Sergio Beltrán-García es un arquitecto que se centra en el diseño y la construcción de memoriales, haciendo hincapié en el poder de la memoria para mitigar la violencia sistémica. Beltrán-García también ejerce como arquitecto forense y brinda asistencia a abogados de derechos humanos, por lo que testificó como testigo experto en el caso del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, en Ciudad Universitaria.
Beltrán-García ha realizado varios memoriales para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, como en el caso del News Divine, una redada que la policía realizó en 2008 en un bar en la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde murieron 12 jóvenes.
También hizo un memorial para las víctimas del incendio en la guardería ABC y construyó otro en la comunidad El Quemado, en Guerrero, por el asesinato, tortura y desaparición de miembros de esa comunidad a manos del Ejército Mexicano durante la Guerra Sucia. Además, trabajó en un memorial para las víctimas del sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México, entre otros proyectos.
En conversación con esta casa editorial, Sergio Beltrán-García habló sobre el proceso de creación de memoriales y el papel del Estado en los procedimientos de memoria y reparación del daño a las víctimas.
“Los memoriales, a diferencia de los monumentos, a partir del siglo pasado se dedican a nombrar los sucesos de violencia que han afectado a la ciudadanía. Generalmente también se han asociado a víctimas de violaciones de derechos humanos, a partir de la segunda mitad del siglo pasado”, afirma.
Y asevera que “la pretensión de los memoriales es que eviten o abonen a la no repetición de los eventos trágicos del pasado. Ése es su mandato, sin embargo, yo lo que he encontrado, en mi experiencia trabajando con víctimas a lo largo del país, es que los memoriales están muy lejos de cumplir con sus ambiciones de contribuir a la no repetición”.
Al preguntársele cómo se podría construir un memorial que realmente contribuya a prevenir la violencia y las injusticias, el arquitecto refiere que “es una pregunta muy difícil de contestar y no sé si algún día la encuentre. Pero lo que sí puedo decir es que he aprendido ciertas características que deben tener estos espacios, y la principal es concentrarnos no en el espacio construido, sino más bien en el proceso que nos lleva a la construcción de un memorial. Ese espacio de proceso, de diálogo, de deliberación, donde participen las víctimas directas, indirectas y potenciales; y también el tejido social involucrado en el sitio en el que ocurrió la violencia. Todas estas personas tienen que tener distintos grados de liderazgo para poder vociferar sus necesidades y así apuntar a que el diagnóstico que surja a partir del diálogo pueda generar un programa arquitectónico, como respuesta a la hipótesis de diseño que se puede identificar por las víctimas”.
Proceso de construcción
—¿Cómo es el proceso de construcción de un memorial? ¿Pueden surgir de las víctimas o del Estado?
—Mi postura personal es que desconfío de cualquier iniciativa de memoria que salga directamente de quienes fueron responsables de producir las condiciones de las violencias y de la ejecución a veces directa de las mismas, es decir del Estado, y no sólo del mexicano sino de cualquier poder constituido en un Estado.
La experiencia, muy ampliamente documentada, no sólo en México sino en varias partes del mundo, es que cuando un Estado se dispone a poner un memorial en realidad lo que está produciendo es algo que yo distingo como monumento, que es un objeto que debe ocupar el espacio para recordarnos el pasado. Pero yo concibo que los memoriales no son objetos; son acciones, son procesos para crear más espacio en lugar de ocuparlo.
He tenido la oportunidad de participar en varios procesos de construcción de memoriales en donde el Estado mexicano, en sus diferentes niveles de gobierno, ha estado involucrado y no me ha ido bien. Ganan las intenciones políticas de ciertos actores con poder político o gobernantes, más allá de las necesidades reales de las víctimas.
El material de trabajo en un memorial es la memoria misma de las personas y sus cuerpos, cómo interactúan política y socialmente. El proceso de creación de un memorial debe aspirar a crear más espacio para el diálogo, y estar preparado también para recibir las violencias del futuro. En ese sentido yo creo que es fundamental que las iniciativas sean lideradas por víctimas.
—¿Cuánto tiempo lleva el proceso de la construcción?
—Es imposible saber, porque cada caso es completamente distinto. Podemos tomarnos un año dialogando y darnos cuenta al final de ese diálogo que lo que tenemos que hacer es una construcción que se puede hacer en un día. Pero podría pasar lo contrario también, que el diálogo se resuelve en cuestión de un mes, pero lo que hay que construir es un proceso que tome años.
Lamentablemente lo que sucede es que quienes tienen el poder político y económico para esos procesos de memoria pública, no tienen esa paciencia porque están respondiendo a tiempos políticos y electorales. Entonces no es un tiempo de escucha y reparación integral del daño a las víctimas, sino un tiempo político para controlar el daño político que han sufrido los gobernantes por no atender a las víctimas o no cumplir sus obligaciones.
—¿De dónde se obtiene el financiamiento para la edificación de un memorial?
—Depende de la situación. Un memorial, en mi concepción, implica la participación violenta de actores gobernantes; por eso, es el Estado mexicano el que debe financiar estas acciones. Bajo esta concepción de la responsabilidad del Estado, a mí me parece que no somos los ciudadanos quienes debemos financiar este tipo de acciones, porque la responsabilidad no es nuestra.
