El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte canceló una audiencia en la que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, iba a resolver si concedía a Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), llevar fuera de la cárcel su proceso por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, registrados con la causa penal 307/2022, ello debido a sus diversos problemas de salud.

La diligencia estaba programada a las 19:00 horas del miércoles 26 de octubre, pero antes, los abogados defensores Elba Marina Vázquez Mendoza, Antonio López Ramírez y José Javier López García, pidieron reprogramar la audiencia, porque no habían reunido todos los documentos médicos con los que el ex gobernador de Hidalgo justificaría su solicitud de cambio de medida cautelar, e imponer otra, como la prisión domiciliaria.

Al menos dos mujeres periodistas fueron víctimas de amenazas e intimidación por ejercer su labor en Yucatán y Quintana Roo, reportaron la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México y la Articulación de Defensoras y Periodistas de la Península de Yucatán.

El primer caso es el de la periodista Cecilia Abreu, del diario La Jornada Maya y codirectora del portal Líneas Emergentes, quien fue intimidada el pasado 25 de octubre en Mérida, Yucatán, por un policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando cubría una protesta cerca del Consulado de Estados Unidos.

Desde 2007, cuando empezó a hacer crisis el fenómeno, hasta la fecha, 260 periodistas han sido asesinados en México: 101 corresponden al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; 96 fueron con Enrique Peña Nieto y 63 en el periodo, aún inconcluso, de Andrés Manuel López Obrador.

Pero el mayor problema, dijo hoy Alejandro Encinas, Subsecretario Derechos Humanos de Gobernación, es la impunidad. “Estamos enfrentando la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios donde, hasta 2021, solamente se habían emitido seis sentencias contra los perpetradores”.

Alma Paola Zavala Rodríguez, maestra de 24 años reportada como desaparecida desde el viernes 21 de octubre, fue localizada sin vida en la cima del cerro Amoles, en el municipio de Moroleón, Guanajuato, confirmó la Policía Municipal de Moroleón.

El cuerpo mostró signos de violencia y se halló en una zona de difícil acceso, a la que no es posible ingresar sin vehículos especializados para ese tipo de terreno. La policía tardó tres horas en llegar al lugar a pie después de identificar a la joven con ayuda de drones.

El activista Filogonio Martínez Merino fue localizado muerto el miércoles en una remota región del estado de Oaxaca, considerada como una de las más peligrosas para los defensores del ambiente.

El cuerpo de Martínez Merino, quien fue por más de una década un férreo defensor del Río Verde, fue hallado en las cercanías del poblado Piedra Blanca del municipio de Santiago Jamiltepec, estado de Oaxaca, según confirmó a la AP la Fiscalía General estatal, que abrió una investigación por homicidio.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) copias de las carpeta de investigación del caso Odebrecht.

Los ministros declararon fundados los recursos de reclamación interpuestos por la autoridad electoral en contra de la decisión de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien el pasado julio concedió una suspensión a la Fiscalía para que no entregara la información al instituto sobre el caso que involucra el presunto pago de sobornos con los que supuestamente se financió la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han podido liberar a 3 mil 359 personas que purgaban penas por delitos no graves, no tenían sentencia, fueron encarcelados injustamente o no contaron con un traductor (en el caso de indígenas) o con los recursos para pagar un abogado.

Así lo informó la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El modus operandi llevado a cabo en el homicidio del consejero nacional de Morena, Salvador Llamas Urbina, cuenta con varias similitudes respecto al asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, que ocurrió en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, informó esta mañana el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

Durante la presentación del reporte “Cero Impunidad” en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que, como dijeron autoridades ministeriales de Jalisco, “cuando menos hay ocho personas involucradas directamente en el lugar de los hechos y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta“.

El presidente de México dijo que su gobierno al fin había resuelto el misterio detrás de la perturbadora desaparición de 43 estudiantes, uno de los peores abusos de derechos humanos en la historia reciente del país.

En agosto, el gobierno dio a conocer el reporte de una comisión de la verdad que indicaba que, tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército. Se giraron órdenes de aprehensión.

El Ministro Luis María Aguilar Morales dio a conocer su nuevo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, que será debatido en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual ahora plantea que esta medida cautelar no se aplique de forma automática, sino que se analice caso por caso.

Tras una audiencia de cinco horas, una juez sentenció a 24 y 20 años de prisión a los responsables materiales y cómplices del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido en enero de 2022. Sin embargo, las razones del homicidio y la detención de autor intelectual siguen pendientes.

