuchitlán, pero también a la decisión tomada el 4 de abril por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de activar el artículo 34 en México, considera Trujillo, quien junto con su madre, María Herrera Magdaleno, busca a sus hermanos Jesús, Raúl, Gustavo y Luis Armando, desaparecidos en 2008 y 2010. 

Villalobos señala que estas mesas fueron el resultado de los acercamientos —menos publicitados— que, desde el inicio del sexenio, mantuvieron distintos colectivos y plataformas con el Gobierno federal, incluido el propio MNDM, pero reconoce que el caso Teuchitlán fue lo que reforzó el sentido de urgencia del tema. 

Las reuniones con la Segob se realizaron 14 años después de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, forzara la apertura de un diálogo público, de alcance nacional, sobre los impactos de la violencia. En 2011 se hablaba de 10,000 personas desaparecidas, actualmente son más de 129,000.

Durante el primero de los llamados Diálogos de Chapultepec, el 23 de junio de 2011, decenas de familiares de víctimas como Sicilia, padre de Juan Francisco, asesinado junto con otras seis personas en 2011, y Araceli Rodríguez, madre del sargento Luis Ángel León Rodríguez de la Policía Federal, desaparecido junto con otras siete personas en 2009, se reunieron en el Alcázar del Castillo de Chapultepec con el presidente Felipe Calderón y parte de su gabinete.

“Lo que en ese momento me tocó sentir [era] que algo podía cambiar en el país”, dice Trujillo al recordar los diálogos, en los que participó también su madre. Ese intercambio derivó en la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso en abril de 2012, e impugnada por Calderón, que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir su publicación. 

“Él no quería que existiera”, asegura Rodríguez, quien califica como “cruel y trágica” la decisión del mandatario de “vetar” una ley que recuperaba la voz y la experiencia de las víctimas, sus deseos y necesidades.

El presidente Enrique Peña Nieto cumplió su compromiso de campaña y, en enero de 2013, promulgó la Ley General de Víctimas. “Para nosotros, como Movimiento por la Paz, era un gran logro: algo que no existía empezó a existir para darle certeza jurídica a las familias”, explica Rodríguez. A partir de ese momento, algunas familias comenzaron a recibir asesorías jurídicas gratuitas, y atención psicológica o médica, aunque otras, reconoce, “se quejaban porque [la ley] no era tan operable”. 

Con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, dio inicio otro proceso de diálogo para enfrentar la crisis de desapariciones en México.

Decenas de colectivos de familiares de víctimas —acompañados de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales— lograron que el 16 de noviembre de 2017 se promulgara la Ley General en Materia de Desapariciones.

Las reuniones con Peña Nieto estuvieron reservadas a las madres y padres de los normalistas desaparecidos, actitud similar a la que mantuvo López Obrador, a pesar de que el mandatario se había comprometido a mantener un diálogo permanente con los familiares de víctimas.

“[Su llegada] fue un retroceso, pasamos prácticamente un sexenio sin ser atendidas”, dice Rodríguez. “Nunca he podido aceptar tanta indiferencia, apatía, cerrazón de puertas. No hubo manera de abrirlas, así, de a cachito”.

Villalobos recuerda los primeros meses del gobierno de López Obrador, que comenzaron “fuertes”. Tras la designación de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2019, se crearon dos instancias destinadas a atender el rezago en la identificación forense: el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en 2019, y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en 2022. “Lamentablemente, todo eso lo desmantelaron al final de su sexenio”.

Ya en el gobierno de Sheinbaum, las mesas con la Segob, insiste Verástegui, fueron “una forma de administrar un problema que les explotó en la cara, del que no querían hablar”. También es un logro de las familias, acota Velasco, del Centro Prodh, para quien estas reuniones son el resultado de “un contexto que nunca dejó de existir”.  

Al grado de que, dos días después de que la Segob comenzara a reunirse con familiares y personas buscadoras, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció la activación del artículo 34, por considerar que las desapariciones forzadas ocurren en México “de manera generalizada o sistemática”. La Presidencia, el Senado y otras instituciones del Estado rechazaron la afirmación. 

“Más de 127,000 personas no desaparecen solo por el crimen organizado”, respondió Tania Ramírez, integrante de H.I.J.O.S. México —hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1977 durante la llamada “guerra sucia”—, durante una de las mesas de trabajo.