El financiamiento no te puedo decir cuánto, pero sí que debe venir desde una entidad pública. También hay que tener muchísimo cuidado cuando se destinan grandes cantidades para un proyecto que aún se desconoce cuál es su destino, porque por ahí corren con especial aceleración las dinámicas corruptas que tienen las secretarías de construcción en algunos estados.
—¿Por qué el Estado mexicano no ha tenido iniciativas para construir memoriales por la violencia de género y los memoriales más emblemáticos han surgido de las familias de las víctimas?
—Para contestar primero tengo que definir la memoria, que en realidad son las memorias. Reconocer la pluralidad de las memorias habla de un entendimiento de que es un fenómeno altamente personal, pero también social que se comparte y se mueve entre nuestras estructuras. Hay un proceso personal de interiorizar esas memorias sociales y colectivas, para tener una relación propia de vínculo con el pasado.
Muchas veces estos procesos de generar memorias obligan a reflexiones críticas que van en contra de la historia oficial que tiene el Estado, que busca construir una identidad de una nación.
Esa historia, con H mayúscula, está en contraposición con las memorias y disidencias. Entonces al Estado no le interesan las memorias o invertir en ellas porque sería abonar a un proceso que va a minar las propias intenciones de controlar a una gran cantidad de población.
Ahora, no es cierto que el Estado mexicano no ha hecho memoriales para la violencia de género; uno de los primeros fue construido en 2011, por el caso del campo algodonero en atención a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para construir este memorial.
Justo ahí se expresó el modus operandi del Estado mexicano no sólo en el caso de memoriales para la violencia de género sino para cualquier memorial: designan un espacio excluyente, para poder hacer “como que” se deliberó; se designa a un artista o arquitecto mediante un concurso opaco y de corta duración; el 99% de las veces no involucra a las víctimas en la deliberación. Esto yo lo sé porque lo he visto, lo he padecido y he luchado contra ello.
Y la consecuencia es que cuando se devela al público un memorial como el que está en Ciudad Juárez, las víctimas directas, las personas más afectadas, son las primeras en protestar. Precisamente porque no fueron parte del proceso que derivó en eso. Y también porque las víctimas reconocen que una escultura no va a traer de vuelta a sus hijas ni va a darles justicia por el feminicidio.
Entonces la respuesta que hemos visto en los últimos años es que las familias están colectivizando los espacios públicos. Estos espacios, como los antimonumentos que han surgido en todo el país o la glorieta de las mujeres que luchan, generan conversaciones, todo eso que el Estado no se dispone a hacer en lo cotidiano y en lo colectivo lo están haciendo estos memoriales.
Entonces ésa es la respuesta que han estado teniendo las mujeres por la falta de iniciativa del gobierno de generar espacios de memoria donde realmente se trabajen las violencias de género.
—Usted participó como arquitecto forense en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín, asesinada en Ciudad Universitaria. ¿Cómo se aplica la arquitectura en estos casos?
—Recibí la invitación por parte de la organización de derechos humanos Fray Victoria para integrarme al equipo de peritajes interdisciplinarios.
El trabajo que hice en el feminicidio de Lesvy fue con su familia, abogadas, las otras personas peritas, casi todas mujeres. Desde mis conocimientos y habilidades de representación espacial como arquitecto, analicé los eventos y sus disposiciones en el espacio y contribuí una lectura que fortaleció las pruebas. Y obtuvimos una sentencia.
Pero ojo, no puede terminar el trabajo ahí, sobre todo porque las violencias son continuas en México. La resolución de un caso no implica que a partir de ahí hay precedentes suficientes para que no vuelva a suceder; así no es.
Por eso el trabajo de crear espacios públicos sanos y memoriales sigue siendo tremendamente importante, porque creo que ahí cabe la posibilidad de hacer un tipo diferente de sanación.
Recordatorio permanente
A través del arte en el espacio público se han realizado diversas acciones para recordar a las víctimas y denunciar la violencia.
El 8 de marzo de 2019, en la marcha masiva para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y visibilizar la violencia de género, se colocó en el Paseo de la Reforma, frente al Palacio de Bellas Artes, el memorial Antimonumenta 8 de marzo Ciudad de México, que se ha replicado en otros estados como estandarte de la lucha feminista.
Previo al 8 de marzo de 2021, el Palacio Nacional fue cubierto completamente por una barda, lo que provocó la indignación entre las mujeres. En respuesta, miles de personas escribieron los nombres de víctimas de la violencia de género y decoraron con flores y globos, frente a la indiferencia gubernamental, transformando las vallas en un espacio gigante de reflexión y dialogo.
Posteriormente, el 25 de septiembre de 2021, un grupo de activistas aprovechó que se iba a remover la estatua de Cristóbal Colón para crear la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un antimonumento en Reforma.
Como estos ejemplos, existen muchas otras iniciativas con las que las familias, activistas y sociedad civil han luchado por recordar a las víctimas de la violencia de género y obligar al Estado mexicano a reconocer una problemática que evidencia la profunda crisis de impunidad y la falta de protección a las mujeres, así como los prácticamente nulos resultados de los órganos de procuración de la justicia con las mujeres.
AUTOR: LUISA DÍAZ GONZÁLEZ.