Guillermo Julián Castro Garzón fue sentenciado a 24 años de prisión por disparar a Lourdes Maldonado frente a su domicilio, mientras que Erik Eduardo Contreras y Kevin Alberto Villarino obtuvieron 20 años, ambos fueron cómplices de Castro Garzón.

Por segundo año consecutivo, México registró más de un millón de muertes en un año: En 2021 se contabilizaron un millón 122 mil 249 defunciones, cifra superior a la de un millón 86 mil 743 defunciones de 2020, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El ordenamiento de las defunciones por causa de muerte cambió en el reporte definitivo respecto al preliminar, por lo que el COVID-19 pasó de ser la segunda causa de muerte a la primera. 

Organizaciones de la sociedad civil interpusieron 24 nuevos amparos contra las reformas legislativas que delegan la operación y administración de los recursos económicos de la Guardia Nacional (GN) en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En conferencia de prensa, integrantes de algunas de las organizaciones litigantes, explicaron que el argumento central de las demandas de amparo es que la militarización de la seguridad pública genera “miedo y temor fundado” de que los activistas sufran represalias por ejercer su derecho a defender derechos.

Luego que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) concluyó que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el excoordinador nacional de Protección Civil, David León, no cometieron ningún delito electoral, este último se pronunció al respecto.

“Agradezco que la autoridad haya agotado estas investigaciones. Colaboré en todo momento con la autoridad; nunca he cometido ningún delito. Ese es el resultado de esa investigación que lo sostiene”, expresó León durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en el espacio matutino de noticias de Radio Fórmula.

Organizaciones de la sociedad civil reprobaron la negativa del Estado mexicano para sostener un diálogo sobre la militarización de la seguridad pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como ocurrió este martes 25 en el contexto del 185 periodo de sesiones.

En un comunicado conjunto, recordaron que al menos 20 organizaciones civiles solicitaron una audiencia temática a la CIDH ante “la profundización de la militarización de la seguridad pública en México”, evento al que únicamente asistió Luz Elena Baños, embajadora ante la Organización de Estados Americanos, con lo cual el Estado mexicano “mostró un absoluto desinterés en dar respuesta” a los planteamientos y argumentos presentados por la sociedad civil.

Son las 8:30 de la mañana en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Michel Alejandro, un migrante venezolano de 24 años, aún tiene los ojos hinchados por el sueño. No ha dormido bien, como sus decenas de compatriotas que pasaron la noche en la calle, refugiados en la explanada del Congreso hondureño. Ahí les dijeron que al menos estarían algo más a salvo de las pandillas, de las ‘maras’ que se apoderaron de la ciudad y de todo un país donde ejercen violencia extrema.

Junto a un puestecito pintado de rojo, donde cuelgan portadas de nota policiaca con enormes letras que anuncian noticias como “Mara asesina a joven cuando amamantaba a su bebé”, Michel, que era estudiante universitario antes de abandonar su tierra, se coloca en el cuello una desgastada bandera de Venezuela: amarilla, azul y roja. 

Colectivos de familiares de desaparecidos en Morelos, denunciaron el incumplimiento de acuerdos por parte de la

Fiscalía local en el procesamiento de la fosa irregular en el Panteón de Jojutla“Pedro Amaro”.

A través de un comunicado, las familias señalan que dichos incumplimientos vulneran la garantía de identificación de los restos óseos recuperados de la fosa.

Un día después de recibir la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el Congreso del Estado aprobó este miércoles, por mayoría de votos, la reforma constitucional para permitir que las fuerzas armadas permanezcan hasta 2028 en labores de seguridad pública.

Con la de Michoacán, son ya 12 legislaturas locales que han avalado la ampliación del periodo de militarización del país, de las 17 que se requieren para la aprobación de esa medida.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) presentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, Massachusetts, la solicitud de apelación del fallo de desechar la demanda contra ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas.

Por medio de la firma de abogados Shadowen PLLC, la cancillería mexicana en la solicitud de apelación busca revertir la decisión emitida el pasado 30 de septiembre por el juez federal de Boston Dennis Saylor, desechar la demanda del gobierno mexicano contra los ocho empresas.

Acompañado por José Cinto Bernal, presidente municipal, y por Guillermo Malpica Soto, subsecretario de Industria y Comercio del gobierno estatal, el directivo de la trasnacional aseguró que esas instalaciones, que estuvieron cerradas año y medio a causa de las protestas, ya no se usarán para extraer agua y sólo servirán para bodega y distribución de productos.