Tan solo en los meses de abril y mayo, mientras se desarrollaban las mesas, se reportó el hallazgo de fosas clandestinas en Tijuana y Tecate, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Madera, Chihuahua; Colima, Colima; León e Irapuato, Guanajuato; Aquila, Michoacán; Valle de las Salinas, Nuevo León; Palmar de Bravo, Puebla; Culiacán, Mazatlán, Elota y El Dorado, Sinaloa; Hermosillo y Cajeme, Sonora; Río Bravo, Tamaulipas; Santiago Sochiapan, Veracruz, y Villa de Cos, Zacatecas.

Algunos de estos hallazgos se realizaron sin el adecuado acompañamiento de las autoridades, como sucedió en Zacatecas, donde la Guardia Nacional se negó a dar asistencia al colectivo Escarabajos, mientras en la capital funcionarios de la Segob se reunían con familiares de víctimas. Olimpia Montoya, fundadora del colectivo Proyecto de Búsqueda de Guanajuato y una de las asistentes a las mesas —quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en 2017 en Celaya—, recuerda ese momento: “Les dijimos, ¿cómo es posible que estemos sentadas cuando eso está pasando con las compañeras?”.

“Esto no es un show, no es actuado, no fingimos nada, es la realidad. Todos los días está pasando, se están llevando a personas de todas las edades, de todos los sexos”, señala Adriana Ornelas Gutiérrez, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, y madre de Paulo Gabriel Sánchez Ornelas, desaparecido en 2024 junto a los hermanos Xavier y Fernando Zaragoza en Guadalajara. Ornelas fue una de las primeras buscadoras en entrar al rancho Izaguirre, el pasado enero.

Villalobos espera que el diálogo del Gobierno federal con las familias continúe, incluso más allá de las reuniones de seguimiento previstas con la Segob para revisar temas relacionados con la implementación de las reformas, su reglamentación y presupuesto. “Seguiremos pidiendo [desde el MNDM] una reunión con la presidenta, porque creemos que el empuje que debe tener este tema [las desapariciones en México], tiene que darse desde el más alto nivel”, asegura. 

Para poder “imaginarnos un país en donde no haya más desapariciones”, acota Velasco, es necesario que cualquier proceso que busque proteger los derechos de las víctimas tenga un genuino interés en escucharlas, y que garantice su participación y consentimiento en cada paso, consultándoles y recibiendo retroalimentación constante. De otra forma, asegura, se perderá una vez más la oportunidad de atender “de manera real, profunda, esta crisis”.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: MARCO NUCAMENDI.

Madres buscadoras localizan dos cuerpos, ropa y zapatos en Hermosillo

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora halló dos cuerpos sin vida, ropa, zapatos y artículos personales en la carretera 12 Norte, en las inmediaciones de Hermosillo, durante su segunda jornada de búsqueda.

De acuerdo con el colectivo, las dos personas localizadas este 12 de julio “ya fueron identificadas por la familia y ya volverán a casa, ya tendrán un lugar digno donde descansar”.

La Fiscalía General del Estado informó que tras su localización los cuerpos fueron procesados y trasladados al Servicio Médico Forense, así como precisó que entre los hallazgos se encuentran pantalones de talla 32 a 36, calzado deportivo y botas tácticas de números que van del 24.5 al 29, además de nueve mochilas y tres maletas.

Los hallazgos se suman a los 42 restos óseos y más de 200 prendas que las madres buscadoras encontraron durante la primera jornada del 11 de julio. En la zona de la localización fueron encontrados entre 30 y 40 casquillos percutidos de armas largas, y restos de un campamento con garrafones de agua vacíos, envases de sopa instantánea, hornillas y una lona.

De acuerdo con la representante del colectivo, Ceci Flores, en el lugar se encontraron al menos tres fosas clandestinas con restos óseos, algunos de ellos calcinados, además de diez posibles fosas más sin procesar por falta de equipo especializado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El presunto feminicida de Carla es identificado; Fiscalía niega que fuera su pareja

La Fiscalía de Jalisco afirmó haber identificado al presunto feminicida de Carla, joven que fue asesinada en Guadalajara. Asimismo, indicó que, de acuerdo con información proporcionada por los familiares de la víctima, no existía una relación sentimental entre ella y su agresor.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya tiene identificado y giró una orden de aprehensión contra el presunto responsable del feminicidio de una joven, identificada como Carla, a quien disparó con un fusil en calles de Guadalajara, además de que ya fue localizada la camioneta que utilizó para escapar.

En conferencia de prensa realizada este lunes, el Fiscal de Jalisco, Salvador González, detalló que fue posible identificar al presunto feminicida gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad que captaron los hechos, además de que la autoridad obtuvo una orden de aprehensión para su captura.
"Ya está identificado [...] estamos trabajando intensamente para tratar de localizarlo", indicó el titular de la Fiscalía estatal.
Agregó que la dependencia a su cargo está investigando si el arma que fue usada por el agresor para privar de la vida a la joven está relacionada con algún grupo del crimen organizado.
"El tipo de arma que utilizó para privar de la vida a esta persona es un arma larga. [...] No es común que alguien traiga en su vehículo un arma de esa naturaleza", mencionó el Fiscal.
Por otra parte, la Fiscalía de Jalisco también compartió hoy un comunicado para informar que fue localizada la camioneta que presuntamente fue utilizada por el responsable del feminicidio de Karla, ocurrido la madrugada del sábado en Guadalajara.

El vehículo fue encontrado durante un recorrido de vigilancia en la Colonia Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

"El vehículo localizado es tipo SUV de la marca Chevrolet, Equinox, modelo 2010 en color blanco con placas del Estado de Chihuahua", detalló la autoridad estatal, que reiteró su compromiso "con la procuración de justicia", además de afirmar que continuará con las indagatorias correspondientes para dar con el paradero del feminicida.

Agresor no era expareja de la víctima

Además de identificar al responsable del feminicidio de Carla y localizar la camioneta que éste usó para huir de la escena del crimen, la Fiscalía de Jalisco también reveló que, contrario a la información que se había manejado, el agresor no mantuvo una relación sentimental con la víctima.
"Como lo ha mencionado la familia, han reiterado que eran amigos nada más, es el dato concreto que tenemos en la carpeta. Desde luego se ha mencionado que eran pareja o alguna tenían relación, pero lo que tenemos hasta el momento es lo señalado propiamente por la familia", declaró el Fiscal de la entidad en conferencia de prensa.
El terrible acto ha generado enorme conmoción a nivel nacional, y las imágenes sobre lo acontecido se han difundido a gran escala en redes sociales y medios de comunicación.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Claudia ofrece apoyo de Gabinete de Seguridad para investigar feminicidio en Jalisco

Claudia Sheinbaum condenó el feminicidio de una joven en Jalisco y anunció que el Gabinete de Seguridad está disponible para colaborar en la investigación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó este lunes el feminicidio de Carla, una joven de 28 años que fue asesinada presuntamente por su expareja en Guadalajara, Jalisco, y calificó el crimen como “terrible” y “lamentable”.

El feminicidio, perpetrado con un arma de grueso calibre y captado por cámaras de seguridad, provocó una fuerte indignación en redes sociales y por parte de colectivos feministas, quienes también rechazaron lo ocurrido.
“Es terrible, es lamentable, es un feminicidio”, expresó la mandataria federal durante su conferencia matutina. “Está ahí el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para apoyar en lo que pueda necesitar la Fiscalía de Jalisco, que es quien debe llevar este caso”, añadió.
La Presidenta Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno federal está comprometido con erradicar todo tipo de violencia y con respaldar a las autoridades locales en la investigación.

Indigna cruel feminicidio


El feminicidio se registró la madrugada del sábado 12 de julio en la colonia Balcones de Oblatos. Según las imágenes difundidas, Carla enfrentó a su expareja con una escoba rota antes de que éste sacara un fusil y le disparara a quemarropa. El agresor huyó en una camioneta blanca sin placas, por lo que se encuentra prófugo.

Las imágenes difundidas, captadas por una cámara de videovigilancia, muestran al agresor frente al domicilio de la víctima, a quien aparentemente llamó por teléfono para que saliera a su encuentro, lo cual sucedió.

Momentos después, luego de un altercado, se observa cómo el atacante abrió una de las puertas de su automóvil y procedió a sacar de éste un arma de alto calibre, con la que amagó a la joven al realizar un disparo de advertencia para luego dispararle directamente.

En el video es posible atestiguar que, tras la detonación, la mujer cae instantáneamente al suelo, donde queda tendida sin reacción alguna. El feminicida, por su parte, procedió a subir a su automóvil y escapó del lugar.

Fiscalía de Jalisco ya investiga
Ante la difusión del caso, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado para informar que, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Feminicidios, ya realiza una indagatoria para capturar al agresor.

Las autoridades indicaron que el hecho ocurrió en punto de las 2:29 horas del sábado 12 de julio y que, después de recibir el reporte sobre lo acontecido, elementos de la Policía Municipal se trasladaron hasta el lugar, donde pudieron corroborar la presencia de la mujer tendida sobre la vía pública.

Según lo detallado por la Fiscalía, los elementos de seguridad solicitaron la presencia de paramédicos, quienes procedieron a realizar una inspección del cuerpo y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
"El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Feminicidios ordenó el acordonamiento del lugar y la fijación de indicios, testimonios y videos, que se integraron a la carpeta de investigación actuando bajo el protocolo de feminicidio y perspectiva de género", precisó la Fiscalía.
Asimismo, señaló que peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevaron a cabo las acciones correspondientes para el procesamiento de la escena.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Proveedor de Pegasus en México facturaba 5 mil millones de pesos al año: Zeus

Zeus afirmó que el espionaje realizado mediante Pegasus no solo afectó a periodistas y activistas, sino que involucró información sensible del Estado mexicano.

El testigo protegido Zeus, también conocido como “Cazador de cazadores”, afirmó que el litigio entre los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher, relacionados con NSO Group y Pegasus, es apenas una parte de una trama mayor y consideró que debe de haber un tema personal entre ellos.

“Por 25 millones de dólares parece una tontería”, dijo, en referencia al pleito legal, pues aseguró que el grupo de empresas vinculado a los empresarios y a Pegasus facturaba 5 mil millones de pesos anuales al Gobierno mexicano.

“Creo que es algo más personal… además, también la ley israelita asume una parte religiosa. Al parecer es un pecado haber defraudado a uno mismo de su comunidad”, comentó.

“BH Apply Technology Group -que dirigía Uri Ansbacher-  facturaba al Gobierno mexicano 5 mil millones de pesos anuales”, explicó Zeus.

Según su testimonio, ese nivel de ingresos vuelve irrelevante el monto que actualmente disputa en tribunales Uri Ansbacher contra Avishai.

Zeus explicó en entrevista con Aristegui En Vivo que estos contratos se habrían realizado mediante un entramado de empresas y prestanombres. “La única correlación que tienen es que se han hecho a través de testaferros”, dijo. Señaló que estas personas solían ser choferes, personal doméstico o trabajadores de confianza que firmaban documentos sin saber que asumirían legalmente la responsabilidad de las operaciones.

“A mí me consta que el señor Uri Ansbacher le decía ‘patrón’… se refería a Enrique Peña Nieto”, afirmó.

Según su declaración, Ansbacher sostenía línea directa con el expresidente. “Le gustaba presumir que en su escritorio tenía una fotografía abrazando a Peña Nieto”, añadió.

El testigo indicó que, aunque KBH Play Technology Group figuraba en la fachada del edificio donde operaban, legalmente no existía como grupo constituido.

“KBH Play Technology Group no existe como grupo, pero sí había unas letras en la entrada del edificio que así lo señalaban, aunque no existiera legalmente”, explicó. Añadió que esta estructura facilitaba a los empresarios la evasión fiscal.


Zeus afirmó que el espionaje realizado mediante Pegasus no solo afectó a periodistas y activistas, sino que involucró información sensible del Estado mexicano.

Explicó que el Gobierno de Israel tenía acceso a la información obtenida por el software Pegasus en México porque los datos interceptados circularan por servidores triangulados y afirmó que el gobierno mexicano era consciente de la situación.

‘Zeus’ señaló que este tipo de transferencia de datos podría implicar incluso “traición a la patria”, ya que involucraba el envío de información sensible de instituciones como el CISEN, la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Toda esa información circulaba a través de sus servidores. Y esos servidores estaban triangulados directamente con el Gobierno israelí”, declaró. Según su testimonio, “el Gobierno mexicano sabía perfectamente que toda la información pasaba por el Gobierno israelí”.

Durante la entrevista, Zeus subrayó que las operaciones con Pegasus no fueron aisladas ni únicas. “No dudo que existan 10 empresas que hacen lo mismo que NSO Group y que sean del mismo grupo… es el modus operandi”. Afirmó que estas compañías saben “cómo quitarse la marca gubernamental, legal, financiera, fiscal”, para operar con impunidad.

Asimismo, señaló que Pegasus no es el único no fue el único software especializado adquirido por el Estado mexicano a NSO Group.

Sobre la cooperación internacional, Zeus recordó que existe un tratado de libre comercio con Israel que incluye un apartado de cooperación legal.

“En la parte de cooperación, está obligado a cooperar”, señaló, aunque reconoció que hay “complicidad de quien no quiera aportar la información”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a “El Cubi” por doble homicidio en Oaxaca

El doble homicidio ocurrió el 10 de marzo de 2021, cuando tres personas fueron atacadas a balazos cuando circulaban a bordo de un vehículo en la carretera Cristóbal Colón.

Con el apoyo de Fuerzas Federales y Estatales fue detenido “El Cubi” por el asesinato de dos personas perpetrado durante un ataque armado en la carretera Cristóbal Colón, a la altura de la población de Marilú perteneciente a Santa María Tequisistlán, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En un comunicado la Fiscalía informó que ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de A.R.Z., alias "El Cubi", por el delito de homicidio calificado con ventaja de dos personas y tentativa de homicidio en contra de otra víctima, ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención de A.R.Z. se logró gracias a un operativo encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, que realizaron el despliegue en el municipio de Jalapa del Marqués 

El expediente de la investigación detalla que los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2021, cuando tres personas identificadas como J.L.M., R.C.V. y P.M.R., fueron atacadas a balazos cuando circulaban a bordo de un vehículo de motor por la carretera Cristóbal Colón, a la altura de la población de Marilú perteneciente a Santa María Tequisistlán, lugar donde fueron perseguidas e interceptadas por un grupo de hombres que viajaban en un vehículo compacto quienes realizaron disparos de arma de fuego en su contra. 

Durante el ataque armado J.L.M. y R.C.V. perdieron la vida, mientras que, P.M.R. resultó con diversas lesiones. 

Derivado de estos hechos, la Vicefiscalía Regional del Istmo inició los trabajos ministeriales de investigación que permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de A.R.Z., por el delito de homicidio calificado con ventaja de dos persona y tentativa de homicidio en agravio de otra víctima. 

La Fiscalía General de Oaxaca está comprometida con la realización de investigaciones que permitan garantizar a las víctimas directas e indirectas adecuados procesos de procuración de justicia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Presidenta municipal de Cuitzeo, Michoacán, sufre ataque a balazos en restaurante

El 13 de julio de 2025, Rosa Elia Milán Pintor, presidenta municipal de Cuitzeo, Michoacán, recibió impactos de arma de fuego durante un convivio celebrado en el restaurante La Cabaña del Lago, localizado en la colonia El Embarcadero. Dos integrantes de su escolta también fueron lesionados.

El hecho se reportó al número de emergencias a las 1:00 horas. Elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a las víctimas a un hospital en Morelia, donde permanecieron bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó, mediante comunicado, que inició una carpeta de investigación respecto a los disparos registrados en el establecimiento. Peritos aseguraron casquillos y solicitaron las grabaciones de videovigilancia del negocio.

Según el reporte médico incluido en la indagatoria, Milán Pintor presentó una lesión en el brazo derecho. Uno de los escoltas sufrió heridas que pusieron en riesgo la vida; el segundo custodio permaneció bajo observación.

El 30 de mayo de 2021, la entonces candidata Milán Pintor y su cónyuge, José Marcelino Pérez Aguilar, fueron atacados al regresar de un acto proselitista; Pérez Aguilar falleció el día 1 del mismo mes y año. El 2 de abril de 2022, el síndico municipal Francisco Díaz Rodríguez apareció sin vida después de ser privado de la libertad. El 2 de junio de 2024, Israel Delgado Vega, candidato a síndico por el Partido del Trabajo y Morena, fue asesinado frente a su domicilio horas antes de la jornada electoral.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.